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Viernes, 17 Mayo 2019

Explicador: ¿qué es la justicia transicional?

Por Sania Salazar

En Colombia ha habido varios procesos de de justicia transicional, pero ¿qué son y cómo funcionan?

En el Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las Farc para que ese grupo dejara las armas y se reincorporara a la vida civil se diseñó un sistema de justicia transicional ante el cual deben comparecer los actores del conflicto para responder por sus actos, pero también para “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”, como se explica en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la entidad encargada de impartir esa justicia en este caso.

La labor de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Este es el más reciente proceso de justicia transicional creado en Colombia.

¿Qué es justicia transicional?

La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión se enfrentan a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada, como explica el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.

El libro Justicia Transicional en Equilibrio, de la editorial de la Universidad Javeriana, recuerda que según el ICTJ, la justicia transicional busca el reconocimiento de las víctimas y promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. “La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades en proceso de transformación después de un periodo agudo de abusos de los derechos humanos”.

¿Cuáles son los objetivos de la justicia transicional?

La ICTJ recuerda que los objetivos de la justicia transicional varían en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— son constantes.

Entre los objetivos complementarios que destaca la ICTJ figuran los siguientes:

-Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas.

-Posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos.

-Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.

-Respetar el Estado de derecho.

-Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos.

-Sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación.

-Fomentar la reconciliación.

¿Qué elementos la componen?

El libro Justicia Transicional en Equilibrio señala las siguientes:

Juicios: según la publicación, representan un esfuerzo por llevar ante la justicia a aquellos que han cometido violaciones de los derechos humanos y constituyen el más emblemático de los mecanismos de justicia transicional.

Comisiones de la verdad: “buscan descubrir la verdad acerca de las violaciones cometidas en el pasado. Algunos consideran que estas verdades son fundamentales para la reconciliación y la recuperación individual y social. Además, las comisiones de la verdad hacen rendir cuentas a los responsables, aunque no en un tribunal de justicia. Al poner al descubierto en público las acciones de los responsables, las comisiones de la verdad reconocen y condenan la violencia del pasado”.

Amnistías: “declaraciones oficiales de parte del Estado según las cuales los individuos o grupos acusados o condenados por cometer violaciones de derechos humanos no serán procesados , o no seguirán siendo procesados , o bien serán indultados por sus delitos y liberados de prisión”.

Reparaciones: “El pago de reparaciones es una forma cada vez más común de justicia transicional. Las reparaciones adoptan formas individuales, colectivas y simbólicas”.

¿De dónde viene la expresión “justicia transicional”?

La acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivas.

¿Por qué en la negociación con las Farc se optó por una justicia transicional y no por el camino de la justicia ordinaria?

“La cárcel no es la única forma de sancionar personas, hay sanciones como las restricciones efectivas de la libertad”, explica Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia y miembro del grupo creador del capítulo de justicia transicional del Acuerdo Final con las Farc, quien además aclara que en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, también va a haber cárcel.

“Hay dos vías, la de los que dicen la verdad y la de los que no. Entre otras lo que es verdad va a ser confrontado, con la información que va a haber de la Fiscalía para ver quién está diciendo verdad y quién no. Los que dicen verdad exhaustiva, verificable, van por un canal que no va a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad, son de cinco a ocho años en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero donde no se van a poder mover de ese sitio. Los que no dicen verdad pasan a otra autopista que se divide a su vez en dos, los que terminan diciendo verdad antes del fallo, porque todos van a tener sentencias, esto es un tribunal judicial, entonces esos van a tener sanciones hasta de ocho años, intermedia, y los que no dicen verdad y los vencieron en juicio, van a prisión hasta por 20 años”.

“La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. A diferencia de lo ocurrido en otros países, en Colombia no se ha logrado conseguir un solo acuerdo de paz que involucre a todas las partes del conflicto. Los arreglos de justicia transicional en el país han respondido a esa misma lógica: no se han adoptado de una sola vez, como un modelo integral y completamente coherente. Nuestra estrategia de justicia transicional se ha ido, y sigue formándose, a través de una serie de piezas (leyes y políticas) sucesivas a lo largo de varios años, y varias de ellas han surgido como respuesta a los problemas en el diseño e implementación de las anteriores”, explica el Ministerio de Justicia.

Según ese ministerio, desde el 2005 se han expedido distintas leyes, formulado políticas públicas  y puesto en marcha mecanismos de justicia transicional tanto de justicia penal y rendición de cuentas de los excombatientes, como de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria no judiciales y de reparación a las víctimas.

Los procesos más recientes son el que está haciéndose con la Farc y la negociación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las llamadas Autodefensa Unidas de Colombia, proceso que según el Ministerio de Justicia, desmovilizó 31.472 combatientes.

