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Miércoles, 17 Octubre 2018

Abuso sexual contra menores, ¿es viable la cadena perpetua?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En Colombiacheck nos dimos a la tarea de revisar el estado actual de las penas para este delito y la viabilidad de imponer la cadena perpetua como medida disuasoria para frenarlo.

Desde hace al menos 10 años, cuando la entonces congresista Gilma Jiménez impulsó un proyecto de ley para poner cadena perpetua a los violadores de niños, el debate sobre las penas para este delito ha estado en la agenda pública. Y cada vez que un nuevo caso se vuelve popular en los medios, la propuesta (que ya ha sido varias veces hundida por la Corte Constitucional o por el Congreso) renace.

Hace unas tres semanas, el tema volvió a los medios de comunicación por el caso de Génesis Rúa, una niña de 9 años que fue asesinada en Fundación, Magdalena, a finales de septiembre.

Días después, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmaron que la menor de edad “fue víctima de un abuso sexual antes de perecer por estrangulamiento”, según publicó el periódico El Colombiano.

Al conocerse este hecho, el Presidente de la República, Iván Duque, manifestó estar de acuerdo con que se imponga la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Y aunque no dijo si el Gobierno Nacional promoverá algún proyecto de ley en relación a este asunto, sí sostuvo que “quiere ser el impulsor del debate”, de acuerdo con un artículo del diario El Espectador.

Colombiacheck decidió investigar el tema desde sus raíces para comprender cómo se define el abuso sexual contra menores, qué abarca, qué dicen las cifras sobre la ocurrencia de estos hechos, en qué está actualmente el tema penal contra el delito y qué tan necesaria y posible es la aplicación de la propuesta del Gobierno Nacional.

Definiciones

¿Qué es el abuso sexual infantil?

El abuso sexual infantil implica “la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña; supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación”, según un informe publicado por Save the Children, una ONG internacional que trabaja por los derechos de la niñez.

Según esta misma organización, el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren.

La Organización Mundial de la Salud define en general el abuso como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. No es únicamente el acceso carnal violento (la penetración).

Y para el caso de los niños, estas prácticas que se han presentado siempre en la historia de la humanidad, de acuerdo con el informe de Save the Children, “sólo han empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales cuando -por un lado- se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los niños o niñas víctimas y -por otro lado- se ha reconocido al niño como sujeto de derechos”.

¿Qué dicen las cifras sobre el abuso sexual infantil en el mundo?

El Informe para el estudio de la violencia contra los niños más reciente de las Naciones Unidas, de 2006, encontró que, “de acuerdo con varios estudios realizados en 21 países (en su mayoría desarrollados) entre el 7% y el 36% de las mujeres y entre el 3% y el 29% de los hombres dijo haber sido víctima de agresiones sexuales durante su infancia, y según la mayoría de estos estudios la tasa de abusos sufridos por las niñas es de 1,5 a 3 veces la de los varones”.

De acuerdo con los estudios citados por el informe de Save the Children, entre el 14% y el 56% del abuso sexual de niñas y hasta el 25% del abuso sexual de niños fue perpetrado por parientes, padrastros o madrastras.

Y estudios, como el realizado por Emily M. Douglas y David Finkelhor (Childhood sexual abuse fact sheet. Crimes against Children Research Center May 2005) señalan que, en su mayoría, las víctimas son niñas; “en 2005 el porcentaje se sitúa entre el 78 y el 89%”.

¿En Colombia?

Lo que dicen los expertos consultados por Colombiacheck es que, al no haber un registro único para este delito, es muy difícil conocer la realidad sobre cuántos niños y niñas son violentados sexualmente. Más aún cuando es imposible conocer la totalidad de casos si las víctimas no denuncian.

Un reportaje publicado en El Espectador por Mutante.org señala que solo el 22% de víctimas de violencia sexual, según la mayoría de estimaciones, denuncian en Colombia a sus agresores.

Y, si se efectúa la denuncia, las cifras de Mutante dicen que en 2017, de todas las investigaciones que inició la Fiscalía, “apenas 5,6% terminaron en condena y 1,8%, en absoluciones. Más del 92% de los casos quedaron en el limbo”.

