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Martes, 04 Diciembre 2018

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Acaba de comenzar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A partir del 29 de noviembre arrancó su carrera contra el tiempo y el olvido. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.

¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿qué hará?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

¿Cuándo empieza sus funciones?

El 8 de mayo de este año, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

Viernes, 11 Enero 2019

Explicador: ¿Qué es el Grupo de Lima y quiénes lo integran?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Catorce países del continente americano se unieron bajo esta instancia con el fin de encontrar consensos contra la crisis en Venezuela. Se trata principalmente de un recurso mediático (más que de hecho) para exponer que el gobierno de Maduro no cuenta con el respaldo de sus vecinos.

Nicolás Maduro acaba de tomar juramento para un segundo mandato presidencial en Venezuela (2019 - 2025). Lo hizo ayer, 10 de enero, ante el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que la Constitución venezolana (en su artículo 231) ordena que se haga frente a la Asamblea Nacional (AN). Pero esta última, de mayoría opositora, declaró como ilegítima su elección y anunció, el pasado 5 de enero, que no lo juramentaría.

Este hecho ocurrió luego de que el llamado “Grupo de Lima” reiterara su posición de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, ocurridas el 20 de mayo de 2018, y exhortara a Maduro a no posesionarse.

El Grupo ya había desconocido los resultados de las votaciones el día siguiente del escrutinio electoral. Pero este año, tras una reunión realizada el 4 de enero, los países firmantes de la Declaración de Lima (a excepción de México) pidieron a las demás naciones de la región romper las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Este hecho desató una nueva polémica, dentro de la ya de por sí polémica posesión presidencial de Nicolás Maduro, pues el mandatario dijo, el 9 de enero, que le daba un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima para retractarse de su posición o, de lo contrario, tomaría “las medidas más crudas y enérgicas que pueda tomar en diplomacia, en defensa de los intereses nacionales un gobierno”, según un artículo publicado por Portafolio.

El Grupo de Lima no se retractó y, por el contrario, contó con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, unos minutos más tarde de la posesión de Maduro, anunció no reconocer su mandato.

Pero, ¿qué es el Grupo de Lima? ¿Quién está ahí? ¿Qué efectos ha tenido sobre Venezuela?

Para entender mejor todo este asunto, El Explicador de Colombiacheck decidió hablar con algunos expertos y buscar documentos y archivos de prensa que permitan esclarecer estas y otras dudas. 

Aquí están algunas de las preguntas y respuestas que planteamos, pero si consideran que las explicaciones no fueron suficientes, o tienen preguntas adicionales que les gustaría que resolviéramos, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o contactarnos a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook.

¿Qué es el Grupo de Lima?

Según Laura Gil, politóloga e internacionalista, especialista en organizaciones internacionales, y Marcos Peckel, docente de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, el Grupo de Lima no es más que un grupo, como su nombre lo indica, de países que se reunieron para discutir y lograr consensos sobre la crisis en Venezuela.

No se trata de un organismo ni de una organización internacional, explican los expertos, y por lo tanto no se deben entender como instancia con algún poder en materia diplomática, como la OEA.

El grupo toma su nombre de la ciudad en la cual se reunieron por primera vez los cancilleres de distintos países del continente americano: la capital del Perú.

¿Cómo surge?

El 8 de agosto de 2017, los cancilleres de países de América Latina y el Caribe fueron invitados a una reunión en Lima, convocada por el canciller peruano Ricardo Luna. El propósito de la reunión era abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada.

Finalmente, tras la reunión, 12 de los 17 cancilleres asistentes suscribieron la Declaración de Lima; un documento de 16 puntos que señala “su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela” así como “su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza”, entre otros.

Los países firmantes de la declaración acordaron, además, reunirse en otras oportunidades y fue por esto que el más reciente de esos encuentros ocurrió el 4 de enero.

¿Quiénes lo conforman?

El Grupo de Lima está conformado por 14 países. Los 12 que firmaron la declaración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Y otros dos que se suscribieron después: Guyana y Santa Lucía.

Hubo otros países que asistieron a la reunión en Lima, pero que decidieron no firmar la declaración y que por lo tanto no hacen parte del Grupo de Lima. Estos son Granada, Jamaica y Uruguay.

¿Cuáles son sus facultades (o qué puede hacer)?

Al no ser un organismo internacional, como ya se explicó, no tiene ninguna facultad, de acuerdo con Gil y Peckel.

Como grupo, “puede tomar decisiones concertadas, pero cada país puede tomar su posición al respecto sobre si las cumple o no”, sostiene el profesor del Externado. Un ejemplo de esto es el hecho de que México haya decidido no firmar la última declaración, la cual tenía como objeto no reconocer la legitimidad de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro.

Por otro lado, el grupo puede, de acuerdo con Gil, buscar un consenso no solo entre los 14 miembros, sino también movilizar a otros países u organizaciones. Por ejemplo, consiguió el respaldo de la Unión Europea y de la OEA frente al no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro.

¿Qué efectos ha tenido sobre el gobierno de Venezuela?

“Ha logrado visibilizar y hacer más evidente el aislamiento de Maduro en la región”, dice Gil. “Y es por eso que [Maduro] ha reaccionado tratando al Grupo de Lima como un enemigo, por ejemplo diciendo que es el ‘Cartel’ de Lima”.

Hasta el momento, los efectos que ha tenido el Grupo de Lima sobre el gobierno de Venezuela tienen que ver más con las decisiones que ha asumido cada país frente a su relación con este.

Por ejemplo, los gobiernos miembros del grupo anunciaron, luego de las elecciones en Venezuela, que acordaban reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas en el país, así como llamar a consulta a sus embajadores en Caracas.

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo en una rueda de prensa que “los gobiernos que acompañaron la declaración acordaron hacer evaluación constante del estado o nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela e impedir a altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima”.

Además, Nicolás Maduro no podrá participar de foros políticos y económicos regionales, ni de las instituciones de integración regional, de acuerdo con la misma Declaración de Lima. “Esto tiene efectos no solo simbólicos, sino que también le dificultan los intercambios comerciales y beneficios con préstamos”, explicó a El Espectador Ana Soliz, investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo.

Se ha tratado, principalmente, de efectos mediáticos, pero los impactos de la presión externa son limitados y no son inmediatos, según Gil.

¿Qué consecuencias tiene que el Grupo de Lima no reconozca el mandato de Nicolás Maduro?

El que se le hayan sumado las ya mencionadas organizaciones (OEA y UE), pues, según Peckel, aunque Venezuela se retiró de la OEA, no deja de ser un golpe de opinión importante. Maduro cada vez está más aislado diplomáticamente.

Sin embargo, según le dijo a El Espectador Víctor Mijares, profesor venezolano de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, “el aislamiento y el desconocimiento del gobierno, aunque es una herramienta legítima en el derecho internacional, no suele ser eficaz en la búsqueda de una transición política”.