El pasado 15 de noviembre el expresidente Álvaro Uribe compartió en su cuenta de Twitter un video en el que un grupo de jóvenes leen varias afirmaciones sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad, algunas de ellas falsas como el señalamiento de que esa entidad “no vio la Farcpolitica”. Uno de los protagonistas leyó otra frase escrita por el exmandatario según la cual “la Comisión de la Verdad ha producido como titular de su obra la frase ‘El Estado es el responsable’”.

La afirmación de Uribe no es nueva, varias figuras políticas y usuarios de redes han hecho un señalamiento similar según el cual la CEV señaló al Estado como único responsable del surgimiento y el desarrollo del conflicto armado en Colombia (1 y 2). Incluso, cuando el excomisionado Carlos Ospina presentó su renuncia (el 2 de mayo de 2022) dijo en una entrevista que la entidad estaba utilizando políticamente el informe y argumentó “cuando la responsabilidad en un conflicto armado es netamente del Estado y de sus Fuerzas Militares, pero se deja aparte a los otros actores de la convivencia se le está dando razón política a un sector”.

La opinión de Ospina, cuyas afirmaciones ya hemos chequeado (1, 2) se vio reforzada por un artículo de Revista Semana, según esa publicación, basado en unos borradores del informe final. ““El Estado y las Fuerzas Armadas son los culpables””, se lee en el titular. La nota afirmaba que en el borrador del informe Hallazgos y recomendaciones se leía “la responsabilidad es fundamentalmente del Estado”. Esa cita no existe en el documento final.

La información contenida en los 10 informes de la CEV contrasta con las afirmaciones según las cuales la entidad señaló al Estado como único responsable del conflicto armado. Cuestionamientos a diversos sectores políticos, señalamientos sobre las consecuencias del accionar guerrillero y cifras que demuestran la responsabilidad de grupos subversivos en graves violaciones de los derechos humanos hacen parte de los informes de la entidad.

La CEV hizo un recuento histórico del conflicto armado en el informe titulado No matarás. En este dedican un pasaje para explicar el surgimiento de las Farc y exponen la confluencia de factores para el nacimiento de ese grupo armado. Por ejemplo, sobre la interpretación que esa guerrilla le ha dado a la incursión militar en Marquetalia (Tolima), en 1964, la entidad precisó: “Este es el mito fundacional de las FARC-EP. Como todo mito, tiene algo de verdad y algo de exageración. Antes de este ataque, la guerrilla era residual y estaba localizada en algunos municipios fuertemente golpeados por la Violencia, cuya resistencia fue apoyada por el movimiento comunista y una izquierda que leía en la exclusión del sistema político, intrínseca al Frente Nacional, los motivos para alzarse en armas”.

En el mismo informe se encuentran las palabras de altos mandos del Ejército que participaron en la acción, como el coronel Álvaro Valencia Tovar. En una cita el oficial contradice la versión de las Farc sobre lo que pasaba en Marquetalia antes de la incursión estatal: “Lo cierto es que el 29 de diciembre de 1963, mientras imperaba en la región la amnistía decretada por el Frente Nacional, descendieron ellos del baluarte montañoso de Marquetalia y emboscaron una columna de abastecimientos en la vía Planadas-Gaitania, asesinando a cinco soldados y robando los mulares y cargas”.

También se encuentran citas del ministro de Guerra de la época, el general Alberto Ruíz Novoa, quien expuso que había intereses de élites locales tras el afán de atacar las regiones que fueron bautizadas como “repúblicas independientes” por el político conservador Álvaro Gómez Hurtado. Ruíz aseguró que había terratenientes que querían “apoderarse de las ricas tierras que hoy explotan los campesinos de Riochiquito para lo cual no vacilan en incitar al ejército a entrar a sangre y fuego a esta región, diciendo que esos campesinos, sus mujeres y sus niños solo son merecedores del exterminio”.