Pero en cuanto a cifras existentes, según la revista Forensis de Medicina Legal, el 2017 será recordado como el año que presentó mayores casos de presunto delito sexual en el país, frente a lo registrado durante la última década. En el 86,83% de los casos se cometieron contra niños, niñas y adolescentes y el 85,4% de las víctimas fueron mujeres.

El 86,65% de los abusos se cometieron presuntamente por personas cercanas a la víctima (familiar, conocido, amigo(a), pareja o expareja). Y el escenario del hecho con mayor riesgo para que se cometan actos de violencia sexual es la vivienda, donde se perpetró el 76,56% de los casos registrados durante el año 2017.

Asimismo, Medicina Legal realizó el año pasado 16.098 exámenes medicolegales por presunto abuso sexual.

Por otro lado, los informes estadísticos del INPEC dicen que en el mes de agosto de este año hubo 4.963 personas condenadas por actos sexuales con menor de 14 años y 2.436 sindicadas. Y para el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 4.007 condenados y 2.092 sindicados.

¿En qué están las penas para este delito en Colombia?

Colombia, en los últimos 10 años y después de la expedición del Código de la infancia y la adolescencia, aumentó las penas de delitos sexuales, para casos en los que las víctimas sean menores de 14 años, hasta en un 50%, explica María Cristina Hurtado, abogada y politóloga con maestría en ciencias políticas, política social, derechos de infancia y de derechos de familia.

El Título IV del Código Penal (ley 599 de 2000, modificado luego por la ley 1236 de 2008), en su Capítulo Primero, establece las penas para el delito de violación y en el Capítulo Segundo (de los actos sexuales abusivos), explica las penas para este delitos cometido en menores de 14 años:

Artículo 208. “El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años”.

Artículo 209. “El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incu- rrirá en prisión de de nueve (9) a trece (13) años”.

Artículo 210. “El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.

Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de de ocho (8) a dieciséis (16) años”.

Ahora bien, el capítulo tres de ese mismo título refiere a las circunstancias de agravación punitiva:

Artículo 211: Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

  1. La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas.
  2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza.
  3. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual.
  4. Se realizare sobre persona menor de catorce (14) años.
  5. Se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un hijo.
  6. Se produjere embarazo.
  7. Cuando la víctima fuere una persona de la tercera edad o, disminuido físico, sensorial, o psíquico.

Es decir, que las penas contra menores pueden pasar de 12 a 60 años, si se cometen con concursos (cuando se cometen simultáneamente varias conductas o agravantes). Sin embargo, el Artículo 31 del Código Penal estableció que, en ningún caso, en los eventos de concurso, la pena podrá superar los 60 años de prisión.

¿Los agresores pueden acceder a beneficios?

El Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 199, Beneficios y mecanismos sustitutivos, establece que cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, los victimarios deben tener como medida de aseguramiento “siempre el establecimiento de reclusión”. Incluso para la detención preventiva.

Además, no pueden contar con el beneficio del principio de oportunidad, la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional, sustitución de la pena, ni rebajas de pena con base en preacuerdos o negociaciones entre Fiscalía e imputado. Es decir, el agresor de un menor siempre debe pagar su pena en la cárcel.

Hurtado, sin embargo, señala que la Fiscalía continúa haciendo acuerdos para rebajas de penas a pesar de lo que menciona el Código de Infancia y adolescencia en su artículo 199.

Iván Cancino, abogado penalista, por su parte, considera que esto es lo que debería hacerse en aras de salvar más niños. Porque, “por ejemplo, si llegara a manos de la justicia un violador que tuviese conocimiento de una red de prostitución infantil, y la Fiscalía le ofreciese un acuerdo de rebaja de la pena, ¿por qué no sacrificar la persecución de ese delincuente para evitar males mayores?”.

Más allá de las penas

Ya pasadas las definiciones vale la pena adentrarnos en las cuestiones que plantea el debate sobre la cadena perpetua para violadores de niños. Y estas son esclarecer si realmente es necesario imponer esta pena privativa de la libertad teniendo, según algunos, una condena ya bastante alta; explicar si Colombia puede, dentro de su jurisprudencia, incluir la cadena perpetua, y exponer si esta medida realmente es efectiva para disminuir los casos de violencia sexual contra menores.

¿Colombia podría aprobar la cadena perpetua?

