Pasar al contenido principal
Jueves, 03 Diciembre 2020

Una máquina paramilitar intimida a Santa Marta

Por Liga Contra el Silencio

Asesinatos, amenazas a líderes sociales, narcotráfico, destierro y dominio territorial. Las estructuras que heredaron el poder de Hernán Giraldo, hoy en guerra contra el Clan del Golfo, han convertido al distrito turístico en una zona donde el miedo y el silencio presagian el regreso a épocas oscuras. 

Hacía mucho tiempo que Alejandro Llinás había superado el miedo. “A él no lo callaba nadie”, recuerda su hijo Alejandro, siete meses después del atentado. El pasado 23 de abril dos sicarios llegaron hasta su finca en la vereda Calabazo (Guachaca, Santa Marta) y le propinaron cuatro balazos.

Llinás, de 71 años, era líder social, ambientalista, socio fundador de la Junta de Acción Comunal de Calabazo parte alta y militante del partido Colombia Humana. Dicen sus amigos que amaba la naturaleza y estaba convencido de que el futuro para la humanidad implica volver al campo. En su finca quería sembrar cañandonga y aguacate; y pensaba crear una cooperativa campesina para impulsar los huertos comunitarios y promover el intercambio de productos entre los habitantes de la zona. Llinás soñaba con recorrer Cuba en bicicleta. Iba a hacerlo en junio.

En los días previos a su asesinato le escribió una carta a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. En ella le informaba sobre los peajes ilegales que montaron los paramilitares en el acceso que conduce de Calabazo al Pueblito Tayrona; una práctica que se extendió a otras veredas de la Troncal del Caribe. La carta además contaba cómo estos grupos crearon una empresa de mototaxis que transportaba personas por un camino peligroso, y perturbaba la fauna y la tranquilidad de los vecinos.

En su escrito, Llinás acusaba a Parques Nacionales de permitir la caza furtiva. También denunció que las quebradas se están secando por el uso indebido del agua y le pidió a Caicedo presencia para controlar el “desorden”. Le rogó para que impidiera a “las mafias del turismo” apoderarse de esta área. Por último pidió confidencialidad, porque otra carta que llevó a la Secretaría del Interior acabó en manos de la Policía y eso, paradójicamente, lo hacía sentirse en peligro.

Hacía años que Llinás, un temerario, había cazado una pelea por el territorio y el ambiente. Pero ignoró las señales de alarma: le robaron herramientas, le mataron a un caballo, a una yegua, a un perro. Con su carta infringió una ley no escrita en Santa Marta, según la cual levantar la voz es ganarse la muerte.

Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio.

De todo esto se habla en voz baja, porque el grupo tiene ojos y oídos por toda Santa Marta y su zona rural. La Liga consultó a 31 fuentes, algunas de las cuales están en el exilio, otras amenazadas y temerosas. “Aprendimos que para sobrevivir debemos quedarnos callados”, dijo una lideresa.

Una historia de violencia

Los Pachencas son el brazo armado de la Oficina Caribe, un centro administrativo, económico y de decisión que el paramilitar Hernán Giraldo creó en 2004. Allí se reúnen los líderes de la organización, muchos de ellos hijos suyos con las decenas de niñas que violó, según una sentencia de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que lo califica como  “depredador sexual”.

El 3 de febrero de 2006 el bloque paramilitar Resistencia Tayrona que Giraldo comandaba a las órdenes del tenebroso Bloque Norte de ‘Jorge 40’, se acogió al proceso promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe bajo la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Unos 1.166 miembros de esa organización entregaron 597 armas, 350 granadas, cuatro cohetes PG7 y 73.420 municiones, según los tribunales de Justicia y Paz.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó a Giraldo hacia Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares para que respondieran por cargos de narcotráfico. Desde entonces alias ‘El Patrón’ paga cárcel allá, pero su regreso a Colombia se espera a inicios de 2021, y esto ha agitado más el avispero en Santa Marta.

La desmovilización que no fue

El rearme de la Oficina Caribe y de Los Pachencas se puede explicar: mientras algunos dejaron las armas en el proceso de 2006, otros siguieron en el monte con su estructura y su modus operandi. “Fue una falsa desmovilización. Muchos mandos medios se quedaron en el territorio, se fueron reorganizando y han ido creciendo”, explica un portavoz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Los paramilitares, según la politóloga e investigadora Priscila Zúñiga, cambiaron su forma de ejercer control, con menos masacres o desapariciones forzadas. “Pero mantienen su verdadera naturaleza, que es el narco. Y aunque han sufrido golpes, tienen una gran capacidad para diversificarse y poner a otros cabecillas”, dice.

