El pasado 31 de octubre, el abogado, docente y analista político, Gilberto Tobón, hizo una afirmación en el programa Nos cogió la noche, emitido por el canal Cosmovisión, en la que se refería a las ejecuciones extrajudiciales, denominadas comúnmente como ‘falsos positivos’ de la siguiente manera: 

“Él (Álvaro Uribe) no ordenó los falsos positivos, fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán dijeron hay que hacer algo y se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso, yo lo defiendo desde aquí, así me caigan encima rayos y centellas, pero su gerencia al menudeo facilitó eso”. 

La afirmación de Tobón despertó reacciones como esta, del perfil de Twitter Alerta Latam News, en la que se asegura que “La comisión de la Verdad también sostiene la tesis de Gilberto Tobón que el expresidente @AlvaroUribeVel No ordenó los falsos positivos. En el documento ‘body count’ la comisión de la verdad señala que fue por consecuencia de una mentalidad de los militares no de Uribe”.

ATENCIÓN. La comisión de la Verdad también sostiene la tesis de Gilberto Tobón que expresidente @AlvaroUribeVel No ordenó los falsos positivos.

En el documento ‘body count’ la comisión de la verdad señala que fue por consecuencia de una mentalidad de los militares no de Uribe

— 🔴 Alerta Latam News (@alertaLatam) November 1, 2022

O como esta otra reacción en la que la usuaria @Nelly93849595 dice: “Que la comisión de la verdad dijo q @AlvaroUribeVel no ordenó los falsos positivos? A los petristas los dejaron mal parados!”.

Que la comisión de la verdad dijo q @AlvaroUribeVel no ordenó los falsos positivos?😱 A los petristas los dejaron mal parados! https://t.co/BKOKPXOCSS

— Nelly (@Nelly93849595) November 1, 2022

Aunque en Colombiacheck ya hemos abordado el tema de los falsos positivos desde distintos explicadores y chequeos, como este, en el que contamos que era falso que, como lo afirmó el excandidato a la presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, los casos de falsos positivos radicados (ante la JEP), a la fecha actual, no superan los 800. 

“Se empeñan en la cifra falsa de 6.402”, afirmó el excandidato a la presidencia. Además de calificar su afirmación como falsa, en Colombiacheck explicamos en ese chequeo que, como lo precisa la Comisión de la Verdad en el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, página 147, “La JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país, perpetradas bajo esta modalidad. A pesar de que existe un subregistro de épocas anteriores, según la JEP, ese periodo agrupa el 78 % del total de las ejecuciones extrajudiciales de las que hay registro en el periodo comprendido entre 1978 y 2016 (8.208 personas asesinadas en ese tipo de acciones)”.   

En su momento, también contamos en este explicador cuál era el origen de la cifra de 6402 víctimas de los ‘falsos positivos’. Y reiteramos que  La CEV ha planteado en el informe de ‘Hallazgos y recomendaciones’ una variación de la cifra de 6.402 al hacer referencia a que entre 1978 y 2016 hubo “8.208 casos de personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como dadas de baja en combates. De ese número, ha indicado la entidad, el 78 % de los sucesos tuvieron lugar entre 2002 y 2008”.

Tras las reacciones que surgieron luego de la afirmación de Tobón Sanín respecto a las supuestas responsabilidades que la CEV otorga a militares, eximiendo al expresidente Álvaro Uribe de los hechos relacionados con los falsos positivos, en Colombiacheck queremos contar cómo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad aborda el tema de las ejecuciones extrajudiciales en su informe final. 

Aquí vamos: 

¿El informe final señala o exime al expresidente Álvaro Uribe Vélez de hechos acaecidos en torno a los falsos positivos? 

Para responder esta pregunta, retomamos este explicador titulado ‘¿Qué es el informe final de la Comisión de la Verdad?’,  en el que contamos que “la Comisión no juzga y el objeto del informe no busca señalar a nadie, pretende superar el negacionismo de los hechos que conforman el conflicto colombiano y promover la sensibilidad de la sociedad para responder a las expectativas de las víctimas, de los responsables y así trascender hacia un proceso de reparación colectiva. 

En el explicador, consultamos a Gonzalo Sánchez, primer director del Centro nacional de Memoria Histórica y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí, Sánchez comenta que “de tener un papel judicial, los investigadores de la Comisión, así como las comunidades y actores que hablaron estarían en peligro. La Comisión de la Verdad tiene una función sanadora y eso se verá en el informe final”. 

Entonces, el informe no opina ni hace señalamientos individuales, solo esclarecerá y promoverá el reconocimiento de responsabilidades colectivas (salvo que una persona, por voluntad propia, reconozca su responsabilidad y papel en un hecho específico). La Comisión, como dijo Sánchez “mostrará en su informe los resultados de la investigación, eso será lo que leerá el país”.

