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Lunes, 10 Febrero 2020

Las desinformaciones ya chequeadas de la ‘bodeguita uribista’

Por Ana María Saavedra

Recordamos los 22 chequeos que ya les habíamos hecho a varias cuentas de Twitter que aparecieron en la investigación de La Liga Contra el Silencio sobre un grupo de WhatsApp uribista.

La semana pasada, La Liga Contra el Silencio publicó su investigación “En las entrañas de una Bodeguita uribista”, en la que siguieron la actividad de un grupo de WhatsApp del que hacían parte algunos funcionarios del gobierno de Iván Duque y varios influenciadores de derecha.

Según la investigación, este grupo era usado para coordinar acciones conjuntas en redes sociales para luego imponer temas de conversación y tendencias allí que apoyaran al uribismo.

La Liga Contra el Silencio logró identificar a 63 de los 88 integrantes del chat y a sus cuentas de Twitter. Con esa información, la empresa de tecnología Sequoia Space analizó el comportamiento en Twitter de estos influenciadores (y de sus seguidores) durante cuatro meses.

Además, la investigación identificó “las doce cuentas más tuiteras” de lo que llamaron “el ecosistema uribista”, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

cuentas uribistas de Twitter

Aunque los contenidos coordinados desde el grupo no eran necesariamente falsos, decidimos contrastar las publicaciones de esos 12 tuiteros, desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha, con nuestra base de chequeos para ver qué tanta desinformación habían movido. Encontramos que siete de esos 12 usuarios han publicado 22 desinformaciones que ya hemos verificado. Además, al hacer esta revisión encontramos dos desinformaciones que aún no habíamos chequeado.

Esta es la lista, ordenada según qué tantas desinformaciones compartió cada tuitero:

El top de las desinformaciones

1. @Arquiman2

Este tuitero, en cuyo perfil no hay foto ni nombre, sino el apodo MontBlack, publicó ocho desinformaciones contra Gustavo Petro, el paro del 21 de noviembre pasado, Dilan Cruz y Claudia López.

El primer trino lo encontramos el 26 de agosto del año pasado. En él, asegura que “la santería será la única religión en Bogotá si gana Claudia López”.

Trino contra Claudia López

Trino que relaciona a Claudia López y a la santería

Sin embargo, el hombre de las imágenes que compartió en el trino es el líder espiritual Ravi Shankar (conocido por sus seguidores como Sri Sri Ravi Shankar), quien estuvo en agosto pasado en Bogotá y no ningún santero.

Este tuitero también compartió dos desinformaciones sobre el senador Gustavo Petro durante el paro:

Falso trino de Petro y su candidatura 

Falso trino de Petro

Foto de trino de Petro y el paro del 21N

Falso trino de Petro y el paro del 21N

El segundo pantallazo lo publicó tres veces el 26 de noviembre con el hashtag #PetroMatoADilan y los mensajes: ‘Familia de Dylan=0 Intereses políticos de Petro=1, ‘El libreto de un asesino bien redactado’ y ‘Solo es una baja’.

Ambos pantallazos eran montajes, como lo corroboramos en Colombiacheck en la nota: “Difunden dos montajes de trinos de Petro sobre el paro del 21N”. 

Dos días después el tuitero publicó unas imágenes en las que se veía a un joven lanzando piedras y protestando en la Plaza de Bolívar en Bogotá, dando a entender que el de las fotos era Dilan Cruz, el joven de 18 años, que murió a manos del Esmad de la Policía en Bogotá durante una protesta.

Fotos contra Dilan (1)

Fotos contra Dilán

Fotos contra Dilan (2)

Dilan 2

En Colombiacheck habíamos informado que esos mensajes eran falsos en la nota “Fotos de joven lanzando adoquines en la Plaza de Bolívar no son de Dilan Cruz”. En esta verificación corroboramos el análisis realizado por el usuario de Twitter @trusikercol, o Truth Seeker, quien comprobó que la persona de las fotos durante una protesta en la Plaza de Bolívar no era Dilan Cruz.

Antes del paro del 21N, MontBlack también había difundido este trino:

Trino de Petro huyendo del paro 

Trino que dice que Petro sale del país por el paro

Esta desinformación la desmentimos en la nota “Es falso que Petro haya salido del país para no asistir al paro del 21 de noviembre”.

