La revelación de los primeros capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad han generado una serie de confusiones sobre las funciones, la metodología de investigación que se llevó a cabo, la información en él consignada e incluso los alcances jurídicos que esta entidad, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, tiene.
Y uno de los más recurrentes es el que tiene que ver con la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales, en redes sociales como Twitter algunos usuarios publicaron mensajes que le atribuyeron a la entidad la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales en el país por hechos del conflicto armado ocurridos entre 2002 y 2008.
Otros la desvirtuaron al indicar que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, tiene otras estadísticas al respecto, pese a que esa entidad fue la que reveló por primera vez, el número el 12 de febrero de 2021, en un documento judicial.
Una de las figuras más prominente en esta cadena de desinformación es la del ex candidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, quien escribió el siguiente trino el 30 de junio pasado a las 7:09 a.m.: “la mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.
Su tuit estuvo acompañado de un video de 4:02 minutos con la intervención que Gómez Martínez hizo en Semana TV durante un debate sobre “las polémicas detrás del final de la Comisión de la Verdad”, llevado a cabo el día de la presentación del informe final y en el que participó junto a Carlos Antonio Velásquez, militar de la reserva, y Guillermo Rivera, exministro del Interior.
En ese espacio también volvió a mencionar la cifra de 6402 para desestimar el dato al decir que “en el caso lamentable de excesos operacionales, que se han hecho llamar ‘falsos positivos’, ahí el país entero cabalga sobre la mitología de las 6402 víctimas. Hoy no hay más de 800 casos que se hayan radicado ante la JEP en los que hayan víctimas, es decir, una persona que haya fallecido por los excesos operacionales y esas acciones ilegales, ilegítimas y ajena a la estructura operacional de la fuerza pública”.
En Colombiacheck ya verificamos como falsas las afirmaciones hechas por Gómez, en este chequeo titulado: Es falso que casos de ‘falsos positivos’ que investiga la JEP sean solo 800, como dijo Enrique Gómez.
Pues encontramos que “el análisis de Gómez deja varias preguntas y encontramos que el excandidato, con sus intervenciones, desconoce información que la misma Fiscalía ha presentado a la justicia transicional y a la Corte Penal Internacional sobre la magnitud del fenómeno de ‘falsos positivos’; indica conocer información del proceso de Justicia y Paz, donde no caben este tipo de investigaciones; y minimiza su interpretación a lo que expertos consideran busca referirse a las acreditaciones ante la JEP. Por eso, calificamos sus aseveraciones como falsas”.
Sin embargo, Enrique Gómez Martínez no fue el único en Twitter que mencionó la cifra en el contexto de la discusión sobre el informe final publicado por la Comisión de la Verdad, también lo hicieron los tuiteros @hppinotauro y @churchil1955.
El primero de ellos publicó, sin dar el crédito a Enrique Gómez, exactamente lo que el excandidato presidencial había dicho en el trino anteriormente citado: “La mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.
El segundo usuario escribió la publicación: “Hoy tuve la oportunidad de asistir a la entrega del “Informe de la verdad”; en la ciudad de Medellin. Se mencionaron los supuestos 6.402 falsos positivos, pero de los más de 230 mil soldados y policías de la patria asesinados, hubo un silencio doloroso. “Comisión de la Verdad?”
Las citas de la cifra en los dos trinos anteriores, así como el del excandidato presidencial, son falsas si se tiene en cuenta que el dato de 6.402 ejecuciones extrajudiciales no es autoría de la Comisión de la Verdad, entidad que citó a la JEP en su informe final al mencionar la estadística.
La cifra citada en los mensajes de Twitter, y pronunciada también en el ‘live’ de la revista Semana por Enrique Gómez Martínez, tiene orígenes en la JEP y que vale la pena explicar para aclarar que no es un hallazgo nuevo del informe final de la Comisión de la Verdad sino que fue producto un cruce de informaciones que hizo la Jurisdicción Especial en el Caso 03.
El número de cuatro dígitos es citado dos veces en la primera entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, CEV, y desde la primera mención le atribuyen la autoría de la estadística a la JEP, que reveló por primera vez el número 6.402 en el Auto 033 del 12 de febrero de 2021 en el que hizo pública la priorización del Caso 03 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (nombre cambiado posteriormente por la entidad a ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’).
