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Miércoles, 07 Julio 2021

Mujeres y migrantes: el doble riesgo de morir en Colombia

Por Cerosetenta y La Liga Contra el Silencio

Obligadas a huir de su país, cada vez más venezolanas padecen la desprotección y la violencia extrema. Sus familias, además, enfrentan barreras burocráticas que entorpecen la recuperación de sus cuerpos; mientras sus huérfanos terminan en un limbo ante la inacción de los gobiernos.

“Si no es hoy, no es nunca”, dijo Ányela Capote antes de desaparecer. Dejó su teléfono cargando, sus cuatro hijos (la mayor de seis años) al cuidado de una prima y salió. Eran las 10 de la noche del 10 de abril de 2020. Tres noches después la policía encontró su cuerpo desnudo en un pastizal, herido a cuchillo y envuelto en cobijas. Estaba cerca de su casa, y a solo 150 metros de donde vive un vecino 39 años mayor que ella, quien desde hacía meses la acosaba. Ányela –venezolana, 27 años, morena y de pelo crespo– varias veces le había pedido que no la molestara más. El teléfono de esta persona fue el último que ella marcó ese viernes por la noche. 

“Para conseguirla cerca de donde vive ese señor no hay más nada, sino que él fue”, dijo Mileidy Guzmán, prima de Ányela, en una entrevista con Prensa Libre Casanare cuando se confirmó la identidad del cadáver. “En verdad fue la última persona que habló con ella y que la vio”, añadió, encogiéndose de hombros. 

Según Mileidy, había una relación entre su prima y el vecino que la acosaba. “Él la ayudaba y ella lo ayudaba. Pero como ella decía, lo hacía por sus hijos”, contó. Tenía que prostituirse, agregó Darwin, otro vecino del barrio El Fical, en Yopal. “Ella se dedicaba a eso cuando el marido no conseguía lo suficiente para la familia”, explicó. 

El hombre de 67 años fue capturado en enero de este año como presunto responsable del feminicidio de Anyela Capote y enviado a prisión

En 2020, cuando empezó la pandemia, una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad de morir de forma violenta, comparada con una colombiana, según datos de Medicina Legal analizados por El País. El riesgo de sufrir violencia en pareja era un 39 % más alto, y el de sufrir violencia sexual un 28 % mayor.

La violencia contra venezolanas terminó en feminicidio 33 veces durante el año pasado; cuatro casos más que en 2019, según las cifras que recolecta mes a mes la revista Cerosetenta.

La inmensa mayoría corresponde a mujeres menores de 30 años. Es el caso de Naibel Yuraima Blanco, de 24 años y nacida en Trujillo, Venezuela. Naibel conoció a su pareja en el viaje a Colombia y seis meses después él la asesinó antes de fugarse con su hija de seis años.  

La violencia también se ensañó contra las mujeres trans. De las 32 asesinadas el año pasado, tres eran venezolanas, según el registro que lleva Cerosetenta. Alexandra Ramos Rivas, de 23 años, fue una de ellas. Era trabajadora sexual, vivía en Medellín y fue asesinada al parecer por un taxista que la frecuentaba y que ya la había amenazado, según un amigo de la víctima. 

La situación no ha cambiado este año: en los primeros cinco meses van 14 venezolanas asesinadas en el país. Desde 2019 suman 75 casos. 

Los casos de Ányela Capote, Alexandra Ramos y Naibel Yuraima Blanco demuestran que las migrantes se enfrentan a “decisiones imposibles”, según Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, una ONG que defiende a las mujeres en Venezuela y reporta los feminicidios dentro y fuera de ese país. “No tienes con qué comer ni cómo pagar, y la demanda es de tu cuerpo. No es que tú decidiste estar en el trabajo sexual, sino que parte de esa violencia hace que no tengas posibilidad de decidir”, explicó Borges.

La vulnerabilidad se carga en el morral 

En 2018 Ányela Capote llegó a Yopal con siete meses de embarazo y tres niños pequeños. Había salido un tiempo antes desde Maracay, estado Aragua, cuando en Venezuela empezó a faltar todo, incluido el acceso a la salud para mujeres gestantes. Con su esposo, Fredy Castañeda, intentaron mantener a la familia trabajando con  reciclaje. Pero tuvieron problemas, la pareja se separó y ella quedó a cargo. “Era la que siempre salía a dar la cara por sus hijos”, contó desde Perú su hermano Jhosman Capote. La pandemia terminó por dejarla sin opciones. 

