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Viernes, 17 Mayo 2019

Explicador: ¿qué es la justicia transicional?

Por Sania Salazar

En Colombia ha habido varios procesos de de justicia transicional, pero ¿qué son y cómo funcionan?

En el Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc para que ese grupo dejara las armas y se reincorporara a la vida civil se diseñó un sistema de justicia transicional ante el cual deben comparecer los actores del conflicto para responder por sus actos, pero también para “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, como se explica en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la entidad encargada de impartir esa justicia en este caso.

La labor de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Este es el más reciente proceso de justicia transicional creado en Colombia.

¿Qué es justicia transicional?

La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión se enfrentan a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada, como explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.

El libro Justicia Transicional en Equilibrio, de la editorial de la Universidad Javeriana, recuerda que según el ICTJ, la justicia transicional busca el reconocimiento de las víctimas y promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. “La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades en proceso de transformación después de un periodo agudo de abusos de los derechos humanos”.

¿Cuáles son los objetivos de la justicia transicional?

La ICTJ recuerda que los objetivos de la justicia transicional varían en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— son constantes.

Entre los objetivos complementarios que destaca la ICTJ figuran los siguientes:

-Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.

-Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos.

-Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.

-Respetar el Estado de derecho.

-Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.

-Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación.

-Fomentar la reconciliación.

¿Qué elementos la componen?

El libro Justicia Transicional en Equilibrio señala las siguientes:

Juicios: según la publicación, representan un esfuerzo por llevar ante la justicia a aquellos que han cometido violaciones de los derechos humanos y constituyen el más emblemático de los mecanismos de justicia transicional.

Comisiones de la verdad: “buscan descubrir la verdad acerca de las violaciones cometidas en el pasado. Algunos consideran que estas verdades son fundamentales para la reconciliación y la recuperación individual y social. Además, las comisiones de la verdad hacen rendir cuentas a los responsables, aunque no en un tribunal de justicia. Al poner al descubierto en público las acciones de los responsables, las comisiones de la verdad reconocen y condenan la violencia del pasado”.

Amnistías: “declaraciones oficiales de parte del Estado según las cuales los individuos o grupos acusados o condenados por cometer violaciones de derechos humanos no serán procesados , o no seguirán siendo procesados , o bien serán indultados por sus delitos y liberados de prisión”.

Reparaciones: “El pago de reparaciones es una forma cada vez más común de justicia transicional. Las reparaciones adoptan formas individuales, colectivas y simbólicas”.

¿De dónde viene la expresión “justicia transicional”?

La acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivas.

¿Por qué en la negociación con las Farc se optó por una justicia transicional y no por el camino de la justicia ordinaria?

“La cárcel no es la única forma de sancionar personas, hay sanciones como las restricciones efectivas de la libertad”, explica Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y miembro del grupo creador del capítulo de justicia transicional del Acuerdo Final con las Farc, quien además aclara que en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, también va a haber cárcel.

“Hay dos vías, la de los que dicen la verdad y la de los que no. Entre otras lo que es verdad va a ser confrontado, con la información que va a haber de la Fiscalía para ver quién está diciendo verdad y quién no. Los que dicen verdad exhaustiva, verificable, van por un canal que no va a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad, son de cinco a ocho años en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero donde no se van a poder mover de ese sitio. Los que no dicen verdad pasan a otra autopista que se divide a su vez en dos, los que terminan diciendo verdad antes del fallo, porque todos van a tener sentencias, esto es un tribunal judicial, entonces esos van a tener sanciones hasta de ocho años, intermedia, y los que no dicen verdad y los vencieron en juicio, van a prisión hasta por 20 años”.

“La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica: no se han adoptado de una sola vez, como un modelo integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de justicia transicional se ha ido, y sigue formándose, a través de una serie de piezas (leyes y políticas) sucesivas a lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en el diseño e implementación de las anteriores”, explica el Ministerio de Justicia.

Según ese ministerio, desde el 2005 se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas  y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas.

Los procesos más recientes son el que está haciéndose con la Farc y la negociación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, proceso que según el Ministerio de Justicia, desmovilizó 31.472 combatientes.

Domingo, 29 Abril 2018

Carlos Areiza sabía que lo iban a matar

Por César Molinares Dueñas

El nombre y la muerte de este delincuente ha generado controversia y agitado la campaña presidencial. Su historia se relaciona con la mafia, la política y los paramilitares en Antioquia. En esta entrevista inédita, VerdadAbierta.com y Colombiacheck.com revelan su testimonio.

