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Viernes, 11 Enero 2019

Explicador: ¿Qué es el Grupo de Lima y quiénes lo integran?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Catorce países del continente americano se unieron bajo esta instancia con el fin de encontrar consensos contra la crisis en Venezuela. Se trata principalmente de un recurso mediático (más que de hecho) para exponer que el gobierno de Maduro no cuenta con el respaldo de sus vecinos.

Nicolás Maduro acaba de tomar juramento para un segundo mandato presidencial en Venezuela (2019 - 2025). Lo hizo ayer, 10 de enero, ante el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que la Constitución venezolana (en su artículo 231) ordena que se haga frente a la Asamblea Nacional (AN). Pero esta última, de mayoría opositora, declaró como ilegítima su elección y anunció, el pasado 5 de enero, que no lo juramentaría.

Este hecho ocurrió luego de que el llamado “Grupo de Lima” reiterara su posición de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, ocurridas el 20 de mayo de 2018, y exhortara a Maduro a no posesionarse.

El Grupo ya había desconocido los resultados de las votaciones el día siguiente del escrutinio electoral. Pero este año, tras una reunión realizada el 4 de enero, los países firmantes de la Declaración de Lima (a excepción de México) pidieron a las demás naciones de la región romper las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Este hecho desató una nueva polémica, dentro de la ya de por sí polémica posesión presidencial de Nicolás Maduro, pues el mandatario dijo, el 9 de enero, que le daba un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima para retractarse de su posición o, de lo contrario, tomaría “las medidas más crudas y enérgicas que pueda tomar en diplomacia, en defensa de los intereses nacionales un gobierno”, según un artículo publicado por Portafolio.

El Grupo de Lima no se retractó y, por el contrario, contó con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, unos minutos más tarde de la posesión de Maduro, anunció no reconocer su mandato.

Pero, ¿qué es el Grupo de Lima? ¿Quién está ahí? ¿Qué efectos ha tenido sobre Venezuela?

Para entender mejor todo este asunto, El Explicador de Colombiacheck decidió hablar con algunos expertos y buscar documentos y archivos de prensa que permitan esclarecer estas y otras dudas. 

Aquí están algunas de las preguntas y respuestas que planteamos, pero si consideran que las explicaciones no fueron suficientes, o tienen preguntas adicionales que les gustaría que resolviéramos, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o contactarnos a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook.

¿Qué es el Grupo de Lima?

Según Laura Gil, politóloga e internacionalista, especialista en organizaciones internacionales, y Marcos Peckel, docente de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, el Grupo de Lima no es más que un grupo, como su nombre lo indica, de países que se reunieron para discutir y lograr consensos sobre la crisis en Venezuela.

No se trata de un organismo ni de una organización internacional, explican los expertos, y por lo tanto no se deben entender como instancia con algún poder en materia diplomática, como la OEA.

El grupo toma su nombre de la ciudad en la cual se reunieron por primera vez los cancilleres de distintos países del continente americano: la capital del Perú.

¿Cómo surge?

El 8 de agosto de 2017, los cancilleres de países de América Latina y el Caribe fueron invitados a una reunión en Lima, convocada por el canciller peruano Ricardo Luna. El propósito de la reunión era abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada.

Finalmente, tras la reunión, 12 de los 17 cancilleres asistentes suscribieron la Declaración de Lima; un documento de 16 puntos que señala “su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela” así como “su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza”, entre otros.

Los países firmantes de la declaración acordaron, además, reunirse en otras oportunidades y fue por esto que el más reciente de esos encuentros ocurrió el 4 de enero.

¿Quiénes lo conforman?

El Grupo de Lima está conformado por 14 países. Los 12 que firmaron la declaración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Y otros dos que se suscribieron después: Guyana y Santa Lucía.

Hubo otros países que asistieron a la reunión en Lima, pero que decidieron no firmar la declaración y que por lo tanto no hacen parte del Grupo de Lima. Estos son Granada, Jamaica y Uruguay.

¿Cuáles son sus facultades (o qué puede hacer)?

Al no ser un organismo internacional, como ya se explicó, no tiene ninguna facultad, de acuerdo con Gil y Peckel.

Como grupo, “puede tomar decisiones concertadas, pero cada país puede tomar su posición al respecto sobre si las cumple o no”, sostiene el profesor del Externado. Un ejemplo de esto es el hecho de que México haya decidido no firmar la última declaración, la cual tenía como objeto no reconocer la legitimidad de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro.

Por otro lado, el grupo puede, de acuerdo con Gil, buscar un consenso no solo entre los 14 miembros, sino también movilizar a otros países u organizaciones. Por ejemplo, consiguió el respaldo de la Unión Europea y de la OEA frente al no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro.

¿Qué efectos ha tenido sobre el gobierno de Venezuela?