Ahora bien, en el capítulo de ‘Narrativa histórica’, del informe final,  sí se menciona el ‘Body count’ como una estrategia militar que tiene su origen en la guerra de Vietnam. Así se explica en la página 525: “el dilema sobre cómo medir el éxito militar fue paradigmático. Tras los enfrentamientos entre estados durante la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam las tropas estadounidenses debían enfrentar a un ejército irregular. La guerra contrainsurgente implicaba cambios en la estrategia y en la forma en que se medía el avance en la confrontación”. 

Entonces, como lo dice el informe, la ‘doctrina de Vietnam’ o el ‘Body Count’ emerge en la estratagema de la guerra como una forma de medir los resultados a través de las bajas que se le causaron al enemigo. Pero, en el caso del conflicto colombiano, el informe es claro en advertir que el ‘Body count’ no se establece como una estrategia militar aislada de las políticas y códigos de la guerra demandados por el alto gobierno. Eso se lee en la página 526 del capítulo mencionado: 

“En Colombia, de acuerdo con el expresidente Juan Manuel Santos, esta doctrina se instauró durante los años de la seguridad democrática. Al llegar Santos al Ministerio de Defensa, el general retirado Álvaro Valencia Tovar le advirtió de la aplicación de esta doctrina que podía degradar el conflicto. Ante la Comisión de la Verdad, Santos relacionó los falsos positivos con la demanda de resultados que exigía el Gobierno del que él formaba parte: «No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado “la doctrina Vietnam”. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado»” 

La Comisión de la Verdad documentó que desde 2002, año en que empieza el primer gobierno del expresidente Uribe, se transformaron las lógicas detrás de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte de la fuerza pública: “Los testimonios de militares dan cuenta de cómo dentro de las diferentes divisiones se comenzaron a crear unidades especiales encargadas, precisamente, de fabricar las muertes y presentarlas como bajas en combate”.

¿El informe señala al expresidente Uribe de ser responsable de los falsos positivos? 

No. No lo hace. Como lo advertimos previamente, el informe tiene un propósito de construcción histórica. Dentro de su mandato no tiene responsabilidades judiciales en hechos acaecidos en el marco del conflicto. Sin embargo, la investigación que la CEV desarrolla en torno a lo que se fraguó en relación con los falsos positivos demuestra que durante los dos gobiernos de Uribe (2002-2006/2006-2010) hubo un aumento sustancial en los casos de ejecuciones extrajudiciales. Lo anterior está basado en testimonios ampliamente narrados por militares, como este que aquí citamos, y que está publicado en la página 527 del capítulo del informe:

«A partir de 2005, 2006, empiezan a pedir resultados operacionales. Inclusive yo diría que, desde el 2002, desde el Gobierno central sí hubo una presión para que los militares diéramos resultados, o si no, nos íbamos de baja, como a mí me lo dijeron varias veces... dar resultados operacionales a como dé lugar o me voy, y hasta aquí termina mi carrera militar. Yo no me quería ir porque amaba mi carrera, y la otra era “si yo no lo hago, entonces tengo que decir, por qué no lo estoy haciendo, y tengo que denunciar estos hechos, a un poco de gente... me van a quedar como enemigos”. Entonces, ahí estaba el dilema, y tomamos la vía de hacerlo, de seguir haciendo esas ejecuciones extrajudiciales»

Por otra parte, la Comisión sostiene que, en una exposición del Ministerio de Defensa sobre los logros de la política de consolidación y seguridad democrática entre los años 2002 y 2008, se mostraron los resultados operacionales de la fuerza pública bajo tres criterios: capturas, bajas e incautaciones.

Según la exposición y el documento que cita la Comisión en la página 529, “entre 2002 y 2008 la fuerza pública habría abatido a por lo menos 13.477 integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley y habría realizado 44.794 capturas. Estas cifras, exorbitantes para la escala del conflicto colombiano, indican que se habría mantenido un promedio aproximado anual de 2.000 bajas solo a grupos guerrilleros”. 

Los años 2006 y 2007, de acuerdo con lo publicado por el informe, fueron el punto más alto de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública. Para 2008, la postura por parte del alto gobierno seguía siendo negacionista: 

“Sugiriendo que se trataba de una estrategia de desprestigio hacia las Fuerzas Militares. Así lo dijo el presidente Uribe: Las Fuerzas Armadas de Colombia, en ese proceso de ser eficaces y transparentes, corrigen gustosas cualquier falla, no aceptan «falsos positivos» y tampoco se van a dejar acomplejar por falsas acusaciones. Nosotros somos los primeros en exigir que no haya «falsos positivos», que haya total transparencia, pero tenemos que ser los primeros en denunciar que mucha gente, amparada en el tema de «falsos positivos», lo que ha hecho es crecer falsas acusaciones, para tratar de paralizar la acción de la fuerza pública contra los terroristas”. 
 

