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Viernes, 14 Febrero 2020

Explicador: ¿Cuándo aplica la legítima defensa en Colombia?

Por José Felipe Sarmiento

Una persona acusada de cometer un delito puede quedar libre de responsabilidad si se acoge a esta figura. Pero el Código Penal tiene unas condiciones que hay que analizar en contexto.

Cada tanto aparece un crimen mediático que pone a la opinión pública a discutir sobre la legítima defensa. ¿Se vale asesinar a un ladrón en medio de un atraco? ¿Es correcto condenar a una mujer que agrede a su marido después de años de violencia de género por parte de él? ¿Qué pasa si un secuestrado se arma y hiere a sus captores para poder escapar del cautiverio?

En este explicador, Colombiacheck le cuenta cómo funciona esa figura jurídica tan debatida.

¿Qué es la legítima defensa?

En el Código Penal, la legítima defensa es la sexta entre 12 posibles razones para la ausencia de responsabilidad penal. En términos sencillos, “esto significa que su conducta delictiva está justificada si se cumple con ciertas condiciones”, explica la penalista María Camila Correa Flórez, que tiene un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas con una tesis sobre su aplicación en contextos de violencia de género intrafamiliar. O sea que sí delinquió pero no fue su culpa. En este caso, porque lo atacaron primero.

El fundamento teórico es la autoprotección, como señaló el abogado y criminólogo David Matiz Pinilla en un artículo para el portal Ámbito Jurídico, con base en el autor alemán Kristian Kühl. No es un invento colombiano sino un principio del derecho con una larga historia. “En todas las tradiciones romanogermánicas, como la nuestra, funciona más o menos igual y en el common law [de origen anglosajón] existe la defensa propia, que tiene algunas variantes pero también es similar”, amplía Correa.

¿Cuándo aplica?

Lo que dice la ley es que esto aplica cuando “se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión”. Además, se presume en particular cuando una persona “rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas”.

Mejor dicho, no basta con estarse defendiendo. Hay unos requisitos más específicos que la Corte Suprema de Justicia, en particular su sala de casación penal, ha ido puliendo en sus decisiones. Matiz los enumeró así:

(i) que exista una agresión ilegítima o antijurídica que genere peligro al interés protegido legalmente; (ii) el ataque ha de ser actual o inminente, esto es, que se haya iniciado o, sin duda alguna, vaya a comenzar y aún haya posibilidad de protegerlo; (iii) la defensa debe ser necesaria para impedir que el ataque se haga efectivo; (iv) la entidad de la defensa debe ser proporcionada cualitativa y cuantitativamente respecto de la respuesta y los medios utilizados, y (v) la agresión no ha de ser intencional o provocada.

En español, los dos primeros elementos que debe haber para que se configure legítima defensa tienen que ver, por supuesto, con que haya un ataque antes. Por un lado, este debe debe ser injusto o contrario a la ley, por ejemplo, con el fin de cometer un delito contra la persona. Por el otro, lo de “actual o inminente” quiere decir que lo deben estar agrediendo en ese preciso momento o que es evidente que eso está por suceder.

“Esto también incluye agresiones que se extienden en el tiempo, como el secuestro”, agrega Correa Flórez. Quien es víctima de este delito, que puede durar años, puede defenderse de él en cualquier momento porque es una situación continua.

Pero la otra mitad de los requisitos aclara que la persona atacada tampoco se puede defender de cualquier forma. La proporcionalidad es un asunto clave y hace parte de un componente más amplio, que técnicamente se llama la necesidad racional de la acción. Según la académica, esto se entiende como que “realmente sea necesario lesionar o matar al agresor”.

Una explicación en el portal de la firma de abogados Colombia Legal Corporation lo pone en términos de que el ciudadano “no puede, en ningún caso, pasar de ser agredido a ser agresor”. Pero ahí hay muchos matices. “Lo que ha dicho la Corte Suprema en repetidas ocasiones es que ese análisis debe hacerse en contexto y que no se puede llegar a conclusiones generales de que debe ser pistola contra pistola y cuchillo contra cuchillo”, explica Correa.