Los señalamientos de las responsabilidades frente al surgimiento de las guerrillas por parte de actores no estatales hacen parte del informe. Por ejemplo, se expuso la decisión del Partido Comunista Colombiano (PCC) de validar la violencia: “Por su parte, el PCC en su Décimo Congreso definió que entre la lucha de masas y la lucha guerrillera no había contraposición alguna. La decisión de asumir la combinación de las formas de lucha permitió al PCC conciliar sus dos líneas: la que privilegiaba la lucha electoral y de masas, y la que optaba por la lucha armada”.

La CEV criticó a tres partidos políticos por el inicio de la confrontación armada con las Farc: “Los partidos Conservador, Liberal y Comunista tienen una enorme responsabilidad en el origen del conflicto armado interno. Desde la década de los cincuenta, los tres mantuvieron posiciones ambiguas y tolerantes con la violencia, que contribuyeron a que se arraigara la cultura del «todo vale» en la vida pública. En diversos momentos y contextos se han combinado votos y armas, y estas se han usado para constreñir las diversas libertades políticas y culturales. En otras palabras, la violencia ha sido un recurso de las derechas y de las izquierdas.”.

La CEV también criticó el rol de algunos agentes estatales en el inicio de la violencia: “Le cabe mayor responsabilidad a quienes usaron esta violencia desde el Estado, ya que, por antonomasia, este es el garante de la paz, de la inclusión de las minorías y de la vida y honra de los ciudadanos que depositan en sus dirigentes la confianza”.

Sobre el surgimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la CEV rememoró la historia de sus fundadores quienes “fueron instruidos en Cuba y copiaron la teoría del foco guerrillero que había funcionado de manera excepcional en la isla”. “La mayoría de sus dirigentes salieron de las juventudes del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), que era un grupo opositor al Frente Nacional fundado desde 1959 por Alfonso López Michelsen”, se lee en el documento.

El nacimiento del Ejército Popular de Liberación (EPL) fue otro de los aspectos que desarrolló el informe, sin embargo, en este pasaje no se encuentran referencias a alguna responsabilidad estatal. “En 1967 se creó la tercera guerrilla del país: el EPL, como brazo armado del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCML), que a su vez fue una disidencia del PCC en el marco de las pugnas entre la Unión Soviética y China”, explicó la CEV.

El Estado y el paramilitarismo

La CEV también profundizó en el papel que tuvo el Estado en el surgimiento del paramilitarismo. Por ejemplo, la entidad recordó que el gobierno de Guillermo León Valencia expidió un decreto en 1965 mediante el cual autorizó armar civiles y que tuvieran armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En ese pasaje del informe No matarás la CEV analizó las consecuencias de la doctrina del “enemigo interno” en las Fuerzas Armadas. “El supuesto básico de la doctrina contrainsurgente en el marco de la Guerra Fría fue que existía un enemigo, el comunismo internacional, que actuaba de manera encubierta a través de un enemigo interno. En Colombia ese enemigo fue representado en el oponente armado, pero también en quienes sin armas controvirtieron el poder establecido”, precisó la entidad.

Otra disposición legal sobre la que profundizó la CEV fue el reglamento de combate de contraguerrillas que hizo el Comando del Ejército en 1969. Por medio de ese documento se autorizaron dos modalidades para la participación de los civiles en las hostilidades: como Junta de Autodefensa y como Defensa Civil.

“Los primeros grupos de autodefensa estuvieron conformados por propietarios de tierras y caciques políticos, lo cual posibilitó el establecimiento de órdenes sociales jerárquicos que garantizaron el control y la hegemonía de los más poderosos. Al amparo de estas disposiciones se armaron también los nuevos zares de las esmeraldas, quienes mantuvieron bajo coerción armada el control del occidente de Boyacá, y se armaron los primeros ejércitos privados de narcotraficantes, quienes ya eran un poder económico emergente en parte del Caribe, la Amazonía, el Valle y Antioquia. Dado el amplio margen de actuación que se les otorgó a estos ejércitos, muy pronto se convirtieron en grupos ofensivos que actuaron de manera criminal, en contubernio con agentes de la fuerza pública”.

