La Registraduría pasó por su peor momento en décadas después de la jornada de las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022: la institución estatal perdió la confianza de los votantes y la de los partidos políticos que buscan ser elegidos en el proceso.

La suspicacia empezó con reclamos que hicieron figuras políticas como la senadora Maria Fernanda Cabal o el expresidente Andrés Pastrana, quien ya estaba hablando de fraude desde comienzos de marzo y aprovechó las coyunturas para forzar su propia teoría conspirativa que incluía la invasión rusa en Ucrania, una amenaza de un hackeo desde Venezuela y Rusia, y una reunión secreta que no fue del candidato Gustavo Petro con Indra, una de las compañías proveedoras del software de escrutinio en elecciones.

El descrédito de la Registraduría aumentó cuando el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de Twitter, el día después de las elecciones, que a su agrupación política no se le contabilizaron votos en 29.425 mesas. “El intento de ocultar votos es gigantesco y sistemático”, alegó en esa ocasión. Rápidamente otras figuras afines a Petro como el senador Gustavo Bolívar e influenciadores de redes sociales calificaron los hechos como fraude electoral.

“Las autoridades del Estado deberían leer la angustia popular por las inconsistencias de los conteos de votos en sus diferentes etapas”, manifestó también, por su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe. Los problemas distaban del fraude y radican, más bien, en las inconsistencias entre los procesos de preconteo y escrutinio que se realizan luego de la jornada de votación. Lo anterior lo responderemos en detalle más adelante.

Como explica el profesor de derecho Manuel Restrepo Medina en un artículo para Razón Pública, la figura de preconteo “funcionó hasta antes de las elecciones del 13 de marzo, porque las diferencias entre el conteo rápido y el escrutinio no superaban el 0,5 %”. Sin embargo, la Registraduría entregó una auditoría que muestra diferencias entre los dos sistemas de 5,87% (1'024.634 votos) para Senado y 2,91% (522.901 votos) para Cámara.

La Registraduría ofreció en el mismo informe una lista de errores que, según la institución, causaron la diferencia entre los votos transmitidos y los votos escrutados, como el mal diligenciamiento de los jurados de votación y la omisión en la transmisión de resultados de los partidos no preferentes “por la ubicación en el diseño del (formulario E-14)”. Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), estas razones son insuficientes para explicar una diferencia de votos tan grande en las legislativas.

Con esto, la sospecha sobre un supuesto fraude quedó sembrada así como se incrementó, también, la desconfianza en la Registraduría. En la primera vuelta de la elección presidencial la entidad tuvo la oportunidad de recuperar la confianza, y lo hizo, como manifestó Javi López, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), quien le dijo a El Espectador que el balance de la jornada del 29 de mayo había sido positivo gracias a las reformas que introdujo la entidad para esa fecha de votaciones.

En Colombiacheck hemos recibido pedidos de nuestros lectores para verificar desinformación electoral y también hemos encontrado que se siguen moviendo narrativas de desinformación. Por eso en este explicador responderemos preguntas como: ¿Qué narrativas siguen circulando sobre un posible fraude electoral y quienes las promueven? ¿Por qué se generó desconfianza en las elecciones legislativas? Y ¿Cómo se cuentan los votos en Colombia?

¿Qué narrativas siguen circulando sobre un posible fraude electoral y quiénes las promueven?

Como lo anticipamos en la introducción de este texto, en primer lugar circula una narrativa que desinforma sobre los software de escrutinio electoral y sobre sus empresas proveedoras contratadas por la Registraduría.

Pilar Sáenz, coordinadora del K+LAB de la Fundación Karisma, explica en un informe que, aunque no es posible asegurar que el sistema de escrutinio de las elecciones es robusto, tampoco se debe caer fácilmente en la narrativa del fraude pues hay mucho más que entender sobre ellos.

