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Lunes, 11 Abril 2022

El boom cocalero de Colombia atrae a indígenas venezolanos

Por La Liga Contra el Silencio

Durante décadas esta economía ilegal ha sido una fuente de ingresos para miles de familias dentro del país. Ahora, con la crisis al otro lado de la frontera, el narcotráfico ha incorporado una mano de obra extranjera que resulta más vulnerable en medio de un conflicto armado ajeno. Personas de las etnias yukpa y barí en Perijá se están sumando a tareas hasta ahora desconocidas.

 

Después de tres meses fuera de su comunidad en Venezuela, José*, un indígena de 19 años, cruzó la frontera con las manos y las piernas manchadas de negro. Tenía la piel herida con grietas profundas en sus palmas y sus dedos. Los brazos con sarpullido y también con heridas como de arañazos. Pero en el bolsillo llevaba tres millones de pesos colombianos, un ingreso difícil de conseguir donde vive.

José venía de un lugar que todos en su comunidad han escuchado; algunos lo conocen y pocos quieren decirlo en voz alta. Él cuenta que todo comenzó cuando unos hombres con acento colombiano llegaron en 2018 a su territorio en la Sierra de Perijá, contrataron a algunos indígenas y les dijeron que se fueran a raspar coca.  En esta región habitan los pueblos yukpa, barí y japreria, ubicados principalmente en el municipio Machiques. “No entendíamos mucho de qué se trataba. Primero se fueron algunos a riesgo, y luego que volvieron nos contaron a los otros”, dice José.

En el grupo de pioneros estaba su hermano. De allá vino vestido “diferente”, recuerda José. Cuando volvió a la comunidad le llamó la atención que su hermano tenía unos pantalones nuevos enrollados en la pantorrilla, unos zapatos de goma que veía en la televisión cuando bajaba al pueblo y una camiseta con colores llamativos. “Yo también quise ir para ganar dinero. Le dije que me llevara hasta donde estaba trabajando para poder comprarme lo mismo”, recuerda ahora.

José vive en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Esta es una zona que limita en Colombia con La Guajira, el Cesar, Catatumbo y Norte de Santander. Este último es el departamento de Colombia más afectado por la coca. Allí, con 40.116 hectáreas registradas en 2020, están cuatro de los diez municipios con más arbustos, incluido Tibú, que encabeza la lista nacional. En él se concentra el 13,5 % del total cultivado en el país.

En las primeras vacaciones que tuvo de sus clases en 2019, José decidió cruzar la frontera con varios compañeros yukpas y otros de la etnia barí. El trayecto duró entre 10 y 12 horas. Una hora desde su comunidad hasta la carretera Machiques Colón en el estado Zulia; entre tres y cuatro horas en un bus que los llevó hasta el sector El Cruce, en el municipio Jesús María Semprum. Desde allí 15 minutos hasta llegar al puente del río de Oro. Hasta este punto es territorio venezolano. En ese lugar esperaron unas canoas que los llevarían por el río de Oro y, en adelante, el trayecto puede durar entre seis y ocho horas, dependiendo de la crecida del agua, hasta llegar a territorio colombiano. 

A partir de ese momento van pidiendo “listas y nombres” en varios puntos del recorrido, recuerda José. No todos pueden viajar: solo pasan los que van a trabajar con coca. Cuando José llegó a una zona llamada La Cooperativa, en Colombia, se sumó a otras nueve personas. Había indígenas barí, yukpas y wayuu. Otros de los hombres que integraban el grupo eran de los estados Mérida, Trujillo y Zulia.

Allí los dividen según el trabajo. “Deciden quién va a ser raspador, fumigador, abonador, machetero o recolector. Te dicen lo que vas a hacer, pero debes tener un combo, ir con otros compañeros. Si eres nuevo, te unes a un combo de siete, de ocho o de 12 personas”, explica Jose. Los “combos” dependen del tamaño de las hectáreas que tiene cada “patrón” o dueño de finca. “Los patrones pueden tener de ocho a 10 hectáreas de coca. La raspa puede durar hasta tres semanas”, dice.  

