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Lunes, 01 Agosto 2022

¿De dónde salió la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales?

Por Andrés Felipe Carmona B. especial para Colombiacheck

El número de víctimas de los mal llamados 'falsos positivos' fue revelado por primera vez en febrero del 2021 por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP: Sin embargo, en redes sociales algunos se la atribuyen a la Comisión de la Verdad. En este explicador dejamos detalles.

La revelación de los primeros capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad han generado una serie de confusiones sobre las funciones, la metodología de investigación que se llevó a cabo, la información en él consignada e incluso los alcances jurídicos que esta entidad, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016, tiene.

Y uno de los más recurrentes es el que tiene que ver con la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales, en redes sociales como Twitter algunos usuarios publicaron mensajes que le atribuyeron a la entidad la cifra de 6402 ejecuciones extrajudiciales en el país por hechos del conflicto armado ocurridos entre 2002 y 2008.

Otros la desvirtuaron al indicar que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, tiene otras estadísticas al respecto, pese a que esa entidad fue la que reveló por primera vez, el número el 12 de febrero de 2021, en un documento judicial.

Una de las figuras más prominente en esta cadena de desinformación es la del ex candidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, quien escribió el siguiente trino el 30 de junio pasado a las 7:09 a.m.: “la mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.

Su tuit estuvo acompañado de un video de 4:02 minutos con la intervención que Gómez Martínez hizo en Semana TV durante un debate sobre “las polémicas detrás del final de la Comisión de la Verdad”, llevado a cabo el día de la presentación del informe final y en el que participó junto a Carlos Antonio Velásquez, militar de la reserva, y Guillermo Rivera, exministro del Interior. 

En ese espacio también volvió a mencionar la cifra de 6402 para desestimar el dato al decir que “en el caso lamentable de excesos operacionales, que se han hecho llamar ‘falsos positivos’, ahí el país entero cabalga sobre la mitología de las 6402 víctimas. Hoy no hay más de 800 casos que se hayan radicado ante la JEP en los que hayan víctimas, es decir, una persona que haya fallecido por los excesos operacionales y esas acciones ilegales, ilegítimas y ajena a la estructura operacional de la fuerza pública”.

En Colombiacheck ya verificamos como falsas las afirmaciones hechas por Gómez, en este chequeo titulado: Es falso que casos de ‘falsos positivos’ que investiga la JEP sean solo 800, como dijo Enrique Gómez.

Pues encontramos que “el análisis de Gómez deja varias preguntas y encontramos que el excandidato, con sus intervenciones, desconoce información que la misma Fiscalía ha presentado a la justicia transicional y a la Corte Penal Internacional sobre la magnitud del fenómeno de ‘falsos positivos’; indica conocer información del proceso de Justicia y Paz, donde no caben este tipo de investigaciones; y minimiza su interpretación a lo que expertos consideran busca referirse a las acreditaciones ante la JEP. Por eso, calificamos sus aseveraciones como falsas”.

 

 

Sin embargo, Enrique Gómez Martínez no fue el único en Twitter que mencionó la cifra en el contexto de la discusión sobre el informe final publicado por la Comisión de la Verdad, también lo hicieron los tuiteros @hppinotauro y @churchil1955.

El primero de ellos publicó, sin dar el crédito a Enrique Gómez, exactamente lo que el excandidato presidencial había dicho en el trino anteriormente citado: “La mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira”.

El segundo usuario escribió la publicación:  “Hoy tuve la oportunidad de asistir a la entrega del “Informe de la verdad”; en la ciudad de Medellin. Se mencionaron los supuestos 6.402 falsos positivos, pero de los más de 230 mil soldados y policías de la patria asesinados, hubo un silencio doloroso. “Comisión de la Verdad?” 

Las citas de la cifra en los dos trinos anteriores, así como el del excandidato presidencial, son falsas si se tiene en cuenta que el dato de 6.402 ejecuciones extrajudiciales no es autoría de la Comisión de la Verdad, entidad que citó a la JEP en su informe final al mencionar la estadística. 

 

Los orígenes de la cifra 6.402 

La cifra citada en los mensajes de Twitter, y pronunciada también en el ‘live’ de la revista Semana por Enrique Gómez Martínez, tiene orígenes en la JEP y que vale la pena explicar para aclarar que no es un hallazgo nuevo del informe final de la Comisión de la Verdad sino que fue producto un cruce de informaciones que hizo la Jurisdicción Especial en el Caso 03.