 2.@fredsanl

Este tuitero no tiene información adicional en su perfil y cuenta con 1238 seguidores. Encontramos que ha publicado o compartido seis desinformaciones que ya habíamos chequeado (y una más que al hacer esta revisión encontramos que era falsa).

Las primeras las compartió durante las elecciones presidenciales de 2018:

Petro y el secuestro de tres niños

Petro y el secuestro y asesinato de tres niños

Con esta imagen, que aún sigue rotando en redes, acusan a Petro, que fue candidato en esas elecciones presidenciales, de estar involucrado en el secuestro y asesinato de los hermanos Zuleika, Yidid y Xioux, hijos de José Jáder Álvarez, quienes fueron secuestrados el 6 de octubre de 1981. Sin embargo, como lo publicaron nuestras colegas de Chicas Poderosas en El Poder de Elegir (con las que tuvimos una alianza informativa para las elecciones presidenciales), esto es una información falsa.

Foto de De la Calle con Alfonso Cano

Foto de De la Calle y Alfonso Cano

Esta imagen, que rotó en Facebook y Twitter, fue usada para promover la teoría conspirativa de que el entonces candidato presidencial Humberto de la Calle era amigo de hace años de los líderes de las Farc Alfonso Cano e Iván Márquez y que, debido a esa cercanía, lo nombraron como jefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos con esa guerrilla. 

Sin embargo, en el chequeo “De la Calle y la supuesta conspiración con las Farc en Venezuela explicamos que aunque la imagen es real, fue tomada en 1991, durante los diálogos del Gobierno de César Gaviria con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. De La Calle era ministro de Gobierno de esa administración.

Ese mismo año, el tuitero publicó esta imagen:

Foto del caso del collar bomba 

Foto del collar bomba que le atribuyen a las Farc pero el crimen lo cometió la delincuencia común

Esta imagen, que sigue rotando en redes, señala a las Farc como responsable del famoso “collar bomba”. Pero, como contamos en una verificación que realizamos conjuntamente con Rutas del Conflicto esto es falso, pues se comprobó que los autores eran delincuentes comunes.

Video de supuesto robo cometido por venezolanos en Colombia

Robo en Guayaquil

Una de las desinformaciones que encontramos en el perfil de este usuario, de hecho, es una crítica a Duque. El tuitero compartió un video de un robo con el mensaje: @IvanDuque ‘Presidente ud. es prácticamente cómplice de esto, por dejar entrar Venezolanos a nuestro país de manera tan desmedida, UD. tan inocente que no se da cuenta que Maduro está limpiando a Venezuela que los que están llegando a Colombia son los parásitos y los delincuentes’.

Pero el robo no había ocurrido en Colombia sino en Ecuador, como lo explicamos en la nota “Video de robo no es en Ventolini de Cali sino en cafetería de Guayaquil, Ecuador”.

Foto Claudia López, candidata de las Farc

Montaje a Claudia López

Otro de las desinformaciones que compartió este tuitero es un meme contra la ahora alcaldesa de Bogotá Claudia López, en el que se asegura que era la candidata de las Farc. Este señalamiento fue usado en varios desinformaciones difundidas en redes sociales que desmentimos en la nota “Es falso que partido Farc apoye a Claudia López y a Hollman Morris”.

Foto de video del diácono Jorge Sonnante

Jorge Sonnante

Fredsanl también compartió un video con declaraciones del diácono argentino Jorge Sonnante, quien ha acusado a Juan Manuel Santos y a otros expresidentes latinoamericanos de tener cuentas millonarias en el banco del Vaticano. En el chequeo “La historia falsa de la cuenta de Santos en-el-banco-del-Vaticano” comprobamos que esta acusación es falsa.

Foto de Angelica Lozano con cartel de alias Guacho

Montaje Angelica Lozano

Finalmente, encontramos un trino en el que el tuitero compartió una imagen en la que se ve a la senadora Angélica Lozano sosteniendo un cartel con la cara de alias “Guacho”, uno de los líderes de las disidencias de las Farc, que fue abatido en diciembre de 2018. Aunque este trino no lo habíamos verificado, al realizar una búsqueda inversa de imágenes de Google, encontramos que se trata de un montaje. La foto original es de la senadora con un cartel con la cara de Temístocles Machado, líder social asesinado en Buenaventura durante un homenaje a los líderes sociales asesinados en la instalación de la nueva legislatura del Congreso.