Cuando escoge a los hombres, “el patrón” informa que del pago se descuenta el dinero de la comida y el hospedaje. “La jornada comienza a las siete de la mañana y termina a las once, la primera ronda. Paramos para descansar y comer, y volvemos a las dos de la tarde y hasta las cuatro”, cuenta José. En la finca, los trabajadores más antiguos le explicaron cómo era el procedimiento: tomar la rama y jalar la hoja. “Los primeros días me saqué sangre en las manos”, recuerda. 

Algunos son más expertos. “De una sola agarrada dejan la mata limpia. Uno puede tardarse en raspar, dependiendo de la hoja. Las matas son del mismo tamaño, pero hay tres tipos de hojas: la tempranera, la cuarentena, y otra más pequeña. La más difícil es la tempranera, es la hoja más seca”, explica José. 

El pago se hace por arroba o 12 kilos. “No nos dan cantidad límite y solo nos dicen que quien saca más, gana más. Mi primera semana saqué 45 kilos en la mañana y en la tarde 24. Por cada arroba te pagan entre 8.000 y 10.000 pesos. Los días siguientes me puse las pilas”, cuenta. 

Jose llegó sin saber nada, pero aprendió a raspar y a reunir las hojas en una cesta como las que se usan en los cultivos de café. Todo va a un saco que llevan a pesar y a cada quien le suman su trabajo del día. También le pagan por abonar, por machetear o cortar. “A los que machetean les pagan 40.000 pesos diarios y a ellos no les dan descanso. Por abonar también pagan 40.000 pesos el día, y por la fumigada 60.000 pesos, porque es un proceso muy delicado”, dice. 

 

Carnetizados para raspar

Pronto en las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá se corrió la voz: hasta tres millones de pesos mensuales ganaban los raspadores. Entonces la mayoría de los jóvenes quisieron ir. La crisis en Venezuela ha afectado a todo el país, pero especialmente a las zonas alejadas de las ciudades. La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha advertido el “retroceso” de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en regiones como la Sierra del Perijá. Allí sobreviven afectados por la pobreza, las enfermedades, la intermitencia del servicio eléctrico, la falta de agua potable, la escasez de oportunidades laborales y las dificultades de transporte para sacar las pocas cosechas. La mayoría de las comunidades indígenas se alimentan de sus siembras, como plátano y yuca. Pero muchos padecen la desnutrición por falta de proteína.

La oportunidad de obtener ingresos entusiasma a la población. En el grupo que viajó en 2019 también estaba una maestra. El salario que ganaba dando clases, equivalente a cuatro dólares mensuales, no alcanzaba para vivir ni mantener a su familia. Eran 13.600 pesos colombianos. La mujer no regresó. Sigue raspando coca y coordina a quienes llegan al sitio para armar nuevos equipos de trabajo. “Hace como la logística para unir los combos”, explica José.

Otros bachilleres indígenas que habían entrado a la universidad también dejaron los estudios para irse a la faena. “La maestra y otras más se fueron. Algunas no aguantan, pero pueden trabajar en el bar o en las tiendas de La Gabarra”, cuenta José. En esto coinciden dos de sus compañeros indígenas, quienes están raspando desde que inició la pandemia.  

Subiendo por el río Oro se llega a La Gabarra, en Norte de Santander; uno de los centros poblados más cercanos a grandes cultivos de coca. Su economía depende en buena parte de ellos por la provisión de bienes y servicios, entretenimiento, y otras actividades que se dinamizan por la economía de la coca.

Al terminar los trabajos en la zona, reúnen a los trabajadores para el pago. José cuenta que en La Cooperativa les dan los pesos y algunas veces se van a La Gabarra. “Allá nos divertimos. Hay plaza, cantina, un burdel y hasta un cine. Allá vemos las camionetas de los guerrilleros y sus motos de marca”, dice. 

Jesús*, otro indígena de 19 años, lleva tres trabajando en la zona. Dejó el bachillerato para ayudar en su casa. “Mis padres no estaban de acuerdo, pero cuando se dieron cuenta de que solo estábamos comiendo plátano, yuca, arroz pocas veces, y carne solo cuando un ganadero nos ayudaba, me dejaron ir. Cada vez que vengo comemos mucho”, cuenta ahora.