Las desinformaciones señalaron, particularmente, a la compañía española Indra, de la cual se dijo que era de propiedad del “gobierno socialista español” y que podría influir en las elecciones en Colombia, algo que chequeamos en los primeros días de mayo y también verificaron los colegas de Newtral: concluimos que eran afirmaciones falsas. Así como tampoco es cierto que Gustavo Petro se reunió en España con esta compañía, como dijo el expresidente Pastrana; esta declaración también fue verificada por La Silla Vacía.

Por otro lado, una publicación de Facebook del 27 de mayo de la página ‘Fraudehistorico’ recoge datos sin contexto, como el costo de las contrataciones con las compañías proveedoras de software, y lo mezcla con comunicados públicos como el de la senadora Cabal, del Centro Democrático, quien criticó en redes sociales a Datasys, una compañía que se iba a contratar para auditar los software electorales. El video de Facebook afirma que esta fue “contratada por la Registraduría”, pero esta contratación nunca se dio.

Este video aprovecha los errores de las elecciones del 13 de marzo que cometió la Registraduría y obtiene popularidad y reproducciones a costa de la desconfianza de los votantes. La narrativa de esta publicación busca mezclar denuncias ciudadanas y notas de prensa sobre las inconsistencias en los resultados electorales junto con hechos ciertos sin contexto.

Por ejemplo, la descripción del video comienza con el monto de los contratos de las empresas encargadas del proceso electoral, un dato cierto de acuerdo con los contratos que están en la plataforma SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) de Disproel e Indra. Pero, según Marlon Pabón, coordinador de Administración pública y Transparencia de la MOE, el contrato de Disproel tiene diferentes elementos que explican el costo, como se ve aquí:

En el mismo video también se asegura lo siguiente: “Qué casualidad que cojan a Piedad Córdoba con millones de dólares en Honduras después de que el registrador contratara a una empresa hondureña para auditar las elecciones en Colombia”. La frase, si no se examina con cuidado, presenta un argumento para el pánico: una noticia cierta reciente. Pero la adorna con datos falsos o cuestionables. Porque aunque Córdoba sí fue retenida en ese país con miles de dólares que no declaró, la compañía Datasys finalmente no recibió ningún contrato y su origen no es hondureño sino costarricense.

El registrador nacional, Alexander Vega, también ha sido objeto de desinformación en semanas anteriores. Es el caso de una cadena de fotos de WhatsApp que sugería que Vega había estado en “el foro de Sao Paulo” con los expresidentes Rafael Correa (Ecuador) y José Mujica (Uruguay), pero, cuando lo verificamos, pudimos constatar que las fotos se habían tomado en la víspera de las elecciones presidenciales de Ecuador del 2017, en las que Vega participó como coordinador de la misión de observación electoral de la Unasur.

La narrativa del video en cuestión también incluye hechos por los que se cuestiona al registrador y a su familia. Por ejemplo, se refiere a un episodio del funcionario cuando trabajó como litigante en pleitos electorales en 2010; según La Silla Vacía, Vega, como mensajero de Marco Emilio Hincapié, entonces magistrado del Consejo Nacional Electoral, le pidió 1.200 millones de pesos a Andrés Guerra Hoyos, hoy senador electo del Centro Democrático, a cambio de revisar un escrutinio para recuperar una curul en el Senado. Sin embargo, aunque el video presenta esto como una prueba, el hecho nunca fue investigado.

¿Por qué se generó desconfianza en las elecciones legislativas?

Linterna Verde, una organización independiente que investiga cómo se construye opinión pública en redes sociales, publicó recientemente su informe “Desinformación electoral: ¿cómo ha afectado la confianza en el sistema y cómo hacerle frente desde la sociedad civil?”, en el que exploran cómo llegamos a la crisis electoral de las elecciones legislativas que, a su vez, fomenta las narrativas de desinformación.

