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Viernes, 11 Agosto 2017

Maternidad condicionada

Por Alexandra Gómez

Si bien la Ley de Amnistía se aplica por igual a hombres y mujeres, no fue pensada desde el enfoque de género, razón por la cual las madres exguerrilleras privadas de la libertad y sus hijos pequeños, sufren las consecuencias.

Farley y Carmelita llegaron al mundo abrigados por arrullos, caricias, besos dulces y melosos que irrumpieron en la hostilidad de las cárceles, donde sus madres, Deisy y Mayerly, pagaban condenas por pertenecer a las Farc.

Ellas decidieron entrar a la guerra siendo aún adolescentes y, al igual que Edna, por años resistieron y sobrevivieron a los ataques “enemigos”. Aprendieron a ser madres mientras estaban privadas de la libertad y ahora, tras la implementación de la Ley de Amnistía, gozan del beneficio de libertad condicionada. Hoy sus bebés, junto a la recién nacida Salomé, pasarán sus primeros años de vida en el campamento Libertad Simón Trinidad, entre las montañas de Mesetas en el departamento del Meta.

El campamento Libertad Simón Trinidad fue diseñado para albergar a 700 excombatientes de las Farc excarcelados y beneficiados con libertad condicionada. A la fecha, hay 417 hombres y 32 mujeres que cometieron delitos de guerra o de lesa humanidad y que no han cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad.

Para permanecer en este lugar debieron suscribir un compromiso de presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que empezará a operar el año entrante. Así podrán resolver su situación jurídica y aportar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, previsto en el Acuerdo de La Habana.

Aunque el Acuerdo Final de Paz tuvo la histórica participación de una subcomisión de género, integrada por mujeres del Gobierno y Farc, que incluyó la perspectiva de género en los seis puntos del documento, esta Ley de Amnistía que debía garantizar la libertad inmediata de todos los excombatientes, no tuvo en cuenta las particularidades de la situación de las mujeres con hijos que están privadas de la libertad.

Las historias de estas tres mujeres, las únicas con hijos menores de edad que pasan sus días en este campamento transitorio, retratan cómo “las decisiones judiciales reproducen las situaciones históricas de desigualdad de las mujeres, bajo el presupuesto básico de que el derecho es neutral, tiene respuesta para todo y es completo”, según llama la atención la abogada, Isabel Agatón Santander, promotora de la Ley Rosa Elvira Cely contra el feminicidio.

El camino hacia el campamento Libertad

A seis horas de Bogotá, pasando por Villavicencio, se llega a Mesetas. Es un pequeño y cálido pueblo de 3.500 habitantes en la cabecera municipal; su calle principal está inundada por la venta de arepas, papas rellenas, empanadas y chorizos; y los domingos por la noche, las discotecas encienden las luces de neón y compiten con el volumen de los equipos para atraer a los clientes.

Desde marzo, un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, hace parte de la vida cotidiana del parque principal. Allí se le ve parqueado, a la espera de los miembros de las Farc que llegan de todo el país beneficiados por la Ley de Amnistía. Desde el parque deberán recorrer algo más de una hora por trocha para encontrar la Zona Veredal Mariana Páez, la más grande del país que alberga cerca de 500 excombatientes. Un kilómetro más allá está el Campamento Libertad.

Mientras el sol se esconde sólo queda la lluvia y el barro. Los lugareños insisten “en que dejará de llover por ahí en noviembre”. La carretera que conduce del casco urbano hacia la zona veredal, empieza en una trocha empedrada en mal estado. Cada tanto se observan cantinas de leche en las puertas de las fincas y el intenso olor de urea del ganado se disuelve en el húmedo ambiente.

Después de media hora por el camino pedregoso, la carretera cambia poco antes de llegar a la Vereda La Florida. La capa de tierra aparece desnuda, gredosa, es como un retén natural para impedir el tránsito. A medida que se avanza, los motores de los carros aumentan su potencia para no quedarse enterrados.

En el caserío La Florida aparecen vehículos distintivos del Inpec, de la ONU, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y una ambulancia. Es el aviso de que la zona veredal está cerca, faltan quince minutos, pero el barro no da paso, hay que llegar caminando.

