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Viernes, 05 Agosto 2022

El Comité de Seguimiento es un compromiso pactado en el Acuerdo de Paz

Por Pilar Puentes Espinosa, especial para Colombiacheck

El pasado 28 de junio, en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, se conocieron los nombres de los siete integrantes del Comité de Seguimiento a las recomendaciones para la no repetición del conflicto. Cuáles y cómo se escogieron sus integrantes y el alcance del mismo. Algunas claridades en este explicador.

Algunos de los cuestionamientos acerca del Comité de Seguimiento del informe final de la Comisión de la Verdad, llegaron hace algunos días cuando la columnista Salud Hernández, publicó una columna llamada ‘La Comisión, la oposición y la desvergüenza’ en la que afirmó qué, “lo que solo debería ser un documento para el estudio y debate social, la llamada Comisión de la Verdad lo eleva a categoría de cuasiobligatorio cumplimiento al ceder al citado Comité de Seguimiento la responsabilidad de presionar a los Gobiernos y denunciar incumplimientos. Es decir, siete NN tendrán un poder equiparable a cargos de elección popular sin haber sido votados por nadie” (sic). 

Por esta razón en Colombiacheck dejamos algunas claridades sobre la creación del Comité y cómo fue el proceso de selección

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos en 2016, estipuló la creación del Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, como se ve en el punto 5.1.1.10 de dicho documento. 

“Se creará un comité que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el Informe Final. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras”, se lee en la página 136 del Acuerdo Final.  

Este Comité existe desde la misma creación de la Comisión de la Verdad, bajo el Decreto 588 de 2017. En el artículo 23, del mismo Decreto, se explica en el numeral 11 que una de las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad será “reglamentar el procedimiento para la composición, designación, funcionamiento y duración del Comité de Seguimiento”. 

Fue así que mediante la Resolución 019 del 29 de abril de 2022 se reglamentó el procedimiento para la composición del Comité. Primero, el pleno de los comisionados realizó tres sesiones durante marzo, abril y junio para tomar decisiones en lo relacionado con la reglamentación del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones. 

Como lo muestra el artículo 5 de la Resolución se estipuló el mecanismo de selecciones, en la que los comisionados eligieron a siete personas. Se hizo a través de un procedimiento cerrado de postulación por parte de los comisionados. “Para ello, se tuvo en cuenta la necesidad de que comité fuera plural, y en esa medida recoja la visión de distintos sectores, poblaciones y de los territorios, y su composición garantice la equidad de género”, como reza el documento. 

Además, los seleccionados debían cumplir con una experiencia probada en: “1.compromiso con la construcción de paz, 2. Capacidad de incidencia política. 3. Conocimiento y experiencia sobre los asuntos relacionados con los objetivos y mandato de la Comisión. 4. Capacidad de comprensión, experiencia y análisis de las dinámicas territoriales y poblacionales y los enfoques diferenciales”. 

Fue así que escogió a cuatro mujeres y a tres hombres, que no podían ser  parte del pleno de los comisionados. El equipo que formaron los comisionados ha trabajado, la mayor parte  de su vida, en los territorios buscando la paz. En el proceso hubo una condición y es que representantes del Gobierno o de otras entidades del Estado no podían integrar esta instancia. Cada miembro actúa a título personal, incluyendo a quien ejerce la presidencia del Comité de Seguimiento. 

La Comisión de la Verdad hizo público el anuncio de la conformación del Comité en la presentación del Informe Final.

En su página web publicó los perfiles de quienes estarán haciendo seguimiento a las recomendaciones de la Comisión entre los que están el director de Caribe Afirmativo Wilson Castañeda, Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES; Esther Marina Gallego, coordinadora de Ruta Pacífica de las mujeres; Armando Wouriyu Valbuena, secretario de la Instancia Especial del Alto Nivel de los Pueblos Étnicos; Julia Eva Cogollo, líder afro de la Ruta Cimarrona del Caribe; Dorys Ardila Muñoz, exiliada y miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y Claudia Calero, presidenta de Asocaña.  (ver perfiles).

Uno de los escogidos fue el presidente de la organización Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, que le dijo a Colombiacheck que lo llamó el comisionado De Roux para preguntarle si estaba dispuesto a conformar el comité por los próximos siete años. “Cuando el padre me llamó y me dijo que estaban evaluando mi hoja de vida y si quería participar en la convocatoria le dije que sí. Días antes de la entrega del Informe recibí, nuevamente, una llamada para confirmar que había sido escogido”, afirmó Castañeda. 

A los demás integrantes del Comité también recibieron esas dos llamadas que les confirmaba su puesto para monitorear las recomendaciones hechas por la Comisión. 