Hoy Colombia no puede aprobar la cadena perpetua sin antes reformar la Constitución Política, que en su Artículo 34 establece que “se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

Además, el país tendría que renunciar a dos pactos, el Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea Nacional de la ONU; y el de San José, en el marco de la OEA, según explica Stella Conto, exmagistrada del Consejo de Estado.

Por otro lado, la Corte Constitucional en varios fallos ha definido que el fin de la cárcel es resocializar a las personas. La sentencia T-388 de 2013, por ejemplo, dice: “La prisión es una de las herramientas en la guerra contra el delito, que buscan evitar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas mediante la resocialización de quienes delinquen”.

De modo que quien cometa un acto delictivo debe tener la expectativa de volver a la sociedad, lo que iría en contra de la cadena perpetua.

Ahora bien, lo que advierte esta misma sentencia es que en este momento ese derecho a la resocialización no se ha logrado, “puesto que la reclusión en las condiciones de crisis que se enfrenta, impiden que el encierro sirva adecuadamente a los propósitos que se le asignan”.

En ese sentido, dada la crisis carcelaria que advierte la Corte, y repite en la sentencia T-762 de 2015, la cadena perpetua se vuelve inviable hasta que no se resuelvan las condiciones de hacinamiento de los centros penitenciarios.

¿Las penas ya son lo suficientemente altas?

Sobre esta pregunta hay varias opiniones al respecto. El argumento de quienes están a favor de la cadena perpetua es que estas personas no deben recobrar la libertad porque “no existe un crimen más atroz que meterse con un niño, que violarlo, asesinarlo y por eso la prisión perpetua va encaminada a que paguen de por vida”, como le dijo Johana Jiménez, hija de Gilma, en una entrevista del 10 de enero de 2017 a la revista Semana.

Pero lo que dijeron los expertos consultados por Colombiacheck es que la pena máxima que hoy tiene Colombia prácticamente ya constituye una cadena perpetua. Suponiendo que el imputado fuera una persona de 18 años, tras 60 años de cárcel, volvería a recobrar su libertad hasta los 78.

En todo caso, de acuerdo con Hurtado, ahí no debería centrarse el debate, “pues lo que ha demostrado la experiencia es que la gravedad en la parte punitiva no desestimula el delito”.

En ese sentido, el Estado y todo su poder judicial debería enfocarse, más bien, en resolver las falencias que ya hemos venido mencionando a lo largo del artículo, como que el número de denuncias no es representativo para el universo de actos cometidos para este delito; que no hay una entidad única que se encargue de recopilar la información y que la gran mayoría de investigaciones iniciadas por la Fiscalía no conducen hacia una condena.

También es importante “que todos los entes encargados hagan lo que tengan que hacer sin revictimizar a estos niños y niñas”, dice Hurtado, “y que medicina legal tome las pruebas a tiempo y de forma correcta”.

Pero además, otro de los problemas con los que cuenta hoy la justicia es que “los jueces, fiscales y demás funcionarios encargados de proteger a las niñas en Colombia aún son presas de un sistema institucional y cultural cargado de prejuicios y estereotipos”, según el reportaje de Mutante.org.

¿Endurecer las penas ayudará a disminuir que se cometa el delito?

No hay una conclusión definitiva sobre esta pregunta, que varios estudiosos de criminología alrededor del mundo se han hecho. Pero la mayoría de estudios sí van en contravía de la lógica de sentido común de pensar de que, entre mayor sea la pena, mayor será el riesgo para los potenciales criminales y, por lo tanto, disminuirá la incidencia.

Un estudio de 2009 de Robert G. Lawson, publicado en el Kentucky Law Journal, por ejemplo, concluye que la mayoría de criminales potenciales cree que no será arrestado, por lo que el tiempo de sentencia es irrelevante para disuadirlos de cometer delitos.

En la misma línea, el criminólogo estadounidense Daniel S. Nagin, en su artículo ‘Deterrence in the Twenty-first Century: A Review of the Evidence’, publicado en la Universidad de Heinz, dice que la evidencia ha demostrado que lo que genera un mayor efecto disuasorio para que no se cometan los delitos es aumentar la probabilidad de aprehensión, “no la gravedad de las consecuencias legales resultantes”.