El interés por trabajar en los cultivos fue creciendo, pero también los indígenas entendieron los riesgos. Las faltas cometidas por otros empezaban a ponerlos en peligro. “Un indígena le robó 50 millones de pesos a un patrón. Lo vinieron a buscar y se lo llevaron. Está desaparecido. Hubo otros que robaron no solo la plata, sino la droga. De esos no se sabe nada”, cuenta Jesús.

Entonces creció la desconfianza, dice Pedro*, un tercer indígena de 22 años que también va a “la raspa”. Desde 2019 empezaron a censar a quienes trabajaban en la zona. Hicieron listas y hasta les dieron un carnet. “Ahí está el nombre, la comunidad y la dirección. Al que se equivoque, lo vienen a buscar”, dice. 

José, Jesús y Pedro cuentan que tuvieron la primera oportunidad de raspar en 2019. En su pueblo antes no se hablaba de indígenas que hicieran eso en Colombia. Ahora los tres raspan, palean y machetean en las fincas, pero no quieren ser captados o reclutados. “La libertad es importante para nuestra cultura y nosotros podemos trabajar, pero no quedarnos a vivir con ellos”, dice Jose. Su hermano trabaja ahora en una ‘cocina’, donde se produce pasta base y cocaína de alta pureza.

“Nosotros no queremos ser de la guerrilla, queremos seguir trabajando en esto y lo que buscamos es que un día podamos trabajar en las cocinas, o en los laboratorios”, dice uno de sus compañeros. En esta estación solo pueden estar quienes llevan años trabajando. “Esos tres millones de pesos que yo me gané en tres meses, ellos se lo pueden ganar en un día”, dice José. 

Estas labores son rentables para los indígenas porque en las zonas donde viven no hay trabajo. La crisis económica en Venezuela no les permite tener empleos estables, o ya no es rentable dedicarse a sembrar o trabajar en las fincas de los ganaderos de Perijá y La Villa del Rosario, en el estado Zulia. La desinversión y falta de apoyo a los productores ha agotado las fuentes de trabajo en las haciendas. 

 

Forzadas a estar en medio de una guerra ajena

En la región donde trabajan estos tres indígenas manda el Ejército de Liberación Nacional. “La guerrilla controla todo. Hay dueños de fincas que aceptan que les siembren coca; otros no, pero lo tienen que hacer. La finca tiene un patrón que es el dueño de la tierra. Los patrones de nosotros son los de la guerrilla”, dice José.

Los indígenas cuentan que los guerrilleros usan pantalones negros con botas altas y camisetas blancas o negras. Solo unos pocos llevan brazalete en el brazo. 

El Catatumbo es una zona en disputa entre grupos armados ilegales (el ELN, el EPL  y disidentes de las FARC) que imponen el terror con masacres, asesinatos y amenazas. Todos ejercen control social con medidas y restricciones a la población. En ese contexto los venezolanos también se han visto inmersos en la guerra. 

“Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo, están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado”, señala un informe de Human Right Watch (HRW) de 2019. Citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), el documento señala que hasta abril de 2019 al menos 25.000 venezolanos vivían en Catatumbo, aunque no se detallan cifras sobre la población móvil. Sí menciona cifras de asesinatos de venezolanos atribuidos a grupos armados: uno en 2017, cinco en 2018 y 15 entre enero y julio de 2019.

“El conocimiento limitado de los venezolanos sobre el conflicto armado en Colombia, sumado a las condiciones en las que viven y las necesidades que los impulsan a migrar, los vuelve más vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos armados en la zona”, señala HRW.

José, Jesús y Pedro han sorteado la violencia, pero en la cadena de la coca hay otros riesgos. Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que los actores del conflicto armado y el crimen organizado aprovechan la llegada de la población vulnerable y la reclutan para diferentes labores en Colombia. “Desde el raspado de coca, la carga de productos de coca dentro de la ruta de caminantes, hasta la comercialización y microtráfico en las ciudades grandes y medianas”, dice.

En la frontera también crecen otros delitos como la explotación sexual de mujeres y niñas venezolanas. Para ellas denunciar o buscar ayuda las puede exponer a deportaciones, discriminación, maltrato y otros riesgos que aprovechan los grupos armados. “Para ellos es mucho más fácil desaparecer a un ciudadano venezolano que no está registrado, que no se tiene precisión de su ubicación. Esto ha generado que sean víctimas de organizaciones”, dice Rodríguez.