Con el acto protocolario de la dejación de armas del 27 de junio pasado y la llegada de más de 300 invitados, la carretera empeoró y los campesinos de la zona se quejan porque el carro lechero ya no sube y ellos dependen económicamente de la venta de ese producto.

La zona veredal Mariana Páez es aún un punto de preagrupamiento, en ocho hectáreas se ven las viviendas de los excombatientes en plásticos y lona verde. La construcción de los campamentos, a julio, solo había avanzado el 5%.

Después de varias curvas se llega al campamento Libertad, donde viven Deisy, Edna y esperan a Mayerly. De este difícil camino depende que Salomé, Farley y Carmencita puedan recibir atención médica y sus kits de aseo, de manera adecuada.

La niña rubia del campamento

“Cuando nació y me la mostraron y yo vi a Carmencita ¡eso fue muy lindo! Que mire que es una niña, ver la carita y esos cacheticos todos rosaditos. Yo les decía, muéstrenme bien la vaginita para saber si es una niña, y se me salieron las lágrimas. ¡Es una experiencia bien bonita! pero también quedé con un frío horrible del hospital. Dormí esa noche y al otro día regresé a la cárcel”. Así recuerda Deisy la llegada de su hija.

Ella logró recibir atención prenatal en la cárcel de Montería gracias a una visita de la Personería al centro carcelario, porque allí sólo tienen acceso a un médico general. Faltando apenas cinco días para el parto fue trasladada a un patio especial donde convivía con otras madres en cuatro cuartos. Por ocho días soportó los dolores de parto y tuvo que ser sometida a una cesárea: la bebé estaba envuelta en el cordón umbilical.

“La detención domiciliaria la pedí cuando la bebé tenía cinco meses de nacida, el juez me la denegó diciendo que yo era un peligro bien berraco para la sociedad, que era reincidente, que ya había violado una detención domiciliaria. Ese juez era Fredy Padilla, del Bagre Antioquia. Me cuentan que, con el tiempo, fue condenado a siete años de cárcel por corrupción”, exclama indignada Deisy.

Deisy inició los trámites para ser beneficiada por la Ley de Amnistía en febrero, y en mayo Carmencita cumplió tres años, la edad límite permitida para la permanencia de los niños en la cárcel. Pese a que su libertad condicionada ya estaba en trámite en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería, el Inpec, a través del Instituto de Bienestar Familiar empezó a gestionar para que la niña saliera de la cárcel.

Deisy soportó la presión durante varias semanas hasta junio, cuando recibió la libertad condicionada. El Inpec se opuso a garantizar el traslado de la niña hasta la zona veredal y Carmencita tuvo que ser llevada hasta el campamento Libertad por un familiar.

“¡Carmencita tiene unos crespos más lindos y es terrible!”. Así la describe su familia ampliada en el campamento, por lo inquieta y audaz. Su presencia ha cambiado la vida en este lugar, acompaña a su mamá a las reuniones y cada tanto interrumpe la solemnidad de las discusiones. Mientras intento entrevistar a Deisy, Carmencita le insiste a su mamá: “ponme la canción aquí en el celular”, y tararea el himno de las Farc, como si fuera una ronda infantil. El pasatiempo para ellas en las tardes, es visitar a “la vaca lola”, como bautizó Carmencita a la vaca del campamento. Si no hace caso, no irán a verla, sentencia su mamá con autoridad.

El cuarto está lleno de juguetes, Carmencita tiene sus botas pantaneras, pero las deja fuera del cuarto de 6X5 metros donde duermen, para no embarrarlo. “De las condiciones en las que vivíamos en la cárcel cambió todo, ahora Carmencita tiene donde correr, puede jugar con los animales, puedo verla crecer porque antes nos querían separar, mis compañeros me ayudan a cuidarla”, reconoce Deisy sobre su nueva vida en la zona veredal.

Deisy ingresó a las Farc en el Magdalena Medio, a los 14 años, tras quedar huérfana de madre. Pasó por el Bloque Caribe, en el frente 37, que operaba en los Montes de María. En el 2009 fue capturada en Bucaramanga por el delito de rebelión y cumpliendo la pena nació su primer hijo.

