3 DATOS CLAVE:

1. La multinacional AngloGold Ashanti respaldó querellas contra habitantes de Jericó, Antioquia, que impedían con protestas las labores de exploración del proyecto minero Quebradona. Por uno de dichos procesos, 11 campesinos enfrentan un proceso penal con imputaciones por delitos como secuestro simple, lesiones personales y hurto calificado.
   
2. Al menos 37 perfiles en X (antes Twitter), que se dedican casi exclusivamente a promover un discurso de bienestar favorable al proyecto minero, publicaron durante 2025 numerosos mensajes contra los manifestantes judicializados. Detrás de las cuentas operan habitantes de las veredas que han sido beneficiarios de la empresa, así como empleados de la minera y sus familiares.
3. Esta red de perfiles, en conjunto con influenciadores externos, aprovechó picos de interacción y coyunturas críticas para atacar sistemáticamente a los opositores de Quebradona. Intentaron sabotear campañas de apoyo y tildaron a los campesinos de ser "falsos ambientalistas", "activistas prepagos", "secuestradores", "delincuentes" y "guerrilleros".

En la turbulencia de una protesta, dos hermanos desenfundan sus machetes. Se amenazan el uno al otro. Sólo la intervención del padre impide que el alegato escale a tragedia.

El motivo es un profundo desencuentro: uno defiende a los vecinos que permiten a la Minera de Cobre Quebradona realizar labores de exploración en la vereda. Otro integra la resistencia de la comunidad que exige detener todo trabajo en la región, en tanto el proyecto no cuente con licencia ambiental.

Porfirio Garcés recuerda la escena a la entrada de su casa en el corregimiento de Palocabildo. Ésta retrata la división de la ciudadanía de Jericó, Antioquia, un municipio colombiano de menos de 15.000 habitantes. Como allí nació la madre Laura Montoya, única colombiana canonizada por la Iglesia católica, miles de creyentes lo han convertido en destino turístico.

Zona montañosa de Jericó, vista desde la ciudad. Foto: Leidy Stephany Arenas Díaz

La raíz de la discordia no es visible; está oculta bajo las montañas del suroeste antioqueño, sembradas de café por los agricultores jericoanos en las veredas Quebradona, Palocabildo, Vallecitos, La Soledad, La Hermosa y Cauca. Aun así, el tesoro aún sepultado ya es un sueño, una ambición, una promesa presentada por la multinacional AngloGold Ashanti desde los informes de 2020 para sus accionistas: 2.900 millones de libras de cobre, 1,4 millones de onzas de oro y 21,6 millones de onzas de plata.

El costo ambiental de alcanzar tales riquezas es el de permitir que a base de taladros, explosivos y maquinaria pesada se abran túneles subterráneos, y se reemplace la cima de la montaña por un cráter tan profundo que podría sepultar casi dos veces un edificio de 50 pisos, y tan ancho que podría abarcar los principales estadios de Colombia: el Atanasio Girardot, el Pascual Guerrero, el Metropolitano de Barranquilla y el Campín, uno junto al otro, y aún quedaría espacio.

Según el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, el área de influencia del proyecto es hogar de 329 especies de fauna y 676 especies de flora, además de albergar un acuífero, cuya intervención impactaría el flujo de al menos tres quebradas: La Mica, La Virgen y Yarumala.

Quienes avalan el proyecto a pesar de los costos para el territorio ven en la mina el horizonte de un bien mayor: desarrollo económico y puestos de trabajo. En marzo de este año, aún sin empezar la explotación de la mina, Quebradona ya le daba empleo directo a unos 105 habitantes del pueblo.

Ambos relatos, el de la conservación ambiental y el del desarrollo económico, dialogan de modo incesante por todo Jericó. En manifestaciones, en pancartas que cuelgan de las ventanas, en conversaciones informales de los transeúntes, en propuestas de aspirantes a cargos de elección popular y, por supuesto, en los periódicos locales que se encuentran impresos en establecimientos públicos. ‘Aldea de Piedras’, el medio de la minera, y ‘Despierta Jericó’, el de la Mesa Ambiental que lidera la oposición al proyecto.