“Ha logrado visibilizar y hacer más evidente el aislamiento de Maduro en la región”, dice Gil. “Y es por eso que [Maduro] ha reaccionado tratando al Grupo de Lima como un enemigo, por ejemplo diciendo que es el ‘Cartel’ de Lima”.

Hasta el momento, los efectos que ha tenido el Grupo de Lima sobre el gobierno de Venezuela tienen que ver más con las decisiones que ha asumido cada país frente a su relación con este.

Por ejemplo, los gobiernos miembros del grupo anunciaron, luego de las elecciones en Venezuela, que acordaban reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas en el país, así como llamar a consulta a sus embajadores en Caracas.

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo en una rueda de prensa que “los gobiernos que acompañaron la declaración acordaron hacer evaluación constante del estado o nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela e impedir a altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima”.

Además, Nicolás Maduro no podrá participar de foros políticos y económicos regionales, ni de las instituciones de integración regional, de acuerdo con la misma Declaración de Lima. “Esto tiene efectos no solo simbólicos, sino que también le dificultan los intercambios comerciales y beneficios con préstamos”, explicó a El Espectador Ana Soliz, investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo.

Se ha tratado, principalmente, de efectos mediáticos, pero los impactos de la presión externa son limitados y no son inmediatos, según Gil.

¿Qué consecuencias tiene que el Grupo de Lima no reconozca el mandato de Nicolás Maduro?

El que se le hayan sumado las ya mencionadas organizaciones (OEA y UE), pues, según Peckel, aunque Venezuela se retiró de la OEA, no deja de ser un golpe de opinión importante. Maduro cada vez está más aislado diplomáticamente.

Sin embargo, según le dijo a El Espectador Víctor Mijares, profesor venezolano de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, “el aislamiento y el desconocimiento del gobierno, aunque es una herramienta legítima en el derecho internacional, no suele ser eficaz en la búsqueda de una transición política”.

Martes, 16 Abril 2019

Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’

Por José Felipe Sarmiento

Actualizamos este explicador de 2019 sobre las diferencias que había en las cifras de diferentes instituciones con la nueva información revelada por la JEP en el marco de la investigación sobre estos crímenes.

Actualización 18 de febrero de 2021, 11:30 a.m.

Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el comunicado “La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos”, en el que anunció que ha documentado el asesinato de 6.402 personas de forma ilegítima para ser presentadas como supuestas bajas en combate, entre 2002 y 2008.

Según la jurisdicción, en este periodo se presentó el 78 por ciento de la victimización histórica. Por tanto, el total desde los primeros casos reportados en la década de 1980 sería al menos de 8.200 víctimas.

Estos números son mucho más altos que los contenidos en el informe sobre el caso que la Fiscalía General de la Nación le entregó al sistema de justicia transicional en su momento (2.248 personas). Incluso superan los cálculos de la mayoría de organizaciones sociales, entes multilaterales e instituciones académicas.

“Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP”, dice el comunicado. Colombiacheck había recogido esas diferencias en este explicador (la mayoría no pasaba de 7.000 casos).

La JEP afirmó que fue la contrastación de estas bases de datos lo que le permitió “determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”. Además, señaló que esta información llevó a tomar la decisión de concentrar la primera fase de investigación del Caso 03: 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado' en seis territorios: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Este trabajo de obtener una cifra más aproximada a la realidad era justamente una de las cosas que se esperaba de la JEP, como se explicó en el texto original que se puede leer a continuación.

Texto original

Ya pasaron casi 11 años desde que estalló el escándalo de los llamados “falsos positivos” en Soacha, Cundinamarca, en el que jóvenes desaparecidos en ese municipio fueron asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Ahora, se sabe que los ‘falsos positivos’ fueron un fenómeno mucho mayor, que abarcó diferentes regiones del país. Sin embargo, todavía no existe una cifra unánime sobre el número de casos y de víctimas.

Para la muestra basta revisar el auto con el que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 003 en julio de 2018. La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014.

¿Qué son ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

La CCEEU reconoce en uno de sus informes sobre el tema que, “a pesar del origen periodístico de esta noción [la de ‘falsos positivos’], la cual fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso colombiano”.

La CPI, Acnudh, la CIDH y los relatores especiales la ONU Philip Alston (que visitó el país en 2009) y Christof Heyns han reportado múltiples cifras desde entonces. En la mayoría de los casos se han basado en los datos de la Fiscalía, aunque también han citado a la Coordinación y al Cinep, entre otras fuentes menos frecuentes.

¿Cuántos son, según la Fiscalía?

El informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Según el título (pues el contenido es reservado), esa es la definición de ‘falso positivo’ en la que se basó la entidad para elaborar el documento en el que contó 2.248 víctimas.