Carlos Areiza sabía que lo iban a matar. Ese era uno de los motivos para ir ventilando la información que tenía como si fuera un gotero. Se medía porque creía que era su seguro de vida. Pero también usaba lo que sabía para su provecho. Cuando le concedió esta entrevista, hasta ahora inédita, a Juan Diego Restrepo y César Molinares, editores en ese momento de VerdadAbierta.com, purgaba una condena de nueve años, diez meses y un día por extorsión agravada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia.

La entrevista, realizada el 31 de octubre de 2013, no fue publicada antes porque se esperó que terminara de testificar ante la Corte Suprema de Justicia contra varios políticos implicados en el escándalo de nexos con el paramilitarismo en Antioquia. También, que hiciera llegar a VerdadAbierta.com un video en el que, según afirmaba, registraba varias reuniones del exgobernador Luis Alfredo Ramos, en su calidad de congresista, con varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos Vicente Castaño.

Dos años atrás, el 13 de diciembre de 2011, este pistolero, que se forjó bajo la sombra del empresario del transporte Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘el patrón de Bello’, había escapado de unos guardas del Inpec que lo custodiaban durante una cita médica. Dos días después regresó a la cárcel, acompañado por el congresista Iván Cepeda, a quien pidió como garante, y explicó que su fuga se produjo porque, según él, dos sicarios lo iban a asesinar. Luego de ello, siguió colaborando con la justicia, pero continuaron los devaneos sobre sus versiones ante los magistrados.

En esta entrevista, Areiza justifica la forma en la que testificó por miedo. Dice que no sólo atentaron contra su vida en varias oportunidades, sino también contra su familia. Según su versión, sicarios fueron a la casa de sus parientes para amenazarlo y a raíz de esa visita su padre, quien los atendió, enfermó y murió varios días después.

Por esas razones se quedó un año sin declarar. “Me mandaron una carta que le entregué a la Fiscalía que decía: ‘Quédese así, que así está muy bien. Así no le pasa nada’”, aseguró.

El testimonio de Areiza siempre generó controversia. Durante el juicio en la Corte Suprema contra Ramos se retractó varias veces, por lo que fue procesado y condenado por falso testimonio.

Este hombre adquirió relevancia en el expediente que se le abrió a Cepeda tras ser denunciado por el senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, ya que parte de sus confesiones fueron utilizadas como prueba en un debate en el Congreso de la República sobre parapolítica en Antioquia, realizado el 14 de septiembre de 2014. (Leer más en: Debate Cepeda-Uribe: polarización a fondo)

Al final, como un bumerán, la denuncia contra Cepeda fue desestimada por la Corte y determinó que quien debía ser investigado era Uribe Vélez, pues las pesquisas del alto tribunal, que incluyeron interceptaciones telefónicas, evidenciaron que el senador antioqueño estaría presionando, a través de viejos amigos suyos, a algunos testigos que debían comparecer al juicio de Santiago Uribe Vélez, quien es juzgado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conformación de grupos paramilitares. (Leer más en: ‘Los Doce Apóstoles’: la sombra de Santiago Uribe)

El uribismo siempre ha cuestionado el testimonio de Areiza. Una de las razones más fuertes es que sus señalamientos apuntaron contra Ramos, uno de los alfiles más importantes del Centro Democrático y quien, si no fuera por su proceso por parapolítica, se perfilaba como uno de sus más seguros candidatos a la Presidencia de la República. Y otro motivo es que su hijo, Luis Alfredo Ramos Maya, es senador por esa colectividad, lo que le imprime un alto grado de sensibilidad al tema.

Pero esos cuestionamientos quedaron en duda luego de que la Corte revelara que una ficha del Uribismo contactó a Areiza en la cárcel de Itagüí a través de Jaime Restrepo Restrepo. Se trata de un abogado, acérrimo defensor del senador y expresidente Uribe, quien admite que visitó al testigo cuatro veces, entre febrero y marzo de 2014.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Restrepo explicó que estos encuentros se dieron luego de que Areiza llamara a la sede en Bogotá de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, fortín ideológico del Uribismo, en busca de José Obdulio Gaviria.

“Me llamó Fernando Alameda, director de la Fundación, el 21 de febrero de 2014, un viernes, y me dijo que a la oficina había llamado un personaje, que se identificó como Carlos Enrique Areiza Arango, y dijo que necesitaba hablar con José Obdulio, que tenía una información muy importante y a pie juntillas dijeron que no le iban a poner a José Obdulio a hablar con él, entonces que si me podía comunicar con el hombre para ir a entrevistarme con él. Y dije que con mucho gusto”, narra Restrepo.

El primer encuentro se dio el 27 de febrero. De acuerdo con este abogado, en esas conversaciones Areiza hizo referencia a un cartel de falsos testigos del congresista Cepeda contra el Uribismo. “Y me entrega unos documentos donde él hace alusión a ese tema precisamente”, recuerda y, además, le dijo que “estaba muy arrepentido de haber declarado contra Luis Alfredo Ramos”.