Paisaje desde el mirador de la vereda La Soledad, en Jericó. Foto: Leidy Stephany Arenas Díaz

Sin embargo, la disputa de estos mensajes no se limita al territorio del municipio,  como encontró Colombiacheck, aliado de una investigación colaborativa liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que, junto con otros seis medios de la región, y el apoyo de la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático, han venido escudriñando quiénes están detrás de los ataques en contra de defensores del territorio y el medio ambiente en Guatemala, México, Honduras, Colombia, Brasil y Panamá.

En febrero de 2024, una investigación de El Armadillo identificó un portal de noticias y al menos 30 perfiles en X, creados entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, que se dedicaban de manera casi exclusiva a amplificar en todo el país el discurso institucional de Quebradona. Usaban etiquetas que AngloGold Ashanti trataba de posicionar desde su cuenta oficial (@AGAColombia): #TodosCabemos y #MineríaConPropósito.

Dentro de dicho mensaje institucional, las protestas de los opositores al proyecto Quebradona son sistemáticamente calificadas como “actos vandálicos”, “retenciones ilegales” o incluso las señalan de constituir delitos.

Tal postura trascendía el ámbito mediático, pues como ya reportaba la Mesa Ambiental en 2020, desde entonces AngloGold Ashanti levantó querellas penales contra los campesinos que ejercían veeduría sobre las actividades de exploración, y en 2024 la propia multinacional reportó la existencia de una querella que presentó después. 

A mediados de 2025, la minera informó de su actuación en la denuncia penal contra 11 campesinos a los que se les acusa de secuestro simple, lesiones personales y hurto calificado. Según su comunicado, la empresa cumplió con el “deber ciudadano de denunciar ante las autoridades aquellos hechos de los cuales se tenga conocimiento y que puedan o no, constituirse en un delito”.

Porfirio Garcés es uno de los campesinos imputados en el proceso judicial, cuya audiencia de acusación está programada para el próximo mes de agosto. Con alguna gracia se autodenomina ‘el abuelo de los 11’:

“A mis 87 años, judicializado por primera vez por defender esta región. Pero, ¿por qué la defiendo? Porque la amo, porque la quiero, porque nací aquí. Porque fue mi cuna, y porque es una región que merece quererla porque es muy sana, con gente humilde pero bondadosa”.

La Defensoría del Pueblo rechazó en mayo de 2025 la judicialización de estos manifestantes, que contraviene el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú firmado por Colombia en 2019, con el cual se promueve que el Estado garantice a los defensores ambientales “un entorno seguro y propicio” en el que puedan “actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Minera de Cobre Quebradona insistió, en respuesta para esta alianza periodística, que las denuncias se interpusieron ante la evidencia de “vías de hecho y conductas ilegales”. Según la compañía, los episodios de protesta derivaron en “actos violentos contra personas, herramientas de trabajo y vehículos”. Finalmente, la empresa subrayó una vez más que es su “deber constitucional y legal informar a las autoridades sobre hechos que podrían constituir infracciones a la ley”, y que será la Fiscalía la que determine si existieron conductas punibles.

Cerro El Salvador, que aloja el monumento Cristo Rey, visto desde la ciudad. Foto: Leidy Stephany Arenas Díaz

Proceso y red

Entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, campesinos de las veredas de Jericó realizaron numerosas manifestaciones que impidieron al personal de Minera de Cobre Quebradona avanzar con los estudios de exploración en territorio. La Mesa Ambiental y sus integrantes han sostenido que siempre se trató de protestas pacíficas, mientras que los simpatizantes del proyecto rechazan las vías de hecho y señalan perjuicios contra la empresa y contra la propia comunidad.

Lina María Velásquez, comunicadora vinculada a la organización, reportó en julio de 2024 que estaban en curso dos querellas interpuestas por la empresa. La primera, presentada contra 46 personas que participaron de un plantón entre finales de 2022 y principios de 2023. La segunda, contra 57 personas que ingresaron a un predio de la vereda La Soledad para desmontar maquinaria con que la empresa buscaba estudiar el nivel del agua en la zona.

