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Jueves, 03 Diciembre 2020

Una máquina paramilitar intimida a Santa Marta

Por Liga Contra el Silencio

Asesinatos, amenazas a líderes sociales, narcotráfico, destierro y dominio territorial. Las estructuras que heredaron el poder de Hernán Giraldo, hoy en guerra contra el Clan del Golfo, han convertido al distrito turístico en una zona donde el miedo y el silencio presagian el regreso a épocas oscuras. 

Hacía mucho tiempo que Alejandro Llinás había superado el miedo. “A él no lo callaba nadie”, recuerda su hijo Alejandro, siete meses después del atentado. El pasado 23 de abril dos sicarios llegaron hasta su finca en la vereda Calabazo (Guachaca, Santa Marta) y le propinaron cuatro balazos.

Llinás, de 71 años, era líder social, ambientalista, socio fundador de la Junta de Acción Comunal de Calabazo parte alta y militante del partido Colombia Humana. Dicen sus amigos que amaba la naturaleza y estaba convencido de que el futuro para la humanidad implica volver al campo. En su finca quería sembrar cañandonga y aguacate; y pensaba crear una cooperativa campesina para impulsar los huertos comunitarios y promover el intercambio de productos entre los habitantes de la zona. Llinás soñaba con recorrer Cuba en bicicleta. Iba a hacerlo en junio.

En los días previos a su asesinato le escribió una carta a Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. En ella le informaba sobre los peajes ilegales que montaron los paramilitares en el acceso que conduce de Calabazo al Pueblito Tayrona; una práctica que se extendió a otras veredas de la Troncal del Caribe. La carta además contaba cómo estos grupos crearon una empresa de mototaxis que transportaba personas por un camino peligroso, y perturbaba la fauna y la tranquilidad de los vecinos.

En su escrito, Llinás acusaba a Parques Nacionales de permitir la caza furtiva. También denunció que las quebradas se están secando por el uso indebido del agua y le pidió a Caicedo presencia para controlar el “desorden”. Le rogó para que impidiera a “las mafias del turismo” apoderarse de esta área. Por último pidió confidencialidad, porque otra carta que llevó a la Secretaría del Interior acabó en manos de la Policía y eso, paradójicamente, lo hacía sentirse en peligro.

Hacía años que Llinás, un temerario, había cazado una pelea por el territorio y el ambiente. Pero ignoró las señales de alarma: le robaron herramientas, le mataron a un caballo, a una yegua, a un perro. Con su carta infringió una ley no escrita en Santa Marta, según la cual levantar la voz es ganarse la muerte.

Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio.

De todo esto se habla en voz baja, porque el grupo tiene ojos y oídos por toda Santa Marta y su zona rural. La Liga consultó a 31 fuentes, algunas de las cuales están en el exilio, otras amenazadas y temerosas. “Aprendimos que para sobrevivir debemos quedarnos callados”, dijo una lideresa.

Una historia de violencia

Los Pachencas son el brazo armado de la Oficina Caribe, un centro administrativo, económico y de decisión que el paramilitar Hernán Giraldo creó en 2004. Allí se reúnen los líderes de la organización, muchos de ellos hijos suyos con las decenas de niñas que violó, según una sentencia de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que lo califica como  “depredador sexual”.

El 3 de febrero de 2006 el bloque paramilitar Resistencia Tayrona que Giraldo comandaba a las órdenes del tenebroso Bloque Norte de ‘Jorge 40’, se acogió al proceso promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe bajo la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Unos 1.166 miembros de esa organización entregaron 597 armas, 350 granadas, cuatro cohetes PG7 y 73.420 municiones, según los tribunales de Justicia y Paz.

En mayo de 2008 el gobierno de Uribe extraditó a Giraldo hacia Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares para que respondieran por cargos de narcotráfico. Desde entonces alias ‘El Patrón’ paga cárcel allá, pero su regreso a Colombia se espera a inicios de 2021, y esto ha agitado más el avispero en Santa Marta.

La desmovilización que no fue

El rearme de la Oficina Caribe y de Los Pachencas se puede explicar: mientras algunos dejaron las armas en el proceso de 2006, otros siguieron en el monte con su estructura y su modus operandi. “Fue una falsa desmovilización. Muchos mandos medios se quedaron en el territorio, se fueron reorganizando y han ido creciendo”, explica un portavoz del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Los paramilitares, según la politóloga e investigadora Priscila Zúñiga, cambiaron su forma de ejercer control, con menos masacres o desapariciones forzadas. “Pero mantienen su verdadera naturaleza, que es el narco. Y aunque han sufrido golpes, tienen una gran capacidad para diversificarse y poner a otros cabecillas”, dice.

La Oficina Caribe y su brazo armado integran una red de poder en la sombra. Ellos permiten o bloquean la entrada de otros delincuentes; acaparan tierras; controlan el turismo y han impuesto su Plan de Ordenamiento Territorial, apropiándose de los mejores predios en la zona. Ellos deciden quién vende o compra lotes, y cuánto se paga por esas transacciones en las veredas de la Troncal, según dijo un investigador del conflicto que prefirió no revelar su nombre.