La Oficina Caribe y su brazo armado integran una red de poder en la sombra. Ellos permiten o bloquean la entrada de otros delincuentes; acaparan tierras; controlan el turismo y han impuesto su Plan de Ordenamiento Territorial, apropiándose de los mejores predios en la zona. Ellos deciden quién vende o compra lotes, y cuánto se paga por esas transacciones en las veredas de la Troncal, según dijo un investigador del conflicto que prefirió no revelar su nombre.

La Liga confirmó la existencia de los peajes ilegales denunciados por Llinás, parte del supuesto POT paramilitar. Están en Calabazo, Bahía Concha, Quebrada Valencia, Don Diego, Machete Pelao, Mendihuaca y Buritaca, entre otros. En las cabañas de esta playa era fácil que en un fin de semana acudieran entre 7.000 y 10.000 personas: una renta millonaria que en teoría recogen las Juntas de Acción Comunal.

Para subir a la Poza Encantada, entrando por Mendihuaca, hay que pagar 5.000 pesos por persona. En un cartel la Junta dice que es un “recaudo por concepto de mantenimiento y visión fundamental, basado en el ecoturismo para el cumplimiento de una función social”, amparada en la Ley 300 de 1996. Esa norma contempla la posibilidad de recaudos, pero solo a los concejos municipales con un permiso previo.

Sandra Vallejos, secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta, dice que desconoce la existencia de estos peajes. “No se puede hacer ningún recaudo si uno no está autorizado por la nación o el distrito. Están infringiendo la ley. Esto es enriquecimiento ilícito”, afirma. 

Algunos dueños de kioscos que ofrecen comidas en las veredas turísticas, bajo reserva por miedo, dicen que “los paramilitares” imponen los precios. Incluso envían a unas ‘encuestadoras’ que anotan cada plato vendido. Una parte del dinero pagado por los turistas va a manos de estos grupos. Pasa lo mismo con los mototaxistas, con los locales del mercado y del centro, con los negocios de los barrios más vulnerables. Casi nadie se salva de la vacuna.

Pero no es algo nuevo. Los samarios parecen acostumbrados a vivir con la extorsión y la intimidación desde los tiempos de Giraldo y sus autodefensas. El fenómeno, lejos de menguar, como se esperaba con la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona, se ha acentuado. Además de la exportación de cocaína, Los Pachencas vieron en el turismo, al que llaman ‘oro verde’, otro filón para explotar.

Varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido la grave situación que se vive en Santa Marta. La 045, de mayo de 2018, asegura que las empresas de turismo pagan a Los Pachencas 50.000 pesos por cada persona que ingresa al Parque Tayrona. Unos 750 millones de pesos al año, si se toma como referencia 2016, cuando llegaron unos 15.000 turistas.

 En principio el discurso conservacionista de Parques Nacionales no chocaba con los intereses de los paramilitares. Pero eso cambió tras la desmovilización, cuando se empezó a hablar de la “confianza inversionista” que impulsaba el expresidente Uribe. La Troncal del Caribe, que había sido una zona abandonada a su suerte, manejada por Giraldo y los suyos, comenzó a experimentar el boom del turismo.

“Los paras entendieron que ya no funcionaba matar gente, sino que había que abrirse a otros segmentos. Eso sí, bajo sus condiciones. Si alguien vende una propiedad, se impone un 10 % más para ellos”, dice el investigador del conflicto que consultó La Liga. La estrategia, explica esta fuente, busca producir cambios en el uso del suelo que sigan expandiendo sus intereses. El turismo, dice, les resulta más rentable que la coca.

En la alerta 045 de mayo de 2018, y en la 044 de octubre de 2019, se avisaba el “grave riesgo” que enfrentaba Santa Marta por la presión de Los Pachencas y otros grupos armados. Incluso se llamaba la atención sobre el peligro que corrían los funcionarios de Parques Nacionales que intentaban frenar el modelo de turismo voraz promovido por los paras en la Sierra Nevada. En enero de 2019, ocho meses después de la alerta 045, asesinaron al guardaparques Wilton Orrego.

