El pasado 5 de agosto la Comisión de la Verdad informó sobre la publicación de más de 15.000 documentos de inteligencia del Gobierno estadounidense sobre el conflicto armado y el narcotráfico que fueron desclasificados, los cuales sirvieron de insumo para la construcción del informe final que ese organismo entregó el 28 de junio último, después de tres años de ejercicio de dicha comisión.
El anuncio de la desclasificación de tales archivos fue hecho en rueda de prensa por el comisionado de paz Alejandro Valencia, quien detalló que los expedientes están disponibles al público en el sitio web de la Comisión de la Verdad.
A raíz de tales revelaciones surgieron en redes sociales reacciones como la del usuario Alejo Vergel (@Yo AlejoV), quien en su cuenta de Twitter escribió: “La Comisión de la Verdad reveló unos archivos desclasificados de EE.UU. en los que mencionan a (el expresidente Álvaro) Uribe e indican que durante su gobierno aumentó el fenómeno del conteo de cuerpos y las presiones para mostrar resultados. Con razón tanto desespero del uribismo”.
Por su parte, en esa misma red social, el usuario A.P-macha_quito (@aperezruiz13) escribió dos tuits sobre el tema: “Yankees = Nazis criminales. Archivos desclasificados sobre el conflicto armado en Colombia revelan que EE.UU. sabía sobre los 'falsos positivos' en el Gobierno de Uribe. La Comisión de la Verdad informó este jueves la publicación de más de 15.000 documentos de inteligencia estadounidense sobre el conflicto en el país latinoamericano”.
Frente a las reacciones de lo informado por la Comisión de la Verdad, en Colombiacheck decidimos explicar qué es lo que realmente contiene el informe final acerca de los archivos desclasificados de EE.UU., de qué manera se usaron y cuál fue la información que revelaron esos expedientes en relación con los 'falsos positivos' y otros hechos que se dieron en el marco del conflicto armado colombiano y que Washington documentó.
El comisionado de paz Alejandro Valencia fue quien informó en rueda de prensa, el pasado 5 de agosto, en Bogotá, de la existencia de tales archivos desclasificados, los cuales fueron usados por la Comisión de la Verdad como insumo para la realización del informe final.
Los documentos muestran el conocimiento que tenía el gobierno de Estados Unidos sobre diferentes hechos violatorios al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de Derechos Humanos (DDHH) en el marco del conflicto armado colombiano, por lo cual los archivos están divididos en tres periodos.
El primero de esos periodos se refiere al Plan Colombia (1998-2006) implementado contra la guerrilla de las FARC y el narcotráfico, el segundo aborda el narcotráfico, la seguridad nacional y el conflicto interno entre los años 1982 y 1997, y el tercero trata sobre el paramilitarismo y su relación con el Estado entre 1979 y 2009.
Según se menciona en la página 27 del informe final, capítulo 'Hasta la guerra tiene límites, violaciones a los DH', la Comisión de la Verdad obtuvo los mencionados archivos desclasificados “gracias a la alianza con la organización no gubernamental National Security Archive (NSA), que desde Washington y por medio de la Ley de transparencia y acceso a la información de Estados Unidos diligenció solicitudes de desclasificación de documentos sobre Colombia y entregó a la Comisión de la Verdad miles de documentos recopilados y organizados”.
Con dichos archivos (los cuales la NSA identificó y organizó en conjuntos documentales de temas desde 2018) la Comisión buscó “abordar algunos de los vacíos que implicó la dificultad del acceso a la información” en Colombia con hechos relacionados con violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, luego de que la Comisión “tuvo un acceso limitado y restringido en cuanto a la calidad de la información recibida” por parte del Ministerio de Defensa colombiano.
Según la página web de la Comisión de la Verdad, “dada la larga historia de interés de Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia, los archivos desclasificados (...) son muy útiles para el esclarecimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria”.
Asimismo, sostiene que los archivos constituyen una oportunidad para esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado colombiano desde una fuente privilegiada, como es la mirada de EE.UU. sobre el país, al tiempo que permiten “conocer nuevos elementos asociados a lo sucedido y confirmar otros ya conocidos”.
Los archivos consisten en cables del Departamento de Estado de EE.UU., comunicaciones entre dependencias gubernamentales y registros administrativos que dan cuenta del accionar y las relaciones entre el gobierno estadounidense con las Fuerzas Armadas colombianas, y de estas con grupos insurgentes, narcotraficantes y otros grupos armados ilegales. Asimismo, se encuentran informes de inteligencia y de otras agencias que registran información sobre el conflicto armado colombiano.