El número de cuatro dígitos es citado dos veces en la primera entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, CEV, y desde la primera mención le atribuyen la autoría de la estadística a la JEP, que reveló por primera vez el número 6.402 en el Auto 033 del 12 de febrero de 2021 en el que hizo pública la priorización del Caso 03 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” (nombre cambiado posteriormente por la entidad a ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’).

Es importante explicar que la CEV y la JEP funcionan de manera independiente y hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.  Cada una cumple un rol en el esclarecimiento de lo que durante décadas ha sucedido en el conflicto armado colombiano para tratar de acercarse a la verdad histórica, judicial y humanitaria de los efectos de la guerra, como lo explicamos en este artículo titulado: Estas son las diferencias entre la JEP y la Comisión de la Verdad.

Tras el acto de socialización del informe final de la Comisión de la Verdad, cuyas entregas se han hecho de manera paulatina desde el 28 de junio pasado, en Twitter algunos usuarios han hecho referencia a la cifra de 6.402 en mensajes que contienen discusiones en torno al informe final de la CEV, entidad creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017 para contribuir al esclarecimiento del conflicto armado.

 

¿En qué documento de la JEP fue dado a conocer al país la cifra de 6.402?

Se trata del AUTO No. 033 del 12 de febrero de 2021 que fue divulgado mediante comunicado de la Jurisdicción Especial el 18 de febrero de ese mismo año. En el boletín se informa que el “proceso de contrastación de información” incluyó cuatro bases de datos que fueron cruzadas para obtener que “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66 % del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo”.

 

¿Cómo surgió la cifra de 6.402?

En el documento de 43 páginas, firmado por cinco magistrados de la ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de los hechos y conductas’,  la JEP explica que se llegó al dato de 6.402 tras el “ejercicio de análisis, depuración y unificación de las cifras contenidas en los informes remitidos a la Sala de Reconocimiento sobre MIPCBC (Muertes Ilegítimamente Presentadas Como Bajas en Combate por agentes del Estado) por parte de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos”. Leer pie de página de hoja 6 del Auto 033 de 2021.

 

¿Qué explicó la JEP?

La ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de los hechos y conductas’ informó en el Auto 033 de 2021 que el trabajo adelantado por los magistrados mostró que “una vez identificados, depurados y unificados los registros duplicados en las bases de datos, se encontró que en total se registran 6.402 víctimas únicas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 a 2008”, esto durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

En la página 12 del Auto 033 la JEP explica que Antioquia registró el 25 % del total de víctimas a nivel nacional de 2002 a 2008. “Es decir, casi una cuarta parte del total nacional. El año de mayor victimización en este departamento es el año 2004. Por su parte, el departamento del Meta concentra el 6% del total de la victimización registrada durante 2002 a 2008, siendo el año 2007 el de mayor victimización”. 

 

¿La estadística de 6.402 es definitiva y concluyente?

No. La Jurisdicción Especial para la Paz dejó claro en el documento que la estadística presentada es un universo provisional de hechos que hacen parte del análisis del Caso 03, que está dividido en seis subcasos: Antioquia, Costa Caribe, Meta, Norte de Santander, Huila y Casanare, zonas escogidas a partir de la contrastación de la información entrega a la JEP por entidades gubernamentales, la sociedad civil y los comparecientes, que para febrero de 2021 eran 388 que habían entregado versión a la Jurisdicción en 442 sesiones. 

En el documento difundido hace dos años el alto tribunal indicó que los informes que sustentan la cifra de 6.402 son objeto de contrastación constante por parte de la Sala de Reconocimiento, por lo que no es exacto que se llegue a afirmar que es una estadística final e inmodificable. “Esta cifra (6.402) está siendo constantemente actualizada, incluyendo los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias y los datos provenientes de la Justicia Penal Militar, algunos de los cuales han sido recaudados por la Sala por medio de inspecciones judiciales y otros han sido remitidos por esa Jurisdicción”, se lee en el Auto 033 de 2021. 

 

¿De qué manera es mencionada la cifra de 6.402 en los informes revelados por la Comisión de la Verdad?

La Comisión en el informe ‘Hallazgos y recomendaciones’, de 896 páginas, cita en las páginas 147 y 544 la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. 

La mención es para atribuirle a la JEP el dato de que el fenómeno se registró en 31 departamentos del país y que pese a que existe un subregistro de años anteriores, el periodo de 2002 a 2008 “agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro en el periodo comprendido entre 1978 y 2016 (8.208 personas asesinadas en ese tipo de acciones)”. 

 

¿En lo entregado hasta ahora por la Comisión de la Verdad se indica que hay más de 6.402 víctimas?