“Recibí la detención domiciliaria por el período de lactancia, yo aproveché para dejar el niño con mi familia y regresé a las Farc”, explica Deisy. La última captura fue en el 2013 durante un asalto al Ejército en la zona rural del Bagre, Antioquia. Estuvo condenada a 96 meses por rebelión y tiene otro proceso penal en curso sindicada por otros delitos.

Deisy todavía le da pecho a Carmelita, le consiente los crespos rubios, prepara su desayuno en la estufa de un solo puesto que tiene en la habitación. “Mi hija representa una parte primordial en mi vida. La continuidad del proyecto político de las Farc es otra de mis responsabilidades”, dice.

Los primeros pasitos en Libertad

Hay septiembres de amor y otros de guerra. En septiembre de 2011, durante un ataque del Ejército al Frente Urías Rendón, del Bloque Oriental, Edna fue capturada y condenada a seis años de prisión por rebelión. Desde los 14 años ingresó a las Farc, fue caminante del piedemonte llanero y testigo de los ocasos en las sabanas. Mientras la densidad de las nubes atrapa los árboles en las alturas de Mesetas, ella mece a Salomé, una bebé de cuatro meses de nacida.

Edna obtuvo redención de pena por trabajos sociales y, en 2014, le otorgaron la detención domiciliaria y, luego, la libertad condicionada. Desde enero del 2017 solicitó la libertad definitiva por cumplimiento de pena, pero aún no ha recibido la boleta que le garantice la tranquilidad de estar a paz y salvo con la justicia.

Salomé nació en el hospital de Granada-Meta, pero a los pocos días Edna se fue a la casa de una familia desconocida, por recomendación de uno de sus “camaradas”. No se sintió cómoda en una casa extraña y decidió devolverse para el campamento. “Decidí incorporarme en enero a la zona veredal porque todavía me aparecen antecedentes judiciales y mi vida han sido las Farc”, afirma mientras vigila el sueño de Salomé que duerme en una sencilla hamaca militar que se utiliza para acampar.

En los primeros días una de sus compañeras le ayudaba con la preparación de algunos alimentos y la lavada de la ropa, pero después ella decidió asumir esas labores, sin cuidar mucho su salud y la “dieta” que suelen guardar las mujeres durante el puerperio. “Ahora tengo como unos dolores internos y la bebé está con diarrea, sólo hay un médico general y para atención de pediatría toca ir hasta Granada”, cuenta. Además, explica, no hay presupuesto de transportes contemplado para estos casos. “Estoy pidiendo que me bajen a la zona veredal Mariana Páez, donde está el médico”, dice Edna preocupada.

En una hoja pegada en el exterior de la habitación, un letrero anuncia: “Salome Nagive”. Adentro hay dos camas, un corral y una cuerdita en la que cuelga ropa de bebé. “La mayoría de las cositas de la niña han sido donaciones, nos llegan pañales del gobierno pero son etapa 5 y la bebé queda envuelta en el pañal. A veces logro intercambiar y conseguir con otras compañeras tallas más pequeñas”, narra Edna.

“A mí me gustaría participar de las capacitaciones que organizan algunos camaradas o cuando viene gente de las universidades pero ¿quién se queda con Salomé? Queremos organizar una guardería para el cuidado de los niños porque varias tenemos la intención de terminar el bachillerato y emprender un proyecto productivo. La mayoría de las que estamos aquí somos madres solteras”, explica Edna. Ella tiene además un hijo adolescente, que dejó al cuidado de su familia y después de ocho años, logró verlo.

Salomé sólo ha visto a su papá (también integrante de las Farc) una vez y fue al interior de la cárcel, Edna ansía el reencuentro para que juntos vean los primeros pasos que seguramente dará la niña en el campamento Libertad.

Farley espera la Libertad

En junio, Mayerly cumplió tres años de estar privada de la libertad. Está condenada a 38 años de cárcel. Detrás de la reja de visitas del complejo carcelario de Cúcuta aparece con un cochecito, donde duerme Farley, de 6 meses. Desde febrero esta exguerrillera está tramitando el beneficio de libertad condicionada por la Ley de Amnistía. El proceso avanza con lentitud y, cada tanto, el Juez Quinto de Ejecución de Penas de Cúcuta, que lleva su caso, pone una nueva traba que ha impedido su traslado a la zona veredal. El papá del bebé, en cambio, ya se encuentra en el campamento Libertad.