Según la resolución bajo la cual fue creado, el Comité de Seguimiento y Monitoreo funcionará siete años a partir de su entrada en funcionamiento, la duración de esta instancia fue definida por el pleno de comisionadas y comisionados. 

La operación de esta instancia está garantizada con los recursos del Presupuesto General de la Nación y la entidad que recibirá la asignación para entregarla al Comité será la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a través de la Secretaría técnica del Comité, la cual fue formada bajo la misma Resolución 019 de 2022

La financiación también será por donaciones públicas o privadas para el desarrollo de las funciones y de aportes que provengan de Cooperación Internacional.  

Los integrantes de esta instancia, según el artículo 4 parágrafo 1, de la Resolución 019 de 2022, “se les reconocerá honorarios por la asistencia a cada sesión de trabajo, equivalente al salario diario de un director/a de la Comisión durante el último año de su funcionamiento, con un incremento anual, en proporción al crecimiento del IPC promedio nacional certificado por el DANE”. 

 

¿Cuáles serán las funciones del Comité de Seguimiento?

Según lo que determinó en pleno de los Comisionados en las sesiones y que quedó posteriormente plasmado en la Resolución que determina la forma de escogencia del comité, su duración y sus funciones se determinó, en el artículo 8, que durante los siguientes siete años deberán: 

 

  • Aprobar una metodología de seguimiento y monitoreo y, con base en ésta, promover la implementación de las recomendaciones.
  • Publicar informes semestrales, de seguimiento y monitoreo a las recomendaciones que incluyan la evaluación de los avances y dificultades encontradas, así como las gestiones realizadas. Los informes deberán contar con un enfoque territorial, nacional y de los colombianos en el exilio, y un enfoque diferencial y de género. De considerarlo necesario, el Comité podrá rendir informes sobre temáticas específicas relacionadas con su objetivo, previa aprobación por parte de sus integrantes.
  • Difundir ampliamente sus informes semestrales, tanto en medios de comunicación nacionales y regionales, como en otros sectores relevantes para que tengan incidencia.
  • Definir y desarrollar una estrategia de relacionamiento, interlocución e incidencia con las diferentes entidades, sectores, poblaciones y organizaciones, incluyendo especialmente a las organizaciones de víctimas y derechos humanos para el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones.
  • Definir su propio reglamento.
Martes, 28 Junio 2022

Comisiones de la verdad en el mundo, apuestas por la reconciliación y la memoria

Por Mónica Ospino Orozco

América Latina ha sido pionera en el establecimiento de organismos para el esclarecimiento de las violencias en el marco de conflictos armados o regímenes autoritarios. La experiencia en el mundo ha sido retadora y difícil, en todos los casos.

El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y que se reveló este martes 28 de junio, comprenden  un periodo de análisis e investigación que abarca el conflicto armado desde 1958 hasta 2016.

Pionera de muchas maneras, como lo ha sido esta Comisión de la Verdad, creada a partir del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, ésta no es ni la primera que se ha establecido en el país, ni tampoco la primera en el mundo. 

Y como también ha ocurrido en otros países, esta Comisión no ha estado exenta de polémicas, cuestionamientos e incluso ataques a su legitimidad desde el mismo momento de su creación y claro, de desinformación, que ya en Colombiachek hemos verificado (1, 2, 3).

Hoy, en el continente, aparte de la Comisión de la Verdad de Colombia, acaba de empezar su trabajo en México  la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.

 

Por eso en este explicador abordamos la experiencia que organizaciones similares han tenido en otros países y de qué manera su trabajo ha aportado en la ruta hacia una paz estable y duradera.

¿Para qué se crea una comisión de la verdad?

De acuerdo con el Centro Internacional de Justicia Transicional, ICJT (por sus siglas en ingles), “Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos”. 

Y en este artículo del director de la Maestría de Estudios de Paz y Especialización en Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana, Egoitz Gago, “las comisiones de la verdad son mecanismos ampliamente utilizados en todos los procesos de construcción de paz resultado de un acuerdo. Estos organismos recuperan los relatos de la violencia, no para ensalzarla, sino para presentar una memoria de los hechos que garantice la no repetición”.

De acuerdo con este texto de la Comisión de la Verdad de Colombia, “Priscilla B. Hayner explica en su libro ‘Verdades innombrables’ que las comisiones de la verdad se centran en eventos pasados, en la investigación de patrones durante un período de tiempo, en la relación directa con la población afectada y la recopilación de información sobre sus experiencias. Además, indica que estas entidades están bajo la supervisión de cada Estado y son órganos temporales que concluyen con la publicación y divulgación de un informe final”.

¿Cuáles son las características de las comisiones de la verdad? 