Linterna enumera en su informe una serie de ‘engranajes’ que ayudaron a que la conversación pública sobre fraude ‘tomara tracción’ en redes sociales. Una de ellas está relacionada con un explicador que escribimos en Colombiacheck en marzo de este año sobre cómo el presidente Duque, al tratar de advertir posibles riesgos en la manipulación de la opinión pública, mezcló conceptos y ensanchó las dudas sobre las elecciones.

La génesis del problema se dio, según el informe, desde las elecciones presidenciales del 2018, pues la ciudadanía tuvo acceso a los formularios digitales E-14 en los que señaló inconsistencias. Asimismo, Gustavo Petro, el candidato perdedor de esa contienda, puso en duda los resultados electorales que favorecieron al presidente Iván Duque. Dudas que se incrementaron en la opinión pública en las elecciones locales y regionales de 2019.

La narrativa del fraude cobró fuerza en el 2022 desde sectores de la derecha, con figuras que ya nombramos como la senadora Cabal o el expresidente Pastrana, pero otros sectores, como el Pacto Histórico, se sumaron a la narrativa del fraude un mes después: el día de las elecciones legislativas.

El informe de Linterna señala una particularidad sobre el reclamo de la coalición: “Pese a hablar continuamente sobre un gran fraude electoral, el Pacto Histórico aumentó 4 curules en el Senado”, esto se evidencia en este trino del senador Gustavo Bolívar.

Sobre esto se pueden constatar dos cosas: la primera es que esta coalición tuvo una duda legítima sobre la transparencia del sistema electoral y, a través de sus testigos acreditados para acompañar las comisiones escrutadoras, encontraron verdaderas inconsistencias entre los resultados del preconteo, netamente informativos, y los resultados del escrutinio, es decir, las cifras definitivas.

La segunda es que, como afirma Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, no podemos hablar de fraude electoral sobre los resultados del preconteo. Estos no tienen validez jurídica y su finalidad es informar de manera temprana los resultados de las elecciones.

¿Cómo se cuentan los votos en Colombia?

De acuerdo con el artículo 111 del Código Electoral colombiano, las votaciones se realizan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una vez termina la jornada, en el recinto solo quedan los jurados de mesa, delegados de la Registraduría, testigos electorales, observadores y Fuerza Pública, según explica Diego Rubiano en un video.

Allí uno de los miembros del jurado lee en voz alta el número de personas que se acercaron a votar. Este número es “el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes”, se lee en el artículo 134. El dato debe corresponder con el que está registrado en el formulario E-11, en el que los jurados de mesa escriben los nombres y apellidos de los votantes y se les pide que dejen su firma y huella digital.

Luego se abren las urnas y comienza el proceso formal de conteo de votos, uno de los jurados cuenta los votos uno por uno (art. 135). Si la cantidad de tarjetones es mayor al número de personas que sufragaron, estos se vuelven a introducir en la urna y se revuelven con el fin de sacar el número de sobrantes al azar e incinerarlos. Si ocurre así, esto se hace constar en el acta de escrutinio.

Aunque los testigos y observadores acompañan el proceso, solo los jurados pueden manipular y organizar el material electoral cuando se esté realizando el conteo de votos.

Los resultados se consignan en las actas de escrutinio de los jurados de votación, conocidos como formularios E-14. “Para el registro de los votos en cada mesa se llenan 3 formularios idénticos”, explica Danilo Sepúlveda, subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE. Aunque tienen la misma información, cada uno de estos tres ejemplares se usa para una finalidad distinta, un ejemplar es el de “claveros”, otro el de los “delegados”, y otro el de “transmisión”.

Una vez se firman los tres formularios, los jurados permiten que los testigos tomen fotos de estos para entregarlos según corresponda.

El formulario de transmisión se entrega a los delegados del puesto de votación, “funcionarios de la firma contratista de la Registraduría”, como detalla Rubiano, quienes tienen la función de informar los datos del documento a un centro de procesamiento vía telefónica, así es como termina el proceso de preconteo. Las organizaciones políticas, los medios de comunicación y los ciudadanos tienen acceso a esta información a través de los boletines de preconteo que carga la Registraduría en su portal de internet.