De los cinco millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos cinco años, casi dos millones están en Colombia. Y aunque acaba de terminar el cierre más largo de la frontera en los años recientes, la migración no se ha detenido. 

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que el 52 % de los migrantes son mujeres y el 48 % son hombres. “El fenómeno que inicialmente fue sobre todo masculino se empieza a modificar hacia uno femenino”, dijo Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.  “Esto es importante porque la feminización de la migración tiene unas complejidades adicionales que las autoridades colombianas deben responder”, añadió. 

Por ejemplo, según Beatriz Borges, las mujeres migrantes huyen de un país donde hay un desabastecimiento del 90 % en anticonceptivos. En Venezuela no hay acceso al alimento y a la salud, y son ellas quienes padecen mayores grados de desnutrición, pues renuncian a la comida para dárselas a sus hijos. Muchas, además, tienen historiales previos de violencia de género que no denuncian por falta de garantías. En este momento todas las casas de abrigo en Venezuela están cerradas, dijo Borges. “Todas esas vulnerabilidades las llevan ellas en un morral, y se agravan en el camino porque la condición de migrante hace que haya una vulnerabilidad estructural”, explicó. 

Un informe reciente de la organización Cuso reveló que el 91,1 % de las migrantes venezolanas trabaja de manera informal y sin protección social. Además trabajan más horas que las mujeres colombianas, pero reciben en promedio la mitad del salario: 785.000 versus 1.458.000 pesos mensuales.

“Los primeros trabajos que les proponen tienen que ver con la explotación sexual, y siempre se ven sujetas a ese tipo de mirada, que es una mirada de despojo”, dijo Diego Battistessa, docente e investigador del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” – UC3M, quien construyó un mapa con los casos de venezolanas asesinadas en el extranjero entre 2017 y 2019.

La mayoría no denuncia. “No saben dónde porque les da miedo que las puedan deportar. Ellas mismas se invisibilizan en un estado que no les ofrece protección por el hecho de ser mujeres migrantes y refugiadas”, explica por su parte Beatriz Borges. 

La carga para las familias

Naibel Yuraima Blanco no conocía a casi nadie en La Primavera —un corregimiento ubicado a 14 kilómetros de Bolívar, en el Valle del Cauca— cuando su pareja la asesinó en la habitación que compartían. Llevaban solo dos meses allí, pero sus vecinos sabían que él la maltrataba. “A cada rato la golpeaba, tenía muchas cicatrices. Pero ella no comentaba nada ni le gustaba que le preguntaran. Para mí que estaba amenazada por él”, dijo Cecilia Bustamante, una vecina, a la emisora local Ondas del Pescador.

La noche del 17 de enero de 2020 los vecinos volvieron a escuchar gritos. Pasaron dos días más antes de que un olor fétido los alertara. El domingo 19 de enero la Policía encontró el cuerpo de Naibel acuchillado y oculto bajo una montaña de ropa. El agresor y la hija de Naibel se habían ido.

Yamilena García, una lideresa social de Bolívar de 42 años, asumió el caso aunque no conoció a la víctima. Buscó a su familia para que pudieran sacar el cuerpo de la morgue. Medicina Legal solo los entrega a familiares directos, pero la mayoría de los migrantes no tiene un círculo de apoyo cercano.

Uno de los policías que atendió el caso le dio un número, y Yamilena llamó. Se comunicó con la hermana de Naibel, le contó que la habían asesinado y que su cuerpo estaba en la morgue de Roldanillo, Valle. “A ver cómo hacemos para que su mamá o alguien venga y la reclame. Yo les colaboro para el entierro”, le dijo. 

Yamilena hizo una campaña en Facebook, habló con sus conocidos, y pidió ayuda en las alcaldías de Bolívar y Roldanillo hasta recoger 1,2 millones de pesos para costear el entierro. El 11 de febrero, tras más de 20 días de travesía, la mamá de Naibel pudo enterrarla. “El padre me colaboró con el hueco en el cementerio, el sepulturero con su trabajo, y así”, cuenta Yamilena. Muchos acompañaron la caravana fúnebre.