Es decir, el tercer punto no hace referencia solo al arma utilizada, que es el ejemplo clásico. Entran otros factores alrededor de la situación. Precisamente la mencionada tesis doctoral de la penalista plantea que, en ciertas circunstancias, una mujer víctima de violencia doméstica de género que mata a su agresor, incluso si no hay confrontación, puede acogerse a la figura de legítima defensa:

La acción defensiva de la mujer es necesaria porque no tenía otros medios menos lesivos para defenderse sin ponerse a ella misma en peligro, y porque su acción defensiva es racionalmente proporcional. En primer lugar, por el mismo tipo de agresión, la mujer se encuentra privada de su libertad tras unos barrotes invisibles; es el mismo tirano, a través de la agresión, el que le impide recurrir a otros medios. Los denominados “otros medios” constituyen un acto de rebelión contra el tirano que puede desencadenar su furia, y la mujer, debido a que conoce el comportamiento de su agresor, sabe que puede poner en riesgo su vida si recurre a ellos. Además, el medio defensivo es proporcional, en el sentido de racionalmente necesario, en el contexto en el que tienen lugar los hechos. Es decir, en el marco de una relación de tiranía, donde el agresor le bloquea todas las posibilidades de salvación por medio de la misma agresión, matar a éste en una situación sin confrontación resulta racionalmente necesario.

La cuarta y última condición para la legítima defensa va dirigida a la voluntad de quien se defiende. ¿Cómo así? “Básicamente, que la persona de verdad esté pensando en defenderse y no haya sido quien provocó la agresión en su contra para después responder”, resume la profesora. Ejemplo clásico de lo que no se vale: la riña de borrachos que empieza porque uno insulta al otro para que este le pegue y luego “defenderse”. Esto excluye también los actos de venganza, por ejemplo. Pero, de nuevo, cada caso requiere de un análisis complejo que es tarea de la justicia.

¿Qué se defiende?

Casi siempre, los ejemplos y las discusiones más airadas sobre legítima defensa giran alrededor de los delitos contra la vida. Cuando el riesgo es que maten a la persona. Pero la figura es más amplia. Por supuesto, la agresión puede ser un robo, un delito sexual o un secuestro, como ya se dijo. Pero la situación debe pasar por el análisis de los mismos elementos para determinar si se justifica o no la conducta de la víctima o si excede los límites de la ausencia de responsabilidad y, por tanto, puede ser condenada.

Otro ejemplo: el atracador que es atacado por su víctima cuando ya está huyendo con los objetos robados. Si la persona le dispara por la espalda, es más probable que sea considerada como una respuesta desproporcionada que si lo persigue y lo empuja para quitarle lo que se robó. En el primer escenario, dado que la agresión contra la vida ya pasó (no es actual), usar un arma de fuego sería innecesario. En el segundo, estaría actuando en defensa de su patrimonio y podría ser válido para la causal.

Aquí también entra la segunda parte sobre el extraño que entra a una casa. Si quien vive allí lo ataca, se presume que lo hizo en legítima defensa porque la sola presencia de alguien sin permiso en la propiedad se toma como una agresión. “Eso pasó en Medellín hace unos años, cuando una persona atacó a alguien que entró a su casa de noche y luego resultó ser un conocido, pero se le reconoció la legítima defensa”, recuerda Correa.

En cualquier caso, hay muchos factores en juego. Por eso Correa insiste en la importancia del análisis contextual. La legítima defensa no es ni tan amplia ni tan estrecha como la presentan en algunos juicios de 280 caracteres. Esperamos que este explicador sirva para comprender mejor los grises de la norma.

Jueves, 28 Marzo 2019

Todo (o casi todo) lo que debería saber sobre Hidroituango

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Explicador: En siete puntos resumimos lo que ha pasado con esta megaobra: los tiempos, los costos, los responsables y las polémicas de la que sería la hidroeléctrica más grande de Colombia.

La hidroeléctrica

La Hidroeléctrica de Ituango, Hidroituango, es un proyecto de generación de energía a través de una hidroeléctrica. Está ubicada sobre el río Cauca, en el llamado ‘Cañón del Cauca’, entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia. (Para entender cómo funciona una hidroeléctrica recomendamos este video).

Fue pensada para ser la hidroeléctrica más grande del país. La presa (el muro que se construye para almacenar el agua) mide 225 metros (casi dos veces la altura del edificio Coltejer en Medellín*) y tiene 20 millones de metros cúbicos de volumen (la capacidad para almacenar agua).

Esta megaobra sería la responsable de aportar el 17 por ciento de la demanda energética del país para 2021 (la hidroeléctrica que más genera en este momento es San Carlos y aporta apenas el 9 por ciento).