 

Todos saben, pocos hablan

En los pueblos de la Sierra de Perijá y en el municipio Jesús María Semprún del Sur del Lago, en Venezuela, la gente en las comunidades sabe de qué se trata el trabajo al otro lado de la frontera y los peligros que implica. Aún así, cada vez se unen más personas a esta actividad. Quienes los convocan están identificados en estos pueblos; muchos les temen, otros simplemente los ignoran. Las promesas que hacen a quienes los ayudan tienen que ver con el estómago. Una persona de la comunidad, que está en contra de estas actividades y ha enfrentado a los reclutadores, recibió amenazas. “Aquí la gente es pobre y lamentablemente el pobre por una bolsa de comida da el alma. Tristemente es así”, dice.

Esta fuente lamenta ver a jóvenes alejándose de sus estudios, por un trabajo que es rudo y afecta su salud. “Parece que eso se les olvida cuando se ven los bolsillos llenos”, dice. Dice que los identifica porque llegan enfermos cuando vienen de Colombia. “Las manos y los brazos cortados e hinchados, las piernas también. Algunos cuentan que quienes van a trabajar en las cocinas se enferman por el olor que despide esa mezcla que es muy fuerte. Se conocen porque siempre tienen las mucosas irritadas, la nariz, los ojos. Siempre tienen los ojos rojos”, cuenta. 

En el trabajo se mantienen los que “sobreviven”, dicen los tres indígenas de la Sierra. Si se enferman deben costear su tratamiento. “Algunos se ponen feos y se hinchan porque lo que bota la hoja de coca los enferma. Tienen que comprarles unas inyecciones que cuestan 8.000 pesos y se las pone la guerrilla. Un hermano de nosotros se iba a morir. Él se tuvo que ir y no pudo volver. Al que le da reacción la coca, no puede volver. Ellos no quieren que se les enferme nadie, mucho menos que se les muera”, señala José.  

 

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

 

Miércoles, 17 Noviembre 2021

Regularizar a los venezolanos: las dudas después de los aplausos

Por La Liga Contra el Silencio

El Estatuto Temporal de Protección es la apuesta más ambiciosa del gobierno colombiano frente a la migración masiva de venezolanos. El proceso empezó hace seis meses. Sin embargo, llevarlo del papel a la realidad choca con brechas sociales y digitales, falta de comunicación entre instituciones, vacíos que afectan a los más vulnerables, y la pregunta: ¿qué pasará con quienes se queden afuera?

Yuneisis Pereira tiene 18 años y un hijo de dos. Hace cuatro llegó por trocha desde Cabimas, estado Zulia, Venezuela, a Maicao, en La Guajira, y por primera vez cree que podrá obtener los papeles para regularizar su permanencia en Colombia. Una funcionaria de ACNUR le ha creado un correo electrónico (imprescindible para el trámite) y le ha ayudado a completar el formulario en línea que Migración Colombia exige para iniciar el proceso.

“Fue un poco esforzado porque con este van dos días que tuve que llegar hasta aquí, ya que ayer me faltaron unos papeles y no pude hacer el trámite. Pero ya lo pude hacer”, dice contenta. Ojos vivaces, voz dulce. Carga a Daviel Mateo mientras espera junto a un grupo de familias venezolanas la toma de huellas y estampar la firma digital para completar el registro biométrico.

Están en el Centro Transitorio de Solidaridad, un lugar con carpas y contenedores donde organizaciones como ACNUR y Save The Children ayudan a los migrantes con los trámites. Es la infraestructura mejor adaptada en varios metros a la redonda. Priman los ranchos de bolsas, cartón y lata, en un asentamiento conocido como La Pista (de un antiguo aeropuerto), donde sobreviven más de 10.000 personas, casi todos migrantes.