Cuerpos huérfanos

En medio de la informalidad obligada en la que viven los migrantes, entierros como el de Naibel son más comunes de lo que se piensa. La repatriación de cuerpos es costosa, y así ha sido siempre, según Zair Mundaray, asesor jurídico de la embajada del presidente interino Juan Guaidó en Colombia. Por eso la mayoría de los cuerpos se quedan en Colombia. 

Ante la ausencia de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, y sin un consulado que se encargue de los trámites, las familias de los venezolanos asesinados en el país dependen de las ayudas que puedan brindar sus conocidos, organizaciones locales o personas como Yamilena García. 

Mundaray dijo que algunas alcaldías tienen recursos para ayudar a pagar los entierros de los más vulnerables, incluidos los migrantes. En esos casos ellos sirven de puente entre la familia y la entidad que colabora. Algo parecido hace Cepaz, apoyada en organizaciones locales, según contó Beatriz Borges. Pero reconocen que su alcance es muy limitado. “Tendríamos que saber cuántos fallecen a diario, y en la pandemia son muchísimos. Somos pocos y no tenemos recursos, pero sí orientación permanente para decirles qué hacer”, dijo Mundaray.

Sin embargo, ante la premura, las familias suelen ser víctimas de más injusticias. La mamá de Alexandra Ramos Rivas, por ejemplo, tuvo que cremar el cuerpo de su hija, aunque la asesinaron con nueve cuchilladas el 22 de enero de 2020. La cremación en estos casos no está permitida, pues el cuerpo es parte de la investigación. “A ella la iban a tirar a una fosa común porque no llegaba la familia, y además había que pagar como cuatro millones de pesos para que hicieran lo que tenían que hacer con ella”, relató Andrés Ocampo, amigo y compañero de cuarto de Alexandra.

Llevar el féretro a Venezuela costaba diez millones de pesos, dice Ocampo. “La mamá quería cremarla. Entonces se la entregaron en un cofre y no le costó nada”, contó. Pero sí hubo un costo: su caso quedó sin la principal evidencia para investigar el crimen. Una carga más de invisibilización para las personas trans a quienes en la mayoría de los casos ni siquiera se les consigna su identidad de género en los reportes que emiten entidades como Medicina Legal. 

“El problema de las muertes violentas es que no está permitida la cremación, que siempre es más barata en los planes funerarios de las alcaldías. El cuerpo tiene que inhumarse, y la Fiscalía tiene que saber dónde quedó por si hace falta exhumarlo para algún tema probatorio”, dijo Zair Mundaray.

Nada de eso será posible en el caso de Alexandra. Su mamá se quedó con sus cenizas y dijo que pensaba tirarlas al mar cerca de Barquisimeto, donde nació, “porque era su sueño”, contó su amigo Andrés Ocampo.

Los que quedan atrás

La pandemia complicó los procesos. Con el cierre de la frontera, las repatriaciones se suspendieron y se volvió aún más difícil para las personas viajar a despedir a sus familiares o a recuperar a sus niños, huérfanos después de los feminicidios.

A Ányela Capote, asesinada en Yopal, pudieron sacarla de Medicina Legal porque su prima estaba en Colombia y se encargó de firmar los documentos. Sus conocidos, además, lograron que el hospital de la ciudad les donara una bóveda para enterrarla en el cementerio municipal. Pero su familia solo pudo despedirse en la salida de la morgue. Las medidas de bioseguridad dejaron el resto en manos de una funeraria. “No supimos ni en qué bóveda quedó, porque ellos e hicieron el proceso”, dijo Darwin, su vecino, que acompañó al esposo y la prima de Ányela. 

Sus cuatro hijos, de 2, 3, 4 y 6 años, quedaron con el papá. “Aunque supuestamente él no tenía cómo tenerlos. Yo le envié una plata a mi mamá para que los fuera a buscar a Colombia, pero no se pudo viajar porque no había paso. Más nunca supimos nada de él ni de los niños”, contó Jhosman Capote, hermano de Ányela. 