Basada en esos últimos hechos, la Fiscalía citó el 13 de mayo de 2025 a una audiencia de imputación de cargos contra 11 de los campesinos manifestantes, que a partir del 16 de junio de 2025 están cobijados por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Algunos de ellos presentan su testimonio a continuación:

Todos los procesos continúan en curso tras seis audiencias derivadas de las querellas, ad portas de la audiencia de judicialización del proceso penal, programada del 3 al 6 del próximo mes de agosto.

Además, el pasado 28 de mayo un nuevo grupo de manifestantes recibió citaciones ante la Inspección de Policía de Jericó, que a partir de una denuncia anónima convocó a audiencias individuales desde el 1 de junio para determinar si los señalados incurrieron en “irregularidades urbanísticas en el municipio”.

Con los antecedentes documentados por El Armadillo, Colombiacheck quiso volver a indagar sobre la actividad de las cuentas propagandísticas en X que hasta principios de 2024 se dedicaban a diseminar un relato de bienestar y desarrollo favorable al proyecto de la minera Quebradona. Revisamos 15 meses de interacciones, entre enero de 2025 y abril de 2026, que coinciden con el desarrollo de las acciones judiciales contra los llamados ‘11 de Jericó’.

Encontramos que un gran número de las cuentas señaladas antes continúa activo. De hecho, la red se ha expandido a un total de 37 usuarios, de los cuales 34 tienen como seguidor a la cuenta oficial de AngloGold Ashanti en Colombia. Las publicaciones de estos perfiles replican piezas gráficas de la empresa y usan etiquetas como #MineríaResponsable, #todoscabemos y #Cobreparalavida, entre otras.

No encontramos evidencia de uso de bots y, por tanto, decidimos indagar en la identidad de los perfiles y encontramos dos patrones:

1. En su mayoría, se trata de mujeres y jóvenes que realmente habitan en veredas de Jericó, tales como Vallecitos o La Hermosa, y han sido beneficiarias de proyectos de inversión social de la empresa minera. 
2. Varios han sido empleados de Quebradona, han tenido algún familiar empleado en el proyecto, o han calculado que su economía podría alinearse eventualmente con la operación de la mina. 

Estos intereses no se transparentan en ningún apartado de los perfiles. Varios de ellos rinden testimonio una y otra vez en los distintos canales de Quebradona, exaltando las bondades de la inversión social que han percibido.

AngloGold Ashanti negó categóricamente a esta alianza haber financiado o coordinado campañas digitales. La empresa aseguró en un documento escrito que "en ningún momento incide ni presiona a actores externos para que publiquen contenido sobre el proyecto". Asimismo, afirmó que respeta "la absoluta autonomía de cualquier ciudadano para emitir sus propias opiniones en redes sociales, de las cuales la empresa no es responsable".

Sin embargo, la defensa que varias de estas personas hacen del proyecto minero no se limita a las redes. Ocho de ellas enviaron observaciones escritas al Ministerio de Ambiente, aprovechando la fase de consulta pública de otro proyecto para crear en el Suroeste Antioqueño una Zona de Reserva Ambiental Temporal, cuya vigencia impediría el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en esa zona. Las remitentes alegaron falta de socialización previa de la medida, cuestionaron la claridad normativa y advirtieron sobre posibles impactos económicos negativos que la restricción traería para el turismo, la inversión y el empleo juvenil en Jericó.

El rechazo de la minera contra la medida también se comunicó a través de una carta, firmada por cuatro de los empleados antes mencionados, donde se pidió expresamente “no proferir una resolución como la propuesta, sino en su lugar realizar los estudios técnicos antes de declarar cualquier área como protegida o, en su lugar, establecer en la reglamentación un régimen de transición que permita respetar el desarrollo de las actividades mineras preexistentes en el área que cuenten con todos los permisos y autorizaciones aplicables a la etapa en la que se encuentren”.