Yuneisis ha perdido dos días de trabajo, entre 40.000 y 60.000 pesos, según calcula su pareja Fernando, que también hizo su registro. Con él vende frutas en una carretilla por las calles de la calurosa Maicao. Creen que por fin podrán regularizar su situación. Su hijo, nacido y registrado en Colombia, no requiere del trámite. Es un alivio. Saben que otros niños no podrán completar el proceso porque no cuentan con ningún documento.

Yuneisis y Fernando comparten un “potecito” o celular básico. Con el aparato hacen cuentas, reciben llamadas y aprovechan que la operadora les da “Facebook gratis” para comunicarse con sus familiares en Venezuela. Solos nunca hubieran podido hacer el trámite que ahora celebran aunque todavía deben esperar la respuesta de Migración y recibir “el plástico”, como le llaman al documento del permiso por protección temporal (PPT).

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En Maicao, La Guajira, los venezolanos Yuneisis Pereira y Fernando Morillo, con su hijo Daviel Mateo, hicieron el proceso con el que ya constan en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Ahora deben esperar unos tres meses para recibir el PPT (Permiso por Protección Temporal), el documento que certificará su regularización. Crédito:Liga Contra el Silencio. 

Unos kilómetros al norte, en Uribia, Antonio Jayariyú, un wayuu venezolano de 24 años, líder de La Transformación, uno de los sectores de otra pista abandonada e invadida, pagó 35.000 pesos para que en un cibercafé le ayudaran con el mismo proceso. También pagaron sus padres y hermanos, y el costo representó una pequeña fortuna para ellos, que viven de un mototaxi. Más arriba, en la Alta Guajira, otros miles de venezolanos difícilmente sabrán de la nueva política de regularización, por la distancia, la desconexión o el olvido.

Con el Decreto 216 de marzo de 2021 y la Resolución 971 de abril pasado, se adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos o ETPV. Desde mayo comenzó el pre-registro virtual que incluye una larga encuesta socioeconómica, y donde se deben adjuntar documentos y pruebas del tiempo vivido en Colombia. Viene luego el registro biométrico presencial con el que se completa el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Luego se solicita y expide el PPT que estará vigente hasta mayo de 2031. Pueden acceder los migrantes que hayan ingresado de forma irregular hasta el 31 de enero de 2021; quienes ingresen de forma regular hasta mayo de 2023 y los que tengan salvoconductos mientras esperan la respuesta a sus solicitudes de refugio. Todos deben cumplir los requisitos que establecen las normas mencionadas.

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Familias enteras acuden al Centro Transitorio de Solidaridad, en Maicao, para hacer el pre-registro virtual, con ayuda de funcionarias de ACNUR y Save The Children. En el lugar también se realiza el proceso biométrico (toma de huellas y firma). Crédito: Liga Contra el Silencio. 

Las Naciones Unidas, a través de ACNUR y la OIM, y el gobierno de Estados Unidos fueron los primeros en aplaudir la medida. Meses más tarde, a mediados de octubre, el presidente Iván Duque entregó personalmente el primer “plástico” a un venezolano en La Calera, y poco después a un grupo de niños en Mosquera. Ambos municipios de Cundinamarca.

Pero el proceso pasa por tener una conexión a internet. En La Guajira, donde se asienta casi el  6 % de venezolanos en Colombia, esto es poco menos que un privilegio. La región es una de las más rezagadas en términos de conectividad a internet. Según el censo del DANE de 2018, La Guajira es el departamento con menor porcentaje de cobertura de internet en el Caribe colombiano. En la zona rural era el 5,8 % de la población y el 35,7 %, en las cabeceras municipales. A ello se suma que en algunas zonas no hay luz o el servicio de energía es deficiente.

“Hay una herramienta, una plataforma súper compleja, que le permite a la población acceder a la regularización, pero que al mismo tiempo tiene unos impedimentos” para regiones como La Guajira, dice Jairo Ibarra, activista por los derechos humanos y líder de la Fundación Brisas del Norte en Riohacha, que trabaja con población migrante y retornada.

