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Jueves, 20 Septiembre 2018

¿Qué son las Águilas Negras?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En Colombiacheck hablamos con especialistas que han investigado el tema y revisamos registros en prensa para tratar de resolver algunas de las preguntas alrededor de este fantasma.

En días recientes han aparecido más panfletos amenazantes con el nombre de las Águilas Negras. Por esa razón, han vuelto a rondar preguntas su alrededor: ¿quiénes son?, ¿realmente existen?, ¿están organizadas?

Aquí están algunas de esas preguntas con sus respuestas. No obstante, al igual que en artículos anteriores, la idea es que a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué son las Águilas Negras?

Tal vez esta es la pregunta más difícil. Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), “las investigaciones no dan un campamento, unos mandos determinados, ni estructuras permanentes”, así que no se puede decir que las Águilas Negras existan, por lo menos no como estructura criminal. “Lo que existe es una marca que es utilizada por diferentes agentes para amenazar, no ser identificados y amedrentar pobladores”, dice Ávila.

Según Carlos Guevara, de la Organización Somos Colombia, las Águilas Negras “son una franquicia criminal” que está al servicio de quien quiera utilizarla.

¿Son una organización criminal?

Un informe del Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CI3-CO), publicado recientemente por Colombia2020, sostiene que, en el caso de las “Águilas Negras”, no es posible hablar de una organización estructurada, o de un Grupo Armado Organizado (GAO), porque “las características de los panfletos [amenazantes que envían a sus víctimas] y la organización de los documentos” no siguen un mismo patrón. De hecho, muchas veces los logos de los panfletos no son iguales, o están mal copiados, y el lenguaje de los mensajes varía. Todo esto “permite ver una ausencia ideológica en comparación con organizaciones criminalmente estructuradas”.

¿Cuándo aparecieron?

Tampoco parece haber un consenso sobre el momento exacto en el que aparece el nombre “Águilas Negras” asociado a actividades criminales. Sin embargo, los investigadores que consultamos coincidieron en que el nombre comenzó a aparecer alrededor de las mismas fechas en las que ocurrió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es decir entre noviembre de 2003 y agosto de 2006. Registros de prensa, tanto de la época como más contemporáneos (de El Tiempo, Semana y la BBC) también coinciden en esas fechas.

Según el informe de inteligencia del CI3-CO, reseñado por Colombia 2020, el primer panfleto de las ‘Águilas Negras’ que se conoció en el país, y que lleva la imagen característica del grupo, fue el que circuló en el departamento del Magdalena en 2006.


Panfleto de las Águilas Negras
 

Según explica Guevara, en ese entonces había varios grupos con el nombre de “Águilas” de diferentes colores (rojas, doradas y negras) repartidas en distintas partes del país. De acuerdo a un artículo publicado por Semana en 2007, estos grupos estaban compuestos por miembros de las AUC que no quisieron hacer parte de la desmovilización, desmovilizados que volvieron a delinquir y personas que no estuvieron relacionadas con los paramilitares que ingresaron a la delincuencia. Eventualmente, las personas de estos grupos “se concentraron bajo la denominación de ‘Águilas Negras’”, según dice Guevara.

Sin embargo, según le dijo la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) a la BBC en 2017, todas las “Águilas” “desaparecieron entre [2006] y 2009, porque fueron desarticuladas o fueron absorbidas por otras organizaciones criminales”.

Hoy, quienes usan el nombre de “Águilas Negras” son simplemente mercenarios. “Son una herencia de toda la degradación de nuestro conflicto. Son residuos de gente especializada en ese tipo de violencia”, dice Ávila.

¿Cuál es su propósito y objetivo?

Al no ser una estructura organizada, no tienen un objetivo específico. “Tienen distintos, porque son como una especie de fantasma que infunde miedo para ganar un pulso particular o para gobernar en los territorios”, según explica el artículo de Colombia2020.

¿En qué casos es usada la ‘marca’ Águilas Negras?

Según lo hallado por el subdirector de Pares, algunos grupos criminales, como el Clan del Golfo, “se ponen el nombre de ‘Águilas Negras’ para no ser identificados” al realizar actividades delictivas. “Esto fue lo que pasó en Norte de Santander en la guerra entre Rastrojos y Urabeños o Clan del Golfo”.

También sucede que algunos sectores de la fuerza pública utilizan la marca en algunas regiones para “para amedrentar comunidades, individuos y grupos de jóvenes con comportamientos violentos”, según Pares, o impulsar una intención política específica. Según el subdirector de la fundación “tal vez Caquetá hace algunos años es el mejor ejemplo”.

Asimismo, el nombre “‘Águilas Negras’ es utilizado por particulares, mediante panfletos, para infundir miedo a diferentes comunidades”, como dice Ávila en su artículo.

Y, como lo contaron Eduardo Álvarez Vanegas* y Andrés Cajiao Vélez de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), en Razón Pública en 2017, personas que buscan mantener esquemas de protección por parte del Estado, se envían autoamenazas a nombre de las “Águilas Negras” para conservar los beneficios.

¿Dónde operan?

El informe de inteligencia del CI3-CO encontró 282 panfletos distribuidos en todo el territorio nacional desde 2006 hasta 2018. Y como casi cualquiera hace uso del nombre, “uno ve las Águilas Negras en todo el país”, agrega Guevara.

¿Cómo operan?

Las “Águilas Negras” “siempre [operan] bajo amenazas manifiestas en panfletos”, según dice el director de la Organización Somos Defensores. “No se les ha conocido incursión armada, atentado verificable”. Según Guevara, no aparecen en ninguna cuenta oficial, pues “no existen para el Estado”.