Por otra parte, un estudio en curso de Giovanni Mastrobuoni y David Rivers, reseñado por la revista The Economist, muestra que los criminales potenciales se preocupan menos por el futuro que las personas promedio. Por lo tanto, las sentencias más largas sí pueden disuadir delitos, pero sólo hasta cierto punto. Es decir, para los sujetos del estudio enfrentarse a cinco años extra de condena puede causar el mismo efecto disuasorio que enfrentarse a 10 o 20 años extra.

Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado que el aumento de las penas en otras ocasiones ha resultado en mayor hacinamiento. En la sentencia T-762 de 2015 se dice: “El Director del centro de reclusión (EPAMS CAS de Palmira) expuso que la crisis carcelaria se empeoró con la entrada en vigencia de la Ley 1453 de 2011, la cual aumentó las penas de algunos delitos, pasando de un total de 93.387 internos en el país en julio de 2011 a 107.320 en abril de 2012”.

Esto aplica para las propuestas de aumentar las penas de cualquier delito. Y conduce a la misma conclusión del punto anterior en el caso del delito de violación de menores: lo que debe evaluar el sistema es cómo mejorar el proceso judicial, más que la dureza de las penas.

Cancino, por su parte, considera que antes de pensar en la propuesta, el Estado debería hacerse una pregunta: “¿La decisión que se va a tomar (en este caso la cadena perpetua) sirve para prevenir que sigan dañando niños? Si la respuesta es sí, entonces efectivamente se deben implementar las medidas. De lo contrario, no”.

 

Viernes, 18 Enero 2019

Explicador: Lo que se sabe hasta el momento del atentado en la Escuela General Santander

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Muchas cosas se han especulado sobre la bomba que fue ingresada el jueves en un carro a la Escuela de Cadetes de Policía. Para que estén bien informados y no coman cuento, Colombiacheck les cuenta qué han confirmado hasta el momento las autoridades.

El jueves 17 de enero hubo una explosión al sur de la ciudad de Bogotá, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (Ecsan), la principal institución de educación superior de la Policía Nacional de Colombia.

Desde ese momento, comenzó a circular información en medios de comunicación y redes sociales intentando esclarecer qué fue lo que pasó. Pero también se hicieron virales especulaciones sobre los hechos (vea: Ningún perro murió en el atentado en Bogotá), sus autores (lea: El youtuber Auronplay no es alias “Naruto” ni es el responsable del atentado en Bogotá) y posibles teorías de conspiración (recomendado: María del Rosario Guerra no trinó sobre el atentado de Bogotá antes de que sucediera).

En esta nueva entrega del Explicador, Colombiacheck decidió revisar qué han dicho hasta el momento las autoridades competentes del Estado sobre lo ocurrido en el atentado y los actores que lo perpetraron, de manera que usted, lector, no caiga en desinformaciones.

Esto es lo que, hasta el momento, han confirmado las autoridades que están investigando el hecho (estaremos actualizando esta nota cuando se conozca nueva información):

El hecho

A las 9:29 de la mañana una camioneta Nissan Patrol de placas LAF 565 llegó a la Ecsan, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía que fue anunciada en la mañana de hoy en una rueda de prensa por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Según el ministro de defensa Guillermo Botero, el auto se ubicó en la entrada de la Autopista Sur, por donde ingresan exclusivamente vehículos de carga. El conductor aprovechó que las puertas se abrieron para darle salida a unas motos, e ingresó a la Ecsan “sin respetar a los guardias de seguridad”, dijo Botero en la misma rueda de prensa. Botero también señaló que los agentes “inmediatamente comienzan a avisar a los demás guardias de la institución”.

El jefe de seguridad, el Comandante Holger Abdel González González, reportó por radio el ingreso del vehículo de forma irregular, según el ministro, y más adelante, en su avance, el conductor se topó con un auxiliar de policía quien ya había sido informado de la entrada irregular del vehículo.

Sobre las 9:32 de la mañana, de acuerdo con la Fiscalía, la camioneta explotó frente a uno de los edificios que sirve de dormitorio para mujeres en la Ecsan.

Noticias Uno, no obstante, publicó una nota con una versión sobre el recorrido que habría hecho el carro dentro de la Escuela de Cadetes que difiere de la entregada por las autoridades. Según el noticiero, las cámaras de seguridad de la institución dan pruebas de las fallas de seguridad en la Ecsan que permitieron que se llevara a cabo el atentado.