3. @ArgiroCasta58

Este tuitero, que se identifica en su cuenta como Argiro Castaño y se describe como “carpintero de profesión, campesino de corazón, enamorao de mi negra y mas uribista que un putas” ha publicado en su Twitter tres desinformaciones que ya habíamos chequeado.

El billete de 100.000 con foto de Uribe

Foto de falso billete de cien mil de Uribe

En un trino, compartió la imagen de un supuesto nuevo billete de 100.000 pesos con la cara del senador y expresidente Álvaro Uribe. La imagen también circuló en Facebook, pero es falsa, como lo contamos en nuestro chequeo “No habrá nuevo billete de 100000 pesos con la imagen de Álvaro Uribe”.

Foto de Petro con bolsa de Mario Hernández

Montaje de Petro con bolsa de Mario Hernández

Castaño compartió esta imagen, en la que también cayó el periodista y youtuber de 40 Daniel Samper (quien luego se disculpó por la publicación), en la que se ve a Petro con una bolsa de Mario Hernández. Pero se trata de un montaje. La foto real es de Gustavo Petro con una bolsa de compras de la marca Brooksfield.

Foto de indígenas con tatucos

Indígenas con tatucos

Aunque este tuitero no publicó la imagen de indígenas con tatucos, supuestamente tomada el año pasado, sí la comentó con el mensaje: “Dice el care sapo director de FECODE que Duque guarde tranquilo al ESMAD, la policía y al ejército, q la guardia indígena con su bastón de mando nos van a cuidar de los vándalos ...ome como pa metele ese bastón por el culo a este ifueputa. Ojo q los ifueputas van es por todo” (sic).

Ambas publicaciones se dieron a propósito de la llegada de la Guardia Indígena del norte del Cauca a Bogotá para acompañar el paro nacional.

Sin embargo, en Colombiacheck habíamos explicado el verdadero contexto de esa imagen en la nota “No, indígenas del Cauca no están armados con tatucos”. Las imágenes realmente fueron tomadas en 2012 cuando la Guardia Indígena desmanteló unas caletas de las Farc en la vía a Toribío. 

 4. @pilar_rod

Esta tuitera, con más de 30.000 seguidores, se identifica en su perfil como Doña Pily y ha difundido dos desinformaciones que hemos verificado.

Las dos desinformaciones son de este año. Una de ellas fue un video en el que el ahora alcalde de Medellín Daniel Quintero aparece encapuchado.

Foto de video de Daniel Quintero encapuchado

Daniel Quintero encapuchado

Este video que circula en redes ha sido editado y sacado fuera de contexto, pues, como lo publicamos en Colombiacheck, realmente se trata de un evento de su campaña de 2014 a favor de la paz.

Pantallazo de Petro contra Claudia López

petrocontraclaudia

Doña Pily también compartió un pantallazo de un trino en el que supuestamente Petro compara a Claudia López con la competencia desleal de Uber y López responde comparándolo con un taxi. Pero en este caso el pantallazo de los supuestos trinos es un montaje

5. @eliafaher

Este tuitero se identifica como Eliberto Afanador H y tiene 1883 seguidores. Al revisar su cuenta de Twitter encontramos que publicó este pantallazo de un supuesto trino de Petro en el que parece confesar que participó en la toma del Palacio de Justicia.

Pantallazo de trino falso de Petro

 

MOntaje de trino de Petro acerca de Popeye

En Colombiacheck verificamos si Gustavo Petro había publicado ese trino y encontramos que se trataba de un montaje.

6. @jarizabaletaf

Jaime Arizabaleta es otro de las personas mencionadas en la investigación de la Liga contra el Silencio. En su perfil de Twitter, con más de 11.000 seguidores, se describe como “Abogado Javeriano, Columnista de @parchecapuchino, Directivo Del Centro Democrático y muy Patriota”.

Trino del collar bomba

Falso collar bomba

Arizabaleta publicó un trino a propósito de las víctimas del atentado contra la Escuela de Policía General Santander, junto a una foto del ya mencionado collar bomba. Aunque no lo relacionó directamente con las Farc, como ya explicamos, ese acto fue cometido por delincuentes comunes, que están capturados y condenados.

Además, la foto que compartió no es del caso del collar bomba, sino de una actriz que dramatizó ese acto para una película.