El formulario de delegados tiene el fin de dar a conocer el resultado del puesto de votación. Antes de la era del internet, estos formularios se fijaban en unas carteleras afuera de los puestos de votación para que los votantes pudieran conocer los resultados en sus mesas. Ahora se digitalizan y son cargados a la página de la entidad para consulta ciudadana.

La copia más importante de los E-14 es la de claveros, la cual se deposita en un sobre con otros documentos: el formulario E-11, el formulario E-10 (la lista de sufragantes), un sobre con los votos debidamente sellado, y reclamaciones de los testigos electorales, si los hay. Este sobre se entrega a un delegado de la Registraduría para introducirse en un arca triclave, así comienza el proceso de custodia de los votos. El arca triclave es un “depósito, caja o recinto” en donde se guardan los sobres, “el cual está provisto de tres (3) cerraduras o candados (con diferente llave), correspondiéndole a tres (3) ciudadanos denominados claveros la posesión y custodia de una de ellas”, según explica el instructivo de escrutinio de la Registraduría.

Este material lo reciben luego las comisiones escrutadoras y es el que tiene validez jurídica en los resultados electorales, contrario al preconteo. Es decir, el preconteo es un procedimiento que está relacionado solamente con la transmisión de resultados el mismo día de la elección, cuyo propósito es informativo. Por el contrario, el escrutinio determina los resultados definitivos de las elecciones.

Las comisiones escrutadoras están conformadas por notarios y jueces de la República, quienes están acompañados por testigos de las distintas organizaciones políticas y observadores. Los notarios y jueces observan los formularios y, si cuentan con enmendaduras o tachones deben realizar un reconteo; si no, registran la información del formulario E-14 en el software de escrutinio que cada comisión tiene a su disposición.

“El conteo de las comisiones escrutadoras fue de nivel municipal para municipios pequeños como Cumaribo, en Vichada, o Titiribí, en Antioquia, y de nivel zonal para municipios mucho más grandes como Bogotá, Cali y Medellín, en este procedimiento estuvieron involucrados más de 6.000 jueces y notarios de la República”, describe Rubiano sobre el proceso específico de las elecciones legislativas del 13 de marzo.

Este conteo se consigna en un formulario E-24 en el que se suman los resultados de todos los formularios E-14 a nivel zonal o municipal. Luego, en un segundo nivel, comisiones escrutadoras conformadas por aproximadamente 800 jueces de tribunales vinculados a la Rama Judicial, suman estos resultados en nuevos formularios E-24 departamentales o distritales.

Por último, en un tercer nivel, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza un reconteo final de todos los documentos producidos en las etapas anteriores para consolidar la votación que viene desde el escrutinio general.

¿Qué son los software de escrutinio y cómo funcionan?

Los software deben entenderse, como apunta el Informe de Observación Electoral de la primera vuelta presidencial de la Fundación Karisma, no solamente como programas que se ejecutan sino también como un sistema que soporta este programa computacional, en el que se incluyen “servidores, red, archivos, bases de datos y finalmente el programa con su código fuente”.

En el caso de los software de escrutinio, se habla específicamente de programas ejecutables que sirven para el proceso de escrutinio, o de consolidación de resultados y conteo de votos, como afirma Pilar Sáenz, de Karisma.

En el proceso electoral colombiano, la Registraduría tiene dos contratistas operativos para atender los procesos tecnológicos y logísticos de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. El informe llama la atención sobre cómo “la organización y el desarrollo de los comicios se han tercerizado a empresas privadas desde hace más de 20 años”, lo que ha impedido que la Registraduría y el CNE desplieguen la capacidad técnica necesaria para que sean las mismas entidades las que se encarguen de las votaciones.