La Liga confirmó la existencia de los peajes ilegales denunciados por Llinás, parte del supuesto POT paramilitar. Están en Calabazo, Bahía Concha, Quebrada Valencia, Don Diego, Machete Pelao, Mendihuaca y Buritaca, entre otros. En las cabañas de esta playa era fácil que en un fin de semana acudieran entre 7.000 y 10.000 personas: una renta millonaria que en teoría recogen las Juntas de Acción Comunal.

Para subir a la Poza Encantada, entrando por Mendihuaca, hay que pagar 5.000 pesos por persona. En un cartel la Junta dice que es un “recaudo por concepto de mantenimiento y visión fundamental, basado en el ecoturismo para el cumplimiento de una función social”, amparada en la Ley 300 de 1996. Esa norma contempla la posibilidad de recaudos, pero solo a los concejos municipales con un permiso previo.

Sandra Vallejos, secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Marta, dice que desconoce la existencia de estos peajes. “No se puede hacer ningún recaudo si uno no está autorizado por la nación o el distrito. Están infringiendo la ley. Esto es enriquecimiento ilícito”, afirma. 

Algunos dueños de kioscos que ofrecen comidas en las veredas turísticas, bajo reserva por miedo, dicen que “los paramilitares” imponen los precios. Incluso envían a unas ‘encuestadoras’ que anotan cada plato vendido. Una parte del dinero pagado por los turistas va a manos de estos grupos. Pasa lo mismo con los mototaxistas, con los locales del mercado y del centro, con los negocios de los barrios más vulnerables. Casi nadie se salva de la vacuna.

Pero no es algo nuevo. Los samarios parecen acostumbrados a vivir con la extorsión y la intimidación desde los tiempos de Giraldo y sus autodefensas. El fenómeno, lejos de menguar, como se esperaba con la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona, se ha acentuado. Además de la exportación de cocaína, Los Pachencas vieron en el turismo, al que llaman ‘oro verde’, otro filón para explotar.

Varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido la grave situación que se vive en Santa Marta. La 045, de mayo de 2018, asegura que las empresas de turismo pagan a Los Pachencas 50.000 pesos por cada persona que ingresa al Parque Tayrona. Unos 750 millones de pesos al año, si se toma como referencia 2016, cuando llegaron unos 15.000 turistas.

 En principio el discurso conservacionista de Parques Nacionales no chocaba con los intereses de los paramilitares. Pero eso cambió tras la desmovilización, cuando se empezó a hablar de la “confianza inversionista” que impulsaba el expresidente Uribe. La Troncal del Caribe, que había sido una zona abandonada a su suerte, manejada por Giraldo y los suyos, comenzó a experimentar el boom del turismo.

“Los paras entendieron que ya no funcionaba matar gente, sino que había que abrirse a otros segmentos. Eso sí, bajo sus condiciones. Si alguien vende una propiedad, se impone un 10 % más para ellos”, dice el investigador del conflicto que consultó La Liga. La estrategia, explica esta fuente, busca producir cambios en el uso del suelo que sigan expandiendo sus intereses. El turismo, dice, les resulta más rentable que la coca.

En la alerta 045 de mayo de 2018, y en la 044 de octubre de 2019, se avisaba el “grave riesgo” que enfrentaba Santa Marta por la presión de Los Pachencas y otros grupos armados. Incluso se llamaba la atención sobre el peligro que corrían los funcionarios de Parques Nacionales que intentaban frenar el modelo de turismo voraz promovido por los paras en la Sierra Nevada. En enero de 2019, ocho meses después de la alerta 045, asesinaron al guardaparques Wilton Orrego.

Cualquiera que toque los intereses de Los Pachencas se convierte en objetivo militar. Como le ocurrió a Alejandro Llinás. Y como les ha ocurrido a otros  líderes asesinados o que están amenazados por defender su territorio. “La gente está pendiente del Cauca, de Nariño, de Antioquia, pero nadie parece fijarse en Santa Marta. No puede ser que yo tenga que pensar en irme a otro país para conservar mi vida”, relata una lideresa. 

La pugna por el narcotráfico

Un punto de inflexión ocurrió en 2012, cuando se desató una guerra por el control del narcotráfico entre el Clan del Golfo, una temida organización heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la Oficina Caribe. Aquel año se recuerda como uno de los más violentos en la historia reciente de Santa Marta. Se registraron 213 homicidios; una tasa de 47 por cada 100 mil habitantes, según datos de la Policía Nacional.

“Esa guerra la ganó la Oficina Caribe”, dice el investigador que entrevistó La Liga. Los años siguientes bajaron los homicidios y esto coincidió con la llegada de la coronel Sandra Vallejos (hoy secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana) a la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entre 2014 y 2017.