7. @ANIABELLO_R

Ani Abello, excandidata al Senado por el Centro Democrático, columnista de opinión y abogada, según su perfil, tiene más de 33.000 seguidores.

Video de performance en Medellín 

Video de performance en Medellin

Abello compartió un video, que también había sido publicado por el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, de un performance en el marco del programa Medellín a Cielo Abierto del Museo de Antioquia. Abello simplemente publicó el mensaje “Me dicen que esto sucedió al frente de la iglesia de El Poblado en Medellín” (realmente el performance ocurrió en el centro de la ciudad), Lafaurie se volvió noticia nacional pues republicó el video y dijo (equivocadamente) que mostraba “ritos satánicos” en preparación al paro nacional que comenzó en noviembre de 2019.

8. @jaimevillarestr. 

Finalmente, encontramos una publicación de este tuitero que no habíamos chequeado, pero que al preparar este artículo encontramos que era falsa. El tuitero, que se describe como “uribista porque comulgo con la transparencia, la justicia, el amor por la Patria, la educación como el mayor de los legados. 1000% Uribista”, tiene 4.837 seguidores y publicó una desinformación durante las elecciones presidenciales.

Foto del trino del decomiso de papeletas marcadas a favor de Petro

Falso decomiso de papeletas marcadas a favor de Petro

El tuitero publicó un trino en el que se aseguraba que la Policía de Bogotá había “decomisado” un camión con papeletas electorales marcadas con el nombre de Petro. Realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google y encontramos que la foto de abajo es de 2016 corresponde a un decomiso de contrabando en Barranquilla.

Asimismo, el Centro Cibernético de la Policía nos corroboró que se trataba de información falsa. También nos aclaró que la gorra que usa el uniformado en la foto de arriba solo se usó hasta 2010, así que la imagen tiene que ser anterior a esa fecha.

Jueves, 19 Noviembre 2020

Morir a la espera de una UCI en Bogotá 

Por Liga Contra el Silencio

Entre marzo y julio de este año, el 68 % de los fallecidos por covid-19 en los hospitales de la capital murió sin ingresar a cuidados intensivos, aunque había camas disponibles. El día de mayor ocupación hubo un centenar de plazas disponibles, pero diversos obstáculos en el traslado de pacientes críticos se tradujo en historias de angustia.

Los médicos del Hospital de Suba le explicaron a Graciana Leguizamón, de 42 años, que la caja torácica de su hermano Esteban, de 34 años, era demasiado grande para los ventiladores mecánicos que intentaban reanimar sus pulmones en la sala de urgencias. 

El virus avanzaba sobre la ciudad y el hospital público no estaba preparado. Además de no tener Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sus equipos eran insuficientes para atender a Esteban, quien, a la tos seca, fiebre y problemas respiratorios que presentaba, sumaba un problema de obesidad.

Los médicos tenían motivos para trasladar al paciente a un centro de salud con UCI. Pero pasaron tres días y nada ocurrió. Esteban llegó al hospital el 10 de julio, y falleció el 13. Su familia recibió una semana después el resultado positivo para covid-19. Dos meses más tarde llamaron a Graciana de la Secretaría de Salud y preguntaron por el paciente para “realizar el cerco epidemiológico”.

Entre marzo y julio, el 68% de los fallecidos en los hospitales de Bogotá murió fuera de esas unidades, según cifras de la Secretaría de Salud, a pesar de que incluso en los días más críticos hubo camas en UCI disponibles. La historia de Esteban, un joven carpintero sin afiliación a ninguna Entidad Promotora de Salud (EPS), ni al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), abre interrogantes sobre la desigual atención de la pandemia en la capital del país. 

Para la primera mitad de julio el promedio de camas libres en cuidados intensivos oscilaba entre 100 y 120. Durante la segunda quincena el día más congestionado fue el 26, con 99 plazas disponibles, según el Distrito. Aunque había cupos, Esteban no fue trasladado.

Los profesionales de la salud describen estos casos como “barreras” u “obstáculos” hospitalarios: prácticas de mala gestión que van desde la negligencia hasta el bloqueo y la desatención de pacientes. 

Antes del covid-19, por ejemplo, era usual que las UCI se reservaran para pacientes afiliados a ciertas EPS que tuvieran convenios con determinadas clínicas y hospitales, entre otras malas prácticas de gestión. Los casos que surgieron durante esta crisis suman una mezcla de descoordinación, descuido e ineficiencia.