Organizaciones como esta y otras de la cooperación internacional están colaborando para que más personas reciban asistencia y puedan acceder al proceso del ETPV. Para Ibarra, Migración Colombia debería ofrecer más acompañamiento. Es como decirles a los migrantes, “yo pongo la herramienta y ustedes ven cómo se defienden, por decirlo de alguna forma. Ahí está el instrumento, ustedes ven cómo lo implementan”, reclama Ibarra, quien a los 9 años llegó a Venezuela, con su madre y seis hermanos, víctimas del conflicto armado. Los paramilitares asesinaron a su padre en los Montes de María, los amenazaron y les despojaron de sus tierras. Luego de estudiar y hacer su vida en Venezuela y empujado por la crisis en ese país regresó a Riohacha en 2014. Hoy, con 46 años, es un reconocido defensor de los derechos de los migrantes y retornados.

La suma de dificultades

Como parte del apoyo al Estado colombiano, y específicamente a Migración Colombia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, viene realizando sola o junto con Save The Children y Pastoral Social, el proceso de pre-registro asistido en puntos fijos o con brigadas móviles. Irene van Rij, jefa de la suboficina de ACNUR Región Caribe, en Riohacha, destaca que el proceso avanza a pesar de que en La Guajira el acceso a la información, a los territorios y al proceso de regularización son difíciles. Recuerda que es el departamento con el porcentaje de pobreza multidimensional más alto en Colombia y, en ese contexto ya vulnerable, los migrantes venezolanos están entre los más pobres. Además, se suman factores como la dispersión de la población en zonas alejadas, niveles bajos de educación, las necesidades específicas (lengua y cultura) de la población indígena wayuu , entre otros. 

“Hay ciudades como Medellín, donde la gran mayoría de la población, no todos, no digo que es fácil para todo el mundo, pero sí hay una gran parte de la población que logró hacer el pre-registro ellos mismos. Esto aquí, en La Guajira, existe, pero es un porcentaje bastante bajo y la gran mayoría necesita la asistencia”, explica. 

Van Rij ilustra los inconvenientes: “A veces, literal, tener acceso o no al internet tiene que ver con cómo va el viento”. “Con un internet estable y con personas que saben lo que están haciendo, (el pre-registro) se demora unos 40 minutos por persona (...) Entonces, familias de cinco, es cinco veces los 40 minutos. Si el internet no está estable a veces hay que recomenzar el proceso y es bastante difícil”, añade.

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En la plaza principal de Uribia, en La Guajira, uno de los municipios más pobres de Colombia, el recuerdo de lo que fue el proyecto de llevar internet gratuito a la región. Hoy no funciona. Crédito: Liga contra el Silencio. 

Desde Brisas del Norte también trabajan en el pre-registro asistido y se han ingeniado formas de superar los obstáculos. Crearon un grupo de “guardianes de protección”, que lidera Jenny Pardo González, una colombovenezolana radicada en La Guajira desde hace dos años. Han realizado jornadas de pre-registro fuera de Riohacha y ante la falta de luz o conectividad, en algunas zonas han optado por recoger la información y el material necesario y luego procesar todo en su oficina. Cuenta que todavía “hay muchísima gente” que no conoce el ETPV y que no se ha registrado. Son, principalmente, trabajadores informales, vendedores ambulantes, limpiavidrios. Por ello consideran hacer jornadas en semáforos y mercados. En otros casos los pre-registros no se han podido realizar, dice Pardo González, porque hay quienes no cuentan con documentos de identidad, y regresar a Venezuela no es una opción, fundamental por los costos, que ahora se tasan en dólares. 

“Hay muchas personas que no han podido registrarse todavía aunque el proceso tiene tiempo que comenzó. Todavía no saben cómo es el proceso, desconocen hasta qué es eso y tratamos de orientarlos y ayudarlos”, dice Pardo González. La mayoría vive en asentamientos informales.

Van Rij, de ACNUR, explica que están mapeando con otras organizaciones esos sitios donde viven venezolanos y colombianos que retornaron de Venezuela. Solo en Maicao, según la Alcaldía, hay 48 asentamientos informales, y hay otros en Riohacha, Uribia, Fonseca, Dibulla y otras zonas. 

El personero de Riohacha, Yeison Deluque, dice que no son pocas las personas indocumentadas que llegan a La Guajira. Entre enero y agosto de este año su oficina atendió a 500 migrantes y “el 97 % de esta población se presenta sin documento. No tiene papeles, los atracaron; no tienen pasaporte, que se les perdió. Esas son las razones que ellos nos presentan”, señala.

