América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia, con una quinta parte de las muertes mundiales. Sin embargo, el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la región está siendo bastante lento, en gran parte por la falta de vacunas: del total de dosis que se aplicaron  en el mundo (alrededor de 277 millones), solo el 5,4% se dieron en la región (alrededor de 15 millones), y en varios países hubo dificultades en el acceso y falta de transparencia en la forma en la que se asignaron.

A su vez, hubo varias denuncias por irregularidades en el proceso de vacunación. La red LatamChequea, que coordina Chequeado y nuclea a más de 30 organizaciones de verificación de datos en Latinoamérica, entre ellas Colombiacheck, realizó un repaso por las campañas de vacunación en cada país y el nivel de transparencia en cada uno de los procesos. 

Cuáles son los grupos prioritarios en cada país

La mayoría de los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y México, cuentan con un plan de vacunación estratégica que prioriza al personal de salud, personal esencial y adultos mayores. Aunque en líneas generales son parecidos, en algunos como el de Colombia o Guatemala, tiene en mayor detalle quiénes componen cada grupo y en qué orden van. En otros, como el de Perú, se encuentran en la primera fase el personal de salud junto con otros grupos como el personal de las Fuerzas Armadas y Policiales. Sin embargo, se resolvió agregar también a los adultos mayores de 60 años dentro de los primeros grupos prioritarios. 

Una de las excepciones es Venezuela, donde todavía no está publicado el plan oficial de vacunación. En una conferencia de prensa, el presidente venezolano, Nicolás Maduro,  anunció que, además del personal sanitario, se le iba a dar prioridad a altos cargos del Gobierno, entre los que se encuentran gobernadores, alcaldes y diputados.

Por otro lado, en Bolivia tampoco hay un plan de vacunación publicado, aunque en un encuentro internacional se presentaron los criterios de priorización en la aplicación de las vacunas, que son parecidos al del resto de los países latinoamericanos. Por su parte, en República Dominicana se difundieron los detalles del plan de vacunación en una conferencia de prensa. 

La directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Noelia Garone, explicó a Chequeado que hay casos de “falta de transparencia y falta de acceso a datos actualizados, detallados y oportunos respecto de la implementación de los planes, como por ejemplo cuáles son los grupos prioritarios y quiénes componen a esos grupos, quiénes integran el personal de Salud, quiénes el personal estratégico y quiénes son los funcionarios y funcionarias que deben acceder a la vacuna”. 

“Por otro lado, hay planes que todavía no han mostrado cómo se va a implementar la campaña de vacunación en poblaciones marginadas o históricamente vulneradas, como pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes o refugiados”, observó Garone y agregó que en “una región de altos índices de discriminación sistémica, los planes de vacunación deberían transparentar cómo va a impactar el plan, y cómo estos grupos van a poder acceder a la vacuna”.

Qué tan abiertos son los datos sobre las personas vacunadas

En la mayoría de los países hay pocos datos actualizados acerca de cómo se está implementando el plan de vacunación. Brasil es uno de los países que cuenta con información más detallada sobre las personas vacunadas. El Ministerio de Salud brasilero difunde datos de la edad, sexo biológico, raza, grupo prioritario, profesión y ciudad de residencia de las personas vacunadas, así como también precisa la unidad de salud, fecha de vacunación, y el tipo y lote de vacuna.

Por otro lado, en Perú los datos disponibles sobre las personas vacunadas son: fecha y si es grupo de riesgo, edad, sexo, número de dosis, fabricante de la vacuna y ubicación. Por su parte, en Chile también están disponibles los datos por sexo, región y criterio de vacunación. En la Argentina se encuentran disponibles los datos sociodemográficos y la condición de vacunación en el Monitor Público de Vacunas, algo que se implementó luego del #VacunaGate, el caso que reveló que funcionarios que no están en los grupos prioritarios, junto con familiares y amigos, fueron vacunados. Por su parte, en Guatemala hay datos sobre la cantidad de dosis dadas por establecimiento y por población priorizada. 

Otros países como Bolivia, Colombia, Costa Rica y México anuncian la cantidad de dosis aplicadas por medio de conferencias de prensa o partes oficiales diarios, pero no hay un sistema integrado de información sobre el proceso de vacunación que habilite su seguimiento y control. 

Por otro lado, en República Dominicana y Venezuela comenzaron hace muy poco la campaña de vacunación y todavía no tienen sistemas centralizados de información. 

Ninguno de los países tiene un listado con datos detallados de funcionarios y funcionarias que accedieron a la vacuna. En la Argentina, tras la polémica por el vacunatorio VIP, la nueva ministra de Salud de la Nación, Carla Vizotti, anunció que se creará un listado público de todas las personas vacunadas consideradas “estratégicas” por ocupar cargos públicos. 

“Consideramos que todo plan de vacunación debe proteger los datos personales e intimidad de las personas y no consideramos que sea necesario el nombre y apellido de los que accedieron a la vacuna de la población general porque podría ser una violación al derecho a la intimidad y privacidad”, explicó Garone y añadió que en el caso particular de funcionarios y funcionarias públicas “podría publicarse y sería esperable que se conozca quienes son los funcionarios y funcionarias que acceden a la vacuna”. 