Cualquiera que toque los intereses de Los Pachencas se convierte en objetivo militar. Como le ocurrió a Alejandro Llinás. Y como les ha ocurrido a otros  líderes asesinados o que están amenazados por defender su territorio. “La gente está pendiente del Cauca, de Nariño, de Antioquia, pero nadie parece fijarse en Santa Marta. No puede ser que yo tenga que pensar en irme a otro país para conservar mi vida”, relata una lideresa. 

La pugna por el narcotráfico

Un punto de inflexión ocurrió en 2012, cuando se desató una guerra por el control del narcotráfico entre el Clan del Golfo, una temida organización heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la Oficina Caribe. Aquel año se recuerda como uno de los más violentos en la historia reciente de Santa Marta. Se registraron 213 homicidios; una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, según datos de la Policía Nacional.

“Esa guerra la ganó la Oficina Caribe”, dice el investigador que entrevistó La Liga. Los años siguientes bajaron los homicidios y esto coincidió con la llegada de la coronel Sandra Vallejos (hoy secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana) a la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entre 2014 y 2017.

Con Vallejos se pasó de más de 200 homicidios en 2012, a 80 en 2015. Fue en su comandancia que la Policía empezó a hablar de Los Pachencas como una banda que azotaba la región. Al frente estaba Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Pachenca’ o ‘Chucho Mercancía’, abatido en junio de 2019 y quien presuntamente estaba cerca de entregarse a las autoridades de Estados Unidos. “Eso implicaba delaciones y no lo iban a dejar ir. Circula la versión de que fue asesinado por sus propios hombres”, asegura el investigador.

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que ha detenido a unos 160 integrantes de Los Pachencas en la llamada ‘Operación Odín’. También cayó abatido  Deimer Patiño Giraldo, alias 80 y sobrino de Hernán, quien asumió el mando después de ‘Chucho Mercancía’. El siguiente cabecilla, alias 55 o ‘Beto Quiroga’, desmovilizado de Justicia y Paz, fue capturado en septiembre. Quiroga contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y, según la Fiscalía, fue quien impulsó el nombre de Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Los golpes a Los Pachencas se han dado en medio de su guerra contra el Clan del Golfo. Una guerra particularmente perversa en la que han sido, de forma alternativa, aliados y enemigos. En ella han participado otros actores, como ‘Los Musso’ y la estructura de Elkin López, alias ‘La Silla’, supuestamente un poderoso ‘logístico’ del narco vinculado al Clan del Golfo (aunque perteneció a la Oficina Caribe). López tiene casa por cárcel en Barranquilla y espera una posible extradición a Estados Unidos, según fuentes policiales.

“Todo apunta a que este capítulo lo va a ganar el Clan del Golfo. Es una estructura transnacional con una influencia muy fuerte”, señala el investigador.

El puerto de Santa Marta, ‘la joya de la Corona’ y una plaza apetecida por el cartel mexicano de Sinaloa, es el tercero del país donde más se decomisa droga. Según la Policía Antinarcóticos, las incautaciones de cocaína han pasado de 1.839 kilos en 2016 a 5.261 en lo que va de 2020, con un pico de 9.012 kilos en 2018. En plena bahía han caído en los últimos cinco años 24.431 kilos de cocaína. Ocultan la mercancía entre los contenedores y en la carga. Los principales destinos son Bélgica, Holanda, Alemania y Jamaica.

La disputa entre Los Pachencas y el Clan del Golfo no ha dejado por fuera a los barrios más vulnerables de Santa Marta. Una lideresa contó a La Liga que el Clan tiene una campaña para reclutar jóvenes. “Les pagan 1,4 millones de pesos”, dice. Los Pachencas ofrecen una moto, un salario mínimo y un arma. Esta mujer, que intentó impulsar un plan de desarme en su barrio, vive con esquema de seguridad y bajo amenazas. “Por aquí hay mucho miedo. Estamos asistiendo a una peligrosa reconfiguración de las estructuras criminales, un retroceso total. Y no es solo Santa Marta, sino el Magdalena entero”, cuenta.

Una exhibición de fuerza

El pasado 27 de octubre circuló a través de WhatsApp un video de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que sacudió a Santa Marta. Una docena de hombres y mujeres armados con fusiles, vestidos de camuflaje y pasamontañas, se anunció como un grupo cohesionado y con varios frentes. “Por primera vez en largos años de lucha militar nos presentamos para aclarar que no estamos diezmados ni moral, ni militarmente”, dijo el portavoz.