Con Vallejos se pasó de más de 200 homicidios en 2012, a 80 en 2015. Fue en su comandancia que la Policía empezó a hablar de Los Pachencas como una banda que azotaba la región. Al frente estaba Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Pachenca’ o ‘Chucho Mercancía’, abatido en junio de 2019 y quien presuntamente estaba cerca de entregarse a las autoridades de Estados Unidos. “Eso implicaba delaciones y no lo iban a dejar ir. Circula la versión de que fue asesinado por sus propios hombres”, asegura el investigador.

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que ha detenido a unos 160 integrantes de Los Pachencas en la llamada ‘Operación Odín’. También cayó abatido  Deimer Patiño Giraldo, alias 80 y sobrino de Hernán, quien asumió el mando después de ‘Chucho Mercancía’. El siguiente cabecilla, alias 55 o ‘Beto Quiroga’, desmovilizado de Justicia y Paz, fue capturado en septiembre. Quiroga contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y, según la Fiscalía, fue quien impulsó el nombre de Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Los golpes a Los Pachencas se han dado en medio de su guerra contra el Clan del Golfo. Una guerra particularmente perversa en la que han sido, de forma alternativa, aliados y enemigos. En ella han participado otros actores, como ‘Los Musso’ y la estructura de Elkin López, alias ‘La Silla’, supuestamente un poderoso ‘logístico’ del narco vinculado al Clan del Golfo (aunque perteneció a la Oficina Caribe). López tiene casa por cárcel en Barranquilla y espera una posible extradición a Estados Unidos, según fuentes policiales.

“Todo apunta a que este capítulo lo va a ganar el Clan del Golfo. Es una estructura transnacional con una influencia muy fuerte”, señala el investigador.

El puerto de Santa Marta, ‘la joya de la Corona’ y una plaza apetecida por el cartel mexicano de Sinaloa, es el tercero del país donde más se decomisa droga. Según la Policía Antinarcóticos, las incautaciones de cocaína han pasado de 1.839 kilos en 2016 a 5.261 en lo que va de 2020, con un pico de 9.012 kilos en 2018. En plena bahía han caído en los últimos cinco años 24.431 kilos de cocaína. Ocultan la mercancía entre los contenedores y en la carga. Los principales destinos son Bélgica, Holanda, Alemania y Jamaica.

La disputa entre Los Pachencas y el Clan del Golfo no ha dejado por fuera a los barrios más vulnerables de Santa Marta. Una lideresa contó a La Liga que el Clan tiene una campaña para reclutar jóvenes. “Les pagan 1,4 millones de pesos”, dice. Los Pachencas ofrecen una moto, un salario mínimo y un arma. Esta mujer, que intentó impulsar un plan de desarme en su barrio, vive con esquema de seguridad y bajo amenazas. “Por aquí hay mucho miedo. Estamos asistiendo a una peligrosa reconfiguración de las estructuras criminales, un retroceso total. Y no es solo Santa Marta, sino el Magdalena entero”, cuenta.

Una exhibición de fuerza

El pasado 27 de octubre circuló a través de WhatsApp un video de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra que sacudió a Santa Marta. Una docena de hombres y mujeres armados con fusiles, vestidos de camuflaje y pasamontañas, se anunció como un grupo cohesionado y con varios frentes. “Por primera vez en largos años de lucha militar nos presentamos para aclarar que no estamos diezmados ni moral, ni militarmente”, dijo el portavoz.

Las ACSN acusaron al gobernador Caicedo de supuestas reuniones con la organización en busca de votos. El secretario del Interior del Magdalena, José Humberto Torres, negó esta acusación y le dijo a La Liga que se trata de una “campaña para enlodar a Caicedo”. También señalaron a Sandra Vallejos de ‘pacificar’ Santa Marta a través de un pacto con alias ‘Chucho Mercancía’, a cambio de “revelar información de enemigos y generar capturas que en su momento se dieron para favorecerla”. El portavoz del grupo dijo que a Vallejos se le pagaron 300 millones de pesos por las más de 200 armas que desaparecieron de la Policía Metropolitana cuando ella era comandante, un escándalo que se destapó en 2016 y sigue sin aclararse. Sobre esto Vallejo no quiso pronunciarse.

Los analistas consultados por La Liga consideran que el video de las autodefensas es una declaración de intenciones con verdades a medias, pero no lo desestiman. “Tienen afán de mostrarse como una organización político-militar que tal vez pide pista para una negociación con el gobierno. Yo no los llamaría paramilitares, sino violencia post-AUC. Son otras formas de crimen organizado”, opina Luis Fernando Trejos, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

El comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, declaró en una rueda de prensa que el comunicado de las ACSN es falso y lo describió como “una estrategia de Los Pachencas porque están debilitados”. La Liga intentó conocer la versión del Ministerio de Defensa, pero no hubo respuesta. Unas semanas después del comunicado capturaron a Deinstin Orlando García Arévalo, alias ‘el Negro’ o ‘Yesid’, el mismo hombre a quien los paramilitares acusaron en el video de estar tras la muerte de Alejandro Llinás. Según la Fiscalía, García Arévalo habría recibido de Deimer Patiño Giraldo, alias 80, el abatido cabecilla de Los Pachencas, la orden de asesinar a Llinás. Los otros dos judicializados, supuestamente miembros de esa estructura, son Adán Romero Pérez, alias ‘Chuky’, y Alcides Antonio Moreno.