Es importante explicar que la CEV y la JEP funcionan de manera independiente y hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Cada una cumple un rol en el esclarecimiento de lo que durante décadas ha sucedido en el conflicto armado colombiano para tratar de acercarse a la verdad histórica, judicial y humanitaria de los efectos de la guerra, como lo explicamos en este artículo titulado: Estas son las diferencias entre la JEP y la Comisión de la Verdad.
Tras el acto de socialización del informe final de la Comisión de la Verdad, cuyas entregas se han hecho de manera paulatina desde el 28 de junio pasado, en Twitter algunos usuarios han hecho referencia a la cifra de 6.402 en mensajes que contienen discusiones en torno al informe final de la CEV, entidad creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 para contribuir al esclarecimiento del conflicto armado.
Se trata del AUTO No. 033 del 12 de febrero de 2021 que fue divulgado mediante comunicado de la Jurisdicción Especial el 18 de febrero de ese mismo año. En el boletín se informa que el “proceso de contrastación de información” incluyó cuatro bases de datos que fueron cruzadas para obtener que “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66 % del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo”.
En el documento de 43 páginas, firmado por cinco magistrados de la ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de los hechos y conductas’, la JEP explica que se llegó al dato de 6.402 tras el “ejercicio de análisis, depuración y unificación de las cifras contenidas en los informes remitidos a la Sala de Reconocimiento sobre MIPCBC (Muertes Ilegítimamente Presentadas Como Bajas en Combate por agentes del Estado) por parte de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos”. Leer pie de página de hoja 6 del Auto 033 de 2021.
La ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de los hechos y conductas’ informó en el Auto 033 de 2021 que el trabajo adelantado por los magistrados mostró que “una vez identificados, depurados y unificados los registros duplicados en las bases de datos, se encontró que en total se registran 6.402 víctimas únicas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 a 2008”, esto durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
En la página 12 del Auto 033 la JEP explica que Antioquia registró el 25 % del total de víctimas a nivel nacional de 2002 a 2008. “Es decir, casi una cuarta parte del total nacional. El año de mayor victimización en este departamento es el año 2004. Por su parte, el departamento del Meta concentra el 6% del total de la victimización registrada durante 2002 a 2008, siendo el año 2007 el de mayor victimización”.
No. La Jurisdicción Especial para la Paz dejó claro en el documento que la estadística presentada es un universo provisional de hechos que hacen parte del análisis del Caso 03, que está dividido en seis subcasos: Antioquia, Costa Caribe, Meta, Norte de Santander, Huila y Casanare, zonas escogidas a partir de la contrastación de la información entrega a la JEP por entidades gubernamentales, la sociedad civil y los comparecientes, que para febrero de 2021 eran 388 que habían entregado versión a la Jurisdicción en 442 sesiones.
En el documento difundido hace dos años el alto tribunal indicó que los informes que sustentan la cifra de 6.402 son objeto de contrastación constante por parte de la Sala de Reconocimiento, por lo que no es exacto que se llegue a afirmar que es una estadística final e inmodificable. “Esta cifra (6.402) está siendo constantemente actualizada, incluyendo los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias y los datos provenientes de la Justicia Penal Militar, algunos de los cuales han sido recaudados por la Sala por medio de inspecciones judiciales y otros han sido remitidos por esa Jurisdicción”, se lee en el Auto 033 de 2021.
La Comisión en el informe ‘Hallazgos y recomendaciones’, de 896 páginas, cita en las páginas 147 y 544 la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.
La mención es para atribuirle a la JEP el dato de que el fenómeno se registró en 31 departamentos del país y que pese a que existe un subregistro de años anteriores, el periodo de 2002 a 2008 “agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro en el periodo comprendido entre 1978 y 2016 (8.208 personas asesinadas en ese tipo de acciones)”.
Sí. La CEV ha planteado en el informe de ‘Hallazgos y recomendaciones’ una variación de la cifra de 6.402 al hacer referencia a que entre 1978 y 2016 hubo 8.208 casos de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como dadas de baja en combates. De ese número, ha indicado la entidad, el 78 % de los sucesos tuvieron lugar entre 2002 y 2008.