En el informe publicado por la ICJT, llamado En busca de la verdad, las características de estas comisiones son:

Complementariedad con la justicia penal: las comisiones de la verdad no son investigaciones judiciales. No establecen responsabilidad penal individual para casos específicos; no determinan el castigo ni utilizan normas de debido proceso aplicables en una corte de justicia. Su análisis puede contribuir a entender la lógica y estrategia de los abusos, ayudando a establecer responsabilidades morales o políticas.

Enfoque en violaciones graves de los derechos humanos: Históricamente, las comisiones de la verdad han concentrado sus investigaciones en los derechos que protegen la integridad física y mental, al investigar crímenes como la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos extrajudiciales, el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Con el pasar del tiempo, sus roles se han extendido y las comisiones recientes han investigado abusos más graves, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. 

Periodo de investigaciones: A diferencia de las comisiones parlamentarias de investigación, que son comunes en muchos países, y que tienden a enfocarse en asuntos particulares o en las circunstancias de un evento específico, las comisiones de la verdad normalmente cubren periodos más largos de abuso, que a veces duran hasta décadas. Vale recordar en este punto que el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia comprendió una investigación entre 1958 y 2016.

Grandes cantidades de información: Debido a su enfoque más general, tanto en términos de violaciones como de periodos de tiempo, las comisiones pueden llegar a reunir información masiva de testigos directos, archivos y otras fuentes. La Comisión de la Verdad de Colombia, en su balance del 2021 registró que en total, se han recolectado 27.268 testimonios desde que inició el mandato hasta la fecha. La entidad también recibió 485 informes y 358 casos. 

Enfoque centrado en las víctimas: Las víctimas y sobrevivientes son las fuentes primarias de información para las comisiones de la verdad, y muchas comisiones tienen el mandato legal de asegurar el bienestar de las víctimas. Muchas han desarrollado servicios para las víctimas como por ejemplo la ayuda de emergencia, apoyo sicológico, seguridad y ayuda legal. La Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (CAVR) de Timor Oriental tenía personal especializado para otorgar fondos de emergencia y ayudar a las personas desplazadas a regresar a sus hogares. 

¿Desde cuándo existen las comisiones de la verdad?

Se ha establecido que la primera comisión de este tipo que se creó en el mundo fue en Bangladesh en 1971 y se llamó Comisión para investigar crímenes de guerra. Esta institución, según recoge este texto de la organización Gernika Gogoratuz, ”investigó atrocidades generalizadas, abusos generalizados de los generales pakistaníes por la pérdida de Pakistán Oriental, aunque se considera que fue un completo fracaso, el informe aclara una serie de delitos: el asesinato de miles de bengalíes, tanto de civiles como de soldados, las violaciones, contrabandos, el saqueo de los bancos en el este de Pakistán. El informe final fue presentado el 23 de octubre de 1974”.

En este enlace se encuentran más detalles del informe de la Comisión para investigar crímenes de guerra de Bangladesh. 

¿Cuál fue la primera comisión de la verdad que se creó en América Latina?

La primera comisión de este tipo que se creó en el continente fue la que nació el 28 de octubre de 1982 tras la firma del Decreto Supremo N. 241 por parte del presidente Hernán Siles Suazo, y que ordenó la creación de la Comisión Nacional de Desaparecidos. 

“Esta Comisión investigó hasta abril de 1983 el asesinato de 14 prisioneros políticos en 1972 por el gobierno de Banzer, y la desaparición de 22 personas en el periodo de García Meza, siendo todos estos datos objeto de construcción constante hasta la fecha bajo la premisa de que aún hoy existen casos no esclarecidos e información que continua alimentando las investigaciones”, según relata este informe de la plataforma Espacio de la Memoria Histórica de Bolivia.

Posteriormente, en Argentina, a través del Decreto N.º 187 del 15 de diciembre de 1983, el presidente, Raúl Alfonsín, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Establecida el 16 de diciembre de 1983. Informe terminado el 20 de septiembre de 1984. El período de investigación que cubrió esta comisión fue entre 1976 y 1983, es decir el período que duró en ese país la dictadura de la Junta Cívico Militar.

En este enlace se encuentran los detalles del informe de esa Comisión y que se tituló, Nunca más.

¿Cuáles son las ventajas o beneficios de las comisiones de la verdad? 

De acuerdo con el Centro Internacional de Justicia Transicional, “al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo”.

“Adicionalmente, “Las comisiones de la verdad pueden contribuir a los procesos judiciales y a las reparaciones mediante sus conclusiones y recomendaciones; pueden también ayudar a que sociedades divididas superen la cultura del silencio y la desconfianza; y pueden, por último, identificar las necesarias reformas institucionales para evitar nuevas violaciones”. 

