3 DATOS CLAVE:

1. A pesar de la falta de evidencia, se ha promovido la narrativa de fraude electoral en Ecuador, la cual ha sido replicada en redes sociales y por figuras políticas como el presidente colombiano Gustavo Petro.
2. Las misiones internacionales de observación electoral, incluidas la OEA y la Unión Europea, confirmaron la transparencia del proceso electoral en Ecuador y no encontraron indicios de fraude que cuestionen los resultados oficiales.
3. Mientras algunos líderes del correísmo han cuestionado los resultados, incluido el propio Rafael Correa, figuras como los alcaldes de Quito y Guayaquil han reconocido la victoria de Daniel Noboa, evidenciando divisiones internas en el movimiento.

Colombiacheck republica este artículo de nuestros colegas de Ecuador Chequea, con su autorización, debido a la circulación en Colombia de publicaciones que promueven la narrativa de fraude en las elecciones ecuatorianas, especialmente tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro al respecto.

Con el 99,49% de las actas escrutadas, calificadas como válidas, la decisión de parte de los ecuatorianos está tomada. Daniel Noboa, candidato de ADN, alcanzó un 55,60% de la votación y seguirá siendo presidente por los próximos cuatro años. La correísta Luisa González obtuvo el 44,40% y fue derrotada. La diferencia es de más de un 1’179.770 votos. 

Sin embargo, algunas voces, desde declaraciones políticas, han intentado implantar el fantasma del fraude, pese a que no existe, hasta el momento, una sola prueba, denuncia o evidencia real. Todo luego de que González, tras la oficialización de la tendencia desde el CNE, haya salido en público a gritar a viva voz que no reconocía los resultados oficiales. 

Poco después, la narrativa se difundió en algunos espacios en redes sociales y algunos de los seguidores del correísmo lo replicaron; pero también llegó otra respuesta, para algunos poco esperada: sus principales autoridades locales aceptaron la derrota del binomio, causando un cruce de opiniones desde el mismo bando. Y en medio de esta revuelta de opiniones y publicaciones, la desinformación también se ha sabido abrir espacios. 

Pero, ahora, cabe preguntarse qué se sabe sobre este supuesto fraude. ¿Qué dicen las fuentes oficiales y confiables? ¿Hay realmente indicios de algo parecido? Aquí te damos algunas respuestas para que no caigas en la trampa del fantasma. 

¿Fraude? 

En primer lugar, es necesario decir que lo único que se sabe de estas acusaciones de fraude tiene que ver con las declaraciones políticas de Luisa González y algunas opiniones lanzadas al aire, por personajes como Gustavo Petro, presidente de Colombia, mismas que ya fueron verificadas y calificadas como falsas ayer por Ecuador Chequea. Otras también replicadas por el expresidente prófugo de la Justicia, Rafael Correa. 

Tras consultar, tanto al CNE como al TCE, si han existido denuncias formales presentadas a las instituciones sobre un supuesto fraude; la respuesta ha sido que no existen escritos expuestos dentro de los procesos legales que pidan apertura de urnas o denuncien alguna irregularidad. Este es un primer indicio que permite confirmar que las denuncias se han quedado en una narrativa manejada por uno de los bandos que participó en la contienda. Pero no sólo eso. 

Horas después de la publicación de resultados, que mostraban una clara tendencia y una diferencia que se ampliaba entre los dos candidatos, personajes públicos adherentes de la Revolución Ciudadana rompieron el silencio. Por ejemplo, el alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez, escribió una mensaje claro: “Lo peor es ser un mal perdedor. El pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos y reconocerlo”, dijo a través de su cuenta de X. 

Lo mismo ocurrió con la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, quien escribió en su red social: “Sé que no es el desenlace que esperábamos; sin embargo, los resultados avalados por el CNE favorecen a Daniel Noboa y, mientras eso sea así y como demócrata, me corresponden reconocer esa realidad”. 

Un día después, llegaron nuevas declaraciones de otras autoridades del correísmo. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por ejemplo, afirmó que “un comportamiento plenamente democrático exige, en este momento, dos cosas: reconocer los resultados anunciados por el CNE; y que esas mismas autoridades electorales procesen todas las inconsistencias que se presenten”. Y continuó: “Al presidente, Daniel Noboa, le deseo lo mejor por el bien del país. Considero que es necesario un cambio de actitud en el manejo de su Gobierno”. 