Para Torres, el secretario del Interior de la Gobernación del Magdalena, las armas, los uniformes y la edición del video demuestran que se trata de “un grupo armado organizado (GAO) y no de un grupo de delincuencia organizada (GDO)”. El matiz es importante, pues la Gobernación busca una recategorización de los actores armados que operan en la región. Ser considerado un GAO o un GDO determina de qué manera deben ser enfrentados: si a través de operativos militares o policiales. “La situación es muy grave. Eso no se puede maquillar. Estamos frente a unos grupos armados organizados herederos del paramilitarismo”, dice el funcionario.

Mientras, la tensión crece en Santa Marta. Casi tanto como los homicidios: 94 en 2017, 105 en 2018, 127 en 2019; y hasta el 10 de noviembre, en plena pandemia, 103, según cifras de la Policía. Habitantes de las veredas confirman la presencia de hombres que patrullan el territorio. Detrás de la aparente tranquilidad turística se esconde otra ciudad atemorizada por la violencia. “Es como si nos estuviéramos devolviendo al pasado más tenebroso”, fue el mensaje que repitieron las fuentes. Un alto cargo municipal lo resumió así: “No es que hayamos perdido el control. Es que nunca lo tuvimos”.

La alcaldesa Virna Johnson le respondió un cuestionario a La Liga donde niega la existencia de un control territorial de los grupos armados organizados. “El control solo lo ejerce la autoridad pública por mandato de la Constitución y la ley, y es ello lo que hemos venido gestando con diferentes actuaciones en sectores de especial atención y protección”, asegura. 

Volver al mando

El regreso de Hernán Giraldo y otros exmiembros del Bloque Resistencia Tayrona en 2021 dibuja un escenario perturbador. Aunque tiene más de 70 años y luce disminuido, algunos creen que Giraldo podría fortalecer la estructura y volver al mando. Incluso desde la cárcel. Su salida del centro de reclusión Beaumont Low (Texas), donde se encuentra, está prevista para el próximo 1 de abril. Según la Fiscalía, cuando vuelva al país deportado o extraditado, iría a la cárcel por la condena de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. La Fiscalía ha solicitado tres medidas de detención preventiva adicionales.

La Comisión Colombiana de Juristas y la organización Dejusticia creen, sin embargo,  que lo más probable es que el antiguo líder, aún vinculado a Justicia y Paz, quede en libertad aquí tras pagar cárcel en Estados Unidos. “Puede ocurrir lo mismo que con Nodier Giraldo [su sobrino, ahora cantante de rancheras y corridos], que al regresar solicitó sustitución de la medida de aseguramiento y le fue otorgada. En este caso  esa sustitución solo podría ser controvertida por la Fiscalía o representantes de las víctimas en los supuestos contemplados en la Ley 975”, dijeron en Dejusticia.

Otro que ya volvió a Santa Marta fue Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, supuesto financiero del Bloque Resistencia Tayrona y expulsado de Justicia y Paz. Castillo pasó cinco años en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Ahora es líder de una asociación de afrodescendientes, se reúne con políticos y ha propuesto la creación del municipio Sierra Nevada, que agruparía a las veredas de la Troncal del Caribe. En el peor momento de la pandemia se dedicó a repartir mercados entre los habitantes de la zona.    
Sobre su “nueva vida” hay sospechas.  La Fiscalía le dijo a La Liga que Castillo tiene activo un proceso por concierto para delinquir agravado. Alias ‘Pinocho’ se mueve con un esquema de seguridad de seis hombres, tres de la Unidad Nacional de Protección y otros tres pagados por él. Vía telefónica le aseguró a La Liga que no tiene ningún proceso abierto y que hace dos meses se fue del país por amenazas de Los Pachencas, del Clan del Golfo y del ELN.

“No estoy armando ningún grupo. Al contrario, he denunciado a los que mataron a líderes sociales, y estoy dispuesto a contar toda la verdad sobre el paramilitarismo. Todavía hay muchos demonios encerrados. En cuanto aclare mi situación volveré a Santa Marta”, dijo Castillo. Su presencia en la zona despierta los peores miedos. Como en las épocas oscuras, cuando reinó el clan Giraldo.

Sábado, 12 Agosto 2017

Las mujeres de la Universidad de Córdoba: miedo, verdad y resiliencia

Por Renata Cabrales Cueto

El conflicto armado y social colombiano dejó como saldo muertos inocentes y desplazados. En su mayoría, mujeres. Pero además instaló el miedo en las víctimas directas o compañeras de líderes sociales y sindicalistas, que fueron hostigadas por parte de grupos paramilitares en la Universidad de Córdoba.