Entre la información que contienen los archivos desclasificados se cuenta, por ejemplo, la relación entre la violencia política, derechos humanos y el narcotráfico entre 1948 y 2010, así como el pago que hizo la multinacional estadounidense Chiquita Brands (dedicada a la producción y distribución de plátanos) a las guerrillas FARC, EPL y ELN y a las Autodefensas Unidas de Colombia para que la compañía pudiera continuar con sus operaciones en la zona del Urabá antioqueño, lo cual de hecho se menciona en la página 817 del informe final impreso.
Sí. Colombiacheck revisó algunos de los cables desclasificados en los que se evidencia que EE.UU. tuvo conocimiento de los asesinatos extrajudiciales desde los años 90 a raíz de denuncias públicas en Colombia e investigaciones que abrió la Fiscalía y Procuraduría Nacional sobre tales delitos.
La información era seguida, principalmente, por la Embajada de EE.UU. en Bogotá y comunicada a Washington con base en registros de la prensa colombiana y declaraciones de los organismos que como la Fiscalía adelantaban las investigaciones respectivas.
En uno de los cables desclasificados (ninguno de los cuales tiene título) se lee: “Existe un 'síndrome del conteo de cuerpos' cuando se trata de perseguir a las guerrillas, lo cual tiende a alimentar los abusos de los derechos humanos por parte de los soldados (…) que tratan de obtener su cuota para impresionar a los superiores”.
Asimismo, este cable también sostiene que hay un enfoque “pasivo a la hora de permitir que los paramilitares sirvan como apoderados en la contribución al conteo de cuerpos de la guerrilla”.
Sí. Algunos de los informes leídos por Colombiacheck dan cuenta de que el gobierno estadounidense conoció de los 'falsos positivos' en la administración de Álvaro Uribe a raíz de las denuncias de las familias de los jóvenes desaparecidos en Soacha en 2008 y que luego fueron presentados como muertos en combate.
Sin embargo, los archivos no evidencian que EE.UU. conociera de esos crímenes en el momento que se dieron, sino después, es decir, cuando salieron a la luz pública tales denuncias y luego de que organismos como la Fiscalía General de la Nación anunciaron investigaciones al respecto.
En esos casos, los expedientes desclasificados permiten ver de qué manera la comunicación interna de la Embajada de EE.UU. en Colombia con las agencias estadounidenses daba cuenta también de las medidas que el gobierno Uribe adoptó tras hacerse visible el escándalo.
Al respecto, uno de los archivos muestra: “Departamento de Estado de EE.UU. Falsos positivos/ejecuciones extrajudiciales. Tras las revelaciones de ejecuciones extrajudiciales en los asesinatos de Soacha, el 29 de octubre de 2008, el presidente Uribe despidió públicamente a 27 militares. Tres unidades examinadas fueron suspendidas después de los despidos por los casos de Soacha: las secciones de división de mando 2 y 7 y la Brigada 14”.
Sí. Otro de los archivos que revisamos muestra cómo la doctrina del 'Body Counting', que EE.UU. implementó como una suerte de termómetro para medir la efectividad de la lucha contra las guerrillas en el país, y así mantener el apoyo económico y militar, podía derivar en violaciones a los derechos humanos.
Uno de los cables desclasificados evidencia cómo el Comando Sur de EE.UU. expresó su preocupación por el conteo de cuerpos al considerar que no era “una medida de éxito adecuada” y que podría “ser una cosa” que empeoraría las “violaciones de derechos humanos” en Colombia.
Sí. Es una ventana única a información de utilidad para organizaciones de derechos humanos, académicos, investigadoras, periodistas y cualquier otra persona interesada en los temas que relacionan el conflicto armado colombiano con el conocimiento y seguimiento que del mismo ha hecho EE.UU. durante generaciones.
El acervo documental, que se presenta en 52 carpetas temáticas y que abarca desde 1940 hasta la actualidad, se llama Proyecto de Documentación sobre Colombia (Colombia Documentation Project) y se compone de más de 15.000 archivos, los cuales se pueden consultar únicamente en formato digital a través de la página web de la Comisión de la Verdad, ya que debido a su extensión no se incluyen en el informe final impreso.
(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.