La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) retiró la libertad condicional al coronel (r) Publio Hernán Mejía y, tras ello, surgieron varias narrativas en redes sociales en las que se afirmaba que esta decisión responde a términos políticos y a las manifestaciones de veteranos y miembros de reserva de las fuerzas armadas contra el gobierno de Gustavo Petro en las que el exmiembro del Ejército había participado el 10 de mayo pasado.

Por ejemplo, la cuenta de Twitter llamada @Fans_MFCaba, que cuenta con 26.300 seguidores, publicó: “La tramposa  @JEP_Colombia  acaban de revocar la libertad condicional y ordenar la captura del héroe de la Patria, Coronel (r) Publio Hernán Mejía Comienzan las represalias de la extrema izquierda en respuesta al gran plantón de los veteranos y miembros de la Reserva Activa. ¡No duden que vienen por el General @EEZapateiro también!” (sic). La publicación, al momento de este explicador, cuenta con 1.234 ‘me gusta’ y 817 retuits.

Esta cuenta, que se identifica como de ‘fans’, es fácil de confundir con la de la senadora opositora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, pues usa la misma foto de perfil y compró la verificación paga de Twitter Blue. De hecho, hace parte de un grupo de perfiles similares en apoyo a políticos de derecha en Colombia y el exterior, que Colombiacheck ya ha verificado porque se confunden con los reales y por difundir desinformación.

También se sumaron trinos como: “Esto es persecución política, los terroristas en un acto de revanchismo político quieren arrodillar al Coronel Mejía, toda nuestra solidaridad con este héroe de la patria 🇨🇴” (sic), de la usuaria Sandra Barbosa (@SandraDerecha), o “La detención del Coronel Mejía, es la prueba que empezó la represalia del hampón, contra todo el que lo contradiga” (sic) de @orlandopitaga.

Colombiacheck revisó la herramienta de Meta CrowdTangle y encontró que, entre el 11 y el 15 de mayo pasados, se han publicado en perfiles verificados, páginas y grupos públicos de Facebook un total de 299 posts con 27.707 interacciones, con las palabras coronel Mejía y JEP. Aunque en muchos de los casos se trató de la noticia sobre la decisión judicial, en otros amplificaron la narrativa de que esta había sido un venganza o un chantaje contra los miembros de la reserva de las Fuerzas Militares.

Estos mensajes fueron publicados en páginas como Derecha Republicana Colombia, Línea Cero, Colombia Curiosa, entre otras.

Tras estas publicaciones en Facebook y Twitter, en Colombiacheck decidimos explicar de qué se trata el caso contra el coronel (r ) Pluvio Hernán Mejía y analizar qué relación tiene la decisión de la JEP con su participación en la manifestación contra el actual gobierno.

El proceso contra Mejía en la JEP

El teniente coronel (r) Mejía se sometió a la JEP en junio de 2017 bajo el caso 003 ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’ y obtuvo su libertad condicional en relación con una pena de 19 años que tenía por concierto para delinquir, por los hechos ocurridos entre enero de 2022 y enero de 2004, cuando era el comandante del Batallón La Popa.

El exmilitar ha manifestado en varias ocasiones que su caso se debe a un montaje judicial y político. Mejía ha comparecido ante la JEP en más de cuatro oportunidades en las que ha negado su responsabilidad con las ejecuciones extrajudiciales. 

Sin embargo, la JEP, en el Auto 128 de 2021 emitido por la Sala de Reconocimiento, le imputó a Mejía “a título de autores mediatos los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”. Estos, además de estar contemplados en el Código Penal colombiano, también constituyeron crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con las conclusiones de la providencia.

En la página 222, se dijo que Publio Hernán Mejía “prevalido de su rango y de su posición como comandante del batallón, conformó dentro de la unidad una organización criminal que dominaba. Sus órdenes eran ejecutadas por los hombres del Batallón La Popa que integraban esta organización, sus subalternos, y estaban dirigidas a desarrollar el plan criminal por él orquestado y encontrado por esta Sala como bajas en combate, sino para la jurisdicción fue quién la creó”.

En 2021, el caso de Mejía fue trasladado de la Sala de Reconocimiento a la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP. 

El incidente de incumplimiento ante la JEP

El 21 de agosto de ese 2021, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y representantes de víctimas le presentaron a la JEP una solicitud de apertura de incidente de incumplimiento. Se trata de un recurso que contempla la justicia transicional para que se use en caso de que las personas comparecientes ante esta entidad que no cumplen con los pilares de no repetición y no estigmatización pierdan beneficios como la libertad transitoria o penas más bajas. 

En el Auto AI030, fechado del 8 de mayo de 2023, la JEP concluyó, luego de adelantar un incidente de incumplimiento que habían solicitado las organizaciones y las víctimas desde 2021, que las afirmaciones hechas por el compareciente en redes sociales y su poca voluntad ante la justicia violaron sus obligaciones de condicionalidad.