Sí. La CEV ha planteado en el informe de ‘Hallazgos y recomendaciones’ una variación de la cifra de 6.402 al hacer referencia a que entre 1978 y 2016 hubo 8.208 casos de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como dadas de baja en combates. De ese número, ha indicado la entidad, el 78 % de los sucesos tuvieron lugar entre 2002 y 2008.

 

Viernes, 17 Mayo 2019

Explicador: ¿qué es la justicia transicional?

Por Sania Salazar

En Colombia ha habido varios procesos de de justicia transicional, pero ¿qué son y cómo funcionan?

En el Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc para que ese grupo dejara las armas y se reincorporara a la vida civil se diseñó un sistema de justicia transicional ante el cual deben comparecer los actores del conflicto para responder por sus actos, pero también para “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, como se explica en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la entidad encargada de impartir esa justicia en este caso.

La labor de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Este es el más reciente proceso de justicia transicional creado en Colombia.

¿Qué es justicia transicional?

La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión se enfrentan a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada, como explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.

El libro Justicia Transicional en Equilibrio, de la editorial de la Universidad Javeriana, recuerda que según el ICTJ, la justicia transicional busca el reconocimiento de las víctimas y promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. “La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades en proceso de transformación después de un periodo agudo de abusos de los derechos humanos”.

¿Cuáles son los objetivos de la justicia transicional?

La ICTJ recuerda que los objetivos de la justicia transicional varían en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— son constantes.

Entre los objetivos complementarios que destaca la ICTJ figuran los siguientes:

-Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.

-Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos.

-Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.

-Respetar el Estado de derecho.

-Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.

-Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación.

-Fomentar la reconciliación.

¿Qué elementos la componen?

El libro Justicia Transicional en Equilibrio señala las siguientes:

Juicios: según la publicación, representan un esfuerzo por llevar ante la justicia a aquellos que han cometido violaciones de los derechos humanos y constituyen el más emblemático de los mecanismos de justicia transicional.

Comisiones de la verdad: “buscan descubrir la verdad acerca de las violaciones cometidas en el pasado. Algunos consideran que estas verdades son fundamentales para la reconciliación y la recuperación individual y social. Además, las comisiones de la verdad hacen rendir cuentas a los responsables, aunque no en un tribunal de justicia. Al poner al descubierto en público las acciones de los responsables, las comisiones de la verdad reconocen y condenan la violencia del pasado”.

Amnistías: “declaraciones oficiales de parte del Estado según las cuales los individuos o grupos acusados o condenados por cometer violaciones de derechos humanos no serán procesados , o no seguirán siendo procesados , o bien serán indultados por sus delitos y liberados de prisión”.

Reparaciones: “El pago de reparaciones es una forma cada vez más común de justicia transicional. Las reparaciones adoptan formas individuales, colectivas y simbólicas”.

¿De dónde viene la expresión “justicia transicional”?

La acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivas.

¿Por qué en la negociación con las Farc se optó por una justicia transicional y no por el camino de la justicia ordinaria?

“La cárcel no es la única forma de sancionar personas, hay sanciones como las restricciones efectivas de la libertad”, explica Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y miembro del grupo creador del capítulo de justicia transicional del Acuerdo Final con las Farc, quien además aclara que en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, también va a haber cárcel.

“Hay dos vías, la de los que dicen la verdad y la de los que no. Entre otras lo que es verdad va a ser confrontado, con la información que va a haber de la Fiscalía para ver quién está diciendo verdad y quién no. Los que dicen verdad exhaustiva, verificable, van por un canal que no va a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad, son de cinco a ocho años en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero donde no se van a poder mover de ese sitio. Los que no dicen verdad pasan a otra autopista que se divide a su vez en dos, los que terminan diciendo verdad antes del fallo, porque todos van a tener sentencias, esto es un tribunal judicial, entonces esos van a tener sanciones hasta de ocho años, intermedia, y los que no dicen verdad y los vencieron en juicio, van a prisión hasta por 20 años”.

“La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica: no se han adoptado de una sola vez, como un modelo integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de justicia transicional se ha ido, y sigue formándose, a través de una serie de piezas (leyes y políticas) sucesivas a lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en el diseño e implementación de las anteriores”, explica el Ministerio de Justicia.

Según ese ministerio, desde el 2005 se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas  y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas.

Los procesos más recientes son el que está haciéndose con la Farc y la negociación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, proceso que según el Ministerio de Justicia, desmovilizó 31.472 combatientes.