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, identifica como responsable a la Secretaría de Salud. “Dentro de su rectoría está la coordinación de las UCI. Por ley tiene la responsabilidad de garantizar que las EPS cumplan con su trabajo de prestar un derecho universal”. 

En segundo plano señala a las EPS. Según Carrillo las denuncias en la Superintendencia de Salud contra Compensar, Sanitas y Famisanar son incontables. “Por su negligencia, por sus demoras, por negarse a hacer pruebas”. Su conclusión es que la salud de los colombianos está en manos de “un contubernio de políticos y negociantes” a los que solo les “interesa hacer negocio”. 

El presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hernán Bayona, reconoce la existencia de “obstáculos hospitalarios” en la ciudad. También pone en cuestión el papel de la Secretaría de Salud. Según dice, alrededor del 95 % de la población en la capital del país tiene cobertura a través del régimen contributivo, destinado para las personas que pueden costearse un seguro. “La Secretaría de Salud ha debido asumir con mayor eficiencia la coordinación de ese 5 % de población restante que está en el régimen subsidiado (a cargo del Estado)”, afirma Bayona.

Una familiar de los Leguizamón trinó el 14 de julio contra la gestión de la alcaldesa Claudia López. “No valemos lo mismo”, sentenciaba. Al día siguiente la Secretaría de Salud aseguró en un comunicado que el paciente había recibido todas las “medidas necesarias”. No explicaba sin embargo las razones por las cuales Esteban no fue enviado a una UCI.

Graciana Leguizamón cuenta por celular que, tras alguna insistencia, habló con un médico que diagnosticó a su hermano en el Hospital de Suba. “Dijo que había tenido dos paros cardiorrespiratorios. Y que si le daba un tercero, fallecía”. También le explicó que sería necesario llevarlo a cuidados intensivos “porque estaba en estado crítico”.

Pero sus gestiones para trasladar a Esteban chocaron con una de las marañas burocráticas más complejas de la región: “me dijeron que tenía que ir a hablar con una ‘niña’ Paola. Fui y le pregunté. Me dijo que necesitaba el número de cama asignado, el doctor y el hospital a donde lo iban a trasladar”.

Manuel González, subsecretario del Servicio de Salud y Aseguramiento del Distrito, dice que desconoce casos de negligencia hospitalaria en la gestión de las UCI y pide poner en contexto las cifras de fallecidos fuera de estas unidades. Explica que no todos los pacientes de covid-19 requieren estas unidades. González resume los parámetros para la remisión: que la persona tenga alteraciones en el funcionamiento del corazón, y que requiera soporte ventilatorio. 

Para el funcionario “hay que entender las particularidades de cada paciente. Llenar los hospitales de personas no significa que estén siendo bien atendidas, ni que estén siendo atendidas donde debe ser”.

Graciana está convencida de que los encargados del Hospital de Suba le negaron a su hermano la oportunidad de recuperarse por su falta de cobertura médica. “Es muy lamentable que a las personas que no tienen para pagar la seguridad social las dejen morir así. Uno no tiene derecho a enfermarse porque ningún médico lo va a atender, nadie le va a hacer un examen”, se lamenta.

Naufragio en el piso cero

Los gritos de los pacientes hospitalizados en el piso cero de la Clínica del Occidente evitaron que Hermencia Parrado, de 78 años, muriera esa noche del 19 de julio. A la mujer se le había caído la careta de oxígeno con la que trataban una insuficiencia respiratoria que arrastraba de tiempo atrás.

Según su familia, esto sucedió entre la una y las dos de la mañana, y la atención de los auxiliares tardó 20 minutos. La avalancha de casos por coronavirus y la fatiga pasaban factura a los encargados de esta clínica en Kennedy, la localidad de Bogotá más golpeada por el virus.

Hermencia fue hospitalizada el 16 de julio y el diagnóstico fue desalentador. “Me dijeron que ella tenía varias enfermedades y que yo debía entender que mi mamá ya había vivido todo lo que tenía que vivir”, recuerda Consuelo Navarro, su hija, quien se desmayó después de esta introducción. 

La salud de Hermencia empeoraba y los médicos evaluaron, desde el 17, la necesidad de trasladarla a una cama de UCI en otro centro, pues la Clínica del Occidente estaba saturada. Pero el ajetreo en otras unidades de la capital, según los responsables del centro, no daba buenos augurios. Ese día se registraron 8.000 casos de covid-19 en Bogotá, y la gráfica con dientes de serrucho siguió en ascenso hasta alcanzar un máximo de 13.000 casos en un día el 19 de agosto.