Los mismos cuatro empleados firmaron también una carta con fecha del 14 de enero de 2023, dirigida al presidente Gustavo Petro, donde solicitaban ser reconocidos como una comunidad y poder dialogar sobre la continuidad del proyecto Quebradona.

Entre los firmantes de ambas cartas figura José María Dávila Román, especialista en comunicaciones de la minera y uno de los miembros más activos de esta red digital promotora de Quebradona. Su filosofía es que en las redes sociales un empleado de la empresa puede opinar “como empleado y jericoano”. No especifica su cargo en la biografía de X, ni en el blog allí enlazado, como no lo hacía tampoco en Al Día Suroeste, portal afín al proyecto de AngloGold en el que figuraba como “Director de medios escritos”.

Consultado para esta investigación, Dávila confirmó su vinculación directa con la empresa: “yo trabajo en las comunicaciones de Quebradona (...) dentro de mis funciones en el proyecto está compartir lo que hacemos con la comunidad a través de los medios (...) Yo creo en este proyecto; creo que sí puede ser una buena oportunidad. No solo para Jericó, sino para el país”.

Los mensajes de su perfil fueron difundidos por 15 de las 37 cuentas mencionadas, que además replican activamente el contenido del perfil oficial de AngloGold Ashanti en Colombia. Además, aparte de esos dos grandes vectores de la narrativa minera, este primer conjunto difundió los mensajes de un segundo grupo: un bastión de tuiteros, influencers o personajes de redes sociales, públicos y anónimos, que amplifican entre sus miles de seguidores el relato de la multinacional.

Contrario al primer conjunto de cuentas, que generalmente trata de presentarse diplomático y conciliador, este segundo equipo aparece en coyunturas delicadas y maneja un discurso profundamente hostil y polarizante contra quienes quieren detener el proyecto minero. La siguiente visualización permite ver el comportamiento entre las cuentas, y los datos de difusión que alcanzaron los agentes externos.

Como se ve, Pablo Pinto Brun, jefe de comunicaciones de Quebradona y también firmante de las dos cartas a entes gubernamentales, difunde por igual los mensajes de influencers con miles de seguidores y los de pequeñas cuentas de habitantes de Jericó. En medio del proceso de judicialización de los 11 campesinos, apareció en una foto con las personas que están tras ambos grupos.

#AparecieronLasLlaves
En #Jericó, @PintoBrun comunicador de Minera de Cobre #Quebradona acompañado de @Danielbricen que amaneció hablando de los "falsos ambientalistas" de #Jericó y de @dona_pily2 @ANIABELLO_R @julipalacioc que han estigmatizado al campesinado defensor del AGUA pic.twitter.com/2JxPWlrsyB

— Lina María Velásquez (@Linavelasqueze) June 3, 2025

Así pues, trabajadores, beneficiarios e interesados en el proyecto minero alcanzan un total de 50 perfiles en X; esto, sumando a los mencionados influencers y a tres cuentas que representan grupos organizados afines a Quebradona: Jericó es desarrollo, Jericoanos con Visión y Veeduría recursos naturales en Jericó. 

Pinto Brun aparece junto a José María Dávila como opositor en un proceso de tutela que exigía los derechos a la participación ambiental y a la consulta previa. Consultado, Dávila afirmó que participó en el proceso como coadyuvante a petición de un profesor universitario, basándose en que el Ministerio del Interior había certificado ausencia de comunidades indígenas en la zona del alegato. “Cuando hay comunidades indígenas sí debe haber un proceso de consulta previa”, sentenció.

Pablo Pinto Brun recibió un cuestionario relativo a sus asuntos, y esta fue su respuesta: “es importante precisar que mi rol no corresponde al de vocero de la compañía ni estoy facultado para emitir declaraciones individuales en representación de esta. Por esta razón, y con el fin de evitar interpretaciones parciales o respuestas fragmentadas sobre asuntos de carácter estrictamente corporativo, se remite una única respuesta consolidada que recoge la posición oficial de la organización frente a los temas consultados”.