Pero en años anteriores la Fiscalía ha reportado cifras muy distintas, que han sido citadas y utilizadas sobre todo por organismos internacionales, incluso para hacer sus propios cálculos. Además, la citada publicación de la CCEEU ya había identificado al menos dos definiciones diferentes del concepto por parte de la Fiscalía en 2016. De hecho, los términos usados en cada informe también varían.

Acnudh calculó 3.000 víctimas en 2011 con base en el número de investigaciones que llevaba el ente acusador y los procesos activos, teniendo en cuenta que un “número incierto” permanecía en la Justicia Penal Militar (JPM). Cuatro años después planteó un estimado de 5.000 a partir de “cifras no exhaustivas” de su Unidad de Derechos Humanos. Pero en su informe de este año se quedó con el dato que esta le dio a la justicia transicional.

También partiendo de la Fiscalía, la CIDH habló en 2009 de 1.155 posibles víctimas; en 2010, de 2.103 “personas protegidas” presuntamente asesinadas por la Fuerza Pública; en 2016, de 4.475 “ejecuciones extrajudiciales” (las organizaciones sociales decían que eran 5.993) y en 2017 retrocedió a “3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas” de “falsos positivos”, datos tomados del balance final de Eduardo Montealegre como fiscal general.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en su informe preliminar de evaluación sobre Colombia en 2012, también retomó datos de la entidad que hablaban de 2.896 posibles víctimas en los casos que entonces estaban bajo investigación; en 2015, de más de 3.000 casos y en 2016, de 4.190 víctimas. La ONG Human Rights Watch (HRW), entre tanto, había citado la cifra de 3.700 casos en 2014, algunos con más de una víctima.

Ante la diversidad de números con el mismo origen, Colombiacheck le consultó a la Fiscalía las razones de la variación, en especial con relación al informe entregado a la JEP. La respuesta de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad, según su jefe de prensa, Luis Antonio Páez, fue que los datos de este último trabajo “no son comparables” con los de años anteriores. “Una cosa es la administración pasada y otra es este documento que se hizo ahora, que ya tiene una información muchísimo más detallada”, explicó.

¿Cuántos son, según las organizaciones sociales?

La CCEEU también comparó las diversas definiciones que el Cinep, Alston, la CIDH, Acnudh y la CPI habían hecho de esa modalidad de crimen hasta 2016 y aclaró su diferencia con la categoría general de las ejecuciones extrajudiciales. El resultado fue su propia descripción de ‘falsos positivos’:

“Homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones militares”.

Pero mientras la JEP afirmó, al abrir el caso, que en la base de datos que le suministró la CCEEU aparecen 1.257 víctimas, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esta organización, Alberto Yepes, señaló que “pudo haber un error de digitación” porque “nosotros no dimos esa cifra”. Por el contrario, insistió en que van cerca de 6.600 víctimas como mínimo.

En cuanto al Cinep, en su banco de datos están registradas al menos 1.741 víctimas de ‘falsos positivos’ desde los ochenta hasta 2011, según el auto de la JEP. Ese año, su revista Noche y Niebla publicó el especial ‘Deuda con la humanidad 2’, dedicado a este tipo de casos. Este contiene una cronología con los 951 que había contabilizado hasta entonces, algunos con más de una víctima.

Su coordinador, el padre Javier Giraldo, los definía como “una modalidad específica del crimen de ejecución extrajudicial, en la cual se utiliza un mecanismo ficticio para obviar la antijuridicidad del acto, recurriendo a la única circunstancia en que la eliminación de vidas humanas puede evadir su condición de acto punible: cuando se mata en medio de un combate o enfrentamiento armado, enfrentando a otro actor armado que está atentando simultánea y positivamente contra la propia vida; en otros términos, cuando se mata ‘en legítima defensa’”.

No obstante, la CCEEU advierte en su análisis de definiciones que el Cinep “incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y ‘legalizados’ como muertos en enfrentamientos con agentes estatales”. Pone como ejemplos los homicidios de Cristian Cabrera y Sócrates Osorio, asesinados por la Policía en 2015 y acusados respectivamente de ser un ladrón y un traficante de drogas que habían disparado contra los agentes.

¿Pueden ser 10.000?

Como ya se vio, incluso las estimaciones más pesimistas luego del escándalo a duras penas llegaron a las 5.000 víctimas. Pero Yepes afirma que sí podrían ser 10.000, porque en las cuentas de la CCEEU “faltan los N.N. y casos que nunca fueron investigados por la justicia ordinaria, que están en la Justicia Penal Militar”.

La cifra llegó a los titulares de medios como la emisora Blu Radio y el portal Pulzo en 2018, luego de que el diario británico The Guardian la sacó del libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’, escrito por el coronel (R) de la Policía y sociólogo Ómar Rojas con el historiador Fabián Benavides. La obra les atribuye el dato a “proyecciones de expertos y victimarios” al tiempo que cita otras cuentas mucho más bajas de la misma CCEEU (5.763) y la Fiscalía (4.475).