Los costos

Inicialmente se estimó una inversión de 11,4 billones de pesos para el desarrollo de la obra, pero ha tenido, hasta el momento varios sobrecostos que se calculan en 1,5 billones de pesos. Estos incluyen los 65.000 millones que, según le dijo EPM a La Silla Vacía, le había costado la emergencia desde abril de 2018 hasta el 31 de enero de este año.

Los dueños y responsables

El 50 por ciento de las acciones las tiene el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que depende de la gobernación, y otro 2 por ciento es del Departamento de Antioquia (es decir que la mayor participación está en cabeza del gobernador).

Empresas Públicas de Medellín (EPM) es el segundo mayor accionista, con el 46 por ciento, y es la compañía que ganó la licitación para el desarrollo, construcción y operación del proyecto.

El resto de acciones está en manos de accionistas minoritarios, de acuerdo con la página del proyecto.

El consorcio colombo brasileño CCC Ituango, integrado por las firmas Construções e Comércio Camargo Corrêa, Conconcreto y Coninsa Ramón H., es el encargado de ejecutar la construcción de la presa, la central de máquinas y demás obras asociadas.

Por otro lado, La Silla Vacía publicó una investigación sobre los políticos detrás de las grandes decisiones de Hidroituango. En ella, aparecen los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, y los actuales mandatarios, Luis Pérez, Gobernador de Antioquia, y Federico Gaviria, Alcalde de Medellín.

Los tiempos

Fue planeada desde 1969 y en 2010 se firmó el acuerdo para su construcción entre el IDEA y EPM. Se estimaba que la primera de ocho unidades (turbinas) de generación de energía iniciaría servicio en noviembre 30 de 2018 y los otras siete habrían de empezar operación sucesivamente cada tres meses hasta que la central entrara a tope en 2020, según informó El Tiempo en 2012.

Debido a derrumbes que ocurrieron a lo largo de la construcción, las obras se retrasaron 20 meses. Por esto, EPM firmó en diciembre de 2015 un pacto de aceleración con el Consorcio CCC que costó 370 mil millones de pesos.

“La propuesta que hizo el consorcio consistía en aumentar la jornada de trabajo para que fuera 24/7, conseguir equipos adicionales para acelerar la construcción y programar obras complementarias para construir en menor tiempo pozos y revestimientos. Así recuperaría 18 meses de los retrasos”, según informó La Silla Vacía.

No obstante, con la emergencia que comenzó en abril de 2018, el inicio del funcionamiento de la presa quedó sin una fecha clara.

Las polémicas

Desde su planificación a finales de los 90, el proyecto de Hidroituango ha presentado inconsistencias graves en términos medioambientales, económicos, políticos y sociales.

La licencia ambiental para desarrollar el proyecto ha sido cuestionada y modificada 12 veces. La Contraloría, en la auditoría que le hizo el año pasado a la Anla y a EPM, detectó que ese estudio estaba desactualizado y no tenía detalles necesarios. “Por ejemplo, decía que no había comunidades indígenas en el área de afectación, cuando sí había; no valoró el impacto ambiental por el cambio en la calidad del agua ni realizó una estimación de ecosistemas estratégicos, como los tipos de bosques que están en el área”, informó La Silla Vacía.

El actual gobernador Luis Pérez denunció en octubre del año pasado que el cierre definitivo de los dos túneles principales para la desviación del río Cauca  la construcción de un tercero con la mitad de capacidad se hicieron sin autorización de la Anla.

La Contraloría le abrió una indagación preliminar a EPM porque el tercer túnel se comenzó a construir en agosto de 2015, pero la solicitud para modificar la licencia ambiental para hacerlo se presentó en julio de 2016 y la obtuvo en septiembre de 2016.

Pero también ha habido escándalos alrededor de EPM, por cómo ganó el proyecto (el pasado 27 de febrero, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que imputaría cargos por el cuestionable contrato adjudicado a dedo) y contra la constructora brasileña Camargo Correa (dueña del 55 por ciento del consorcio que construye la obra) porque en Brasil forma parte del escándalo Lava Jato junto con Odebrecht, como informamos anteriormente.

Por otro lado, entre 1982 y 2016 han ocurrido 62 masacres en los municipios en donde se desarrolla Hidroituango y las comunidades han argumentado que no se les consultó sobre el desarrollo del proyecto y sus consecuencias. Además, se han denunciado desalojos forzosos y asesinatos, como el caso de Nelson Giraldo de la organización Ríos Vivos.

Las emergencias

Desde hace poco menos de un año el proyecto hidroeléctrico ha sufrido varios problemas por cuenta de errores en la construcción de la obra que han coincidido con infortunios climáticos. Resumimos algunos de estos hechos.