Por su parte, la Agencia de Información Pública de Argentina coincide en que se pueden publicar “datos básicos sobre las personas vacunadas como edad y sexo de la persona, fecha de vacunación, etapa del plan de vacunación, pero no aquellos datos que permitan identificarla” y argumentó que “la información relativa a si un funcionario o empleado público ha recibido una vacuna contra el COVID-19 debe ser considerada pública”, ya que “cuentan con una menor expectativa de privacidad que el resto de las personas”, “la compra de las vacunas fue realizada con fondos públicos” y “la ciudadanía debe poder controlar a quien el Estado argentino considera "personal estratégico".

Perú, Chile, Brasil y la Argentina: las irregularidades en la distribución de las vacunas

En varios países latinoamericanos se conocieron casos de funcionarios públicos, empresarios o familiares y conocidos de estos que se saltearon la fila de vacunación. En Perú y la Argentina hubo renuncias por parte de los ministros de Salud, mientras que en Ecuador el actual ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, enfrenta un juicio de destitución tras haber recibido denuncias por derivar vacunas a un geriátrico donde vivían familiares suyos. 

En Perú se dio a conocer que el ex mandatario Martín Vizcarra (quien fue destituido en noviembre último por el Congreso Nacional), la ex ministra de Salud, funcionarios de alto rango del Estado, y hasta personas ligadas a laboratorios peruanos y clínicas se vacunaron entre septiembre de 2020 y enero de este año con dosis de la vacuna Sinopharm que habían llegado al país en el marco de la realización de la fase III de los ensayos clínicos de Sinopharm en el país. La comisión investigadora formada para establecer responsabilidades del caso, determinó que 470 personas recibieron las vacunas. Inicialmente se dio a conocer una  lista de 487 vacunados, donde se presentaban  nombres repetidos. El caso, llamado por los medios como el #VacunaGate, está en investigación en el Congreso, la Fiscalía y el Ministerio de Salud. 

A mediados de febrero último en la Argentina, se generó un escándalo por la declaración  del periodista Horacio Verbitzky, quien contó en una radio que había sido vacunado en el Ministerio de Salud luego de llamar al entonces ministro de Salud, Ginés González García. Esto generó la renuncia del ministro y la publicación de la lista de personas que se habían vacunado de manera irregular. A raíz de esto, se hicieron públicas varias denuncias sobre otras irregularidades en el proceso de vacunación en el país, como la denuncia por vacunación de personal no esencial en las localidades de Henderson y Chivilcoy, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Por otro lado, existen denuncias en al menos 12 estados de Brasil de políticos, empresarios y funcionarios públicos que recibieron dosis de la vacuna CoronaVac sin formar parte de los grupos prioritarios definidos por los gobiernos federal y estatal. También se conocieron denuncias por casos en los que se aplicaron vacunas “de aire”, es decir vacías, a personas mayores. Todavía se está investigando si estos hechos fueron negligencias por parte del personal médico o si existen otras razones.

Otro país donde se conocieron irregularidades fue Chile, que tiene el mayor porcentaje de personas vacunadas de la región. Con la publicación de los datos sobre las personas vacunadas se hizo pública que, hasta la fecha, se vacunaron 116 mil personas que  corresponden a la "población sana" (es decir, que no pertenecen a los grupos prioritarios), lo que no respeta los calendarios de vacunación establecidos. Varias de estos casos se dieron en municipios que decidieron adelantar la vacunación de grupos no prioritarios como deportistas y trabajadores de ferias libres, entre otros. El Ministerio de Salud de Chile advirtió sumarios sanitarios para las entidades administradoras que incumplan con el calendario, y reiteró el llamado a los alcaldes y a la población en general de vacunarse en las fechas que corresponde.

Por otra parte, en México no se han confirmado casos irregulares de vacunación de líderes políticos o a sus familias, aunque hubo algunos casos (ver acá y acá) de directores de hospitales que se saltearon las filas de vacunación y  supuestas irregularidades reportadas por el personal médico sobre  "personal no prioritario" que ha sido inmunizado antes que algunas otras personas que sí se encuentran en la primera línea.

Algo parecido ocurrió en Bolivia donde hasta ahora no hay denuncias de vacunación a líderes políticos pero sí se investigan al menos 9 casos de médicos y trabajadores administrativos de hospitales que incluyeron en las listas de vacunación a familiares o personas que no estaban en el grupo priorizado en los primeros lotes, destinados al personal de salud y adultos mayores con enfermedades de base (ver acá, acá y acá).

“Las distintas denuncias por vacunación irregular muestran que prevalecen dos fenómenos a los cuales debemos combatir: por una parte vimos prácticas de privilegio con lógicas de amiguismo y de conducta arbitraria en la asignación de un bien que es absolutamente preciado en este momento, y del que depende la salud de las personas, por lo cual hay que reforzar allí una definición del proceso de vacunación siempre basado en la igualdad”, explicó a Chequeado Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del Programa Apertura del Poder Judicial y Acceso a la Justicia de la organización argentina ACIJ. 

“Por otro lado, tampoco hay que fomentar un proceso de vacunación que esté basado en la competencia desigual por el acceso a los turnos: es fundamental que el proceso de vacunación garantice que todas las personas, también de aquellas que no cuentan con acceso a internet o con los conocimientos para hacerlo, puedan acceder a los turnos en condición de igualdad”, continuó Caprarulo y agregó que “tenemos que garantizar que en todos los casos la vacunación sea hecha atendiendo sobre todo a los sectores más vulnerabilizados, y garantizando una distribución plenamente igualitaria, sin privilegios y sin condiciones de competencia que favorezcan y se monten en condiciones de discriminación estructural”. 

clo