Las ACSN acusaron al gobernador Caicedo de supuestas reuniones con la organización en busca de votos. El secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres, negó esta acusación y le dijo a La Liga que se trata de una “campaña para enlodar a Caicedo”. También señalaron a Sandra Vallejos de ‘pacificar’ Santa Marta a través de un pacto con alias ‘Chucho Mercancía’, a cambio de “revelar información de enemigos y generar capturas que en su momento se dieron para favorecerla”. El portavoz del grupo dijo que a Vallejos se le pagaron 300 millones de pesos por las más de 200 armas que desaparecieron de la Policía Metropolitana cuando ella era comandante, un escándalo que se destapó en 2016 y sigue sin aclararse. Sobre esto Vallejo no quiso pronunciarse.

Los analistas consultados por La Liga consideran que el video de las autodefensas es una declaración de intenciones con verdades a medias, pero no lo desestiman. “Tienen afán de mostrarse como una organización político-militar que tal vez pide pista para una negociación con el gobierno. Yo no los llamaría paramilitares, sino violencia post-AUC. Son otras formas de crimen organizado”, opina Luis Fernando Trejos, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, declaró en una rueda de prensa que el comunicado de las ACSN es falso y lo describió como “una estrategia de Los Pachencas porque están debilitados”. La Liga intentó conocer la versión del Ministerio de Defensa, pero no hubo respuesta. Unas semanas después del comunicado capturaron a Deinstin Orlando García Arévalo, alias ‘el Negro’ o ‘Yesid’, el mismo hombre a quien los paramilitares acusaron en el video de estar tras la muerte de Alejandro Llinás. Según la Fiscalía, García Arévalo habría recibido de Deimer Patiño Giraldo, alias 80, el abatido cabecilla de Los Pachencas, la orden de asesinar a Llinás. Los otros dos judicializados, supuestamente miembros de esa estructura, son Adán Romero Pérez, alias ‘Chuky’, y Alcides Antonio Moreno.

Para Torres, el secretario del Interior de la Gobernación del Magdalena, las armas, los uniformes y la edición del video demuestran que se trata de “un grupo armado organizado (GAO) y no de un grupo de delincuencia organizada (GDO)”. El matiz es importante, pues la Gobernación busca una recategorización de los actores armados que operan en la región. Ser considerado un GAO o un GDO determina de qué manera deben ser enfrentados: si a través de operativos militares o policiales. “La situación es muy grave. Eso no se puede maquillar. Estamos frente a unos grupos armados organizados herederos del paramilitarismo”, dice el funcionario.

Mientras, la tensión crece en Santa Marta. Casi tanto como los homicidios: 94 en 2017, 105 en 2018, 127 en 2019; y hasta el 10 de noviembre, en plena pandemia, 103, según cifras de la Policía. Habitantes de las veredas confirman la presencia de hombres que patrullan el territorio. Detrás de la aparente tranquilidad turística se esconde otra ciudad atemorizada por la violencia. “Es como si nos estuviéramos devolviendo al pasado más tenebroso”, fue el mensaje que repitieron las fuentes. Un alto cargo municipal lo resumió así: “No es que hayamos perdido el control. Es que nunca lo tuvimos”.

La alcaldesa Virna Johnson le respondió un cuestionario a La Liga donde niega la existencia de un control territorial de los grupos armados organizados. “El control solo lo ejerce la autoridad pública por mandato de la Constitución y la ley, y es ello lo que hemos venido gestando con diferentes actuaciones en sectores de especial atención y protección”, asegura. 

Volver al mando

El regreso de Hernán Giraldo y otros exmiembros del Bloque Resistencia Tayrona en 2021 dibuja un escenario perturbador. Aunque tiene más de 70 años y luce disminuido, algunos creen que Giraldo podría fortalecer la estructura y volver al mando. Incluso desde la cárcel. Su salida del centro de reclusión Beaumont Low (Texas), donde se encuentra, está prevista para el próximo 1 de abril. Según la Fiscalía, cuando vuelva al país deportado o extraditado, iría a la cárcel por la condena de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. La Fiscalía ha solicitado tres medidas de detención preventiva adicionales.