El supuesto papel encubridor de la JPM que justifica el escandaloso cálculo ha sido negado por el Estado. Por ejemplo, ante la CIDH en 2015, el Gobierno desestimó las denuncias de organizaciones sociales que demandaron la ampliación del fuero penal militar porque permitió el paso a esa jurisdicción de expedientes contra la Fuerza Pública por homicidio. El entonces embajador ante la OEA, Andrés González, sostuvo que entre ellos no había casos de ‘falsos positivos’.

¿Ya dejaron de ocurrir?

Aunque son menos, la CCEEU y el Cinep siguen denunciando la ocurrencia de nuevos casos de ‘falsos positivos’. La comunidad internacional dice que las ejecuciones extrajudiciales todavía son un problema en Colombia, pero con nuevas modalidades. En todo caso la continuidad del fenómeno es otro tema de debate entre las fuentes.

A finales de marzo pasado, La Liga contra el Silencio publicó un reportaje sobre un posible caso ocurrido apenas tres semanas antes en el sur de Bolívar. Murió un joven de 18 años. Según la comunidad, fue por disparos del Ejército contra las personas que estaban en una cancha de fútbol y al fallecido lo habían acusado luego de ser guerrillero. Las Fuerzas Militares dijeron que los civiles habían quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento contra el ELN y que la víctima mortal, José Sánchez, nunca fue presentada como baja del grupo armado ilegal.

El informe más reciente de Acnudh sostiene que hubo 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en 2018 (seis fueron a manos de la Policía y cinco, del Ejército); también, que estas prácticas se han reportado ya por tres años consecutivos en Arauca y Norte de Santander. El Gobierno respondió con una carta, revelada por el noticiero CM&, en la que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le asegura a la alta comisionada Michelle Bachelet que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

En años anteriores, esa oficina de la ONU había dicho que los atentados contra la vida de civiles por parte de la Fuerza Pública persistían como problema en general. Sin embargo, aseguraba que no había recibido nuevas denuncias con las características de los ‘falsos positivos’ sino que habían surgido nuevas modalidades (ver línea de tiempo).

La CCEEU y el Cinep, en cambio, han denunciado la continuidad del fenómeno. La primera lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016, cuando reportó que en 2015 había habido 65 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo 16 ‘falsos positivos’.

El Cinep, en el banco de datos de su revista Noche y Niebla, ha registrado 64 casos posteriores a su cronología de 2011, que han dejado 173 víctimas. En el más reciente murieron Silvia Juvenal y Jefferson Monroy, el 27 de mayo de 2018 en La Montañita, Caquetá. Es el ‘falso positivo’ número 848 desde 2001 y van al menos 1.044 desde 1984 en los anales de esta organización.

¿Qué se espera de la JEP en este caso?

La competencia de la JEP es sobre los casos ocurridos antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Cualquier posible ‘falso positivo’ después de noviembre de 2016, como los que denuncian el Cinep y la CCEEU, está fuera de su alcance. Pero si en algo están de acuerdo todas las fuentes es en que el periodo más crítico fue el gobierno Uribe, en especial entre 2004 y 2008, y así lo expresó también la Sala de Reconocimiento al abrir el proceso.

La jurisdicción ya ha acreditado a más de 30 víctimas para intervenir en él. Además, hasta finales de febrero, 55 militares ya habían comparecido ante la JEP por los hechos del caso 003. Entre ellos el general (R) Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años con mayor cantidad de ‘falsos positivos’ y señalado por el director de HRW, José Miguel Vivanco, de tener “una carrera militar marcada” por esa práctica desde que estuvo al frente de la Cuarta Brigada y la Primera División.

La representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, tiene dudas sobre la intención de los comparecientes de contribuir a la verdad. Sin embargo, asegura que “con uno solo que hable, todos empiezan a caer”.

El investigador Gabriel Ignacio Gómez, docente de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia, coincide con ella en la importancia de la colaboración. “El hecho de que haya confusión en las cifras es un síntoma de lo delicado que es el problema. La dificultad de estos casos es de orden probatorio, es decir, la documentación y el soporte. Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública serían muy valiosas para el esclarecimiento de la verdad”, concluye.

Según la vocera de Mafapo, “si las cosas se dieran a través de la JEP, las cifras podrían aumentar muchísimo más”. ¿Cuánto? “Más de los 10.000 casos”, pronostica con base en la cantidad de cuerpos que las integrantes de la organización han visto como N.N. en las fosas de donde han podido recuperar los restos de sus hijos, asesinados por el Estado para presentarlos como bajas legítimas. Por ahora, hay que esperar.