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Martes, 14 Junio 2022

¿Fraude en las elecciones? Las claves de las narrativas de desinformación electoral

Por Juan Sebastián Lozada

Los errores de la Registraduría en las elecciones legislativas causaron la aparición de nuevas narrativas de desinformación electoral. ¿Por qué ocurrió esto y cuáles son? En este explicador le contamos.

La Registraduría pasó por su peor momento en décadas después de la jornada de las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022: la institución estatal perdió la confianza de los votantes y la de los partidos políticos que buscan ser elegidos en el proceso.

La suspicacia empezó con reclamos que hicieron figuras políticas como la senadora Maria Fernanda Cabal o el expresidente Andrés Pastrana, quien ya estaba hablando de fraude desde comienzos de marzo y aprovechó las coyunturas para forzar su propia teoría conspirativa que incluía la invasión rusa en Ucrania, una amenaza de un hackeo desde Venezuela y Rusia, y una reunión secreta que no fue del candidato Gustavo Petro con Indra, una de las compañías proveedoras del software de escrutinio en elecciones.

El descrédito de la Registraduría aumentó cuando el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de Twitter, el día después de las elecciones, que a su agrupación política no se le contabilizaron votos en 29.425 mesas. “El intento de ocultar votos es gigantesco y sistemático”, alegó en esa ocasión. Rápidamente otras figuras afines a Petro como el senador Gustavo Bolívar e influenciadores de redes sociales calificaron los hechos como fraude electoral.

“Las autoridades del Estado deberían leer la angustia popular por las inconsistencias de los conteos de votos en sus diferentes etapas”, manifestó también, por su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe. Los problemas distaban del fraude y radican, más bien, en las inconsistencias entre los procesos de preconteo y escrutinio que se realizan luego de la jornada de votación. Lo anterior lo responderemos en detalle más adelante.

Como explica el profesor de derecho Manuel Restrepo Medina en un artículo para Razón Pública, la figura de preconteo “funcionó hasta antes de las elecciones del 13 de marzo, porque las diferencias entre el conteo rápido y el escrutinio no superaban el 0,5 %”. Sin embargo, la Registraduría entregó una auditoría que muestra diferencias entre los dos sistemas de 5,87% (1'024.634 votos) para Senado y 2,91% (522.901 votos) para Cámara.

La Registraduría ofreció en el mismo informe una lista de errores que, según la institución, causaron la diferencia entre los votos transmitidos y los votos escrutados, como el mal diligenciamiento de los jurados de votación y la omisión en la transmisión de resultados de los partidos no preferentes “por la ubicación en el diseño del (formulario E-14)”. Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), estas razones son insuficientes para explicar una diferencia de votos tan grande en las legislativas.

Con esto, la sospecha sobre un supuesto fraude quedó sembrada así como se incrementó, también, la desconfianza en la Registraduría. En la primera vuelta de la elección presidencial la entidad tuvo la oportunidad de recuperar la confianza, y lo hizo, como manifestó Javi López, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), quien le dijo a El Espectador que el balance de la jornada del 29 de mayo había sido positivo gracias a las reformas que introdujo la entidad para esa fecha de votaciones.

En Colombiacheck hemos recibido pedidos de nuestros lectores para verificar desinformación electoral y también hemos encontrado que se siguen moviendo narrativas de desinformación. Por eso en este explicador responderemos preguntas como: ¿Qué narrativas siguen circulando sobre un posible fraude electoral y quienes las promueven? ¿Por qué se generó desconfianza en las elecciones legislativas? Y ¿Cómo se cuentan los votos en Colombia?

¿Qué narrativas siguen circulando sobre un posible fraude electoral y quiénes las promueven?

Como lo anticipamos en la introducción de este texto, en primer lugar circula una narrativa que desinforma sobre los software de escrutinio electoral y sobre sus empresas proveedoras contratadas por la Registraduría.

Pilar Sáenz, coordinadora del K+LAB de la Fundación Karisma, explica en un informe que, aunque no es posible asegurar que el sistema de escrutinio de las elecciones es robusto, tampoco se debe caer fácilmente en la narrativa del fraude pues hay mucho más que entender sobre ellos.