La Comisión Colombiana de Juristas y la organización Dejusticia creen, sin embargo,  que lo más probable es que el antiguo líder, aún vinculado a Justicia y Paz, quede en libertad aquí tras pagar cárcel en Estados Unidos. “Puede ocurrir lo mismo que con Nodier Giraldo [su sobrino, ahora cantante de rancheras y corridos], que al regresar solicitó sustitución de la medida de aseguramiento y le fue otorgada. En este caso  esa sustitución solo podría ser controvertida por la Fiscalía o representantes de las víctimas en los supuestos contemplados en la Ley 975”, dijeron en Dejusticia.

Otro que ya volvió a Santa Marta fue Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, supuesto financiero del Bloque Resistencia Tayrona y expulsado de Justicia y Paz. Castillo pasó cinco años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Ahora es líder de una asociación de afrodescendientes, se reúne con políticos y ha propuesto la creación del municipio Sierra Nevada, que agruparía a las veredas de la Troncal del Caribe. En el peor momento de la pandemia se dedicó a repartir mercados entre los habitantes de la zona.    
Sobre su “nueva vida” hay sospechas.  La Fiscalía le dijo a La Liga que Castillo tiene activo un proceso por concierto para delinquir agravado. Alias ‘Pinocho’ se mueve con un esquema de seguridad de seis hombres, tres de la Unidad Nacional de Protección y otros tres pagados por él. Vía telefónica le aseguró a La Liga que no tiene ningún proceso abierto y que hace dos meses se fue del país por amenazas de Los Pachencas, del Clan del Golfo y del ELN.

“No estoy armando ningún grupo. Al contrario, he denunciado a los que mataron a líderes sociales, y estoy dispuesto a contar toda la verdad sobre el paramilitarismo. Todavía hay muchos demonios encerrados. En cuanto aclare mi situación volveré a Santa Marta”, dijo Castillo. Su presencia en la zona despierta los peores miedos. Como en las épocas oscuras, cuando reinó el clan Giraldo.

Jueves, 19 Noviembre 2020

Morir a la espera de una UCI en Bogotá 

Por Liga Contra el Silencio

Entre marzo y julio de este año, el 68 % de los fallecidos por covid-19 en los hospitales de la capital murió sin ingresar a cuidados intensivos, aunque había camas disponibles. El día de mayor ocupación hubo un centenar de plazas disponibles, pero diversos obstáculos en el traslado de pacientes críticos se tradujo en historias de angustia.

Los médicos del Hospital de Suba le explicaron a Graciana Leguizamón, de 42 años, que la caja torácica de su hermano Esteban, de 34 años, era demasiado grande para los ventiladores mecánicos que intentaban reanimar sus pulmones en la sala de urgencias. 

El virus avanzaba sobre la ciudad y el hospital público no estaba preparado. Además de no tener Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sus equipos eran insuficientes para atender a Esteban, quien, a la tos seca, fiebre y problemas respiratorios que presentaba, sumaba un problema de obesidad.

Los médicos tenían motivos para trasladar al paciente a un centro de salud con UCI. Pero pasaron tres días y nada ocurrió. Esteban llegó al hospital el 10 de julio, y falleció el 13. Su familia recibió una semana después el resultado positivo para covid-19. Dos meses más tarde llamaron a Graciana de la Secretaría de Salud y preguntaron por el paciente para “realizar el cerco epidemiológico”.

Entre marzo y julio, el 68% de los fallecidos en los hospitales de Bogotá murió fuera de esas unidades, según cifras de la Secretaría de Salud, a pesar de que incluso en los días más críticos hubo camas en UCI disponibles. La historia de Esteban, un joven carpintero sin afiliación a ninguna Entidad Promotora de Salud (EPS), ni al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), abre interrogantes sobre la desigual atención de la pandemia en la capital del país. 

Para la primera mitad de julio el promedio de camas libres en cuidados intensivos oscilaba entre 100 y 120. Durante la segunda quincena el día más congestionado fue el 26, con 99 plazas disponibles, según el Distrito. Aunque había cupos, Esteban no fue trasladado.

Los profesionales de la salud describen estos casos como “barreras” u “obstáculos” hospitalarios: prácticas de mala gestión que van desde la negligencia hasta el bloqueo y la desatención de pacientes. 

Antes del covid-19, por ejemplo, era usual que las UCI se reservaran para pacientes afiliados a ciertas EPS que tuvieran convenios con determinadas clínicas y hospitales, entre otras malas prácticas de gestión. Los casos que surgieron durante esta crisis suman una mezcla de descoordinación, descuido e ineficiencia.