Como se ve, ambos juegan un papel relevante dentro de este aparato de propaganda que, en adelante, llamaremos la red, cuya definición y manejo se explica en la nota metodológica al final del artículo. 

Calles jericoanas. Fotos: Leidy Stephany Arenas Díaz

Eco digital contra los 11

A través de la herramienta de monitoreo Meltwater, obtuvimos una base de datos con 16.959 publicaciones en X, provenientes de las cuentas mencionadas, emitidas entre enero de 2025 y abril de 2026. El siguiente gráfico muestra los picos de interacción de las cuentas en el período analizado. Esto es, cuándo hicieron una publicación o bien la replicaron, citaron o contestaron otra.

Varios de los picos más altos corresponden a coyunturas críticas para el municipio o para la compañía. Por ejemplo, el 3 de diciembre de 2025, un día después de la decisión de la Agencia Nacional de Minería de negar la prórroga al título minero del proyecto Quebradona. Entretanto, el registro más alto de 2026 coincide con la visita de la candidata presidencial Paloma Valencia a Jericó; las publicaciones de esa fecha combinan el apoyo a su candidatura con mensajes que solicitan respaldo al proyecto Quebradona, usando el hashtag institucional #todoscabemos.

Encontramos picos enteramente dedicados a instalar contra los manifestantes narrativas estigmatizantes. Entre ellas, que no respetan a las autoridades, que sirven a intereses ocultos, o que son delincuentes e incluso guerrilleros.

El 27 de marzo de 2025 se presentó un nuevo plantón de campesinos, quienes impidieron a funcionarios de la minera continuar con sus labores de exploración. Es en esa fecha donde se ve la mayor actividad de cuentas en el período evaluado, pues AngloGold publicó en X denunciando la ‘retención’ de sus trabajadores. 

El mensaje fue difundido por medios de comunicación como Blu y Caracol Radio, en cuyas publicaciones comentaron varias mujeres de la red con mensajes que repetían el término “vías de hecho”. Sus comentarios aseguraban que la empresa minera promueve el “desarrollo honesto” y señalaban que la protesta provenía de una minoría que no representa al campesinado jericoano.

En esa coyuntura aparecieron varias de las tuiteras mencionadas como parte del segundo grupo. Primero, la abogada y excandidata al Senado por el partido Centro Democrático Ana María 'Ani' Abello (@ANIABELLO_R), actual promotora del movimiento ‘Tigresas’ que respalda la candidatura presidencial de Abelardo De la Espriella. En su mensaje sugirió que el plantón de los manifestantes era ilegal. 

Por su parte, la usuaria Pilar Rodríguez, 'Doña Pily' (@dona_pily2) directamente calificó a los manifestantes como “activistas prepagos violentos” y “secuestradores”. Cabe recordar que ella y ‘Ani’ Abello fueron reconocidas partícipes de la llamada ‘bodeguita uribista’ que difundió desinformación favorable al gobierno de Iván Duque.

Consultada para este reportaje, Rodríguez aseguró que viaja mucho a Jericó y justificó sus afirmaciones señalando que, durante una de sus visitas, tuvo conocimiento de la ‘toma’ de una finca y la sustracción de unos equipos: “ese señor no pudo salir por cuánto tiempo de su casa. Los tenían secuestrados en su casa, eso es verdad (...) la palabra suena horrible, pero entonces, ¿cómo se llama una persona que no puede salir de su casa?”. 

Sin embargo, Rodríguez matizó el relato de dichas conductas señalando: “yo no creo que sean malas personas. Yo creo que pueden ser manipuladas”. Finalmente, aseguró que entre los habitantes que apoyan el proyecto, hay quienes dicen: “ellos eran buenas personas y de pronto se fueron para el lado oscuro”.