¿Cuáles fueron los hallazgos de la Comisión respecto a los falsos positivos?

Primero, que la planificación y ejecución de los falsos positivos no solo involucró a miembros de la estructura militar, sino también a funcionarios de entidades como Medicina Legal y Fiscalía. En entrevistas recolectadas por la CEV y que están publicadas en el capítulo de No Matarás, militares afirmaron que las ejecuciones extrajudiciales se facilitaron en parte, por la red que se tejió entre comandantes, jueces penales militares y agentes de inteligencia. Así lo narra un militar de la Decimoséptima brigada a la Comisión:

“«Se tuvo el combate, ahora hay unos muertos, ¿qué toca hacer con esos muertos? Un levantamiento. ¿Quién lo hace? Un juez. Entonces el juez tenía que estar ahí implicado. Como hubo un muerto se tiene que abrir una investigación penal, ¿quién la abre? El juez penal militar. Esa persona tenía que estar ahí implicada también para poder ocultar. Como hubo un gasto de munición, se tenía que hacer un gasto de legalización de munición, ¿que quién lo hace? Lo hacen los comandantes de pelotones que participaron, o sea, en este caso yo, pero como yo estoy en el área de operaciones, ¿quién me lo hace? Lo hace el jefe de operaciones, el mismo que montó la orden de operaciones. Entonces él montaba su gasto de munición y luego, como hubo un anexo de Inteligencia, que fue donde se originó todo y supuestamente alguien dio la información, pues se le tiene que pagar una recompensa a esa fuente. Entonces como esa fuente es ficticia, el de Inteligencia cogía a civiles que dijeran: “Yo fui quién dio la información”, cobrara la recompensa, digamos que era 1.000.000 de pesos, entonces se le decía: “Coja usted 200.000 pesos y nosotros nos quedamos con 800.000”».

Además, en el informe se asegura que dentro de la Escuela Militar, las narrativas que tenían relación con las ejecuciones extrajudiciales fomentaron la enseñanza de “rematar” a guerrilleros en estado de indefensión y se hacía especial énfasis en el valor que tenían las bajas para las Fuerzas Militares. 

Entre varios datos fundamentales que la CEV resalta en su informe para comprender la minucia con la que era planeado el proceso de las ejecuciones extrajudiciales, se hace relevante el punto en el que mencionan el ‘Kit de legalización’. Según el informe, este kit era un conjunto de herramientas que incluían material de dotación, y armas que funcionaban para las ejecuciones extrajudiciales: 

“Esto suponía un montaje que requería de un trabajo logístico para la obtención y disposición de los insumos. El kit de legalización era un concepto extendido en algunos batallones de las Fuerzas Militares”. 

¿Es verdad que en el documento se señala que los falsos positivos ocurrieron por “una mentalidad” de los militares?

Aunque el informe sí deja claro que las ejecuciones extrajudiciales fueron resultado de una estrategia militar, a la ultranza de la Guerra de Vietnam o de lo que también se conoce como el ‘Body Count’, insiste en que no fue un episodio aislado del alto gobierno: 

“Los relatos de los militares responsables también han sido constantes alrededor de los juicios que se repetían desde el Gobierno y en las unidades militares, dirigidos a reiterar la urgencia de acabar físicamente con los integrantes de las guerrillas, bajo la premisa de que seguir los procesos legales no garantizaba su judicialización. Sus acciones, así se salieran del marco legal, estaban protegidas”

Lo anterior, sin contar con que, de acuerdo con el informe de la CEV, la directiva no. 29 de 2005 del Ministerio de Defensa albergaba una tabla de recompensas en el interior de las Fuerzas Militares “que giraban en torno al abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Así, se establecía que la captura o abatimiento de un «máximo cabecilla», por ejemplo, era recompensada con 13.106 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, se determinó una serie de recompensas económicas por información que condujera a la ubicación de material de guerra, intendencia o comunicaciones de estas organizaciones armadas”

Entonces, de acuerdo al informe, los falsos positivos fueron resultado, no solo de una estrategia militar, sino de una estructura que funcionó mancomunadamente entre las Fuerzas Militares y entidades públicas como la Fiscalía y Medicina Legal. Pero también, fue un episodio que se apoyó en los juicios emitidos desde las políticas del alto gobierno que, como lo afirma el informe, eran continuamente dirigidos a motivar la aniquilación física de miembros de la guerrilla. Además de las políticas de recompensas promovidas desde el interior del Ministerio de Defensa. 

Así pues, el informe no afirma que los falsos positivos sean resultado de una “consecuencia mental de los militares”, pero tampoco exime al gobierno Uribe de sus responsabilidades sobre los hechos acaecidos en torno a las ejecuciones extrajudiciales.