Pasar al contenido principal
Viernes, 14 Febrero 2020

Explicador: ¿Cuándo aplica la legítima defensa en Colombia?

Por José Felipe Sarmiento

Una persona acusada de cometer un delito puede quedar libre de responsabilidad si se acoge a esta figura. Pero el Código Penal tiene unas condiciones que hay que analizar en contexto.

Cada tanto aparece un crimen mediático que pone a la opinión pública a discutir sobre la legítima defensa. ¿Se vale asesinar a un ladrón en medio de un atraco? ¿Es correcto condenar a una mujer que agrede a su marido después de años de violencia de género por parte de él? ¿Qué pasa si un secuestrado se arma y hiere a sus captores para poder escapar del cautiverio?

En este explicador, Colombiacheck le cuenta cómo funciona esa figura jurídica tan debatida.

¿Qué es la legítima defensa?

En el Código Penal, la legítima defensa es la sexta entre 12 posibles razones para la ausencia de responsabilidad penal. En términos sencillos, “esto significa que su conducta delictiva está justificada si se cumple con ciertas condiciones”, explica la penalista María Camila Correa Flórez, que tiene un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas con una tesis sobre su aplicación en contextos de violencia de género intrafamiliar. O sea que sí delinquió pero no fue su culpa. En este caso, porque lo atacaron primero.

El fundamento teórico es la autoprotección, como señaló el abogado y criminólogo David Matiz Pinilla en un artículo para el portal Ámbito Jurídico, con base en el autor alemán Kristian Kühl. No es un invento colombiano sino un principio del derecho con una larga historia. “En todas las tradiciones romanogermánicas, como la nuestra, funciona más o menos igual y en el common law [de origen anglosajón] existe la defensa propia, que tiene algunas variantes pero también es similar”, amplía Correa.

¿Cuándo aplica?

Lo que dice la ley es que esto aplica cuando “se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión”. Además, se presume en particular cuando una persona “rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas”.

Mejor dicho, no basta con estarse defendiendo. Hay unos requisitos más específicos que la Corte Suprema de Justicia, en particular su sala de casación penal, ha ido puliendo en sus decisiones. Matiz los enumeró así:

(i) que exista una agresión ilegítima o antijurídica que genere peligro al interés protegido legalmente; (ii) el ataque ha de ser actual o inminente, esto es, que se haya iniciado o, sin duda alguna, vaya a comenzar y aún haya posibilidad de protegerlo; (iii) la defensa debe ser necesaria para impedir que el ataque se haga efectivo; (iv) la entidad de la defensa debe ser proporcionada cualitativa y cuantitativamente respecto de la respuesta y los medios utilizados, y (v) la agresión no ha de ser intencional o provocada.

En español, los dos primeros elementos que debe haber para que se configure legítima defensa tienen que ver, por supuesto, con que haya un ataque antes. Por un lado, este debe debe ser injusto o contrario a la ley, por ejemplo, con el fin de cometer un delito contra la persona. Por el otro, lo de “actual o inminente” quiere decir que lo deben estar agrediendo en ese preciso momento o que es evidente que eso está por suceder.

“Esto también incluye agresiones que se extienden en el tiempo, como el secuestro”, agrega Correa Flórez. Quien es víctima de este delito, que puede durar años, puede defenderse de él en cualquier momento porque es una situación continua.

Pero la otra mitad de los requisitos aclara que la persona atacada tampoco se puede defender de cualquier forma. La proporcionalidad es un asunto clave y hace parte de un componente más amplio, que técnicamente se llama la necesidad racional de la acción. Según la académica, esto se entiende como que “realmente sea necesario lesionar o matar al agresor”.

Una explicación en el portal de la firma de abogados Colombia Legal Corporation lo pone en términos de que el ciudadano “no puede, en ningún caso, pasar de ser agredido a ser agresor”. Pero ahí hay muchos matices. “Lo que ha dicho la Corte Suprema en repetidas ocasiones es que ese análisis debe hacerse en contexto y que no se puede llegar a conclusiones generales de que debe ser pistola contra pistola y cuchillo contra cuchillo”, explica Correa.

Es decir, el tercer punto no hace referencia solo al arma utilizada, que es el ejemplo clásico. Entran otros factores alrededor de la situación. Precisamente la mencionada tesis doctoral de la penalista plantea que, en ciertas circunstancias, una mujer víctima de violencia doméstica de género que mata a su agresor, incluso si no hay confrontación, puede acogerse a la figura de legítima defensa:

La acción defensiva de la mujer es necesaria porque no tenía otros medios menos lesivos para defenderse sin ponerse a ella misma en peligro, y porque su acción defensiva es racionalmente proporcional. En primer lugar, por el mismo tipo de agresión, la mujer se encuentra privada de su libertad tras unos barrotes invisibles; es el mismo tirano, a través de la agresión, el que le impide recurrir a otros medios. Los denominados “otros medios” constituyen un acto de rebelión contra el tirano que puede desencadenar su furia, y la mujer, debido a que conoce el comportamiento de su agresor, sabe que puede poner en riesgo su vida si recurre a ellos. Además, el medio defensivo es proporcional, en el sentido de racionalmente necesario, en el contexto en el que tienen lugar los hechos. Es decir, en el marco de una relación de tiranía, donde el agresor le bloquea todas las posibilidades de salvación por medio de la misma agresión, matar a éste en una situación sin confrontación resulta racionalmente necesario.