Caseta del mirador en la vereda La Soledad, Jericó. Fotos: Leidy Stephany Arenas Díaz

El señalamiento que tilda a los manifestantes como criminales se sostuvo en el período resaltado en el gráfico, con aseveraciones que calificaron a los campesinos de delincuentes antes de que existiera sentencia condenatoria, en aparente contradicción con el principio de presunción de inocencia de los 11 campesinos que fueron llevados ante los tribunales.

El período en cuestión abarca la franja desde que se desarrolló la audiencia de imputación de cargos hasta la decisión del juez sobre la medida de aseguramiento. Este último negó la solicitud de la Fiscalía, que pretendía que los acusados fuesen privados de la libertad durante el proceso judicial.

En los 1.715 mensajes analizados en ese período, predominan tres narrativas principales. La primera, que los manifestantes son “falsos ambientalistas” que tienen jefes, están pagados, tienen intereses secretos o se dejaron instrumentalizar por los “autores intelectuales” de los crímenes que les imputan. Según Claudia Serna, abogada de los once, la Fiscalía utilizó el mismo término durante una de las audiencias.

La segunda, difundida por la propia AngloGold y rechazada por la Defensoría del Pueblo, es que la demanda no tiene que ver con la labor de defensa del territorio, sino con hechos delictivos ajenos a la protesta social.

La tercera consiste en hacer hincapié en que la demanda fue presentada por 50 personas contra los 11 manifestantes, insistiendo en que la protesta proviene de una minoría (1, 2, 3).

Instalar estas narrativas fue la labor principal del grupo de habitantes de Jericó, especialmente a través del saboteo de la campaña #EstoyConLos11DeJericó promovida por la Mesa Ambiental. Los mensajes provenientes de estas cuentas escribían “Yo no #EstoyConLos11DeJericó” para introducir en la conversación de esa etiqueta los supuestos crímenes y conductas reprochables de los campesinos.

Para Luisa Fernanda Pedraza, investigadora de Censat Aguaviva, la operación “tiene un componente de género, expresado en mostrar a las mujeres del grupo como las personas sensatas y abiertas al diálogo, mientras se señala a los once hombres como agresivos y opuestos al desarrollo”. 

Entretanto, los tuiteros externos al territorio agudizaron los señalamientos contra los manifestantes judicializados, y mencionaron presuntos crímenes cuando recién iniciaba el proceso judicial.

Las principales exponentes de estas acusaciones fueron, precisamente, las usuarias Ani Abello, Doña Pily y Juliana Palacio (@julipalacioc), que lideraron el grupo de cuentas que calificó a los 11 como “guerrilleros”, “bandidos”, “hampones” o delincuentes. 

Las tres viajaron juntas a Jericó entre el 19 y el 20 de mayo junto al entonces concejal de Bogotá por el Centro Democrático y ahora representante a la Cámara electo Daniel Briceño, quien ahondó en el señalamiento de supuestos "falsos ambientalistas". En su video se puede ver que los atendieron en las oficinas de la Minera Quebradona y, finalmente, se reunieron con mujeres que hacen parte de la red.

Consultado para este reportaje, Briceño confirmó que visitó el proyecto por invitación de AngloGold Ashanti y, tal como Pilar Rodríguez, aseguró que conoce a Pablo Pinto de tiempo atrás; en su caso, “del mundo del running”. Sobre sus publicaciones, defendió el uso del término 'falso ambientalismo', asegurando que no lo acuñó él sino que lo escuchó “en alguna conferencia”. Señaló que se trata de una crítica política y que en ningún momento ha calificado a los campesinos judicializados como guerrilleros o delincuentes: “trato de, hasta que la justicia no se pronuncie sobre este tipo de cosas, pues no pronunciarme”, aclaró.

No es claro por qué a las figuras de redes sociales, ajenas al territorio y al proyecto, les interesa acudir y opinar al respecto durante las coyunturas. Según dijo Dávila, el comunicador de la minera, a los colegas de El Armadillo, desde Quebradona les han “socializado el proyecto para que conozcan de primera mano nuestras actividades”. A propósito, Daniel Briceño nos aseguró: “ese proyecto a mí me interesa mucho. Me parece que es un proyecto importantísimo y que Colombia lo debería tener”.