En mayo, el juez le negó la libertad condicionada asegurando que “el acta de compromiso entregada no corresponde al modelo del formato establecido”. En junio, Mayerly entregó nuevamente los documentos y el 6 de julio le concedieron la libertad condicionada, pero lleva un mes a la espera de ser trasladada a la zona veredal.

“El INPEC le exige viajar sola y que otra persona sea responsable del traslado del bebé. Mayerly no tiene un familiar cercano que le colabore, porque ella es de Arauca y esto ha demorado su salida de la cárcel”, explica la abogada de la Corporación Solidaridad Jurídica que acompaña el caso.

Esta angustiosa espera es apenas el colofón de una cadena de injusticias que ha rodeado su maternidad. Mayerly recuerda, por ejemplo, que sólo pudo obtener un control prenatal cuando ya completaba el octavo mes de gestación. A los tres meses de nacido, Farley fue trasladado de urgencias al hospital por una otitis. El INPEC le permitía apenas una hora de lactancia en la mañana y otra en la tarde. El ICBF le asignó una madre sustituta para el cuidado permanente del bebé, “pero cuando yo llegaba el niño estaba quemado en sus partes íntimas y las mamás de la sala me contaban que vomitaba en la noche”, cuenta tras la reja de la cárcel.

Mientras transcurrían los días de hospitalización del bebé, el INPEC inició, ante un defensor de familia, el trámite para trasladar al niño a un hogar sustituto, sin el consentimiento informado a Mayerly. Gracias a la intervención de una ONG lograron detener el proceso, que iba en contravención de los derechos del bebé.

Mayerly tiene 29 años y desde los 14 se integró a las Farc, al Bloque Oriental. Sus primeros meses de maternidad transcurrieron en la Unidad de Medidas Especiales de la cárcel de Cúcuta junto a un grupo de mujeres excombatientes que espera la libertad por la Ley de Amnistía. Faltan tres. Mientras tanto, Farley sigue creciendo en la incertidumbre, mientras espera llegar al campamento Libertad.

Una ley desenfocada

La Ley de Amnistía fue el primer acto legislativo que se expidió en el largo camino de la implementación del Acuerdo de Paz. Su diseño estuvo a cargo de un grupo de seis juristas hombres que discutió el punto 5, de manera hermética y paralela a otros temas de la agenda. El resultado fue un texto que incluía la Ley de Amnistía y que se anexó al Acuerdo. La ley fue tramitada en el Congreso y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 30 de diciembre del 2016.

“La discusión estuvo centrada en defender la existencia del delito político, en establecer qué se incluye y qué no, pero no les interesó distinguir entre hombres y mujeres, por eso muchas de las disposiciones de la ley son tradicionales, se crea un procedimiento común de indultos, amnistías, liberaciones y ya”, sostiene Camilo Sánchez, director de investigaciones en Justicia Transicional de Dejusticia.

A pesar de que la negociación con las Farc y el Acuerdo final significaron un importante avance en la participación de las mujeres y en la inclusión del enfoque de género en el texto, la implementación de la Ley de Amnistía no tuvo en cuenta las condiciones especiales, como madres lactantes, de Deisy y Mayerly.

“Se supone que todos los guerrilleros salían de inmediato (…) la ley no fue hecha para que salieran primero las mujeres y después los hombres, pero las decisiones de los jueces nos han enredado la pita”, dice Victoria Sandino, dirigente de las Farc, quien integró la subcomisión de género en los diálogos de la Habana y hoy es la única mujer en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, Csivi.

Con la llegada de Mayerly, Deisy y Edna, contarán con una madre más y serán tres lactantes las que habiten el Campamento Libertad, que en su diseño no tuvo en cuenta que llegarían allí mujeres con sus bebés. Cada habitación tiene aproximadamente 6 X 4 metros y cuenta con dos camarotes para acomodar a cuatro personas. Para el caso de las mujeres lactantes ellas deciden con quién comparten el cuarto.

Mientras estas mujeres esperan junto a sus bebés que la Justicia Especial para la Paz, les defina su futuro, es importante llamar la atención sobre la necesidad de que este sistema de justicia transicional implemente efectivamente el enfoque de género.