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, poco después, agradeció al binomio González-Borja, asegurando que trabajará con el nuevo Gobierno por los recursos que requiere su provincia; refiriéndose incluso a Noboa como “presidente reelecto” en sus mensajes. A ella se suma Leonardo Orlando, prefecto de Manabí y también adherente de la RC, y el prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret.

Estas posturas se han distanciado, por ejemplo, de un comunicado emitido por la Revolución Ciudadana, en el que se asegura que se cuenta con “evidencia concluyente de un fraude electoral sistemático”, asegurando que miles de votos de González habrían desaparecido; criticando también la decisión tomada por el CNE de prohibir el uso de celulares al momento de votar, algo que fue hecho, según la misma institución, para evitar los actos de coerción por el voto hacia alguna de las tendencias. 

Ante esta división en las narrativas, cabe preguntarse qué han dicho las misiones internacionales de observación electoral sobre la presunta existencia de un fraude o de irregularidades en el conteo de votos o en los resultados oficiales. 

El conjunto de misiones de observación electoral internacionales desplegadas en Ecuador ha sido enfático: no existen indicios que cuestionen la legitimidad del proceso. Al contrario, sus informes respaldan la transparencia de la jornada, la coincidencia con los datos oficiales y el buen funcionamiento del sistema electoral.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró en su informe preliminar que “los resultados del conteo oficial coinciden con las cifras del CNE” y con la información recolectada por sus observadores. Además, su informe aclara que “el proceso de transmisión y publicación de resultados se desarrolló de manera oportuna y sin incidentes relevantes”. Asimismo, la misión aseguró que “el acceso de los observadores internacionales al centro de procesamiento de resultados fue total y sin restricciones” .

La Unión Europea, por su parte, reafirmó que “no se identificaron irregularidades sistemáticas que afectaran los resultados” y que las actas escrutadas “fueron consistentes con los reportes presenciales de los observadores en terreno”. Desde su experiencia, la jornada se desarrolló con orden y dentro de los estándares internacionales para elecciones democráticas.

En una línea similar, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), parte del Centro de Estudios Electorales de América Latina (Ceela), manifestó que “los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral reflejan con fidelidad la voluntad popular expresada en las urnas”, y que “las denuncias de fraude no cuentan con sustento técnico ni pruebas documentales”.

La Red Mundial de Jóvenes Políticos (MOEI), que desplegó una misión con observadores de cinco países, también concluyó que “no se registraron incidentes graves durante la jornada electoral” y que “la presencia de delegados políticos fue constante durante el escrutinio” . Si bien reconocen aspectos a mejorar, como la capacitación de miembros de mesa o la disposición de biombos, afirman que estos no afectan la legitimidad del resultado.

Por su parte, la misión del Parlamento Andino destacó la eficiencia en la transmisión de resultados y el papel clave del CNE. “La misión felicita al Consejo Nacional Electoral por la rapidez en la transmisión de resultados, por la claridad y transparencia en la proclamación de los mismos”, se lee en su informe, donde también resalta el uso de la app oficial del CNE como una herramienta de confianza para la ciudadanía .

Incluso organismos como la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB) y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal) coincidieron en que el proceso se desarrolló con normalidad. Esta última fue contundente: “Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a respetar la voluntad electoral del pueblo ecuatoriano, manifestada en las urnas”.

A pesar de algunas observaciones menores, relacionadas con logística o capacitación, como se puede ver, todas las misiones resaltaron que el resultado proclamado por el CNE refleja la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Lo que queda, entonces, es una disputa discursiva que se apoya más en emociones que en hechos comprobables. Y es justamente este aspecto el que ha buscado ser aprovechado por los desinformantes a través de las redes sociales. 

La narrativa para la desinformación 

En los últimos días, se ha dicho en redes sociales que hay manifestaciones por la victoria de Noboa, cosa que no ha ocurrido; que Luisa González hará una gira por países amigos para ser reconocida como Presidenta de Ecuador; que Diana Atamaint, presidenta del CNE, debería ser condenada a cadena perpetua por ejercer uno de los “fraudes mayores de la historia del país; que el CNE no quiso denunciar a Noboa por infracciones electorales; que la OEA no reconoce los resultados oficiales de Ecuador; que el fraude se fraguó porque la misma empresa que imprimió los cartones de Noboa fue la que imprimió las papeletas; o que los militares fueron cómplices del fraude. Todas estas afirmaciones han salido en los últimos días en los espacios digitales, intentando difundir la narrativa del fraude como un eje central. Pero, como se puede ver en lo expuesto previamente, las afirmaciones no cuentan con un criterio técnico y reconocido por organismos internacionales. 