Por otro lado, reportaron varios medios, ayer se llevaba a cabo una ceremonia de graduación de unos uniformados en la Escuela. Por esto, en redes sociales se especuló que ese escenario sería el objetivo de la bomba. Sin embargo, hasta el momento, ni la Fiscalía, ni el Ministerio de la Defensa ni la Policía Nacional han confirmado esa tesis.

El conductor

Según el ministro de defensa, el autor material del hecho es José Aldemar Rojas Rodríguez, alias ‘Mocho’ o ‘Kiko’. No obstante, varios medios han reportado que su alias era “Mocho Kiko”.

De acuerdo con Martínez, la investigación partió por buscar quién era el propietario del vehículo que ingresó a la Ecsan. Encontraron que el dueño del vehículo era Rojas Rodríguez.

La Fiscalía imprimió la fotografía del sospechoso y se la mostró a tres guardas de la escuela, “quienes identificaron plenamente a la persona que había ingresado irregularmente a las instalaciones de la escuela” según dijo Martínez.

“Se ha podido establecer que entre 2008 y 2010 como explosivista [José Aldemar Rojas] perdió su mano derecha. Nació en Puerto Boyacá en 1962 y desde 1994 se desempeñó como miliciano del ELN (Ejército de Liberación Nacional)” informó Botero, quien entregó esta presentación a los medios y a la opinión pública:

Presentación Ministro de Defensa

El alias de Rojas ha causado confusión, pues en 2016 fue abatida otra persona conocida con el alias “Mocho” (que también era conocida con el alias “Franklin”) con nexos con el ELN. Sin embargo, como explica La Silla Vacía, se trataba de una persona completamente diferente de Rojas, que operaba en una zona diferente del país. Según La Silla, “los dos tenían el mismo alias porque les faltaba una extremidad, pero de forma diferente: ‘Franklin’ no tenía un brazo y ‘Quico’ había perdido su mano derecha”.

Una nota de la revista Semana causó más confusión al respecto pues (como se ve en pantallazos y en otros medios que reprodujeron la nota) originalmente afirmaba sobre Rojas que “aunque su cuerpo fue despedazado por la explosión, ambas manos fueron encontradas en el lugar de los hechos”. La afirmación causó sospechas, pues parecía contradecir la información de que Rojas era manco. Sin embargo, Semana actualizó su nota, que ahora afirma que “su mano izquierda fue encontrada en el lugar de los hechos”.

Por su parte, Martínez dijo que la mano izquierda del conductor fue encontrada en el campo de paradas de la Escuela, mano “a la cual se realizó la necrodactilia que permitió establecer que correspondía” con la identidad de José Aldemar Rojas.

Según la Fiscalía, lo que han encontrado es que este hombre es miembro del ELN, pues unas fuentes entrevistadas anoche “lo vinculan al ‘Frente de Guerra Oriental’ como explosivista a la Comisión de Inteligencia de dicho frente del ELN”.

¿Atentado suicida?

En redes sociales se estuvo especulando sobre la posibilidad de que el atentado hubiera sido realizado por Rojas Rodríguez con la intención de suicidarse en el hecho. Pero esto fue lo que dijo el ministro Botero al respecto: “No existe hasta el momento ningún elemento que permita concluir que esta persona se suicidó. Lo que se tiene claro es que los explosivos se activaban con un dispositivo electrónico”.

Otros sospechosos

El fiscal Martínez informó que a través de interceptaciones telefónicas dieron con el nombre de Ricardo Andrés Carvajal, a quien capturaron a las 2:30 de la mañana de hoy en un allanamiento realizado por la entidad. Carvajal, “de acuerdo con las evidencias técnicas que reposan en el sistema Esperanza [el sistema de interceptaciones de la Fiscalía General], reconoce participación en el acto terrorista”, dijo Martínez (aunque las grabaciones no se han puesto a disposición del público ni de la prensa por ahora).

Ricardo Andrés Carvajal, por su parte, declaró ser inocente y no estar relacionado con el atentado. Esto fue lo que le dijo a la prensa: "Yo estoy con las víctimas, yo no hice nada, no participé con ellos en nada; o sea con los grupos que me acusan yo no he hecho nada".