Con esos antecedentes históricos quedó planteado el panorama social, político y militar que dio paso a la guerra. “De esta manera se sentaron las bases para una tormenta perfecta en las regiones: de un lado las guerrillas buscando la adhesión de la población civil, por el otro las autodefensas y paramilitares usando métodos no convencionales a nombre del Estado”, enfatizó la entidad.

En el informe Hallazgos y Recomendaciones la entidad advirtió que el paramilitarismo fue legalizado en algunos lapsos de la historia. “La aprobación de normas ha sido una de las vías para otorgar estatus legal a grupos armados en el ámbito de la defensa privada y la contrainsurgencia. Los extensos periodos de legalidad, de la que han estado revestidos los grupos de seguridad privada, se constituyen en un factor central de su sostenimiento y supervivencia”, el extracto se refiere a las disposiciones legales citadas arriba y a la conformación de las Cooperativas Convivir en 1994, que en zonas como Urabá fueron un apéndice de los paramilitares fundamental para su financiación.

En el mismo documento se encuentra un cuestionamiento al Estado por la impunidad que campea en las violaciones de derechos humanos. “La ausencia de respuestas institucionales para hacer justicia frente a las atrocidades del conflicto se convirtió en uno de los factores de persistencia decisivos de la violencia que experimenta el país. La impunidad que se despliega como un círculo vicioso es causa y a la vez consecuencia de las violaciones derivadas del conflicto. Lo es también el desconocimiento de la justicia como un derecho”, afirmó la entidad.

Violaciones a los derechos humanos: responsabilidad de todos los armados y de los terceros

“Los principales responsables identificados por la Comisión son el Estado colombiano, los grupos paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, los grupos posdesmovilización y los denominados terceros civiles”, enfatizó la entidad en Hallazgos y Recomendaciones sobre los actores que violaron los derechos humanos y cometieron infracciones del derecho internacional humanitario.

Los resultados cualitativos sobre homicidios, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado fueron determinados luego de la revisión por parte de la CEV, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos de 112 bases de datos tanto de instituciones estatales como de organizaciones no gubernamentales.

En ese informe se estableció que entre 1985 y 2018 perdieron la vida a causa del conflicto armado 450.664 personas. “Los principales responsables de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45 % de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27 % de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12 % (56.094 víctimas). Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP, el 4 % al ELN y el 2 % a otras guerrillas”, se lee en el documento.

“De los registros existentes del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre asesinatos selectivos, el 42 % de los asesinatos se les atribuye a grupos paramilitares, seguido de las guerrillas con 16 % y agentes del Estado con 3 %. Sin embargo, casi en cuatro de cada diez casos se desconoce la autoría (35 %)”, expuso la entidad.

Sobre la desaparición forzada también hay cifras que señalan la responsabilidad de diferentes actores del conflicto. “Si bien existe una alta incertidumbre sobre la autoría (54 % desconocido), a partir de los datos existentes el principal responsable son los grupos paramilitares, con 63.029 víctimas (el 52 %). Seguidos de las FARC-EP con 29.410 víctimas desaparecidas (el 24 %). En tercer lugar, se encuentra la categoría de responsables «múltiple», con 10.448 víctimas (el 9 %), mientras que los agentes estatales son responsables del 8 %, es decir, 9.359 víctimas”, reveló la CEV.

Uno de los crímenes más recordados del conflicto armado es el secuestro. “Han sido sobre todo llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras y muchas veces durante muchos meses o años. Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40 % de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24 % (10.538 víctimas) y el ELN con 19 % (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9 %). En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado”, señaló la entidad.

Las cifras y la reconstrucción de la historia dan cuenta de que la CEV sí señaló diferentes responsabilidades del Estado en el conflicto armado, sin embargo, estuvo lejos de indicar que es el único responsable de lo que sucedió. Por eso, el señalamiento carece de sustento, aunque sea repetido decenas de veces por líderes políticos, usuarios de redes sociales y medios de comunicación. 

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto, que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.