Las desinformaciones señalaron, particularmente, a la compañía española Indra, de la cual se dijo que era de propiedad del “gobierno socialista español” y que podría influir en las elecciones en Colombia, algo que chequeamos en los primeros días de mayo y también verificaron los colegas de Newtral: concluimos que eran afirmaciones falsas. Así como tampoco es cierto que Gustavo Petro se reunió en España con esta compañía, como dijo el expresidente Pastrana; esta declaración también fue verificada por La Silla Vacía.

Por otro lado, una publicación de Facebook del 27 de mayo de la página ‘Fraudehistorico’ recoge datos sin contexto, como el costo de las contrataciones con las compañías proveedoras de software, y lo mezcla con comunicados públicos como el de la senadora Cabal, del Centro Democrático, quien criticó en redes sociales a Datasys, una compañía que se iba a contratar para auditar los software electorales. El video de Facebook afirma que esta fue “contratada por la Registraduría”, pero esta contratación nunca se dio.

Este video aprovecha los errores de las elecciones del 13 de marzo que cometió la Registraduría y obtiene popularidad y reproducciones a costa de la desconfianza de los votantes. La narrativa de esta publicación busca mezclar denuncias ciudadanas y notas de prensa sobre las inconsistencias en los resultados electorales junto con hechos ciertos sin contexto.

Por ejemplo, la descripción del video comienza con el monto de los contratos de las empresas encargadas del proceso electoral, un dato cierto de acuerdo con los contratos que están en la plataforma SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) de Disproel e Indra. Pero, según Marlon Pabón, coordinador de Administración pública y Transparencia de la MOE, el contrato de Disproel tiene diferentes elementos que explican el costo, como se ve aquí:


En el mismo video también se asegura lo siguiente: “Qué casualidad que cojan a Piedad Córdoba con millones de dólares en Honduras después de que el registrador contratara a una empresa hondureña para auditar las elecciones en Colombia”. La frase, si no se examina con cuidado, presenta un argumento para el pánico: una noticia cierta reciente. Pero la adorna con datos falsos o cuestionables. Porque aunque Córdoba sí fue retenida en ese país con miles de dólares que no declaró, la compañía Datasys finalmente no recibió ningún contrato y su origen no es hondureño sino costarricense.

El registrador nacional, Alexander Vega, también ha sido objeto de desinformación en semanas anteriores. Es el caso de una cadena de fotos de WhatsApp que sugería que Vega había estado en “el foro de Sao Paulo” con los expresidentes Rafael Correa (Ecuador) y José Mujica (Uruguay), pero, cuando lo verificamos, pudimos constatar que las fotos se habían tomado en la víspera de las elecciones presidenciales de Ecuador del 2017, en las que Vega participó como coordinador de la misión de observación electoral de la Unasur.

La narrativa del video en cuestión también incluye hechos por los que se cuestiona al registrador y a su familia. Por ejemplo, se refiere a un episodio del funcionario cuando trabajó como litigante en pleitos electorales en 2010; según La Silla Vacía, Vega, como mensajero de Marco Emilio Hincapié, entonces magistrado del Consejo Nacional Electoral, le pidió 1.200 millones de pesos a Andrés Guerra Hoyos, hoy senador electo del Centro Democrático, a cambio de revisar un escrutinio para recuperar una curul en el Senado. Sin embargo, aunque el video presenta esto como una prueba, el hecho nunca fue investigado.

¿Por qué se generó desconfianza en las elecciones legislativas?

Linterna Verde, una organización independiente que investiga cómo se construye opinión pública en redes sociales, publicó recientemente su informe “Desinformación electoral: ¿cómo ha afectado la confianza en el sistema y cómo hacerle frente desde la sociedad civil?”, en el que exploran cómo llegamos a la crisis electoral de las elecciones legislativas que, a su vez, fomenta las narrativas de desinformación.

Linterna enumera en su informe una serie de ‘engranajes’ que ayudaron a que la conversación pública sobre fraude ‘tomara tracción’ en redes sociales. Una de ellas está relacionada con un explicador que escribimos en Colombiacheck en marzo de este año sobre cómo el presidente Duque, al tratar de advertir posibles riesgos en la manipulación de la opinión pública, mezcló conceptos y ensanchó las dudas sobre las elecciones.