La motivación de la petición, según los antecedentes citados en el documento, fue que “consideraron que sus aportes a la verdad en las sesiones de versiones voluntarias fueron deficientes y evidenciaron la falta de compromiso con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Además, destacaron que el compareciente había realizado múltiples manifestaciones estigmatizantes que incitaban a la violencia y a la guerra, a través de redes sociales en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021”.

En una audiencia pública, el 12 de mayo de 2023 se conoció que la magistratura revocó la decisión de la libertad condicional al analizar alrededor de 26 vídeos de YouTube donde el militar retirado hizo afirmaciones en contra de la democracia y el proceso de paz. Así como “negación de la democracia y, en últimas, revictimización y lesión de los derechos de las víctimas, y presentación de la confrontación armada como única salida al conflicto armado”, se advirtió en la decisión.

La JEP señaló en la diligencia que “no se trata, pues, de meras opiniones o comentarios molestos, se trata de continuas y reiteradas expresiones con elevada agresividad orientadas a personas y grupos específicos que incluye, más grave aún, a víctimas ante la JEP y a sus representantes”. 

Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos alertaron a la JEP que Mejía publicó discursos de odio y estigmatizantes durante las protestas sociales en 2021, demostrando poco interés en la contribución a la paz.  A pesar de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de retirar la libertad condicional, la orden de captura no se puede ejecutar hasta que la Sección de Apelación de la JEP se pronuncie nuevamente, pues la defensa apeló.

¿La decisión de la JEP se relaciona con la manifestación de los militares retirados  o la audiencia pública del exparamilitar Salvatore Mancuso? 

El escrito de 75 páginas de la JEP determina que Mejía no cumplió con el principio de condicionalidad en un proceso por el que está imputado desde 2021, el mismo año en el que hizo los pronunciamientos que llevaron a evaluar el incumplimiento, como ya se explicó. Tras las negativas del militar retirado en no reconocer los crímenes imputados y difundir mensajes estigmatizantes, las organizaciones interpusieron un recurso a la justicia transicional.   

Fue así que, la JEP a través del Auto 095 del 5 de mayo de 2022, decidió abrir formalmente el proceso contra Mejía. El 8 de mayo se firmó el Auto AI030 de 2023 que revoca la libertad condicional pero se conoció la decisión hasta el 12 de mayo. Según la Jurisdicción para la Paz, la diligencia pública que se transmitió por el canal oficial de la institución en YouTube, donde se le notificó al militar la decisión, se citó el 9 de mayo a la audiencia.

En redes sociales se ha dicho que la orden de captura contra el coronel se debe a las declaraciones del exparamilitar Salvatore Mancuso, uno de los máximos comandantes de las AUC y del Bloque Norte, quien compareció ante la justicia en una única audiencia pública de aporte a la verdad que se desarrolló los días 10, 11, 15 y 16 de mayo en Montería, Córdoba. El objetivo de esta diligencia es determinar si el exparamilitar actuó como ‘bisagra’ o punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública. De sus declaraciones y la contratación que se haga de ellas, depende si es aceptado en la JEP.

En la sesión del 11 de mayo, la magistratura le preguntó si recordaba algún hecho importante que se haya realizado bajo sus órdenes para cumplirla conjuntamente con la Fuerza Pública, a lo que respondió: “Ejecutó varias con un coronel de apellido Mejía, Publio se llama”.

El 10 de mayo, militares y policías retirados se reunieron en la Plaza de Bolívar para protestar en contra del gobierno de Gustavo Petro. En la tarde de ese miércoles, una de las figuras visibles en la manifestación fue el coronel Mejía junto con el general retirado Eduardo Zapateiro. Después de la notificación de la JEP y de las manifestaciones, el presidente Gustavo Petro trinó: “El coronel estaba en la marcha con el exgeneral Zapateiro. Invito a Hernán y a Zapateiro a vivir este momento de la historia que es el de la Paz, la verdad, el pueblo y la democracia. Nuestra sociedad merece ser conducida hacia la Paz y no hacia la violencia”.

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Ayer Mancuso, el paramilitar, aportó a la verdad y a la construcción de la paz, al narrar los dias de horror que construyó con el poder politico y militar. Hoy ante el mismo tribunal va detenido el coronel Hernán Mejía, el militar, por burlarse de la verdad y de la paz.

El… pic.twitter.com/8KtGR26VkG

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 12, 2023

Sin embargo, ni lo dicho por Mancuso en la audiencia del 11 de mayo ni la participación de Mejía en las manifestaciones del 10 de mayo influyeron en la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. El proceso contra el militar inició desde agosto de 2021 y fue resuelto el 8 de mayo de 2023.