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, identifica como responsable a la Secretaría de Salud. “Dentro de su rectoría está la coordinación de las UCI. Por ley tiene la responsabilidad de garantizar que las EPS cumplan con su trabajo de prestar un derecho universal”. 

En segundo plano señala a las EPS. Según Carrillo las denuncias en la Superintendencia de Salud contra Compensar, Sanitas y Famisanar son incontables. “Por su negligencia, por sus demoras, por negarse a hacer pruebas”. Su conclusión es que la salud de los colombianos está en manos de “un contubernio de políticos y negociantes” a los que solo les “interesa hacer negocio”. 

El presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hernán Bayona, reconoce la existencia de “obstáculos hospitalarios” en la ciudad. También pone en cuestión el papel de la Secretaría de Salud. Según dice, alrededor del 95 % de la población en la capital del país tiene cobertura a través del régimen contributivo, destinado para las personas que pueden costearse un seguro. “La Secretaría de Salud ha debido asumir con mayor eficiencia la coordinación de ese 5 % de población restante que está en el régimen subsidiado (a cargo del Estado)”, afirma Bayona.

Una familiar de los Leguizamón trinó el 14 de julio contra la gestión de la alcaldesa Claudia López. “No valemos lo mismo”, sentenciaba. Al día siguiente la Secretaría de Salud aseguró en un comunicado que el paciente había recibido todas las “medidas necesarias”. No explicaba sin embargo las razones por las cuales Esteban no fue enviado a una UCI.

Graciana Leguizamón cuenta por celular que, tras alguna insistencia, habló con un médico que diagnosticó a su hermano en el Hospital de Suba. “Dijo que había tenido dos paros cardiorrespiratorios. Y que si le daba un tercero, fallecía”. También le explicó que sería necesario llevarlo a cuidados intensivos “porque estaba en estado crítico”.

Pero sus gestiones para trasladar a Esteban chocaron con una de las marañas burocráticas más complejas de la región: “me dijeron que tenía que ir a hablar con una ‘niña’ Paola. Fui y le pregunté. Me dijo que necesitaba el número de cama asignado, el doctor y el hospital a donde lo iban a trasladar”.

Manuel González, subsecretario del Servicio de Salud y Aseguramiento del Distrito, dice que desconoce casos de negligencia hospitalaria en la gestión de las UCI y pide poner en contexto las cifras de fallecidos fuera de estas unidades. Explica que no todos los pacientes de covid-19 requieren estas unidades. González resume los parámetros para la remisión: que la persona tenga alteraciones en el funcionamiento del corazón, y que requiera soporte ventilatorio. 

Para el funcionario “hay que entender las particularidades de cada paciente. Llenar los hospitales de personas no significa que estén siendo bien atendidas, ni que estén siendo atendidas donde debe ser”.

Graciana está convencida de que los encargados del Hospital de Suba le negaron a su hermano la oportunidad de recuperarse por su falta de cobertura médica. “Es muy lamentable que a las personas que no tienen para pagar la seguridad social las dejen morir así. Uno no tiene derecho a enfermarse porque ningún médico lo va a atender, nadie le va a hacer un examen”, se lamenta.

Naufragio en el piso cero

Los gritos de los pacientes hospitalizados en el piso cero de la Clínica del Occidente evitaron que Hermencia Parrado, de 78 años, muriera esa noche del 19 de julio. A la mujer se le había caído la careta de oxígeno con la que trataban una insuficiencia respiratoria que arrastraba de tiempo atrás.

Según su familia, esto sucedió entre la una y las dos de la mañana, y la atención de los auxiliares tardó 20 minutos. La avalancha de casos por coronavirus y la fatiga pasaban factura a los encargados de esta clínica en Kennedy, la localidad de Bogotá más golpeada por el virus.

Hermencia fue hospitalizada el 16 de julio y el diagnóstico fue desalentador. “Me dijeron que ella tenía varias enfermedades y que yo debía entender que mi mamá ya había vivido todo lo que tenía que vivir”, recuerda Consuelo Navarro, su hija, quien se desmayó después de esta introducción. 