Cinco mujeres son dueñas de la siguiente historia. Esculcan en los recuerdos que las han marcado, que cambiaron sus vidas y las de sus familiares. Muchas veces no quieren contar o cuentan poco. Lo hacen como si sacaran un objeto valioso de un viajo baúl y le quitasen el polvo. Despacio, con paciencia, deteniendo el tiempo adrede para que sea menos doloroso sacarlo a la luz.

La cacería de brujas de la cual fueron víctimas estudiantes, docentes, sindicalistas de la Universidad de Córdoba, también las afectó a ellas y aunque menos intensa en estos momentos, todavía no termina.

Todo comenzó con la persecución contra profesores y sindicalistas en el departamento de Córdoba en los años 90, la cual se enquistó después en la Universidad de Córdoba.

Se dice que la represión en el alma mater se registró con fuerza con la llamada toma paramilitar de Salvatore Mancuso, quien hacía parte de las Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) junto a Carlos Castaño, quien fue líder de la organización.

Pero según testimonios de víctimas que hicieron parte del sindicato de trabajadores, como René Cabrales, quien fue su presidente por un largo periodo en la década del noventa: “La represión comienza a principios de los años ochenta, con el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, el decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978. El Estatuto es la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al ‘enemigo interno’, lo que condujo a los militares a catalogar a cualquier opositor del Estado como una amenaza para la nación”.

Ruby Cueto, Ilva Santos, Gloria Padilla, Vilma Salcedo, Elvira Sánchez (nombre cambiado por petición de la entrevistada), todas cordobesas, narran sus historias con palabras lentas, rebuscando los recuerdos menos dolorosos para que las lágrimas no interrumpan sus relatos.

La exiliada

Ruby Cueto, compañera sentimental de René Cabrales, con quien tiene dos hijas, dos hijos y seis nietos, fue víctima de la persecución paramilitar y estatal cuando él fue presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba. Su primera nieta, Alejandra Camargo Cabrales, de tan solo dos años y ocho meses de edad, fue asesinada en un atentado terrorista dirigido a su abuelo René, perpetrado por hombres del comandante paramilitar Salvatore Mancuso el 10 de junio de 1996.

Después del cruel atentado, Ruby y su familia tuvieron que trasladarse a Bogotá. Fueron víctimas del hostigamiento de la ultraderecha y el paramilitarismo, por lo que engrosaron las filas de los siete millones de desplazados forzados por motivos del conflicto interno.

Después de varios años en Bogotá, en una situación casi estable con su familia, René Cabrales siguió siendo objeto de amenazas y persecuciones debido a su militancia en el Partido Comunista y a su condición de defensor de derechos humanos. Tuvo que pedir asilo político para proteger su vida y la de su compañera Ruby. Ambos salieron del país dejando atrás a todos y todo. Hoy viven en Suiza, un un país frío y desconocido.

Desde el otro lado del océano, con nostalgia y mucha tristeza por los estragos que la guerra causó en ella y en su familia, de la cual se encuentra alejada hace doce años, Ruby cuenta: “Siempre tuve miedo por lo que pudiera pasarnos pues sin mi ayuda hubiese sido muy difícil para él sacar a los muchachos adelante. Tuve miedo siempre de que algo le pasara a mi familia y pasó lo peor, lo peor que le puede pasar a una madre o a una abuela como yo: perder a su única nieta. El miedo lo sentí desde antes de que comenzara la cacería de brujas, pues él militaba en el Partido Comunista. Así, cuando ingresó a trabajar en la universidad, ya tenía ocho años de militancia y había hecho parte de la comisión de finanzas del zonal de Córdoba. Además, era un militante muy comprometido con las actividades de agitación y propaganda y, así mismo, la difusión del Semanario Voz, como también de los eventos políticos que se llevaban a cabo en nuestro pueblo: las campañas electorales en las cuales participaba el partido desde los tiempos de la UNO (Unión Nacional de Oposición). Cuando él entró a trabajar a la universidad, ya muchas personas conocían su compromiso político, pues en ese entonces (1978) el partido tenía cierta influencia entre el profesorado y la parte administrativa, y como ya se sabe, todo lo que oliera izquierda era perseguido por el Estado. A mi esposo lo alcanzó esa persecución”.

La sindicalista

Ilva Santos, de 62 años, es la esposa de Joaquín Soto, quien fue miembro de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores y candidato a la rectoría de la Universidad de Córdoba.

Ilva empezó a trabajar como secretaria en la Universidad de Córdoba en 1977 y estuvo en el cargo por cuatro años más. Posteriormente, laboró para el Sindicato de Trabajadores de la Unicórdoba. Y fue allí cuando empezó su sufrimiento debido al hostigamiento que ella y su compañero padecieron por el ejercicio del sindicalismo. A Ilva la expulsaron de la institución de educación superior. No pasaría mucho tiempo para que expulsaran a Joaquín Soto. Ambos se quedaron sin trabajo. Hoy, de alguna manera, soporta una vida más estable y se dedica a las labores del hogar. Ruega que con la paz sus hijos y nietos puedan gozar de un país más justo.