Para el director de la maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Andrés Sandoval, “en el trabajo de las diferentes comisiones de la verdad en el mundo no se puede hablar de absolutos, todas han ido aprendiendo unas de otras y se han ido ajustando a las necesidades del país, de la sociedad y del conflicto que se está estudiando”.

¿Qué incluye el mandato de las comisiones de la verdad en el mundo?

Según describe el ICTJ, “El mandato de una comisión de la verdad es su documento legal fundamental y a menudo toma la forma de un decreto ejecutivo o de una ley, aunque algunas comisiones han sido establecidas por otros medios”.

 “Los mandatos legales usualmente abarcan los siguientes elementos: Objetivos de la comisión de la verdad, funciones autorizadas, alcance de la investigación, poderes y recursos, incluyendo el tiempo permitido para las actividades, composición de la comisión”.

“La característica más recurrente en la práctica de las comisiones de la verdad que existen actualmente es la complejidad, que se expresa en mandatos más amplios, con objetivos más ambiciosos, con más funciones, con mayores alcances para la investigación, con más poderes y con una composición más amplia que busca representar a todos los sectores de la sociedad. Es posible ver la expansión como un esfuerzo para asegurarse de que más víctimas tengan una oportunidad de ser reconocidas y de asegurar una mayor participación social”. 

¿Cuáles han sido las comisiones de la verdad más reconocidas del mundo?

Se contabilizan alrededor de 51 comisiones de la verdad las que se han creado en el mundo, y de éstas algunas han alcanzado mayor reconocimiento internacional por lo novedoso de sus métodos, el alcance de sus investigaciones, por los mandatos otorgados y claro, por las polémicas que han tenido en el trámite de sus mandatos y las revelaciones de sus informes finales.

Según el profesor, Andrés Sandoval, “por ejemplo la comisión de la verdad de Sudáfrica le agregó a su mandato un mecanismo penal, para juzgar a los responsables de los crímenes y también tuvo un componente de amnistía y eso fue positivo para ellos. Si vamos a los casos de América Latina, el caso de Perú fue la primera en abrir audiencias públicas para escuchar a las víctimas y eso fue muy novedoso y de gran impacto. Otras como la de Argentina fue solamente para buscar a los desaparecidos, un mandato corto y específico. En Guatemala por ejemplo se dedicaron a investigar el genocidio, Chile con su comisión de la verdad y la reconciliación, incluyeron por primera vez la palabra reconciliación y así cada una ha ido dejando su huella y afrontando los retos que les impuso la historia”.

¿Cuáles han sido las conclusiones de algunas de las comisiones de la verdad establecidas en el mundo?

En Argentina, por ejemplo, la Conadep, estimó en “8.960 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos”, dicha comisión publicó su informe final en septiembre de 1984.

Adicionalmente, dicha comisión agregó en sus conclusiones que “La desaparición de personas como metodología represiva reconoce algunos antecedentes previos al golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Pero es a partir de esa fecha, en que las fuerzas que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de los resortes del Estado, cuando se produce la implantación generalizada de tal metodología”.

En Guatemala, el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Memoria del Silencio, entre sus conclusiones “registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas”. 

Además, “La CEH comprobó que a lo largo del enfrentamiento armado el Ejército diseñó e implementó una estrategia para provocar terror en la población. Esta estrategia se convirtió en el eje de sus operaciones, tanto en las de estricto carácter militar como en las de índole psicológica y las denominadas de desarrollo. Las organizaciones guerrilleras cometieron hechos violentos de extrema crueldad que aterrorizaron a la población y dejaron secuelas importantes en la misma. Fueron las ejecuciones arbitrarias, sobre todo las cometidas frente a familiares y vecinos, las que agudizaron el clima de miedo, arbitrariedad e indefensión ya generalizado en la población”.

En El Salvador, el informe final de la Comisión de la Verdad para ese país, titulado “De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador”, concluyó, entre otras cosas,  que “ninguna de las ramas del poder público: judicial, legislativa, ejecutiva, fue capaz de controlar el desbordante dominio militar en la sociedad. Se debilitó el sistema judicial en la medida en que la intimidación la apresó y se sentaron las bases para su corrupción”.

En Chile, el “Informe Rettig es el nombre con que se conoce al informe final entregado, el 9 de febrero de 1991, por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile durante la dictadura Augusto Pinochet. La Comisión, sesionó durante nueve meses y su informe cubrió el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990”.

“La Comisión recibió poco más de 3.400 denuncias y clasificaron como víctimas de la violencia política a 2.279 personas. Este documento recomendó una serie de medidas de reparación simbólica y reivindicación a las víctimas, el entonces presidente, Patricio Aylwin acogió dichas recomendaciones y mediante la dictación de la ley 19123 creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en febrero de 1992”, como registra en esta entrada la Biblioteca Nacional de Chile.