La unión temporal Disproel, uno de los dos contratistas, ofrece la mayoría de las soluciones tecnológicas y logísticas, entre las cuales están el preconteo, la selección de los jurados, el desarrollo de las aplicaciones de delegados y testigos electorales, la logística de los días de elecciones y el software que se utiliza para el escrutinio de primer y segundo nivel.

La firma española Indra, la otra contratista, ofrece un software que se utiliza únicamente en el tercer nivel del proceso de escrutinio, es decir, aquel que está a cargo del CNE y en el que se consolidan los resultados de las votaciones que recogieron las demás comisiones escrutadoras.

El software de Disproel, dice Sáenz, se instala en cada computador de las comisiones escrutadoras de nivel zonal, municipal, auxiliar y departamental, “que son 2.700 computadores”, agrega.

Allí se ingresan los datos para ser totalizados. Una vez terminado el proceso, la comisión escrutadora genera un CD en donde se almacena la información y luego se entrega a la comisión escrutadora del siguiente nivel, “así se sube la información de nivel a nivel, a través de CD; además de eso, el computador se conecta con un sistema de seguimiento y control de la Registraduría para poder tener un registro de los resultados que genera la comisión escrutadora, pero lo que es oficial es la información que sube a través de los CD”.

En el caso del escrutinio del CNE, en el que ya se dijo que se utiliza otro software de escrutinio, el de la firma española Indra, llegan 34 CD con la información de los otros niveles para que esta pueda ser totalizada: “uno por cada uno de los departamentos, uno de consulados, y uno de distrito, el de Bogotá”, aclara Sáenz. El sistema de software de este nivel no está instalado en los computadores sino que funciona en la red de Indra, según Karisma, esto es una aplicación en internet a la que se conectan los 9 magistrados del CNE “desde unos computadores especiales que se encuentra en Corferias, donde sesiona la comisión”.

Esta interrelación se puede ver en este modelo piramidal desarrollado por la Fundación Karisma:

El informe también hace un esfuerzo por explorar cuáles empresas son subcontratistas de Disproel e Indra. El propósito de visibilizar las compañías encargadas de distintos procedimientos técnicos es, en últimas, entender las tecnologías que utilizan en el proceso electoral, como dice el texto frente a esta misión, “también debemos empezar a desentrañar de forma detallada cómo y hasta qué nivel funciona la contratación y subcontratación respecto a las elecciones”.

Karisma aclara que este no es un mapeo completo de las compañías subcontratadas y presenta unos esquemas de elaboración propia para Disproel:

Y para Indra:

Además de las grandes contratistas para proveer las soluciones del proceso electoral, la Registraduría también contrató a la compañía JAHV McGregor para la auditoría del proceso. Esta auditoría busca que se cumpla todo lo que contrató la unión temporal Disproel, así que va más allá de una revisión técnica de los software, también tiene que examinar los procesos logísticos, como que se imprimieran y enviaran los kits de elecciones.

Sin embargo, uno de los inconvenientes de esta auditoría, advierte el informe de Karisma, es que, si bien son independientes, pues es de una empresa que no controla Indra ni Disproel, no es pública: “en ambos casos, toda la información de las auditorías está resguardada por cláusulas de confidencialidad que aplican a JAHV McGregor SAS.

Además, la RNEC [Registraduría Nacional del Estado Civil] se ha mostrado renuente a publicarlas o entregarlas”, se cuestiona en el texto.

Sáenz advierte que, si bien existen críticas sobre los usos de los software y las auditorías de los comicios, eso no significa que se desconfíe completamente de los resultados electorales. “Nuestro sistema deja huellas en papel y en estas actas a las que se les puede hacer un seguimiento, es lo que hacen los partidos políticos para hacer sus reclamaciones”, explica.

Concluye diciendo que estos vacíos son aprovechados para las narrativas de fraude, pero las entidades nunca han hablado desde estos términos. Por el contrario, desde 2014, cuando el partido MIRA perdió sus curules debido a manipulación de resultados, se ha tenido un mejoramiento del sistema.