Así lo advierte la abogada Isabel Agatón: “Pensar en las magistradas que ocuparán la JEP no es sólo una discusión de paridad entre hombres y mujeres. El hecho de ser mujer no garantiza una decisión comprometida con la justicia de género. Se requiere de juristas con conciencia de género, que hayan cuestionado el estatus clásico del derecho, que apliquen estándares internacionales y se preocupen por adoptar medidas efectivas para la protección de los derechos de las mujeres”.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.
Jueves, 04 Junio 2020

Explicador: ¿Qué son las medidas cautelares y para qué sirven?

Por Sania Salazar

El ahora partido Farc solicitó a la CIDH adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros amenazados y asesinados después de la firma del Acuerdo Final.

El Partido Fuerza Alternativa del Común, Farc, que hasta hace tres años era un grupo guerrillero, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, adoptar medidas cautelares a favor de los exguerrilleros de esa organización que han sido amenazados “como consecuencia de un exterminio sistemático en contra de los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Evidenciando que el Gobierno Nacional por acción y omisión no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre D.D.H.H.”, indica en una carta.

 

¿Qué quiere decir esto? En este artículo respondemos las preguntas más comunes al respecto.

¿Qué son las medidas cautelares?

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, las medidas cautelares son una herramienta para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de los 35 Estados que se encuentran bajo la competencia de la Comisión Interamericana. 

A qué medidas en particular hacen referencia se define caso por caso entre la Comisión y uno de sus Estados miembros, como explicamos más abajo.

El artículo 25 del reglamento de la CIDH dice que la Comisión podrá solicitarle a un Estado que adopte medidas en situaciones “de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable” para personas.

Juliana Galindo Villarreal, abogada, politológa y consultora en Derechos Humanos y justicia transicional, explicó que las medidas cautelares tienen por objeto proteger a una persona o a un grupo de personas frente a la amenaza de vulneración de sus derechos, es una medida preventiva.

Estas medidas, explica la Comisión, podrán ser de naturaleza colectiva con el fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.

¿Y qué es la Comisión y Interamericana de Derechos Humanos?

Galindo Villarreal le explicó a Colombiacheck que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es un órgano consultivo no judicial encargado de la observancia y la protección de los Derechos Humanos consagrados en la Convención Americana sobre esos derechos, esa convención es un tratado internacional firmado por Estados de América y Colombia hace parte de ella.

La Comisión, que es un órgano de la Organización de Estados Americanos, tramita peticiones sobre posibles vulneraciones a los Derechos Humanos y hace las recomendaciones pertinentes al Estado y el seguimiento de los casos en todos los Estados parte.

Cuando un Estado no protege los Derechos Humanos, los afectados o interesados deben pasar por la Comisión para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (usualmente abreviada a Corte IDH) y para eso presentan una petición ante la Comisión. Esta revisa, hace unas recomendaciones y hace seguimiento al caso. Si a pesar de esto el Estado no hace nada para reparar daños ocasionados o evitar que sucedan de nuevo, entonces por solicitud del afectado o de la Comisión el caso puede ir ante la Corte.

¿Qué es y qué hace entonces la Corte?

Es un tribunal internacional cuya función es proteger los derechos de la misma convención y decretar responsabilidades internacionales en caso de que los Estados no protegan los mismos por acción u omisión.

“La Corte tiene el mandato de decretar la responsabilidad internacional de un Estado, que en derecho internacional tiene unas consecuencias muy graves que no parecen tan evidentes, pero en un sistema internacional un Estado que no respeta una norma internacional es una grave afrenta a como está constituida la comunidad internacional actualmente, no está bien visto en la comunidad internacional que un Estado viole los Derechos Humanos”, indicó la consultora.

¿Quién puede solicitar medidas cautelares?

Galindo Villareal precisó que cualquier ciudadano puede pedir las medidas sin necesidad de ser abogado ni de estar acompañado por uno, se debe sustentar la solicitud, pero no es necesario presentar pruebas e indicó también que es una medida sencilla que busca proteger a la persona de una amenaza inminente. También explicó que puede ser presentada por un tercero a nombre de una persona o de un grupo de personas.

Según el artículo 25 del reglamento de la CIDH, las medidas cautelares protegen a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.