“Cuando recién empecé a trabajar en la Universidad, en los años setenta, estaba embarazada de mi segunda hija. Uno de esos días se metió la Policía a la universidad y tiraron gases lacrimógenos. La gente se les enfrentó, ellos tiraban piedras, la Policía gases. No me acuerdo por qué fue la pugna, pero sí recuerdo que se enfrentaron estudiantes, trabajadores y la Policía. Sentí miedo por la niña, me estaba ahogando, me auxiliaron”, recuerda Santos.

“Joaquín fue un dirigente sindical que siempre estuvo al frente de defender los derechos de los trabajadores y por eso lo persiguieron. Un día, la Policía lo capturó y se lo llevó al batallón, lo maltrataron. Difícil no recordarlo. Todo ocurrió en esa época de los años 80. Un día lo cogieron junto con varias personas de la Universidad de Córdoba. Se los llevaron a todos y los volvieron a maltratar. A una parte la llevaron al batallón y a otra parte no se sabe a dónde. Yo fui hasta allá, me metí al batallón en un descuido de los guardias y empecé a buscar a Joaquín de celda en celda, hasta que lo encontré en la última. Lo habían golpeado. Él era sindicalista, por eso lo tenían fichado”, denuncia.

Joaquín se tuvo que ir para otra ciudad por un tiempo. Se fue a Bogotá, a Pasto también. Cuando salí de la Universidad de Córdoba empecé a trabajar en la Alcaldía y en el Colegio Nacional. Siempre conté con el apoyo de mi familia y de mis hermanas para atender a mis hijos mientras estaba sola. Sentía mucho miedo de que a él le pasara algo. Los compañeros me daban apoyo. Yo estaba pendiente de mis hijos. Todo ese tiempo que estuve sola lo único que hice fue trabajar”, rememora Santos con dolor.

“Fueron momentos de miedo. Ahora, gracias a Dios, estamos unidos y seguimos trabajando por nuestros hijos y nietos, luchamos por que se dé la paz, para que este país sea mejor, más libre”, concluye la sindicalista.

La estudiante

Vilma Salcedo, 45 años. Se resiste a olvidar. Su capacidad de resiliencia la demuestra como vocera de paz enseñando la que para ella es la verdadera historia del país a los estudiantes de un colegio distrital del municipio de Soacha. Tiene dos hijas por quienes trabaja duro cada día. Es activista política y precursora de paz.

Ella trata de recordar con cierta dificultad lo que padeció siendo una estudiante de la Universidad de Córdoba durante los años noventa, época en que se acentúa la persecución a los sindicalistas y al movimiento estudiantil:

“En los años 90 varios compañeros del movimiento estudiantil fueron desaparecidos por los paramilitares, algunos se fueron del país, entre esos mis compañeros de la Juventud Comunista Colombiana, Juco. Estudié Ciencias Sociales en la universidad entre 1990 y 1995. Éramos un grupo como de doce estudiantes, hacíamos manifestaciones en defensa de la educación de calidad y del bienestar universitario. Pedíamos autonomía y respeto de la dirección de la universidad frente a la gestión de los recursos”, recuerda Salcedo.

“Infortunadamente después de que se consolidó el movimiento estudiantil en la Universidad comenzaron la persecución y los asesinatos. No recuerdo los nombres de todos ellos porque uno de los efectos de ese momento tan doloroso para mí ha sido la perdida de la memoria. Yo no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo los rostros de los muchachos y algunas anécdotas con ellos, pues salíamos como Juco a eventos nacionales. Estuvimos en un encuentro nacional de las Juventudes Comunistas de Colombia, en el año 1994. Éramos muy unidos, jóvenes muy estudiosos, con mucho talento”, describe.

“Toda esa persecución ha dejado huellas que cambiaron mi vida y tienen que ver con el miedo, la sensación de incertidumbre y de temor a que todo se repita. Me da miedo el riesgo de lo que significa la vida alrededor del activismo político, las amenazas que entonces se ciernen sobre las familias. Esas son las cosas que hoy en día me bloquean mucho y me generan mucha ansiedad”, confiesa la vocera.

“En 1996, cuando me fui a vivir con mi compañero de entonces, Alaín Cabrales, hijo de René Cabrales presidente del sindicato de trabajadores de la universidad, presencié el atentado que le hicieron en su casa. Yo estaba embarazada de mi hija Isabel. Durante el tiroteo, me escondí en el patio. Recé por mi hija y por Alejandra, la sobrina de Alaín, quien no sobrevivió. Mi hija nació casi un mes después y siempre sentí que Alejandra la cuidaba desde el cielo”, concluye Salcedo.

La trabajadora

Gloria Padilla, de 50 años, es la compañera sentimental de Antonio Flórez, quien fue presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Córdoba, a finales de los años 90.