La génesis del problema se dio, según el informe, desde las elecciones presidenciales del 2018, pues la ciudadanía tuvo acceso a los formularios digitales E-14 en los que señaló inconsistencias. Asimismo, Gustavo Petro, el candidato perdedor de esa contienda, puso en duda los resultados electorales que favorecieron al presidente Iván Duque. Dudas que se incrementaron en la opinión pública en las elecciones locales y regionales de 2019.

La narrativa del fraude cobró fuerza en el 2022 desde sectores de la derecha, con figuras que ya nombramos como la senadora Cabal o el expresidente Pastrana, pero otros sectores, como el Pacto Histórico, se sumaron a la narrativa del fraude un mes después: el día de las elecciones legislativas.

El informe de Linterna señala una particularidad sobre el reclamo de la coalición: “Pese a hablar continuamente sobre un gran fraude electoral, el Pacto Histórico aumentó 4 curules en el Senado”, esto se evidencia en este trino del senador Gustavo Bolívar.

Sobre esto se pueden constatar dos cosas: la primera es que esta coalición tuvo una duda legítima sobre la transparencia del sistema electoral y, a través de sus testigos acreditados para acompañar las comisiones escrutadoras, encontraron verdaderas inconsistencias entre los resultados del preconteo, netamente informativos, y los resultados del escrutinio, es decir, las cifras definitivas.

La segunda es que, como afirma Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, no podemos hablar de fraude electoral sobre los resultados del preconteo. Estos no tienen validez jurídica y su finalidad es informar de manera temprana los resultados de las elecciones.

¿Cómo se cuentan los votos en Colombia?

De acuerdo con el artículo 111 del Código Electoral colombiano, las votaciones se realizan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una vez termina la jornada, en el recinto solo quedan los jurados de mesa, delegados de la Registraduría, testigos electorales, observadores y Fuerza Pública, según explica Diego Rubiano en un video.

Allí uno de los miembros del jurado lee en voz alta el número de personas que se acercaron a votar. Este número es “el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes”, se lee en el artículo 134. El dato debe corresponder con el que está registrado en el formulario E-11, en el que los jurados de mesa escriben los nombres y apellidos de los votantes y se les pide que dejen su firma y huella digital.

Luego se abren las urnas y comienza el proceso formal de conteo de votos, uno de los jurados cuenta los votos uno por uno (art. 135). Si la cantidad de tarjetones es mayor al número de personas que sufragaron, estos se vuelven a introducir en la urna y se revuelven con el fin de sacar el número de sobrantes al azar e incinerarlos. Si ocurre así, esto se hace constar en el acta de escrutinio.

Aunque los testigos y observadores acompañan el proceso, solo los jurados pueden manipular y organizar el material electoral cuando se esté realizando el conteo de votos.

Los resultados se consignan en las actas de escrutinio de los jurados de votación, conocidos como formularios E-14. “Para el registro de los votos en cada mesa se llenan 3 formularios idénticos”, explica Danilo Sepúlveda, subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE. Aunque tienen la misma información, cada uno de estos tres ejemplares se usa para una finalidad distinta, un ejemplar es el de “claveros”, otro el de los “delegados”, y otro el de “transmisión”.


Una vez se firman los tres formularios, los jurados permiten que los testigos tomen fotos de estos para entregarlos según corresponda.

El formulario de transmisión se entrega a los delegados del puesto de votación, “funcionarios de la firma contratista de la Registraduría”, como detalla Rubiano, quienes tienen la función de informar los datos del documento a un centro de procesamiento vía telefónica, así es como termina el proceso de preconteo. Las organizaciones políticas, los medios de comunicación y los ciudadanos tienen acceso a esta información a través de los boletines de preconteo que carga la Registraduría en su portal de internet.

El formulario de delegados tiene el fin de dar a conocer el resultado del puesto de votación. Antes de la era del internet, estos formularios se fijaban en unas carteleras afuera de los puestos de votación para que los votantes pudieran conocer los resultados en sus mesas. Ahora se digitalizan y son cargados a la página de la entidad para consulta ciudadana.