El día de mayores interacciones en el período analizado fue el 23 de mayo de 2025, un día después de que el activista ambiental menor de edad Francisco Vera publicó un video uniéndose a la campaña #EstoyConLos11deJericó. En respuesta, la usuaria Juliana Palacio y otras cuentas afines dirigieron mensajes estigmatizantes en su contra. Varias mujeres de la red participaron de la conversación defendiendo a la tuitera y desautorizando al joven.

Consultada para esta investigación, la madre del menor afirmó que los ataques de la usuaria contra el joven son recurrentes: "La señora en cuestión señala a Francisco desde tiempo atrás, o lo vincula con actores armados, que es una de las razones por las que Francisco se encuentra exiliado", expresó. Un documento de seguimiento aportado por la familia evidencia cómo estos mensajes, iniciados en 2020, atacan al joven y son amplificados por otros usuarios de X.

Finalmente, el día de la audiencia en que el juez decidió dejar a los acusados enfrentar el proceso en libertad, la red activó un nuevo hashtag: #50VictimasDeJericó. La etiqueta buscaba invertir la narrativa de victimización. Ya no eran los 11 campesinos imputados en un proceso judicial, sino las presuntas víctimas de sus protestas quienes merecían atención.

Después de ese período, la red se ha centrado en el rechazo a determinaciones gubernamentales que han frenado el proyecto de la minera al promover otros usos para el territorio, tales como la declaración de la Zona de Reserva Temporal a mediados de junio. Así mismo, se pronunciaron de forma coordinada contra la designación de un Área de Protección Agrícola en noviembre, que restringe el uso del suelo a la producción de alimentos o ecoturismo.

Plantaciones agrícolas en zona rural de Jericó. Fotos: Leidy Stephany Arenas Díaz

Las menciones más recientes a los 11 de Jericó datan del mes de febrero pasado y se relacionan con actos de proselitismo propios de la temporada electoral, como la campaña al Congreso del Pacto Histórico en cabeza del candidato León Freddy Muñoz. Con las características aquí expuestas, es probable que los ataques contra los manifestantes se activen de nuevo conforme se acerque la audiencia de acusación.

Previo a la publicación de este reportaje, esta alianza envió un cuestionario a Ana María Abello para conocer su postura frente a los hechos relatados. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. Intentamos también contactar a Juliana Palacio, pero no fue posible.

• Nota metodológica: La selección y análisis de las cuentas en X (antes Twitter) mencionadas en este reportaje partió de los hallazgos de una investigación previa del medio El Armadillo, la cual identificó en febrero de 2024 un grupo inicial de aproximadamente 30 perfiles dedicados a amplificar el discurso institucional del proyecto minero Quebradona.  Rastreamos la evolución de dicha red analizando 15 meses de interacciones, en el período comprendido entre enero de 2025 y abril de 2026, donde se desarrolló el proceso judicial contra los ‘11 de Jericó’. Durante este proceso identificamos que la red se expandió a 37 perfiles activos. Esta selección no fue arbitraria, sino que respondió a dos criterios documentados en el análisis de red: la réplica activa del contenido emitido por el perfil oficial de la minera y sus voceros, y la participación coordinada en las coyunturas de discusión pública sobre el territorio.  Tras descartar el uso de cuentas automatizadas (bots) y verificar la identidad de los usuarios, utilizamos la herramienta de inteligencia de medios Meltwater para extraer una base de datos con 16.959 publicaciones emitidas por estas 37 cuentas en el período señalado, lo que permitió graficar sus picos de interacción y documentar las narrativas de estigmatización contra los campesinos judicializados.

Taladores Digitales es una investigación que busca desentrañar qué intereses están detrás de las campañas de desprestigio en el espacio digital en contra de activistas ambientales en seis países latinoamericanos, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con AFP (Brasil), Colombiacheck (Colombia), Agencia Ocote (Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político y Mongabay LATAM (México) y Concolón (Panamá). Con el apoyo de la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático y revisión legal de El Veinte.