Gloria comenzó a trabajar en la Universidad de Córdoba el mismo año que Flórez ejerce como presidente del sindicato. Comienzan a salir juntos, se enamoran, pero los siguen, los hostigan. Por eso se encontraban en secreto en diferentes rincones del país, donde nadie los conociera y así podían amarse con libertad, lejos del hostigamiento y las amenazas de las cuales era víctima Florez por su labor de sindicalista. Finalmente, se casaron, tuvieron tres hijos y, en este momento, a pesar de todo lo que ha ocurrido, sigue trabajando en el Departamento de Enfermería de la universidad, con el fin de sacar a sus hijos adelante.

“Todos mis compañeros de trabajo, los que estábamos en esa época, no podíamos ni hablar. Estábamos, como dice la canción de Shakira, “ciega, sorda y muda”. O sea, todo era dedicado nada más al trabajo, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Nadie se atrevía a hablar con nadie, no se podía hablar de lo sucedido, de lo que estaba pasando. El caso de Antonio, de mi compañero, nunca se podía mencionar porque todo lo relacionaban con que éramos informantes porque de él decían que era de la guerrilla. En el momento en que salió de la universidad, todos empezaron como a hundirlo más y a no decir que el problema era con los paramilitares. ¿Por qué lo querían sacar de ahí? Pues porque era el presidente del sindicato de los trabajadores. Eso fue durante los años 98, 99 y 2000, cuando yo llegué a trabajar a la universidad. Él puso denuncias ante la Fiscalía, pero nunca le han respondido”, cuenta Padilla.

“Comencé a trabajar en el 98 en la época en que más perseguían a los dirigentes sindicales. Ahí fue cuando conocí a Antonio y comenzamos a tener una relación. Incluso, a nosotros nos tomaban fotos. Yo tenía fotos regadas que me había encontrado por allá en un poste en La Castellana, o sea, me tenían identificada. Un fotógrafo me dijo: “Mira, acá encontré estas fotos que le montaron a Antonio”, o sea nos las tomaban y nos tenían como vigilados. Ahora estamos juntos con nuestros hijos, seguimos trabajando y a ellos les hablamos de la paz”, explica.

La docente

Según el testimonio de la docente de Enfermería, Elvira Sánchez (nombre cambiado por petición de la fuente), de 53 años, las mujeres de la Universidad de Córdoba aún son presas del miedo debido al hostigamiento paramilitar que dentro de la institución continúa.

Lo primero que nos solicitan es cambiar su nombre, pues aún tiene miedo de ser señalada y de los riesgos que pueda correr su hijo de 12 años. Elvira comenzó a trabajar en 1981 y es de planta desde 1991. Aún teme salir en familia. Si salen a comer un helado, advierte, debe ser rápido y ni siquiera pueden sentarse a disfrutar la noche en la terraza de su casa.

“Entré a protección por mi propia cuenta, por los procesos que se estaban llevando en el sindicato en ese momento. Eran unas investigaciones internas del sindicato sobre el manejo de presupuesto. Trabajamos sobre ese punto y a mí me ponen en protección. El sindicato presentía que había problemas en la contratación y se estaban haciendo estudios. Nosotros, es decir el sindicato, empezamos a hacer investigaciones”, señala Sánchez explicando la génesis de sus problemas.

“Vinieron del Ministerio del Interior, identificaron en qué actividades estaba cada uno de nosotros, nos investigaron, nos hicieron análisis de riesgo, y yo quedé en alto riesgo, entonces me ofrecieron que tuviera escolta, vigilancia, para proteger la intimidad de mi familia”, recuerda.

“No acepté tener escolta y como no tenía modo de cambiar la ruta de entrada a la casa, yo tenía que entrar siempre por el frente, me pusieron protección policial, mañana, tarde, noche, de venida a la universidad, de ida, de regreso. En Navidad, en Año Nuevo, todo el día a toda hora. Todavía tengo ese sistema de protección. Manteniéndome con normas de autoprotección, cuidando mucho de mí. En mi casa nosotros no nos sentamos en la puerta. Me pusieron protección desde el 2014”, aclara.

“Cuando entré a la universidad lo primero que hice fue afiliarme al sindicato y lo segundo que hice fue pertenecer a la junta directiva. Estuve en un viaje al que nos llevaron obligados allá a Santa Fe de Ralito, el lugar de mando de los paramilitares. Mancuso quería mostrarse, parecía un ‘Tarzán’, pues se golpeaba el pecho y decía: Voy a salvar la universidad de los guerrilleros, porque en la universidad se pagan rescates dentro de las aulas de clase, ustedes necesitan de mí”, dice bajando la voz.

“Estuvimos en Santa Fe de Ralito, salimos a las seis de la mañana y regresamos a las once de la noche a Montería. Estuvimos allí, recibíamos visitas. Una vez que estuvieron aquí, ellos hicieron una reunión dentro de la biblioteca de la Universidad de Córdoba. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando, no era que lo presentíamos, sino que nosotros sabíamos lo que pasaba, querían tomarse la universidad. Ahora sigo enseñando enfermería, veo por mi hijo y ruego que con los acuerdos de paz esta persecución llegue a su final”, concluye Sánchez.