La copia más importante de los E-14 es la de claveros, la cual se deposita en un sobre con otros documentos: el formulario E-11, el formulario E-10 (la lista de sufragantes), un sobre con los votos debidamente sellado, y reclamaciones de los testigos electorales, si los hay. Este sobre se entrega a un delegado de la Registraduría para introducirse en un arca triclave, así comienza el proceso de custodia de los votos. El arca triclave es un “depósito, caja o recinto” en donde se guardan los sobres, “el cual está provisto de tres (3) cerraduras o candados (con diferente llave), correspondiéndole a tres (3) ciudadanos denominados claveros la posesión y custodia de una de ellas”, según explica el instructivo de escrutinio de la Registraduría.

Este material lo reciben luego las comisiones escrutadoras y es el que tiene validez jurídica en los resultados electorales, contrario al preconteo. Es decir, el preconteo es un procedimiento que está relacionado solamente con la transmisión de resultados el mismo día de la elección, cuyo propósito es informativo. Por el contrario, el escrutinio determina los resultados definitivos de las elecciones.

Las comisiones escrutadoras están conformadas por notarios y jueces de la República, quienes están acompañados por testigos de las distintas organizaciones políticas y observadores. Los notarios y jueces observan los formularios y, si cuentan con enmendaduras o tachones deben realizar un reconteo; si no, registran la información del formulario E-14 en el software de escrutinio que cada comisión tiene a su disposición.

“El conteo de las comisiones escrutadoras fue de nivel municipal para municipios pequeños como Cumaribo, en Vichada, o Titiribí, en Antioquia, y de nivel zonal para municipios mucho más grandes como Bogotá, Cali y Medellín, en este procedimiento estuvieron involucrados más de 6.000 jueces y notarios de la República”, describe Rubiano sobre el proceso específico de las elecciones legislativas del 13 de marzo.

Este conteo se consigna en un formulario E-24 en el que se suman los resultados de todos los formularios E-14 a nivel zonal o municipal. Luego, en un segundo nivel, comisiones escrutadoras conformadas por aproximadamente 800 jueces de tribunales vinculados a la Rama Judicial, suman estos resultados en nuevos formularios E-24 departamentales o distritales.

Por último, en un tercer nivel, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza un reconteo final de todos los documentos producidos en las etapas anteriores para consolidar la votación que viene desde el escrutinio general.

¿Qué son los software de escrutinio y cómo funcionan?

Los software deben entenderse, como apunta el Informe de Observación Electoral de la primera vuelta presidencial de la Fundación Karisma, no solamente como programas que se ejecutan sino también como un sistema que soporta este programa computacional, en el que se incluyen “servidores, red, archivos, bases de datos y finalmente el programa con su código fuente”.

En el caso de los software de escrutinio, se habla específicamente de programas ejecutables que sirven para el proceso de escrutinio, o de consolidación de resultados y conteo de votos, como afirma Pilar Sáenz, de Karisma.

En el proceso electoral colombiano, la Registraduría tiene dos contratistas operativos para atender los procesos tecnológicos y logísticos de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. El informe llama la atención sobre cómo “la organización y el desarrollo de los comicios se han tercerizado a empresas privadas desde hace más de 20 años”, lo que ha impedido que la Registraduría y el CNE desplieguen la capacidad técnica necesaria para que sean las mismas entidades las que se encarguen de las votaciones.

La unión temporal Disproel, uno de los dos contratistas, ofrece la mayoría de las soluciones tecnológicas y logísticas, entre las cuales están el preconteo, la selección de los jurados, el desarrollo de las aplicaciones de delegados y testigos electorales, la logística de los días de elecciones y el software que se utiliza para el escrutinio de primer y segundo nivel.

La firma española Indra, la otra contratista, ofrece un software que se utiliza únicamente en el tercer nivel del proceso de escrutinio, es decir, aquel que está a cargo del CNE y en el que se consolidan los resultados de las votaciones que recogieron las demás comisiones escrutadoras.

El software de Disproel, dice Sáenz, se instala en cada computador de las comisiones escrutadoras de nivel zonal, municipal, auxiliar y departamental, “que son 2.700 computadores”, agrega.