Aun así, la pregunta persiste: ¿por qué, si las misiones de observación han ratificado la legitimidad del proceso, la narrativa de fraude sigue ganando espacio en ciertos sectores de la población y redes sociales? La respuesta está en el poder que tiene la desinformación en contextos políticos polarizados.

Según el informe elaborado por Chequeado sobre las elecciones de América Latina entre 2023 y 2024, esta narrativa se repite una y otra vez en distintos países, “especialmente en momentos donde los resultados no favorecen a determinados actores políticos”. Es una estrategia discursiva que busca deslegitimar al adversario, pero también preparar el terreno para desconocer una derrota. La desinformación, en ese sentido, no sólo funciona como una distorsión de la verdad, sino como un mecanismo emocional para apelar al levantamiento en contra de un poder consolidado por la mayor parte de la población.

Gustavo Cáceres, experto en comunicación política, advierte que este tipo de contenidos “apelan a la indignación” y tienen más posibilidades de viralizarse porque generan una reacción inmediata en las personas. “La narrativa de fraude está pensada para explotar la desconfianza previa que existe en los sistemas políticos. No se basa en evidencias, sino en percepciones y sospechas que circulan sin verificación, y que refuerzan sesgos previos”.

El problema es que, una vez instalada, la narrativa de fraude es difícil de desmontar. No requiere pruebas, sino solamente sembrar una duda. Y eso, en una democracia debilitada por la polarización, puede ser suficiente para minar la confianza ciudadana en las instituciones e, incluso, en la institucionalidad del país en general.

Silvia Hidalgo, también experta en comunicación política, por su parte, plantea que la desinformación electoral ya no busca convencer, sino “confundir, erosionar y generar desconfianza”. Según ella, “el objetivo de fondo no es que una mayoría crea en el fraude, sino que una minoría suficientemente movilizada esté dispuesta a actuar en su nombre”.

Este tipo de estrategias se han visto en países como Brasil en 2022, Bolivia en 2019, Estados Unidos en 2020 y Argentina en 2023. En todos los casos, las denuncias sin pruebas de fraude fueron impulsadas desde sectores políticos que no aceptaron los resultados y encontraron en las redes sociales un ecosistema ideal para amplificar sus discursos.

En el caso del país, la difusión de estas afirmaciones sin sustento, como que la empresa que imprimió las papeletas estaba ligada al candidato ganador o que organismos internacionales desconocieron los resultados, se da en un entorno de alta desconfianza institucional. El riesgo no está sólo en que estas narrativas circulen, sino en que terminen naturalizadas, incluso cuando han sido ampliamente desmentidas por organismos técnicos, observadores internacionales y por la propia normativa electoral ecuatoriana. Así lo aseguran los expertos. 

En este sentido, lo que se pone en juego no es solamente una elección, sino la legitimidad del sistema democrático en su conjunto. Porque, como señala el informe de la Unesco sobre desinformación electoral, “cuando las acusaciones infundadas de fraude se convierten en parte del discurso público, lo que se erosiona no es sólo un resultado electoral, sino la confianza en la democracia como mecanismo de resolución de disputas”.

La elección presidencial no sólo dejó a un nuevo, aunque ya conocido, Presidente en el poder, sino que también expuso un fenómeno cada vez más frecuente en la región: la disputa por la verdad tras los comicios. Mientras las cifras oficiales y los informes de observación internacional validan la transparencia del proceso, una narrativa paralela, sin evidencias pero con fuerte carga emocional, busca instalar la idea de un fraude. Esa narrativa no pretende probar nada, sino sembrar sospechas, debilitar la legitimidad institucional y mantener en tensión a una parte de la gente.

Frente a este escenario, el desafío no es sólo institucional, sino también cultural: ¿cómo reconstruir la confianza en las reglas del juego democrático cuando la mentira se viraliza más rápido que la verdad? Los expertos aseguran que la respuesta no puede venir únicamente desde las autoridades, sino también desde los medios, la academia, la educación y la ciudadanía.