Los ventiladores mecánicos en la Clínica del Occidente estaban también copados. A Adriana Cabezas, nieta de Hermencia, los auxiliares de enfermería le dijeron que incluso a nivel nacional estaban al límite, y que cuando se liberaba alguno “la prioridad era para las personas de 20 y 30 años”.

Decidida a llevarse a su abuela para otro centro con plazas libres, Adriana se dirigió a la oficina de atención al cliente. Una enfermera le dio un mensaje del médico: “lo único que podía hacer era dejar montada la orden de remisión para otro sitio donde sí hubiera forma de atenderla”. 

A continuación, en el área de remisiones, un funcionario le explicó que “las UCI no están a cargo de los hospitales ni de las EPS, que eso depende de la Alcaldía. Y si tenía quejas debía dirigirme a la Secretaría de Salud”. Pero en la Secretaría le dijeron justo lo contrario. “Que era cuestión del médico y de la EPS. Todo el mundo se tiraba la pelota”. 

AUDIO [Escuche aquí el fragmento de la conversación entre una familiar de Hermencia Parrado y personal médico de la Clínica de Occidente el 21 de julio.]

El internista Juan Carlos Hernández es el responsable de cuidados intensivos en la Clínica del Occidente. Entre julio y agosto, afirma, recibió el volumen más alto de pacientes por covid-19, pero niega que hubiera atascos en la unidad. “Se cumplieron los criterios. Los traslados se hicieron de forma adecuada, siguiendo los protocolos del CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) y las EPS”, señala. 

Hermencia Parrado estaba afiliada a Famisanar, entidad que no tiene convenio con la Clínica del Occidente. La familia dice que hasta ese momento no hubo ningún contacto ni información de la aseguradora. Luis Armando Navarro, hijo de Hermencia, recuerda que el 21 de julio a las once de la mañana ella los llamó y pidió que la sacaran de ahí porque “¡en esta clínica me van a dejar morir!”.

Tras cinco días de espera para ser remitida a una UCI, Hermilda falleció en la camilla 10 del piso cero. En la historia clínica consta que fue por un paro respiratorio. Ocurrió durante un cambio de turno, cuando no había nadie para auxiliarla, según reveló una enfermera a los Navarro.

Juan Carlos Hernández señala que desafortunadamente hubo casos de pacientes que tenían una patología previa y los familiares daban el consentimiento para que, en caso de paro respiratorio, no se intubaran ni se realizaran maniobras invasivas. “En esos casos tampoco se trasladaba al paciente”, agrega. 

En la historia clínica se lee que los familiares dieron orden de “no reanimación”, pero Adriana Cabezas no recuerda haber dado esa orden. “¿Por qué íbamos a estar presionando por una UCI si no íbamos a autorizar que la intubaran? El día del ingreso yo pregunté si entre los papeles que firmé estaba esa autorización. Me dijeron que no, que en caso de ser necesario nos avisarían”.

Dos días después del deceso, una llamada de Famisanar sorprendió a Consuelo Navarro. “Era para confirmar que había una cama libre en cuidados intensivos. Sentí tanto dolor, tanta rabia”, recuerda con impotencia. La prueba que confirmó el positivo para covid-19 llegó al día siguiente.

Grietas acumuladas

A las historias de Hermencia y Esteban se suma la de Gabriel Castañeda, de 58 años, propietario de una barbería. Su hermano Gerardo cuenta que también estuvo hospitalizado en la Clínica del Occidente entre el 16 y el 21 de julio. Según la historia clínica estaba afiliado a Compensar y tenía tres comorbilidades que el virus no perdona: hipertensión, diabetes y obesidad.

Gerardo denuncia que “hubo negligencia a la hora de facilitar el traslado” de su hermano y dice que pedir información sobre su caso ha sido difícil: “Ellos se dan cuenta que uno no tiene el conocimiento ni las herramientas para reclamar”.

Según la historia médica de Gabriel, desde el 18 de julio se iniciaron “trámites para la remisión a UCI por no disponibilidad en la institución”. El 21 de julio, apunta, Gabriel era ya un “paciente críticamente enfermo” con “alto riesgo de mortalidad a corto y mediano plazo”. El paciente falleció sobre las 8:26 de la noche del 22 de julio. 