Allí se ingresan los datos para ser totalizados. Una vez terminado el proceso, la comisión escrutadora genera un CD en donde se almacena la información y luego se entrega a la comisión escrutadora del siguiente nivel, “así se sube la información de nivel a nivel, a través de CD; además de eso, el computador se conecta con un sistema de seguimiento y control de la Registraduría para poder tener un registro de los resultados que genera la comisión escrutadora, pero lo que es oficial es la información que sube a través de los CD”.

En el caso del escrutinio del CNE, en el que ya se dijo que se utiliza otro software de escrutinio, el de la firma española Indra, llegan 34 CD con la información de los otros niveles para que esta pueda ser totalizada: “uno por cada uno de los departamentos, uno de consulados, y uno de distrito, el de Bogotá”, aclara Sáenz. El sistema de software de este nivel no está instalado en los computadores sino que funciona en la red de Indra, según Karisma, esto es una aplicación en internet a la que se conectan los 9 magistrados del CNE “desde unos computadores especiales que se encuentra en Corferias, donde sesiona la comisión”.

Esta interrelación se puede ver en este modelo piramidal desarrollado por la Fundación Karisma:


El informe también hace un esfuerzo por explorar cuáles empresas son subcontratistas de Disproel e Indra. El propósito de visibilizar las compañías encargadas de distintos procedimientos técnicos es, en últimas, entender las tecnologías que utilizan en el proceso electoral, como dice el texto frente a esta misión, “también debemos empezar a desentrañar de forma detallada cómo y hasta qué nivel funciona la contratación y subcontratación respecto a las elecciones”.

Karisma aclara que este no es un mapeo completo de las compañías subcontratadas y presenta unos esquemas de elaboración propia para Disproel:


Y para Indra:


Además de las grandes contratistas para proveer las soluciones del proceso electoral, la Registraduría también contrató a la compañía JAHV McGregor para la auditoría del proceso. Esta auditoría busca que se cumpla todo lo que contrató la unión temporal Disproel, así que va más allá de una revisión técnica de los software, también tiene que examinar los procesos logísticos, como que se imprimieran y enviaran los kits de elecciones.

Sin embargo, uno de los inconvenientes de esta auditoría, advierte el informe de Karisma, es que, si bien son independientes, pues es de una empresa que no controla Indra ni Disproel, no es pública: “en ambos casos, toda la información de las auditorías está resguardada por cláusulas de confidencialidad que aplican a JAHV McGregor SAS.

Además, la RNEC [Registraduría Nacional del Estado Civil] se ha mostrado renuente a publicarlas o entregarlas”, se cuestiona en el texto.

Sáenz advierte que, si bien existen críticas sobre los usos de los software y las auditorías de los comicios, eso no significa que se desconfíe completamente de los resultados electorales. “Nuestro sistema deja huellas en papel y en estas actas a las que se les puede hacer un seguimiento, es lo que hacen los partidos políticos para hacer sus reclamaciones”, explica.

Concluye diciendo que estos vacíos son aprovechados para las narrativas de fraude, pero las entidades nunca han hablado desde estos términos. Por el contrario, desde 2014, cuando el partido MIRA perdió sus curules debido a manipulación de resultados, se ha tenido un mejoramiento del sistema.

Lunes, 22 Octubre 2018

¿Qué es una rectificación y cómo funciona?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Dadas las recientes discusiones que se han generado entre personajes de la política nacional y que han llevado al uso de la rectificación, en Colombiacheck decidimos resolver algunas de las preguntas que giran en torno a este tema.

Hace ya varias semanas se abrió un debate público en torno a la rectificación, debido a unas afirmaciones que hizo el senador Gustavo Petro sobre el expresidente y también senador, Álvaro Uribe Vélez.

El 24 de agosto de este año, el senador Petro fue entrevistado por Vicky Dávila en su programa de la emisora La W. Allí, el excandidato presidencial dijo, entre otras cosas, que “Uribe debió haber estado preso hace tiempos por delitos de lesa humanidad”.