La salud de Hermencia empeoraba y los médicos evaluaron, desde el 17, la necesidad de trasladarla a una cama de UCI en otro centro, pues la Clínica del Occidente estaba saturada. Pero el ajetreo en otras unidades de la capital, según los responsables del centro, no daba buenos augurios. Ese día se registraron 8.000 casos de covid-19 en Bogotá, y la gráfica con dientes de serrucho siguió en ascenso hasta alcanzar un máximo de 13.000 casos en un día el 19 de agosto.

Los ventiladores mecánicos en la Clínica del Occidente estaban también copados. A Adriana Cabezas, nieta de Hermencia, los auxiliares de enfermería le dijeron que incluso a nivel nacional estaban al límite, y que cuando se liberaba alguno “la prioridad era para las personas de 20 y 30 años”.

Decidida a llevarse a su abuela para otro centro con plazas libres, Adriana se dirigió a la oficina de atención al cliente. Una enfermera le dio un mensaje del médico: “lo único que podía hacer era dejar montada la orden de remisión para otro sitio donde sí hubiera forma de atenderla”. 

A continuación, en el área de remisiones, un funcionario le explicó que “las UCI no están a cargo de los hospitales ni de las EPS, que eso depende de la Alcaldía. Y si tenía quejas debía dirigirme a la Secretaría de Salud”. Pero en la Secretaría le dijeron justo lo contrario. “Que era cuestión del médico y de la EPS. Todo el mundo se tiraba la pelota”. 

AUDIO [Escuche aquí el fragmento de la conversación entre una familiar de Hermencia Parrado y personal médico de la Clínica de Occidente el 21 de julio.]

El internista Juan Carlos Hernández es el responsable de cuidados intensivos en la Clínica del Occidente. Entre julio y agosto, afirma, recibió el volumen más alto de pacientes por covid-19, pero niega que hubiera atascos en la unidad. “Se cumplieron los criterios. Los traslados se hicieron de forma adecuada, siguiendo los protocolos del CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) y las EPS”, señala. 

Hermencia Parrado estaba afiliada a Famisanar, entidad que no tiene convenio con la Clínica del Occidente. La familia dice que hasta ese momento no hubo ningún contacto ni información de la aseguradora. Luis Armando Navarro, hijo de Hermencia, recuerda que el 21 de julio a las once de la mañana ella los llamó y pidió que la sacaran de ahí porque “¡en esta clínica me van a dejar morir!”.

Tras cinco días de espera para ser remitida a una UCI, Hermilda falleció en la camilla 10 del piso cero. En la historia clínica consta que fue por un paro respiratorio. Ocurrió durante un cambio de turno, cuando no había nadie para auxiliarla, según reveló una enfermera a los Navarro.

Juan Carlos Hernández señala que desafortunadamente hubo casos de pacientes que tenían una patología previa y los familiares daban el consentimiento para que, en caso de paro respiratorio, no se intubaran ni se realizaran maniobras invasivas. “En esos casos tampoco se trasladaba al paciente”, agrega. 

En la historia clínica se lee que los familiares dieron orden de “no reanimación”, pero Adriana Cabezas no recuerda haber dado esa orden. “¿Por qué íbamos a estar presionando por una UCI si no íbamos a autorizar que la intubaran? El día del ingreso yo pregunté si entre los papeles que firmé estaba esa autorización. Me dijeron que no, que en caso de ser necesario nos avisarían”.

Dos días después del deceso, una llamada de Famisanar sorprendió a Consuelo Navarro. “Era para confirmar que había una cama libre en cuidados intensivos. Sentí tanto dolor, tanta rabia”, recuerda con impotencia. La prueba que confirmó el positivo para covid-19 llegó al día siguiente.

Grietas acumuladas

A las historias de Hermencia y Esteban se suma la de Gabriel Castañeda, de 58 años, propietario de una barbería. Su hermano Gerardo cuenta que también estuvo hospitalizado en la Clínica del Occidente entre el 16 y el 21 de julio. Según la historia clínica estaba afiliado a Compensar y tenía tres comorbilidades que el virus no perdona: hipertensión, diabetes y obesidad.

Gerardo denuncia que “hubo negligencia a la hora de facilitar el traslado” de su hermano y dice que pedir información sobre su caso ha sido difícil: “Ellos se dan cuenta que uno no tiene el conocimiento ni las herramientas para reclamar”.

Según la historia médica de Gabriel, desde el 18 de julio se iniciaron “trámites para la remisión a UCI por no disponibilidad en la institución”. El 21 de julio, apunta, Gabriel era ya un “paciente críticamente enfermo” con “alto riesgo de mortalidad a corto y mediano plazo”. El paciente falleció sobre las 8:26 de la noche del 22 de julio. 