El miedo que sembró la toma paramilitar

En los años noventa se recrudece la persecución con el nacimiento de las Accu, (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). René Cabrales, compañero sentimental de Ruby Cueto, había sido bien recibido en el ámbito sindical. A los pocos meses de haber firmado su contrato de trabajo pidió afiliación al sindicato y un año después hacía parte de la junta directiva.

Comenzó su carrera sindical y, así mismo, empezaron también a activarse los grupos paramilitares, quienes iniciaron la más terrible persecución contra las organizaciones de izquierda, materializada en amenazas, allanamientos a sedes sindicales y sociales, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos a defensores de derechos humanos y de los trabajadores.

Así fueron cayendo miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica, miembros de organizaciones político-sindicales, campesinas e indígenas en todo Córdoba.

En el sepelio de Rafael Duque Perea, en abril de 1987, circuló un volante firmado por el grupo paramilitar Ojo por Ojo, en donde aparecían amenazados varios miembros de sindicatos y partidos de izquierda, acusados de guerrilleros.

Tras el asesinato del profesor Francisco Dumar, asume Cabrales el cargo de fiscal de la Federación Sindical Unitaria de Trabajadores de Córdoba (FESTRACOR-CUT): “Entonces me propuse seguir impulsando el proceso unitario que habían iniciado con las demás corrientes al interior de la federación. Acordamos realizar el congreso que dio vida a la CUT seccional Córdoba el 30 de abril de 1991 y en el cual fui elegido presidente, cargo que ocupé hasta abril de 1996, poco antes del atentado del que fui objeto junto con mi familia”, cuenta Cabrales.

En la década del noventa, con la implementación de la ley de educación superior, empezaron a llegar recursos importantes y entonces aumenta el clientelismo.

Mediante dicha ley, estudiantes y trabajadores podían elegir el cuerpo administrativo, pero en 1987 se envía un documento a la Procuraduría General de la Nación, firmado por sindicatos, trabajadores, Aspu y UP, denunciando toda la persecución, allanamientos ilegales, hostigamientos a estudiantes y la corrupción administrativa y el manejo de la politiquería para hacer contratos al personal universitario.

Los trabajadores exigieron y lograron que fueran ellos quienes pudieran elegir a las autoridades directivas de la universidad. Entonces, el primer rector elegido bajo ese decreto, en 1994, fue Ángel Villadiego Hernández.

En aquel tiempo comenzó una campaña de desprestigio y señalamiento contra la comunidad universitaria que desembocó en la eliminación física de muchos de sus miembros y el desplazamiento forzado de otros. El primer asesinato fue el de Julio Cuervo, profesor de Veterinaria. En el 2000 secuestraron a 37 estudiantes.

La toma paramilitar de la Universidad de Córdoba implicaba que Salvatore Mancuso era el que daba órdenes y seleccionaba al personal administrativo y directivo. De ahí resulta el “plan limpieza” y el terrible caso del asesinato de Hugo Iguarán Cotes, candidato a la dirección de la universidad en el 2000.

Para Ruby Cueto, la intensificación del conflicto fue el detonante de los dolores acumulados.

Después de tanta persecución de parte de los paramilitares (su primera amenaza la recibió en 1989 y la Central Unitaria de Trabajadores lo envió a Cuba por tres meses a estudiar en la escuela sindical de la CTC, Central Trabajadora de Cuba) y de mucha confianza de parte nuestra, pasó lo inevitable: “Las amenazas se materializan en un atentado terrorista en nuestra casa familiar, el 10 de junio de 1996, dejando como saldo la muerte de nuestra inocente nieta, Alejandra Camargo Cabrales. Con su partida, permanece el dolor en nuestros corazones y los recuerdos que prefieren permanecer dormidos, así como también la desintegración del núcleo familiar, debido al ineludible asilo”, narra Cueto.

Las protagonistas de estas historias no solo hablan de hechos de victimización, sino que además demuestran cómo han resistido todas esas luchas y cómo ha sido su capacidad de resiliencia luego de haber sobrevivido a los estragos del conflicto armado, político y social del país.

No solo cuentan el sufrimiento. Creen en el nuevo momento de la paz. El miedo, el dolor, la incertidumbre, la resistencia y la resiliencia son piezas claves en sus relatos.

“A pesar de la distancia, me he dedicado a trabajar, ayudo económicamente a mis nietas cuando lo necesitan. Me gusta que estén bien y ruego que esta guerra acabe, que pronto haya paz, para por fin poder reencontrarnos”, dice Cueto desde el exilio.

Estas mujeres, en medio de unos acuerdos de paz, tratan de reconstruir los relatos que le faltan a la historia del país. Sus memorias rotas por el miedo que aún sienten por hechos del pasado, indefectiblemente las convierten en protagonistas del presente.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en el Semanario Voz.