La cuarta y última condición para la legítima defensa va dirigida a la voluntad de quien se defiende. ¿Cómo así? “Básicamente, que la persona de verdad esté pensando en defenderse y no haya sido quien provocó la agresión en su contra para después responder”, resume la profesora. Ejemplo clásico de lo que no se vale: la riña de borrachos que empieza porque uno insulta al otro para que este le pegue y luego “defenderse”. Esto excluye también los actos de venganza, por ejemplo. Pero, de nuevo, cada caso requiere de un análisis complejo que es tarea de la justicia.

¿Qué se defiende?

Casi siempre, los ejemplos y las discusiones más airadas sobre legítima defensa giran alrededor de los delitos contra la vida. Cuando el riesgo es que maten a la persona. Pero la figura es más amplia. Por supuesto, la agresión puede ser un robo, un delito sexual o un secuestro, como ya se dijo. Pero la situación debe pasar por el análisis de los mismos elementos para determinar si se justifica o no la conducta de la víctima o si excede los límites de la ausencia de responsabilidad y, por tanto, puede ser condenada.

Otro ejemplo: el atracador que es atacado por su víctima cuando ya está huyendo con los objetos robados. Si la persona le dispara por la espalda, es más probable que sea considerada como una respuesta desproporcionada que si lo persigue y lo empuja para quitarle lo que se robó. En el primer escenario, dado que la agresión contra la vida ya pasó (no es actual), usar un arma de fuego sería innecesario. En el segundo, estaría actuando en defensa de su patrimonio y podría ser válido para la causal.

Aquí también entra la segunda parte sobre el extraño que entra a una casa. Si quien vive allí lo ataca, se presume que lo hizo en legítima defensa porque la sola presencia de alguien sin permiso en la propiedad se toma como una agresión. “Eso pasó en Medellín hace unos años, cuando una persona atacó a alguien que entró a su casa de noche y luego resultó ser un conocido, pero se le reconoció la legítima defensa”, recuerda Correa.

En cualquier caso, hay muchos factores en juego. Por eso Correa insiste en la importancia del análisis contextual. La legítima defensa no es ni tan amplia ni tan estrecha como la presentan en algunos juicios de 280 caracteres. Esperamos que este explicador sirva para comprender mejor los grises de la norma.

Jueves, 12 Julio 2018

Mitos y verdades de la nueva Ley de sometimiento a la justicia

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Después de la sanción de la ley que busca el sometimiento de las bandas criminales, se han difundido afirmaciones engañosas sobre los supuestos beneficios que esta otorga. Colombiacheck aclara algunas de ellas.

El lunes de esta semana el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1908 de 2018, conocida como Ley de sometimiento a la justicia, “Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.”

Al día siguiente se convirtió en el tema del día de la mayoría de medios de comunicación y de muchos usuarios en las redes sociales. Tanto así que algunos de ellos, probablemente por desconocimiento, formularon preguntas e hicieron afirmaciones engañosas sobre el contenido de la ley. Particularmente, frente a los supuestos beneficios que otorga a quienes se sometan.

Colombiacheck buscó en las redes sociales cuáles son las dudas que más repetían y más impacto generaban, y habló con dos expertos para resolverlas.

La ley va a darle beneficios a los criminales.

Como su nombre lo indica, esta es una ley de sometimiento a la justicia, lo que quiere decir que solo aquellos que se entreguen y colaboren con las autoridades dando información, nombres, rutas del narcotráfico y liberando a los menores de edad que tienen en sus filas, tendrán una disminución del 50% en su condena. Y si se trata de crímenes transnacionales (de lesa humanidad, por ejemplo) obtendrán el 30%.

Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, sin embargo, explica que este recurso existe en muchas naciones. “Los Estados normales tienen las dos opciones: o reprimen, o dan sometimiento a la justicia” y afirma que el ejemplo más claro son los narcotraficantes que se entregan a las autoridades estadounidenses.

“Los narcos entregan rutas, nombres, bienes, pagan cinco años de cárcel y luego las autoridades les devuelven el 5% de la plata que ellos había entregado para que puedan sobrevivir. En algunos casos, les entregan hasta la ciudadanía estadounidense”, sostiene Ávila.

Por otro lado, Iván Cepeda, senador del Polo, en entrevista con Blu Radio aclaró que en esta nueva ley “no hay beneficios”, pues “repite exactamente lo mismo que hay en el código penal, con el principio de oportunidad”. La diferencia, es que con la nueva ley se prevé el sometimiento de grupos y no de individuos.

Pero además, en el Título II de la ley se fortalecen las medidas para la investigación y judicialización de los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), se endurecen las sanciones para algunos delitos y se castiga a quienes no hacen parte del grupo pero colaboran en actos con fines ilícitos.