Zair Mundaray explicó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un enlace con la embajada del gobierno interino para intervenir en algunos casos de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes en este momento suman más del 20 % de la población migrante en Colombia, según Ronal Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Pero pocas veces intervienen en casos como el de Ányela Capote. 

“Cuando esas cosas ocurren, la familia logra buscarle alguna salida con un pariente, con poca intervención institucional”, dijo Mundaray. Las familias buscan la forma de recuperar a esos niños. 

Es el caso de Naibel Yuraima Blanco. Luego de cometer el feminicidio, el agresor huyó y se llevó a su hija. Yamilena García relató que algunas personas lo vieron pidiendo dinero en la calle junto a la niña, cuando intentaba llegar a Cúcuta. La hermana de Naibel, según Yamilena, solo volvió a saber de él cuando se comunicó con ella para tratar de chantajearla, aunque al final devolvió a la niña.

“Lo más importante es que pudieron localizarla y ya la abuela la tiene”, contó Yamilena meses después. Dijo que algunos en su pueblo la felicitaron, pero que ella no lo hizo por eso. “Me apersoné solamente por el hecho de ser mujer, porque teníamos el mismo género”. Después duda: “Bueno, no sé. La verdad yo dije ‘hay que ayudar a la muchacha, a su familia’. Y se hizo. Se hizo sin importar quién era”.

Jueves, 19 Noviembre 2020

Morir a la espera de una UCI en Bogotá 

Por Liga Contra el Silencio

Entre marzo y julio de este año, el 68 % de los fallecidos por covid-19 en los hospitales de la capital murió sin ingresar a cuidados intensivos, aunque había camas disponibles. El día de mayor ocupación hubo un centenar de plazas disponibles, pero diversos obstáculos en el traslado de pacientes críticos se tradujo en historias de angustia.

Los médicos del Hospital de Suba le explicaron a Graciana Leguizamón, de 42 años, que la caja torácica de su hermano Esteban, de 34 años, era demasiado grande para los ventiladores mecánicos que intentaban reanimar sus pulmones en la sala de urgencias. 

El virus avanzaba sobre la ciudad y el hospital público no estaba preparado. Además de no tener Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sus equipos eran insuficientes para atender a Esteban, quien, a la tos seca, fiebre y problemas respiratorios que presentaba, sumaba un problema de obesidad.

Los médicos tenían motivos para trasladar al paciente a un centro de salud con UCI. Pero pasaron tres días y nada ocurrió. Esteban llegó al hospital el 10 de julio, y falleció el 13. Su familia recibió una semana después el resultado positivo para covid-19. Dos meses más tarde llamaron a Graciana de la Secretaría de Salud y preguntaron por el paciente para “realizar el cerco epidemiológico”.

Entre marzo y julio, el 68% de los fallecidos en los hospitales de Bogotá murió fuera de esas unidades, según cifras de la Secretaría de Salud, a pesar de que incluso en los días más críticos hubo camas en UCI disponibles. La historia de Esteban, un joven carpintero sin afiliación a ninguna Entidad Promotora de Salud (EPS), ni al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), abre interrogantes sobre la desigual atención de la pandemia en la capital del país. 

Para la primera mitad de julio el promedio de camas libres en cuidados intensivos oscilaba entre 100 y 120. Durante la segunda quincena el día más congestionado fue el 26, con 99 plazas disponibles, según el Distrito. Aunque había cupos, Esteban no fue trasladado.

Los profesionales de la salud describen estos casos como “barreras” u “obstáculos” hospitalarios: prácticas de mala gestión que van desde la negligencia hasta el bloqueo y la desatención de pacientes. 

Antes del covid-19, por ejemplo, era usual que las UCI se reservaran para pacientes afiliados a ciertas EPS que tuvieran convenios con determinadas clínicas y hospitales, entre otras malas prácticas de gestión. Los casos que surgieron durante esta crisis suman una mezcla de descoordinación, descuido e ineficiencia.

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, identifica como responsable a la Secretaría de Salud. “Dentro de su rectoría está la coordinación de las UCI. Por ley tiene la responsabilidad de garantizar que las EPS cumplan con su trabajo de prestar un derecho universal”. 

