Desde antes de que el expresidente Álvaro Uribe fuese condenado en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal, la jueza a cargo del veredicto, Sandra Heredia, ha sido objeto de ataques por su supuesta simpatía con la izquierda.
Los señalamientos surgieron luego de una nota de Semana en la cual allegados a la funcionaria sugirieron esa tendencia. Entre los mensajes en su contra figura uno de Dany Hurtado (@danyhurtado_2), quien apuntó a que la jueza sería incluida en la llamada ‘Lista Clinton’, donde Estados Unidos registra a personas y entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro.
“Donde la juez petrista, Sandra Heredia, amiga de Iván Cepeda, condene injustamente a Uribe por presiones y motivaciones políticas del petrismo, ingresarían inmediatamente a la Lista Clinton, ella y toda su familia” (sic), dijo con el pantallazo de un artículo de El Tiempo.
En este explicador contaremos cuáles son los ataques a Heredia, por qué su supuesta inclusión en la ‘Lista Clinton’ es apenas una especulación sin base, de qué trata precisamente este mecanismo y lo que ha dicho el gobierno de Donald Trump antes y después del fallo contra Uribe.
Contra la jueza Sandra Heredia ha habido una serie de señalamientos de supuestamente tener simpatía por la izquierda, de ser ‘zurda’ y petrista. Esto después de que la revista Semana divulgó la nota ‘La historia de la jueza que fallará sobre Álvaro Uribe. Su familia en el Tolima es conservadora, pero quienes la conocen aseguran que ella es de izquierda’.
En el artículo, el medio citó bajo reserva a “compañeros del colegio” de Heredia en su pueblo, Alpujarra, Tolima, quienes la calificaron “como una persona con ‘ideología de izquierda’”. Políticos, como el presidente, Gustavo Petro, y periodistas cuestionaron la falta de rigor de la publicación y por alentar a su entender una “presión judicial”
Desde ese momento y luego de la condena a Uribe, en X se dispararon las menciones a los términos “jueza” + “izquierda”, “jueza” + “petrista”, “jueza” + “zurda”, según la plataforma de análisis digital Meltwater, a la cual tenemos acceso a través de nuestros aliados del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Trinos, algunos hechos por cuentas desinformadoras, se unieron al ataque:
La usuaria @danyhurtado_2 aseguró que la jueza y su familia “ingresarían inmediatamente a la Lista Clinton” luego de condenar a Uribe. Como argumento, adjuntó un pantallazo de una nota de El Tiempo, la cual, sin embargo, no tiene relación con su afirmación.
En el artículo, titulado ‘Estados Unidos sigue de cerca el desenlace del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez’, el diario explica que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, controlado por el gobernante Partido Republicano, se declaró preocupado por “violaciones al debido proceso” del exmandatario.
Las críticas contra el caso llevaron a congresistas a aprobar, en el proyecto de ley para el presupuesto del año fiscal 2026, una reducción a la mitad de la ayuda estadounidense a Colombia. La publicación también menciona la retaliación de Trump contra Brasil, al imponerle aranceles del 50% a sus exportaciones por el enjuiciamiento al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
En ninguna parte, la nota menciona la inclusión de algún funcionario colombiano o incluso brasileño, con base en la situación citada, en la conocida Lista Clinton de actores sancionados por Estados Unidos.
La ‘Lista Clinton’ es el término por el que es conocido un listado de personas y entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El mecanismo fue creado por el expresidente Bill Clinton en 1995, razón por la cual lleva su apellido.
Aquí se incluyen a personas, entidades y agentes económicos que, de acuerdo con las leyes estadounidenses, están relacionados con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, lavado de activos o terrorismo.
La lista en realidad no es una sola sino que está conformada por sublistas, como la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) y la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT), la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, etc.
Según la OFAC, para incluir a una persona en su registro de sancionados considera información de diversas fuentes, tales como, agencias gubernamentales estadounidenses pertinentes, gobiernos extranjeros, paneles de expertos de las Naciones Unidas, prensa y otros informes de fuentes abiertas.
Investigadores de la oficina revisan la información y los hallazgos son documentados en un memorando probatorio formal donde se determina si la persona cumple uno o más de los criterios especificados en la autoridad sancionadora. Antes de tomar una decisión final, el informe se somete a una revisión de los Departamentos del Tesoro, Justicia, Estado y otras agencias estadounidenses.
En una revisión de los sancionados por Estados Unidos, en la página https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, encontramos 367 resultados vinculados con Colombia. La mayoría son empresas, de las cuales una tercera parte están en la SDNT. Entre los resultados, no aparece Heredia.
Ni antes ni después de conocerse el fallo contra Uribe, el gobierno de Trump ha mencionado acciones en respuesta como lo hizo en el caso de Brasil. El secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció ayer cuestionando la sentencia por constituir un “precedente preocupante” y elogió al exmandatario por “luchar incansablemente por defender a su patria”.
Former Colombian President Uribe’s only crime has been to tirelessly fight and defend his homeland. The weaponization of Colombia’s judicial branch by radical judges has now set a worrisome precedent.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 28, 2025
Un sector republicado centrado en Florida e históricamente cercano a Uribe también criticó la sentencia. El senador Bernie Moreno, de origen colombiano, equiparó la situación con el deterioro institucional del régimen chavista. “Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad. Ya hemos visto esta película en Venezuela”, dijo.
El representante Mario Díaz-Balart alertó sobre una “persecución política” y “el avance de fuerzas de extrema izquierda que controlan a Gustavo Petro”. Mientras que la congresista de ascendencia cubana María Elvira Salazar indicó que se había consumado “una infamia contra Álvaro Uribe”.
Estos reparos fueron calificados por el presidente Petro como “una intromisión a la soberanía nacional” y pidió el respeto de los jueces. La Embajada de Colombia en Estados Unidos afirmó que el poder judicial del país actuaba con plena autonomía e independencia.
No obstante, con respecto al proceso judicial contra Bolsonaro en Brasil por intento de golpe de Estado, la posición de la administración Trump ha sido más dura, dada la cercanía de ambos personajes.
El gobierno estadounidense le impuso aranceles de hasta 50% al Gigante Suramericano para todas sus exportaciones y castigó al juez de la Corte Suprema y relator del caso de golpismo, Alexandre de Moraes. Al funcionario, sus aliados en el tribunal y familia les revocaron el visado (1, 2).
Hasta ahora, no se ha anunciado la inclusión de figuras del poder Ejecutivo o Judicial de Brasil en la ‘Lista Clinton’.
En conclusión, la teoría lanzada sobre la inclusión de la jueza del caso de Uribe, Sandra Heredia, en el mecanismo de sanciones de Estados Unidos no tiene asiento, sin embargo, tomó fuerza en un contexto en el que las conjeturas sobre su simpatía por la izquierda aumentan para atacarla en redes y desconocer la decisión.