Unos días más tarde, el abogado Abelardo de la Espriella, representante de Uribe, interpuso una tutela de 45 páginas contra Petro al considerar que sus declaraciones fueron "calumniosas" y que con ellas se violó el derecho al buen nombre y a la honra de su representado.

Lo que buscaba la acción de tutela era hacer rectificar al senador Petro por todas sus afirmaciones. Un juez falló a favor de Uribe y Petro, el pasado 21 de septiembre, en una nueva entrevista con W Radio, dijo que "hay hechos, indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad ... Lo que me parece una inexactitud es decidir de antemano qué tipo de sanción o fallo debe tener la justicia. Es decir, la justicia debe ser independiente".

Estas declaraciones dejaron inconforme a Uribe, quien presentó un recurso legal para que se declarara que Petro estaba en desacato al no haber cumplido con rectificar a cabalidad. Pero el 11 de octubre otro juzgado le dio la razón a Petro, diciendo que ya había rectificado.

Todas estas decisiones generaron varios desacuerdos y confusiones desde varios lados del espectro político. Frente a esto, en Colombiacheck decidimos resolver algunas preguntas sobre la rectificación; ¿qué es?, ¿cómo se debe rectificar?, ¿quiénes deben hacerlo? y ¿quiénes pueden solicitar una rectificación?

Aquí están algunas de esas preguntas con sus respuestas. No obstante, al igual que en artículos anteriores (vea ¿Qué es el fracking? y ¿Qué son las Águilas Negras?), la idea es que a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué es la rectificación?

La rectificación es un derecho fundamental, garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia.

“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Consiste, básicamente, en corregir una información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada para que sea más exacta.

¿Por qué hay que rectificar?

De acuerdo con el artículo ya citado de la Constitución, la información que se difunda debe ser veraz e imparcial. En ese sentido, una información que sea falsa, inexacta, equivocada o desactualizada debe ser corregida, de acuerdo con un informe publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

¿Cualquier persona puede pedir una rectificación?

Sí. Según Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de defensa y atención de periodistas de la Flip, una de las garantías asociadas a la libertad de expresión es la libertad de las audiencias a recibir y acceder a información veraz.

En la práctica, cualquier persona que haya visto o escuchado información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada en un medio de comunicación, y que considere que se viola su derecho a recibir información veraz, puede hacer una solicitud formal de rectificación, que no es más que una carta enviada a un medio en la que se le solicita que rectifique (más adelante explicaremos qué más debe contener).

Hay que tener en cuenta, que “la solicitud de rectificación, como herramienta legal, solo se les exige a los medios de comunicación”, según explica Carolina Escruceria, directora jurídica del diario El País de Cali.

¿Qué pasa si la afirmación inexacta es dicha por un personaje público, pero no a través de un medio de comunicación?

Lo que puede hacer una persona afectada por una información falsa (por ejemplo a través de una red social) es pedir al autor de la misma que se retracte de lo dicho. Y lo puede hacer a través de una acción de tutela (directamente y sin pedir solicitud de rectificación) ante la violación del derecho al buen nombre y a la honra, de acuerdo con Escruceria.

En el caso particular de lo ocurrido con Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, la rectificación del segundo se hizo a través de acción de tutela, ya que por más de que la afirmación se haya hecho en un medio de comunicación, no la hizo un periodista.

Luego de enviada la acción de tutela, el juez que la recibió decidió que Petro debía rectificar lo que dijo.

¿Qué debe tener en cuenta quien envía una solicitud de rectificación?

La solicitud de rectificación debe ser dirigida directamente al periodista o al medio de comunicación que difundió la información que el afectado considere que es falsa, inexacta, equivocada o desactualizada.

Debe ser concreta y señalar específicamente qué frases son inexactas, de acuerdo con la sentencia T-260 de 2010 de la Corte Constitucional. Pues “es imposible hacer una rectificación sin saber en específico qué información transmitida no cumple con el requisito de veracidad o imparcialidad”, dice el informe de la Flip.

Además, la solicitud debe hacerse de manera oportuna, en el menor tiempo posible después de la publicación, según la sentencia T-681 de 2007 de la Corte Constitucional.