Areiza luego le diría a la Corte que de esas reuniones surgieron pruebas falsas, entre ellas un documento de varias páginas que, según él, firmó en blanco, y que luego convirtieron en una supuesta carta que incriminaba al congresista Cepeda, pues en ella decía que le había ofrecido 100 millones de pesos para testificar contra Ramos, los hermanos Uribe Vélez y Gaviria.

Restrepo se defiende y asegura que el detenido sí le entregó un documento y una memoria. Al respecto, se pregunta: “¿por qué no le hacen un experticio grafológico a esos documentos que dan fe que están hechos a puño y letra de Carlos Enrique Areiza, firmados por él y con sus huellas?”.

Camino a la Corte

La explicación que dio en esta entrevista refleja una doble condición, de testigo y de extorsionista. Inicialmente aceptó que buscó a Ramos y le pidió dinero a cambio de un video que lo incriminaba con exjefes paramilitares de las Auc, pero también aprovechó ese encuentro para documentar que Ramos lo quiso callar.

Esta puede considerarse la versión inicial de Areiza sobre lo que él vio durante una reunión de la que aseguró participaron Vicente Castaño y Hugo Albeiro Quintero para entregarle “800 millones de pesos” a Ramos. El testigo también asegura que ese no fue el único encuentro de Ramos con excomandantes de las Auc.

Ramos siempre ha cuestionado y tildado de falso el testimonio de Areiza, aunque también ha reconocido que la reunión con 'Ernesto Báez' sí se dió, pero como parte del proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia por parte del gobierno de Uribe Vélez, justo cuando se discutía la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se juzgaría a los desmovilizados de las Auc que dejaron sus armas bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

Pero, ¿cómo llegó Areiza a la Corte? La frustración de no poder obtener nada a cambio por las pruebas y un atentado que le hicieron cuando se dirigía a Urabá lo llevaron a buscar ayuda para que le allanaran el camino a las autoridades en Bogotá para exponerles lo que con tanto celo guardó y que, al parecer, en últimas le costó la vida.

En la entrevista Areiza da un dato revelador: después de que se reúnen Ramos y los jefes paramilitares, recurrió al entonces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria para que le hiciera puente con la Fiscalía General para denunciar la financiación que le estaban dando al entonces candidato a la gobernación de Antioquia.

Según dijo, contactó al mandatario departamental porque creyó que era la única persona en Antioquia a la que “Albeiro no le podía llegar”, refiriéndose a que no tenía vínculos con ilegales. Gaviria entonces delegó esa gestión en su secretario de Gobierno, Jorge Mejía, quien confirmó esta versión a VerdadAbierta.com.

Tras esa reunión es que Areiza empieza a declarar ante fiscales delegados por la Corte Suprema y aseguró en esta entrevista que la fiscal Martha Luz Hurtado fue quien le filtró a Ramos sus declaraciones ante la justicia.

“Llevaba este señor dos, tres meses de posesionado, cuando el escándalo de la revista Semana... que les habían filtrado una información de que se habían reunido (Ramos) con paramilitares, entonces todos los fiscales delegados ante la Corte presentaron la renuncia. La única a la que le aceptaron fue a esta señora Martha Luz Hurtado. Y resulta que nosotros investigando nos dimos cuenta de que yo apenas terminé de hablar con esta señora ella comenzó a contarle todo a Luis Alfredo Ramos”, dijo.

Areiza también aseguró que en una reunión en el Urabá antioqueño los jefes paramilitares le ordenaron seguir al entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien fungía como investigador principal de la parapolítica en su calidad de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Para aquellos años se había desatado una persecución contra Velásquez con la que se pretendía socavar su autoridad y evitar que continuara afectando a congresistas y excongresistas que tuvieron nexos con las Auc. No obstante, Areiza dijo que aprovechó la oportunidad para acercarse a él y empezar a colaborar con la justicia. (Leer más en: El gran complot)

Sus otras historias

Areiza, como él mismo cuenta, tenía otras historias, más allá de lo que había dicho contra Ramos; de acuerdo a lo narrado en esta entrevista, conocía a fondo la relación entre las bandas que controlaban Bello, sus nexos con paramilitares, sectores de la fuerza pública, políticos antioqueños y el narcotráfico. Y, asimismo, la forma en la que a través de la empresa Bellanita de Transportes se hacía el puente entre unos y otros.

Fue justo en la calles de este municipio, considerado uno de los más peligrosos de Antioquia y del país, donde fue asesinado Areiza el pasado 14 de abril, un testigo al que la Corte Suprema de Justicia había solicitado proteger, pero como él mismo lo reconoció en esta entrevista, sabía que tarde o temprano lo iban a asesinar por todo lo que sabía.