En segundo plano señala a las EPS. Según Carrillo las denuncias en la Superintendencia de Salud contra Compensar, Sanitas y Famisanar son incontables. “Por su negligencia, por sus demoras, por negarse a hacer pruebas”. Su conclusión es que la salud de los colombianos está en manos de “un contubernio de políticos y negociantes” a los que solo les “interesa hacer negocio”. 

El presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hernán Bayona, reconoce la existencia de “obstáculos hospitalarios” en la ciudad. También pone en cuestión el papel de la Secretaría de Salud. Según dice, alrededor del 95 % de la población en la capital del país tiene cobertura a través del régimen contributivo, destinado para las personas que pueden costearse un seguro. “La Secretaría de Salud ha debido asumir con mayor eficiencia la coordinación de ese 5 % de población restante que está en el régimen subsidiado (a cargo del Estado)”, afirma Bayona.

Una familiar de los Leguizamón trinó el 14 de julio contra la gestión de la alcaldesa Claudia López. “No valemos lo mismo”, sentenciaba. Al día siguiente la Secretaría de Salud aseguró en un comunicado que el paciente había recibido todas las “medidas necesarias”. No explicaba sin embargo las razones por las cuales Esteban no fue enviado a una UCI.

Graciana Leguizamón cuenta por celular que, tras alguna insistencia, habló con un médico que diagnosticó a su hermano en el Hospital de Suba. “Dijo que había tenido dos paros cardiorrespiratorios. Y que si le daba un tercero, fallecía”. También le explicó que sería necesario llevarlo a cuidados intensivos “porque estaba en estado crítico”.

Pero sus gestiones para trasladar a Esteban chocaron con una de las marañas burocráticas más complejas de la región: “me dijeron que tenía que ir a hablar con una ‘niña’ Paola. Fui y le pregunté. Me dijo que necesitaba el número de cama asignado, el doctor y el hospital a donde lo iban a trasladar”.

Manuel González, subsecretario del Servicio de Salud y Aseguramiento del Distrito, dice que desconoce casos de negligencia hospitalaria en la gestión de las UCI y pide poner en contexto las cifras de fallecidos fuera de estas unidades. Explica que no todos los pacientes de covid-19 requieren estas unidades. González resume los parámetros para la remisión: que la persona tenga alteraciones en el funcionamiento del corazón, y que requiera soporte ventilatorio. 

Para el funcionario “hay que entender las particularidades de cada paciente. Llenar los hospitales de personas no significa que estén siendo bien atendidas, ni que estén siendo atendidas donde debe ser”.

Graciana está convencida de que los encargados del Hospital de Suba le negaron a su hermano la oportunidad de recuperarse por su falta de cobertura médica. “Es muy lamentable que a las personas que no tienen para pagar la seguridad social las dejen morir así. Uno no tiene derecho a enfermarse porque ningún médico lo va a atender, nadie le va a hacer un examen”, se lamenta.

Naufragio en el piso cero

Los gritos de los pacientes hospitalizados en el piso cero de la Clínica del Occidente evitaron que Hermencia Parrado, de 78 años, muriera esa noche del 19 de julio. A la mujer se le había caído la careta de oxígeno con la que trataban una insuficiencia respiratoria que arrastraba de tiempo atrás.

Según su familia, esto sucedió entre la una y las dos de la mañana, y la atención de los auxiliares tardó 20 minutos. La avalancha de casos por coronavirus y la fatiga pasaban factura a los encargados de esta clínica en Kennedy, la localidad de Bogotá más golpeada por el virus.

Hermencia fue hospitalizada el 16 de julio y el diagnóstico fue desalentador. “Me dijeron que ella tenía varias enfermedades y que yo debía entender que mi mamá ya había vivido todo lo que tenía que vivir”, recuerda Consuelo Navarro, su hija, quien se desmayó después de esta introducción. 

La salud de Hermencia empeoraba y los médicos evaluaron, desde el 17, la necesidad de trasladarla a una cama de UCI en otro centro, pues la Clínica del Occidente estaba saturada. Pero el ajetreo en otras unidades de la capital, según los responsables del centro, no daba buenos augurios. Ese día se registraron 8.000 casos de covid-19 en Bogotá, y la gráfica con dientes de serrucho siguió en ascenso hasta alcanzar un máximo de 13.000 casos en un día el 19 de agosto.