Se queja del poco apoyo del gobierno nacional a las Personerías para poder atender la alta demanda de la población migrante, principalmente para resolver temas de salud y educación. 

Sin papeles

El asentamiento informal Aeropuerto, en las afueras de Uribia, era originalmente un terreno de los militares. Como el predio es extenso y los migrantes siguen llegando, no se sabe con certeza cuánta gente habita allí. Una líder dice que 9.000 personas; otro que 1.224 familias, casi todas venezolanas y muchas wayuu. Hasta el lugar, dos veces a la semana, llega personal de la cooperación internacional que entre las ocho y doce del mediodía atiende a alrededor de ocho personas para hacer su pre-registro, cuenta Antonio Jayariyú, el líder que pagó 35.000 pesos en un cibercafé para hacer su trámite. Entre quienes han logrado hacer el proceso están madres, cuyos hijos no han podido hacer lo mismo por falta de documentación y dificultades para volver a Venezuela por la partida de nacimiento o una constancia de nacido vivo. También están quienes siguen llegando irregularmente y no alcanzarán a ser amparados por el ETPV cuando concluyan los plazos previstos.

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Ante la dramática devaluación del bolívar, la circulación del dólar en Venezuela, prácticamente se ha extendido por todo el país. En Paraguachón abundan los que prefieren cruzar la frontera con la moneda estadounidense. Crédito:Liga Contra el Silencio. 

Yudith del Carmen González, wayuu de 27 años, teje mochilas. Salió de Maracaibo hace un año. Vivió en Manaure y hace cinco meses se trasladó a Uribia, donde están algunos familiares. Ya realizó su pre-registro, pero está preocupada porque no ha podido hacer el de su pequeña Misbeli, de dos años, que nació en Venezuela y no tiene papeles. Junto a Yudith está otra wayuu, María Adela Morales, de 23 años. Con Angélica, su hija menor, de dos meses, en los brazos, se lamenta de que dos de sus tres niñas no tengan ningún documento de identidad. Llegaron hace menos de un mes de Venezuela.

Al lado de Yudith y María Adela está Yolisbeth Montiel, de 21 años. Tiene dos hijos, el menor de seis meses. Lleva seis años en Colombia, pero no ha hecho ningún trámite para conseguir su regularización.

La prioridad de estas tres mujeres es otra: calmar el hambre de sus hijos y no siempre lo consiguen. Los papeles son importantes, admiten, los necesitarán para recibir atención de salud, por ejemplo, pero no es fácil conseguirlos en su situación.
Hasta el 31 de agosto de este año 1.842.390 venezolanos vivían en Colombia. De ellos, casi 345.000 estaban en condición regular, unos 315.000 en irregular y cerca de 1,2 millones estaban cumpliendo el proceso para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, la gran mayoría solo ha cumplido la primera fase.

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De  izquierda a derecha:  María Adela Morales, Yolisbeth Montiel y Yudith del Carmen González, tres mujeres wayuu y sus hijos en el asentamiento informal conocido como “Aeropuerto” en Uribia, La Guajira. Crédito:Liga Contra el Silencio. 

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En la Casa de la Paz, en Maicao, Fabiana González, mujer trans de 21 años, decidió recortar y plastificar la constancia de su Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) hasta que Migración Colombia le entregue su PPT (Permiso por Protección Temporal). Crédito:Liga Contra el Silencio. 

Fabiana González, mujer venezolana trans de 21 años, que es trabajadora sexual en Maicao y ya completó su trámite, está a la espera de la aprobación y entrega del PPT. Es la única de su grupo de pares que lo ha hecho. No todas han accedido a la información, otras no tienen documentos y algunas ni lo han intentado. Fabiana llenó la información con sus nombres y género asignados al nacer, pero espera tener en su “plástico” sus datos identitarios. Esta posibilidad está prevista en el artículo 36 de la Resolución 971 que contempla mecanismos, a través de notarías, para hacerlo.