En la oficina jurídica de la Clínica del Occidente sostienen que el manejo médico en este caso siempre fue “ajustado a la patología presentada”. Dicen que Gabriel tuvo “acompañamiento total por personal especializado” y de acuerdo con “la capacidad posible de la IPS para la época de los hechos”. En este caso tampoco se aclara por qué el paciente, habiendo otras alternativas, no fue trasladado.

El 12 de abril, un mes después de declarar la emergencia sanitaria, el Gobierno expidió un decreto para agilizar la asignación de camas en cuidados intensivos. El CRUE, órgano supeditado a la Secretaría de Salud Distrital, pasó a gestionar las 998 camas de UCI para pacientes con covid-19 disponibles en la red pública y privada (al 18 de noviembre eran 1.622). 

Antes del decreto 538, la orden del médico pasaba a las EPS, donde debían contactar a su red de centros hospitalarios y autorizar el trámite. Ahora, el CRUE debe asignar la cama de UCI sin pasar por el filtro de las EPS.

Algunos miembros de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el gremio de las EPS, recibieron esta iniciativa con recelo. Especialmente las que cuentan con capital estadounidense o europeo, como Sanitas, Sura o Aliansalud, pues temían “el germen de una expropiación o toma de control por parte del Estado”, escribe por correo el presidente del gremio, Gustavo Morales. Tras varias discusiones y análisis, y con el visto bueno de la Corte Constitucional, se acordó trasladar esa función de distribución de pacientes a la autoridad sanitaria local, según Morales. 

Pero las falencias acumuladas del sistema sanitario se manifestaron, aunque la alcaldesa Claudia López sostuvo siempre que Bogotá era ejemplo en el manejo de la emergencia. 

Bayona, del Colegio Médico de Bogotá, recuerda que el coordinador de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad Nacional le relató que “a veces dejaba dos o tres unidades libres porque le avisaban que iban a llegar tres pacientes, pero pasaban 12 horas y no llegaba nadie. Cuando llamaba a averiguar, el paciente había fallecido o ya no se necesitaba la cama”.

Una auxiliar de enfermería, que pidió reservar su nombre, dijo que los tiempos de respuesta de los servicios de salud fueron regulares debido, entre otras causas, a la intermediación de las EPS. Según esta fuente hubo fallas de comunicación con el personal médico, descoordinación entre el sector público y el sector privado, y falta de ambulancias medicalizadas que tuvieran respiradores, entre otras.  

Pero el subsecretario de Salud Manuel González asegura enfático que las EPS no tienen “ningún manejo ni intermediación” en el proceso, a pesar de que a la hora de la remisión “sí se tiene en cuenta la red de convenios de la EPS del paciente”. 

Desde ACEMI sostienen de la misma manera que no conocen casos de barreras en la asignación de UCI. Morales, cabeza de esa asociación, alude al hecho de que las diez EPS que conforman el gremio han mostrado un nivel de “letalidad que es la mitad del promedio nacional”.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, afirma por el contrario que los tres casos expuestos en esta investigación son muestra clara de que las EPS siguen interfiriendo en los traslados. “Habría que analizar si existe relación con el hecho de que en Bogotá el tiempo promedio para asignar una UCI haya sido de 12 horas”, remata.

El análisis de Bayona, del Colegio Médico, recorre la misma línea. Según él, las barreras actuales son consecuencia de un proceso anterior a la pandemia. Las EPS, opina, no han invertido durante años en equipos básicos de función primaria; su atención al paciente es irregular; la realización de pruebas de detección del virus les quedó grande y el manejo de los call centers ha sido desastroso. “La ley 100 les entregó la responsabilidad de la promoción y prevención de la salud, y fallaron. Creo que muchas muertes se pudieron prevenir”, concluye. 

La discusión continúa mientras los responsables del sistema de salud toman decisiones que pueden potencialmente marginar de un derecho universal a los más desprotegidos. Es imposible saber si Esteban, Hermencia y Gerardo habrían tenido otra suerte de haber sido trasladados a una cama de cuidados intensivos. Lo único cierto, por ahora, es que sus historias se suman a las más de 34 mil víctimas que ha cobrado en Colombia un virus respiratorio letal que se propaga mucho más rápido que las redes de la burocracia.