Los ventiladores mecánicos en la Clínica del Occidente estaban también copados. A Adriana Cabezas, nieta de Hermencia, los auxiliares de enfermería le dijeron que incluso a nivel nacional estaban al límite, y que cuando se liberaba alguno “la prioridad era para las personas de 20 y 30 años”.

Decidida a llevarse a su abuela para otro centro con plazas libres, Adriana se dirigió a la oficina de atención al cliente. Una enfermera le dio un mensaje del médico: “lo único que podía hacer era dejar montada la orden de remisión para otro sitio donde sí hubiera forma de atenderla”. 

A continuación, en el área de remisiones, un funcionario le explicó que “las UCI no están a cargo de los hospitales ni de las EPS, que eso depende de la Alcaldía. Y si tenía quejas debía dirigirme a la Secretaría de Salud”. Pero en la Secretaría le dijeron justo lo contrario. “Que era cuestión del médico y de la EPS. Todo el mundo se tiraba la pelota”. 

AUDIO [Escuche aquí el fragmento de la conversación entre una familiar de Hermencia Parrado y personal médico de la Clínica de Occidente el 21 de julio.]

El internista Juan Carlos Hernández es el responsable de cuidados intensivos en la Clínica del Occidente. Entre julio y agosto, afirma, recibió el volumen más alto de pacientes por covid-19, pero niega que hubiera atascos en la unidad. “Se cumplieron los criterios. Los traslados se hicieron de forma adecuada, siguiendo los protocolos del CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) y las EPS”, señala. 

Hermencia Parrado estaba afiliada a Famisanar, entidad que no tiene convenio con la Clínica del Occidente. La familia dice que hasta ese momento no hubo ningún contacto ni información de la aseguradora. Luis Armando Navarro, hijo de Hermencia, recuerda que el 21 de julio a las once de la mañana ella los llamó y pidió que la sacaran de ahí porque “¡en esta clínica me van a dejar morir!”.

Tras cinco días de espera para ser remitida a una UCI, Hermilda falleció en la camilla 10 del piso cero. En la historia clínica consta que fue por un paro respiratorio. Ocurrió durante un cambio de turno, cuando no había nadie para auxiliarla, según reveló una enfermera a los Navarro.

Juan Carlos Hernández señala que desafortunadamente hubo casos de pacientes que tenían una patología previa y los familiares daban el consentimiento para que, en caso de paro respiratorio, no se intubaran ni se realizaran maniobras invasivas. “En esos casos tampoco se trasladaba al paciente”, agrega. 

En la historia clínica se lee que los familiares dieron orden de “no reanimación”, pero Adriana Cabezas no recuerda haber dado esa orden. “¿Por qué íbamos a estar presionando por una UCI si no íbamos a autorizar que la intubaran? El día del ingreso yo pregunté si entre los papeles que firmé estaba esa autorización. Me dijeron que no, que en caso de ser necesario nos avisarían”.

Dos días después del deceso, una llamada de Famisanar sorprendió a Consuelo Navarro. “Era para confirmar que había una cama libre en cuidados intensivos. Sentí tanto dolor, tanta rabia”, recuerda con impotencia. La prueba que confirmó el positivo para covid-19 llegó al día siguiente.

Grietas acumuladas

A las historias de Hermencia y Esteban se suma la de Gabriel Castañeda, de 58 años, propietario de una barbería. Su hermano Gerardo cuenta que también estuvo hospitalizado en la Clínica del Occidente entre el 16 y el 21 de julio. Según la historia clínica estaba afiliado a Compensar y tenía tres comorbilidades que el virus no perdona: hipertensión, diabetes y obesidad.

Gerardo denuncia que “hubo negligencia a la hora de facilitar el traslado” de su hermano y dice que pedir información sobre su caso ha sido difícil: “Ellos se dan cuenta que uno no tiene el conocimiento ni las herramientas para reclamar”.

Según la historia médica de Gabriel, desde el 18 de julio se iniciaron “trámites para la remisión a UCI por no disponibilidad en la institución”. El 21 de julio, apunta, Gabriel era ya un “paciente críticamente enfermo” con “alto riesgo de mortalidad a corto y mediano plazo”. El paciente falleció sobre las 8:26 de la noche del 22 de julio. 