En la oficina jurídica de la Clínica del Occidente sostienen que el manejo médico en este caso siempre fue “ajustado a la patología presentada”. Dicen que Gabriel tuvo “acompañamiento total por personal especializado” y de acuerdo con “la capacidad posible de la IPS para la época de los hechos”. En este caso tampoco se aclara por qué el paciente, habiendo otras alternativas, no fue trasladado.

El 12 de abril, un mes después de declarar la emergencia sanitaria, el Gobierno expidió un decreto para agilizar la asignación de camas en cuidados intensivos. El CRUE, órgano supeditado a la Secretaría de Salud Distrital, pasó a gestionar las 998 camas de UCI para pacientes con covid-19 disponibles en la red pública y privada (al 18 de noviembre eran 1.622). 

Antes del decreto 538, la orden del médico pasaba a las EPS, donde debían contactar a su red de centros hospitalarios y autorizar el trámite. Ahora, el CRUE debe asignar la cama de UCI sin pasar por el filtro de las EPS.

Algunos miembros de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), el gremio de las EPS, recibieron esta iniciativa con recelo. Especialmente las que cuentan con capital estadounidense o europeo, como Sanitas, Sura o Aliansalud, pues temían “el germen de una expropiación o toma de control por parte del Estado”, escribe por correo el presidente del gremio, Gustavo Morales. Tras varias discusiones y análisis, y con el visto bueno de la Corte Constitucional, se acordó trasladar esa función de distribución de pacientes a la autoridad sanitaria local, según Morales. 

Pero las falencias acumuladas del sistema sanitario se manifestaron, aunque la alcaldesa Claudia López sostuvo siempre que Bogotá era ejemplo en el manejo de la emergencia. 

Bayona, del Colegio Médico de Bogotá, recuerda que el coordinador de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad Nacional le relató que “a veces dejaba dos o tres unidades libres porque le avisaban que iban a llegar tres pacientes, pero pasaban 12 horas y no llegaba nadie. Cuando llamaba a averiguar, el paciente había fallecido o ya no se necesitaba la cama”.

Una auxiliar de enfermería, que pidió reservar su nombre, dijo que los tiempos de respuesta de los servicios de salud fueron regulares debido, entre otras causas, a la intermediación de las EPS. Según esta fuente hubo fallas de comunicación con el personal médico, descoordinación entre el sector público y el sector privado, y falta de ambulancias medicalizadas que tuvieran respiradores, entre otras.  

Pero el subsecretario de Salud Manuel González asegura enfático que las EPS no tienen “ningún manejo ni intermediación” en el proceso, a pesar de que a la hora de la remisión “sí se tiene en cuenta la red de convenios de la EPS del paciente”. 

Desde ACEMI sostienen de la misma manera que no conocen casos de barreras en la asignación de UCI. Morales, cabeza de esa asociación, alude al hecho de que las diez EPS que conforman el gremio han mostrado un nivel de “letalidad que es la mitad del promedio nacional”.

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, afirma por el contrario que los tres casos expuestos en esta investigación son muestra clara de que las EPS siguen interfiriendo en los traslados. “Habría que analizar si existe relación con el hecho de que en Bogotá el tiempo promedio para asignar una UCI haya sido de 12 horas”, remata.

El análisis de Bayona, del Colegio Médico, recorre la misma línea. Según él, las barreras actuales son consecuencia de un proceso anterior a la pandemia. Las EPS, opina, no han invertido durante años en equipos básicos de función primaria; su atención al paciente es irregular; la realización de pruebas de detección del virus les quedó grande y el manejo de los call centers ha sido desastroso. “La ley 100 les entregó la responsabilidad de la promoción y prevención de la salud, y fallaron. Creo que muchas muertes se pudieron prevenir”, concluye. 

La discusión continúa mientras los responsables del sistema de salud toman decisiones que pueden potencialmente marginar de un derecho universal a los más desprotegidos. Es imposible saber si Esteban, Hermencia y Gerardo habrían tenido otra suerte de haber sido trasladados a una cama de cuidados intensivos. Lo único cierto, por ahora, es que sus historias se suman a las más de 34 mil víctimas que ha cobrado en Colombia un virus respiratorio letal que se propaga mucho más rápido que las redes de la burocracia.