Hasta el momento no se conoce de ningún otro sospechoso relacionado con atentado, pero según Martínez, “la Fiscalía imputará responsabilidad a título de autores intelectuales, por responsabilidad por línea de mando, a los miembros del Coce (Comando Central) del ELN”.

El ELN

En la noche del 20 de enero, el Ejército de Liberación Nacional admitió su responsabilidad en el atentado a través de su portal web. En el comunicado, manifestó que la operación realizada contra las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía, al ser una instalación militar, es lícita dentro del derecho de la guerra, pues "no hubo ninguna víctima no combatiente".

Comunicado del ELN.

Ese grupo ya se había pronunciado el pasado 17 de enero para controvertir una nota de Caracol Radio en la que se asegura que "ese grupo guerrillero no ha aceptado la autoría, de hecho, en comunicación con Caracol Radio, su jefe negociador, Pablo Beltrán, dijo que internamente determinarán si hubo o no participación”.

En un trino desde la cuenta que el ELN usaba para informar sobre las negociaciones de paz con el gobierno, @eln_paz, el grupo guerrillero dijo: "es falso que Pablo Beltrán hoy se haya comunicado con @CaracolRadio para referirse a los hechos ocurridos en la escuela de la Policía".

Pantallazo en cache de un retweet del trino del ELN.

Este mensaje ahora está inaccesible, pues Twitter suspendió cuatro cuentas del ELN: la ya mencionada @eln_paz, además de @Urbano_ELN, @ELN_Voces y @ELN_RANPAL_COL. Aunque Twitter no se ha pronunciado oficialmente sobre la razón de la suspensión de estas cuentas, en varios medios se especula que la razón fue este trino que parecía anunciar el atentado:

Trino Frente Urbano ELN.

Por su parte, el viernes 18 de enero, el presidente Iván Duque dijo en una alocución presidencial que "el ELN no tiene ninguna genuina voluntad de paz" y anunció que levantaría la mesa de negociación con el ELN instalada en Cuba. 

Duque también dijo que le revocaría los privilegios a los miembros negociadores del ELN: "he ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol”.

Además, el presidente  le pidió al gobierno cubano que capture a los miembros del ELN que se encuentran en ese país "y entregarlos a las autoridades policiales colombianas".

Otros grupos armados

En redes sociales se dijo que José Aldemar Rojas pertenecía a la desmovilizada guerrilla de las Farc. Sin embargo, lo que dijo el ministro Botero es que Rojas intentó ser incluido en la lista de este grupo, a través de los Frentes 10 y 45, para obtener beneficios producto del proceso de paz con el gobierno del expresidente Santos, “pero fue tajantemente rechazado en tres oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las Farc”.

Por otro lado, no hay evidencia alguna que muestre que esto haya sido realizado conjuntamente con otro grupo armado ilegal, anunció Botero; “La información recaudada en las últimas horas permite concluir que exclusivamente es del ELN”.

Las víctimas

En la rueda de prensa, el Director General de la Policía, Óscar Atehortúa, dijo que ayer fueron llevadas a distintos hospitales 68 personas que resultaron heridas por el atentado. De estas, 59 ya fueron dadas de alta y las otras nueve se encuentran aún a la espera de un dictamen médico concluyente. Otras tres personas más fallecieron después de recibir tratamiento médico.

El director confirmó que, hasta el momento, hay 21 personas fallecidas, entre las cuales está el terrorista del vehículo. Los otros 20 son cadetes de la escuela, uno de ellos la ecuatoriana Érica Chicó. El presidente del vecino país, Lenín Moreno, se pronunció a propósito de su fallecimiento:

Relación del atentado con Venezuela o el apoyo del régimen de Nicolás Maduro

Otra tesis que se planteó durante el día de ayer tenía que ver con que posiblemente el auto venía desde Venezuela y contaba con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. El Ministro Botero dijo que “hasta el momento no hay información que pueda asegurarlo. Lo que se sabe es que hay comandantes guerrilleros ubicados en territorio venezolano”.

A propósito de esto, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que en el pasado el canciller Carlos Holmes Trujillo había solicitado información al gobierno de Venezuela sobre miembros del ELN que están en el territorio del país vecino, información que verificamos, pues el 4 de enero de este año Noticias 1 publicó la noticia.

[Nota actualizada el 21 de enero de 2019].