En la oficina jurídica de la Clínica del Occidente sostienen que el manejo médico en este caso siempre fue “ajustado a la patología presentada”. Dicen que Gabriel tuvo “acompañamiento total por personal especializado” y de acuerdo con “la capacidad posible de la IPS para la época de los hechos”. En este caso tampoco se aclara por qué el paciente, habiendo otras alternativas, no fue trasladado.

El 12 de abril, un mes después de declarar la emergencia sanitaria, el Gobierno expidió un decreto para agilizar la asignación de camas en cuidados intensivos. El CRUE, órgano supeditado a la Secretaría de Salud Distrital, pasó a gestionar las 998 camas de UCI para pacientes con covid-19 disponibles en la red pública y privada (al 18 de noviembre eran 1.622). 

Antes del decreto 538, la orden del médico pasaba a las EPS, donde debían contactar a su red de centros hospitalarios y autorizar el trámite. Ahora, el CRUE debe asignar la cama de UCI sin pasar por el filtro de las EPS.

Algunos miembros de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el gremio de las EPS, recibieron esta iniciativa con recelo. Especialmente las que cuentan con capital estadounidense o europeo, como Sanitas, Sura o Aliansalud, pues temían “el germen de una expropiación o toma de control por parte del Estado”, escribe por correo el presidente del gremio, Gustavo Morales. Tras varias discusiones y análisis, y con el visto bueno de la Corte Constitucional, se acordó trasladar esa función de distribución de pacientes a la autoridad sanitaria local, según Morales. 

Pero las falencias acumuladas del sistema sanitario se manifestaron, aunque la alcaldesa Claudia López sostuvo siempre que Bogotá era ejemplo en el manejo de la emergencia. 

Bayona, del Colegio Médico de Bogotá, recuerda que el coordinador de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad Nacional le relató que “a veces dejaba dos o tres unidades libres porque le avisaban que iban a llegar tres pacientes, pero pasaban 12 horas y no llegaba nadie. Cuando llamaba a averiguar, el paciente había fallecido o ya no se necesitaba la cama”.

Una auxiliar de enfermería, que pidió reservar su nombre, dijo que los tiempos de respuesta de los servicios de salud fueron regulares debido, entre otras causas, a la intermediación de las EPS. Según esta fuente hubo fallas de comunicación con el personal médico, descoordinación entre el sector público y el sector privado, y falta de ambulancias medicalizadas que tuvieran respiradores, entre otras.  

Pero el subsecretario de Salud Manuel González asegura enfático que las EPS no tienen “ningún manejo ni intermediación” en el proceso, a pesar de que a la hora de la remisión “sí se tiene en cuenta la red de convenios de la EPS del paciente”. 

Desde ACEMI sostienen de la misma manera que no conocen casos de barreras en la asignación de UCI. Morales, cabeza de esa asociación, alude al hecho de que las diez EPS que conforman el gremio han mostrado un nivel de “letalidad que es la mitad del promedio nacional”.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, afirma por el contrario que los tres casos expuestos en esta investigación son muestra clara de que las EPS siguen interfiriendo en los traslados. “Habría que analizar si existe relación con el hecho de que en Bogotá el tiempo promedio para asignar una UCI haya sido de 12 horas”, remata.

El análisis de Bayona, del Colegio Médico, recorre la misma línea. Según él, las barreras actuales son consecuencia de un proceso anterior a la pandemia. Las EPS, opina, no han invertido durante años en equipos básicos de función primaria; su atención al paciente es irregular; la realización de pruebas de detección del virus les quedó grande y el manejo de los call centers ha sido desastroso. “La ley 100 les entregó la responsabilidad de la promoción y prevención de la salud, y fallaron. Creo que muchas muertes se pudieron prevenir”, concluye. 

La discusión continúa mientras los responsables del sistema de salud toman decisiones que pueden potencialmente marginar de un derecho universal a los más desprotegidos. Es imposible saber si Esteban, Hermencia y Gerardo habrían tenido otra suerte de haber sido trasladados a una cama de cuidados intensivos. Lo único cierto, por ahora, es que sus historias se suman a las más de 34 mil víctimas que ha cobrado en Colombia un virus respiratorio letal que se propaga mucho más rápido que las redes de la burocracia.