La primer emergencia ocurrió el sábado 28 de abril del año pasado, cuando las aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos debido a un derrumbe, taparon uno de los túneles de desviación; el único por el que seguía desviándose el río Cauca para la construcción de la obra (entonces el proyecto se encontraba en un 85 por ciento de avance de sus obras principales). El Espectador hizo un video que sirve para entender gráficamente lo que pasó.

El 10 de mayo, luego de que el río Cauca llevara 13 días represado por los túneles taponados, y con alto riesgo de una avalancha en los municipios aguas abajo del proyecto, EPM tomó la decisión de inundar la casa de máquinas (que está dentro de la montaña y contiene la maquinaria que tendría la labor de generar la energía) para que el agua pasara por ahí y evitar que se rompiera la presa y arrasara con los pueblos aguas abajo.

“Esa decisión ha sido la más costosa para el proyecto, porque puede que por ello la hidroeléctrica no sea viable”, de acuerdo con La Silla Vacía.

Dos días después, el túnel bloqueado se destapó y debido que que el agua estaba represada, el caudal aumentó su velocidad. Esta fue la causa de la subida del río aguas abajo; la corriente destruyó tres puentes y dejó 600 damnificados. De acuerdo con el video de El Espectador, 73 viviendas se perdieron en su totalidad y 162 tuvieron daños parciales, según La Silla Vacía.

Pasaron los días y el asunto pareció estabilizarse, pero el miércoles 16 de mayo EPM informó de una obstrucción en la casa de máquinas que hizo que el agua comenzara a salir por las galerías, los caminos por donde entran carros y trabajadores. Este hecho puso en alerta máxima a cinco municipios aguas abajo, de acuerdo con el video de El Espectador, y dejó las imágenes de obreros huyendo de las aguas.

Al día siguiente, el gerente de EPM alertó que si el agua seguía saliendo por las galerías, podría colapsar la presa. Y que además si el agua la rebosaba, el muro de la presa podría fracturarse causando una avalancha que arrasaría pueblos enteros.

Por esta razón, los habitantes de Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, municipios de Antioquia, fueron evacuados y debieron dejar sus casas.

Meses más tarde, pasada la emergencia, a comienzos de noviembre de 2018 EPM pudo llenar el embalse por primera vez, hecho fundamental para poner a funcionar el vertedero y que el agua saliera por él (y no por la casa de máquinas).

Después de eso solo seguía terminar de cerrar los túneles de desviación (incluyendo el que ocasionó la emergencia de abril), asegurar que el río pasara por el vertedero y cerrar la casa de máquinas para evaluar la viabilidad de la hidroeléctrica, como informó El Tiempo.

Sin embargo, el 21 de diciembre tuvieron que volver a cerrar el vertedero porque bajó el nivel del embalse, y el agua quedó pasando únicamente por la casa de máquinas.

Este año continuó la emergencia debido a otros riesgos. En la montaña donde está ubicada la casa de máquinas encontraron filtraciones de aire que podrían ocasionar el colapso del proyecto, y las rejas por las que entraba el agua a la caverna se estaban deformando.

Por esta razón, EPM decidió cerrar las dos compuertas que permitían que entrara el agua allí sin antes haber llenado el embalse. A eso se debió que el río Cauca aguas abajo se secara casi totalmente.

A propósito de esto La Silla Vacía publicó: “Esa decisión ha generado una crisis ambiental con la vulneración de los ecosistemas que giran en torno al río, además de casi 60 mil peces muertos. También el desabastecimiento de agua en Caucasia, el estancamiento económico de las comunidades que viven del río y un impacto ambiental que todavía está por conocerse”.

Lo que sigue

Desde el año pasado, el gerente de EPM, Jorge Londoño, ha dicho que solo se sabrá si Hidroituango es viable cuando se saque el agua de la casa de máquinas, se limpie lo que el río haya metido y se evalúe el estado de los aparatos.

Si los daños en la casa de máquinas no son tan graves como para repararlos en tres años, algo que se sabrá después de este mes de abril por ser la fecha estimada para el cierre inicial de compuertas, si las pólizas de seguro que tiene EPM para el proyecto responden en su totalidad por los daños, y dependiendo de lo que determinen las investigaciones en Procuraduría, Contraloría y Fiscalía; Hidroituango empezaría a operar en 2021.

 

*Corregimos. Serían 1,2 veces el edificio Coltejer de Medellín, pues su medida es de 175 metros.