Si se trata de una información publicada en internet, en la sentencia T-725 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo que, cuando los medios de comunicación mantienen publicada en Internet información desactualizada de manera indefinida, se violan los derechos al buen nombre y a la honra de las personas involucradas. Esto quiere decir que la facultad de hacer solicitudes de rectificación se mantiene mientras la información continúe disponible en internet, según el informe de la Flip.

Ahora bien, si las afirmaciones publicadas son en relación a hechos concretos, de acuerdo con la jurisprudencia (sentencia T-262 de 2007 de la Corte Constitucional), quien solicita la rectificación es quien tiene que presentar las pruebas para sustentar que la información es inexacta.

“Pero si la información publicada es indefinida, es decir, si el medio de comunicación hace una afirmación genérica que no tiene un hecho concreto y que no justifica la información, es el medio quien debe probar cómo llegó a esas afirmaciones”, explica Isaza.

Esto no significa, sin embargo, que el medio de comunicación tenga que revelar sus fuentes (la reserva de la fuente es una garantía constitucional inviolable). “Lo que el medio debe hacer es señalar en su respuesta cuáles son los hechos concretos que motivan las afirmaciones indefinidas”, dice el informe de la Flip.

Ahora bien, de acuerdo con Isaza, la solicitud de rectificación es un requisito de procedibilidad cuando la información está publicada en medios de comunicación (decreto 2592 de 1991). Lo que quiere decir que se debe pedir obligatoriamente la solicitud de rectificación antes de recurrir a cualquier otro mecanismo legal.

Pero cuando se trata de información publicada por personas que no son medios de comunicación, no es necesario enviar una solicitud de rectificación previa a una acción de tutela, como ya explicamos.

¿Qué pasa si no se rectifica?

Si después de que una persona envía a un medio de comunicación una solicitud de rectificación este no rectifica, lo que puede hace el solicitante es poner una acción de tutela.

Luego de que se pone la tutela contra el medio de comunicación, o contra el personaje que dio la información inexacta, el juez decide si el medio o la persona debe rectificar, cómo hacerlo y bajo qué condiciones.

Y si definitivamente no se hace la rectificación luego de la acción de tutela, entonces el juez puede imponer medidas de “persuasión” a través de multas o arrestos. “O puede iniciar una investigación por fraude a resolución judicial”, según explica Isaza.

¿Quién decide si se debe rectificar?

En el caso de solicitudes de rectificación que lleguen a los medios, cada medio de comunicación decide qué disposición tomar frente a la solicitud.

Si surge por una tutela, bien sea porque el medio se negó a rectificar a través de la solicitud, o porque la tutela la recibe un particular (como en el caso de Petro), es el juez que falla la tutela el que decide si debe haber rectificación.

¿Cómo se hace una rectificación?

Lo que dice el informe de la Flip es que la Corte Constitucional ha establecido algunos parámetros que deben cumplirse a la hora de hacer una rectificación.

1. La rectificación debe hacerse por el mismo medio y el mismo periodista.

2. La rectificación debe tener un despliegue e importancia similar al de la publicación original.

Por ejemplo, si la nota salió en radio en un horario prime time, la rectificación deberá hacerse en el mismo horario (esto fue lo que ocurrió con el caso de Petro y Uribe). Si la nota fue portada de un periódico, la rectificación también deberá serlo en primera plana, aunque no necesariamente ocupando toda la portada. Lo importante es que la rectificación tenga el mismo impacto que tuvo la información original.

3. La rectificación debe hacerse en un término razonable a partir de la solicitud.

4. El medio o periodista debe reconocer expresamente que se equivocó.

Y según Escruceria, se debe hacer sin ningún calificativo. Por ejemplo, poner en la rectificación que se está haciendo “porque me toca” o “porque un juez me lo ordenó” no se puede hacer.

¿Las opiniones también se rectifican?

No. La Corte Constitucional en la sentencia T-213 de 2004 ha dicho que la opinión no se rectifica. “No importa qué tan ácida o harta pueda resultar, la opinión es un concepto subjetivo que no se puede rectificar porque es un sentimiento del que opina”, explica Escruceria.

“Lo que sí se puede rectificar son los hechos verificables que sustentan una opinión”, dice la coordinadora de la Flip.