¿A quiénes protegen las medidas cautelares?

Según la Comisión, en los últimos 35 años, las medidas cautelares han sido invocadas para proteger a miles de personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación. Entre estos grupos se encuentran, defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, grupos vulnerables, tales como mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidades LGTBI y personas privadas de libertad. Adicionalmente, han protegido a testigos, operadores de justicia, personas en vías de ser deportadas a un país donde podrían enfrentar torturas o ser sujeto a tratos crueles e inhumanos y personas condenadas a la pena de muerte, entre otros.

¿Qué evalúa la CIDH para otorgar medidas cautelares?

Según el reglamento de la CIDH, se evalúan los siguientes aspectos:

A. La “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.

B. La “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, y

C. El “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Galindo Villareal recordó que ya la CIDH ha señalado que una situación de gravedad puede evidenciarse por el tono de las amenazas recibidas (mensajes orales o escritos), la materialización de hechos contra uno o más miembros del grupo blanco de las amenazas, así como los antecedentes de actos de agresión contra personas o grupos similares (el caso del partido Unión Patriótica en Colombia), agresiones directas perpetradas contra alguno de los afectados, el incremento de las amenazas, casos de apología o incitación a la violencia en contra de los afectados o panfletos con ultimátum.

También explicó que la Comisión evalúa estas solicitudes teniendo en cuenta el contexto del país o la región donde se presentan.

“Normalmente el daño irreparable se ha asociado en el Sistema Interamericano con las posibles violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, esa es la razón de ser de las medidas cautelares. Sin embargo la Comisión ha adoptado un enfoque mucho más amplio para entender el derecho a la vida y a la integridad personal, entonces va más allá de la privación de la vida e incluso se extiende a las condiciones de existencia digna y eso es muy importante porque eso permite que estas medidas tengan una salida más allá de pensar en aquellos que están siendo amenazados o que han sufrido atentados contra su vida”, señaló.

¿Qué deben hacer los Estados ante esta solicitud de la CIDH?

La consultora explicó que antes de decidir sobre el otorgamiento de las medidas, la CIDH solicita al Estado información sobre la situación, para lo cual, normalmente, da un tiempo corto y el Estado, a través de su ministerio de relaciones exteriores, recopila información sobre los hechos presentados por los solicitantes y remite su respuesta la Comisión. 

Esta hace un balance teniendo en cuenta la información de las partes y decide otorgar, o no, las medidas cautelares, lo que sustenta a través de un comunicado.

De ser otorgadas las medidas, estas deben definirse en conjunto entre el Estado y los solicitantes de las mismas.

“Los Estados, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, deben dar la protección efectiva para evitar la situación de riesgo presentada. Asimismo, son las partes las que deben diseñar el tipo de medidas materiales más adecuadas, y/o de otro carácter, para atender las situaciones planteadas y prevenir la consecución de situaciones de riesgo adicionales”, indica la Comisión.

¿Las medidas cautelares son obligatorias?

No son de obligatorio cumplimimiento para un Estado, porque hacen parte del reglamento interno de la Comisión y no de un documento adoptado por los Estados miembros, es decir que no es vinculante jurídicamente, explicó la consultora, pero señaló que políticamente las medidas cautelares tienen una relevancia fuerte en el Sistema interamericano y en la Organización de Estados Americanos, OEA.

¿Cuánto se demora el proceso para otorgarlas o negarlas?

No hay un plazo específico, pero Galindo Villareal explicó que eso puede depender de la gravedad y la urgencia del caso y recordó que el artículo 25 del reglamento dice que ante la inminencia de un daño irreparable la Comisión puede tomar medidas sin haber recibido la información sobre el caso del Estado implicado y decreta la medida de manera inmediata.

¿Cómo les hace seguimiento la CIDH a las medidas?

Utiliza varias herramientas a su disposición para facilitar el seguimiento y monitoreo de las medidas cautelares: intercambio de comunicaciones; convocatorias a reuniones de trabajo o audiencias en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH, reuniones de seguimiento dentro del marco de visita en el lugar o de trabajo de la CIDH o de la Relatores de País; comunicados de prensa, informes temáticos, o informes sobre el país particular.

Las medidas pueden mantenerse por largos periodos de tiempo, pero no pueden ser eternas.