La ley habla de sometimiento colectivo pero no de sometimiento individual.

 

 

Precisamente, y continuando con el punto anterior, la nueva ley de sometimiento a la justicia es un mecanismo que aplica solo para la judicialización de grupos, porque para individuos ya existe el principio de oportunidad.

Y la razón para crear un mecanismo colectivo se halla en lo ocurrido con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac. Este grupo narcoparamilitar quiso entregarse a la justicia en 2012 y para ello se concentró en una zona a la espera de las autoridades. “La Fiscalía no tenía información de nadie y a los dos días todos quedaron libres”, cuenta el subdirector de Pares, “para evitar cosas como esa es que se crea esta ley”.

Según el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la creación de esta ley era necesaria porque hoy las mayores fuerzas criminales están conformadas en grandes grupos, como el Clan del Golfo, y “estábamos ante una impotencia para judicializar de manera colectiva”, dijo a W Radio.

En la ley pueden entrar disidencias de las Farc, asesinos de líderes sociales y todas las bandas criminales.

 

 

Esto es cierto, si hacen parte de un grupo conformado por tres o más personas, que exista desde hace cierto tiempo (que tendrá que definirse cuando se reglamente la ley) y que actúe de forma concertada para cometer uno o más delitos, explicó Gil Botero.

El artículo 2 de la nueva ley, no obstante, define qué son los GAO y los GDO y explica que para establecer si un grupo puede considerarse en alguna de estas dos categorías, “será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional”. Solo después de establecida la calificación un grupo puede entrar a hacer parte del proceso judicial.

Gustavo Duncan, investigador y profesor del departamento de ciencias políticas de la Universidad de los Andes, dice que ve poco probable que en el corto plazo las disidencias de las Farc vayan a hacer parte de esta ley, “si no, se hubieran metido al proceso de paz de La Habana”.

Y para Cepeda, “lo mejor para los líderes sociales es que una organización que los amenaza se desmovilice y desaparezca”, dijo en la misma entrevista.

También podrán entrar los corruptos.

Ariel Ávila explica que la razón por la cual se da cabida para que entren los corruptos es que las organizaciones criminales tienen contactos con agentes estatales, con fuerzas militares, con políticos. “Lo que llaman la bacrimpolítica”, dice.

Como se señaló en el punto anterior, dentro de la ley pueden entrar todos los grupos criminales que sean catalogados como tales (no hay distinción alguna) y que acepten entregar toda la información de su accionar delictivo.

Es una segunda oportunidad para las disidencias de las Farc.

En parte podría serlo, porque finalmente lo que busca la ley es acabar con todas las formas de violencia y criminalidad que quedan en el país. Sin embargo, como ya se señaló, si las disidencias de las Farc no se sometieron al acuerdo, que les brindaba más garantías, es poco probable que se sometan a esta ley.

Como explicó el Ministro de Justicia en la misma entrevista, “las disidencias que no aceptaron la reincorporación dejaron de pagar cinco años para pagar 30 o 40 en el evento de que se les clasificare como GAO. No es un buen negocio el que están haciendo o un beneficio adicional que se les esté dando”.

Los grupos criminales que se sometan tendrán los mismos beneficios que les dieron a las Farc con el acuerdo de La Habana.

Esto es completamente falso. Principalmente porque los GAO no tienen un reconocimiento de estatus político como sí lo tienen las guerrillas. Pero además, porque esta ley no equivale a un proceso de paz, no contiene una amnistía generalizada, no hay temas de participación política y no se va a judicializar a través de una justicia especial de paz, según sostiene Ávila. Se trata, nuevamente, de una ley de sometimiento.

La ley le dará reconocimiento político a las Bacrim.

Nuevamente falso. La ley no contempla esto en ninguna parte. El presidente Santos publicó en su cuenta de Twitter un trino aclarándolo:

 

 

No habrá verdadero sometimiento para quienes se entreguen porque no pagarán en la cárcel sino en colonias agrícolas.

El artículo 59 de la ley habla de las “condiciones especiales de reclusión”, las cuales serán “carcelarias e intramurales en colonias penales agrícolas de que trata el artículo 28 de la ley 65 de 1993” (el código penitenciario).

En este punto es importante aclarar que, como dijo Cepeda, “las colonias no son ningún lugar de esparcimiento”. Se trata de un centro carcelario que conforme a los estándares de la privación de la libertad puede ser de máxima, mediana o mínima seguridad, aclara Ávila.

Y de acuerdo con el ministro Gil Botero, obedecen dentro del sistema de la estructura carcelaria, a unas condiciones de otra naturaleza que buscan dar oportunidades de reintegración y resocialización. “Se trata de un derecho penal que proteja la sociedad y castigue al infractor, pero que también le permita oportunidades de reintegración”, dijo.

Ávila concluye diciendo que este modelo existe en otras naciones del mundo y no tiene nada de extraño porque, finalmente, también se trata de cárceles.