Una buena noticia que se quedó a medias. “Mi impresión es que ese artículo sobre personas trans lo escribieron con la mejor intención, pero con mucho desconocimiento de la práctica”, dice Laura Cristina Dib, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. En los casos que ha conocido, las notarías desconocen lo resuelto por Migración Colombia, por lo que las personas trans son sometidas a procesos de revictimización y deben, además, hacer el pre-registro con un nombre y una identidad que no quieren. Es “la interseccionalidad de la vulnerabilidad: soy migrante, soy persona trans, tengo una orientación sexual diversa, soy pobre. Todo confluye y realmente es muy preocupante lo que estamos viendo con esta población”, afirma Dib.

La Clínica Jurídica y organizaciones como Caribe Afirmativo, GAAT, Colombia Diversa, Dejusticia, entre otras, han evidenciado la falta de comunicación entre Migración Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro que impide concretar en la práctica lo que dice la norma. Frente a los reparos hechos a esas dos instituciones y las peticiones de encontrar soluciones no han recibido respuesta.

¿Desincentivar las solicitudes de refugio?

El último informe del Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de los Andes destaca el ETPV “como una medida trascendental en la construcción de la política pública migratoria”. Sin embargo, alerta que tanto en el Decreto 216 como en la Resolución 971 existen “barreras insuperables para la población migrante y refugiada venezolana que dificultan el acceso a la protección temporal que contempla el Estatuto”. También advierten sobre la “amplia discrecionalidad” de Migración Colombia, sobre todo en lo relacionado con los requisitos para otorgar el PPT y las causales de cancelación de este permiso. Abogan por garantías mínimas de acceso a la justicia y el ejercicio del derecho al debido proceso.

Hay antecedentes para inquietarse. Según un reporte de Dejusticia,  hasta ahora, las “expulsiones discrecionales” se han convertido en la regla y no en la excepción. En los últimos cinco años aumentaron en un 728 % pasando de 190 en 2015 a 1573 en 2020. “Esta práctica ha dado lugar a que Migración Colombia tome decisiones arbitrarias e implemente las expulsiones discrecionales sin la debida garantía de los derechos al debido proceso y la unidad familiar”, señala.

Asimismo, Migración ha dicho en documentos como el ABC del Estatuto que “el cumplimiento de los requisitos no implica el otorgamiento del permiso (por protección temporal), el cual obedece a la facultad discrecional de la autoridad migratoria”. Todo esto genera interrogantes. 
Dib también apunta otros “vacíos de protección” que han ido detectando, como el relacionado con la solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. En un momento, explica, las personas deberán decidir si desisten de esa solicitud y se acogen al ETPV (de carácter temporal) o si se quedan con la solicitud de refugio. 

El informe del CEM señala “la resistencia del Estado colombiano para reconocer a la población proveniente de Venezuela como refugiada, insistiendo en el trato de estas personas como migrantes económicos” cuando hay casos, por ejemplo, de persecución política. “De allí que el Estatuto contemple una protección de carácter temporal y que no prevea mecanismos para la garantía del principio de no devolución”, apunta.

Un hecho reciente preocupa. En las últimas semanas varios de los usuarios de la Clínica Jurídica han recibido actas de rechazo de solicitudes de refugio. Todas vienen como una plantilla donde se copia y pega la misma información, sin consideraciones particulares. Luego les mandan un correo y les agregan información sobre el ETPV, cuenta Dib. “Hay una universidad (que asesora a migrantes) que en menos de una semana ya llevaba 17 rechazos”, detalla. La lectura que la experta hace es que “te ponen todo para desincentivar que la gente acuda a la figura de reconocimiento de la condición de refugiado”, lo que implica mayores obligaciones de protección del Estado.

También ve en la limitación temporal para la regularización una barrera. “Nadie sabe qué va a pasar, y el RUMV cierra en mayo del año siguiente y con los días que pasan en tropel, ya mañana es 2022 y todavía no hay solución”.

El líder de la Fundación Brisas del Norte, Jairo Ibarra, teme que una vez cierre la plataforma de pre-registro mucha gente sea deportada y se pregunta qué pasará con las personas que siguen llegando. “La situación de Venezuela no se va a mejorar de un día para otro (...) y aún si el gobierno (de Venezuela) cesara, no se sabe cuándo se mejoraría la situación de ese país”, concluye.

El tiempo corre y aún hay temas por resolver.