Según los registros de Somos Defensores, las “Águilas Negras” aparecen como los responsables de hasta el 60% de las amenazas que se han presentado en los últimos ocho años en el país.

Por su parte, los investigadores de la FIP identificaron al menos cuatro tipos de amenazas:

  1. Las que intentan impedir las acciones de líderes y organizaciones, que responden a las agendas que impulsan estos líderes y que buscan detener su trabajo o desplazarlos;
  2. Las de tipo contrainsurgente, en las que se amenaza a supuestos auxiliadores, milicianos y “guerrilleros encubiertos”;
  3. Las que tienen fines extorsivos, hechas por delincuentes comunes que usan el nombre “Águilas Negras” para intimidar y presionar un pago;
  4. Las de limpieza social, que están dirigidas en contra de la población LGBTI, habitantes de calle, consumidores de drogas, prostitutas, o ladrones, entre otros. Se busca amedrentar a estas personas para intentar obligarlas a irse de sus zonas.

¿Cuándo se activan?

En elecciones, cuando hay protestas y exigencias al gobierno. “Particularmente, cuando hay movimiento social”, dice Carlos Guevara.

¿Cuántos miembros tienen?

Como ya fue dicho, al no ser una estructura organizada, no es posible establecerlo.

¿Quiénes son sus objetivos?

Según un artículo de Semana publicado en 2015, “en casi 10 años, los panfletos han estado dirigidos sistemáticamente contra políticos de izquierda, líderes sociales y de restitución de tierras, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas”.

Tres años después siguen los amenazados siguen teniendo los mismos perfiles.

*Eduardo Álvarez Vanegas ya no hace parte de la FIP.

Viernes, 17 Mayo 2019

Explicador: ¿qué es la justicia transicional?

Por Sania Salazar

En Colombia ha habido varios procesos de de justicia transicional, pero ¿qué son y cómo funcionan?

En el Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc para que ese grupo dejara las armas y se reincorporara a la vida civil se diseñó un sistema de justicia transicional ante el cual deben comparecer los actores del conflicto para responder por sus actos, pero también para “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, como se explica en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la entidad encargada de impartir esa justicia en este caso.

La labor de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Este es el más reciente proceso de justicia transicional creado en Colombia.

¿Qué es justicia transicional?

La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión se enfrentan a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada, como explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.

El libro Justicia Transicional en Equilibrio, de la editorial de la Universidad Javeriana, recuerda que según el ICTJ, la justicia transicional busca el reconocimiento de las víctimas y promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. “La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades en proceso de transformación después de un periodo agudo de abusos de los derechos humanos”.

¿Cuáles son los objetivos de la justicia transicional?

La ICTJ recuerda que los objetivos de la justicia transicional varían en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— son constantes.

Entre los objetivos complementarios que destaca la ICTJ figuran los siguientes:

-Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.

-Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos.

-Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.

-Respetar el Estado de derecho.

-Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.

-Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación.

-Fomentar la reconciliación.

¿Qué elementos la componen?

El libro Justicia Transicional en Equilibrio señala las siguientes:

Juicios: según la publicación, representan un esfuerzo por llevar ante la justicia a aquellos que han cometido violaciones de los derechos humanos y constituyen el más emblemático de los mecanismos de justicia transicional.

Comisiones de la verdad: “buscan descubrir la verdad acerca de las violaciones cometidas en el pasado. Algunos consideran que estas verdades son fundamentales para la reconciliación y la recuperación individual y social. Además, las comisiones de la verdad hacen rendir cuentas a los responsables, aunque no en un tribunal de justicia. Al poner al descubierto en público las acciones de los responsables, las comisiones de la verdad reconocen y condenan la violencia del pasado”.

Amnistías: “declaraciones oficiales de parte del Estado según las cuales los individuos o grupos acusados o condenados por cometer violaciones de derechos humanos no serán procesados , o no seguirán siendo procesados , o bien serán indultados por sus delitos y liberados de prisión”.

Reparaciones: “El pago de reparaciones es una forma cada vez más común de justicia transicional. Las reparaciones adoptan formas individuales, colectivas y simbólicas”.

¿De dónde viene la expresión “justicia transicional”?

La acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivas.

¿Por qué en la negociación con las Farc se optó por una justicia transicional y no por el camino de la justicia ordinaria?

“La cárcel no es la única forma de sancionar personas, hay sanciones como las restricciones efectivas de la libertad”, explica Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y miembro del grupo creador del capítulo de justicia transicional del Acuerdo Final con las Farc, quien además aclara que en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, también va a haber cárcel.

“Hay dos vías, la de los que dicen la verdad y la de los que no. Entre otras lo que es verdad va a ser confrontado, con la información que va a haber de la Fiscalía para ver quién está diciendo verdad y quién no. Los que dicen verdad exhaustiva, verificable, van por un canal que no va a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad, son de cinco a ocho años en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero donde no se van a poder mover de ese sitio. Los que no dicen verdad pasan a otra autopista que se divide a su vez en dos, los que terminan diciendo verdad antes del fallo, porque todos van a tener sentencias, esto es un tribunal judicial, entonces esos van a tener sanciones hasta de ocho años, intermedia, y los que no dicen verdad y los vencieron en juicio, van a prisión hasta por 20 años”.

“La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica: no se han adoptado de una sola vez, como un modelo integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de justicia transicional se ha ido, y sigue formándose, a través de una serie de piezas (leyes y políticas) sucesivas a lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en el diseño e implementación de las anteriores”, explica el Ministerio de Justicia.

Según ese ministerio, desde el 2005 se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas  y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas.

Los procesos más recientes son el que está haciéndose con la Farc y la negociación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, proceso que según el Ministerio de Justicia, desmovilizó 31.472 combatientes.