Lunes, 02 Abril 2018

Duque le hereda a Uribe su pelea con las cortes

Por José Felipe Sarmiento Abella

La polémica propuesta de acabar con las cuatro cortes para crear una sola es una vieja batalla que tiene el uribismo con la justicia colombiana.

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, tomó partido y apoyó la propuesta del máximo jefe de esa colectividad, el expresidente y senador Álvaro Uribe, de fusionar las cuatro altas cortes que existen en Colombia (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) y crear una sola con salas especializadas.

Esta iniciativa, que implicaría una reforma constitucional, no aparece en el programa del aspirante del CD. Sin embargo, encendió el debate tanto en círculos políticos como en medios de comunicación, ya que un grueso número de exfuncionarios del gobierno de Uribe (2002-2010) y personas cercanas al uribismo han sido procesadas y condenadas por la Corte Suprema, por una variedad de delitos que van desde corrupción hasta parapolítica y homicidio, lo que ha sido calificado por ese partido como una persecución política.

El mismo Uribe tiene investigaciones pendientes en la Corte Suprema. La más reciente, abierta por supuestamente haber manipulado testigos en un proceso de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Además, está el expediente por su presunta responsabilidad en dos masacres ocurridas en Ituango (Antioquia) cuando era gobernador.

También hay una investigación estancada en la Comisión de Acusaciones por las interceptaciones ilegales realizadas en su gobierno contra periodistas, políticos de oposición y la misma Corte Suprema, conocidas como las “chuzadas”. Por este escándalo fueron condenados en este tribunal dos de sus directores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera (quien también fue encontrado culpable de homicidio y paramilitarismo) y su secretario general Bernardo Moreno.

En esa misma corte se dieron otras condenas, por ejemplo, contra su primo Mario Uribe, exsenador parapolítico; su ministro Andrés Felipe Arias, por desviar subsidios del programa Agro Ingreso Seguro; Sabas Pretelt y Diego Palacio, también exministros, y su secretario Alberto Velásquez, por ofrecer dádivas a congresistas para conseguir la aprobación de la reelección presidencial por primera vez (la ‘yidispolítica’). La Constitucional, por su parte, ‘tumbó’ el referendo que le hubiera permitido postularse a un tercer mandato consecutivo.

 

 

 

 

 

Lo que dijo Uribe

A sabiendas de estos antecedentes, Uribe sugirió hace seis meses, en declaraciones a los medios que luego publicó en Twitter, la creación de “una sola corte de magistrados visibles, bien conocidos, (…) con una gran trayectoria”.

 

 

Chequeamos y la propuesta no está entre las que expone el candidato uribista en su página de internet. Lo más cercano que dice el folleto es la unificación de “lineamientos y criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes” -no de las instituciones en sí- para simplificar procesos, generar seguridad jurídica y aumentar la confianza en el sistema judicial.

Según su equipo de campaña, lo que pasa es que ese programa fue elaborado hace más de un año. “No hay un documento completo con sus propuestas actualizadas. Se está construyendo”, explicó su jefe de prensa, Jorge Quintero.

Lo único que hay al respecto en el portal, previo al debate en Estados Unidos, es una columna del congresista en el diario Portafolio del 14 de septiembre de 2017, dos semanas después del tuit de Uribe. Allí concluyó que “una reforma seria a la justicia requiere (…) que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación”.

En el video del trino, el expresidente defendía su iniciativa asegurando que tuvo “dificultades con un sector de la Corte” y que fue él quien presentó denuncias por corrupción “cuando estaba en el Gobierno y esas denuncias son parte de la causa de que haya compañeros en la cárcel”. Esto, en referencia a la cercanía de algunos magistrados con el empresario italiano Giorgio Sale, acusado entonces de tener vínculos con las Auc y la mafia de su país.

 

 

 

 

 

¿Cómo se les ocurre?

La fusión de las Cortes planteada por el Centro Democrático, generó múltiples rechazos por parte de otros candidatos, como el del partido Liberal, Humberto de la Calle, quien tildó de retroceso la iniciativa y un golpe a los derechos de la gente. El candidato dijo que de prosperar esta reforma se pondría bajo amenaza la acción de tutela, uno de los principales logros de la constitución de 1991.

 

 

 

 

A pesar de la avalancha de críticas, Duque defendió la propuesta de unificación de las Cortes, señalando que esta ya había sido propuesta por una comisión de expertos que precisamente fue conformada en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

“No se trata de imponer el criterio de un presidente, sino de abrir un debate. Hay que recordar una cosa: primero, esa es una propuesta que viene desde la Comisión Bonivento; la Corporación Excelencia en la Justicia ha hablado muchas veces de ella y muchos países de América Latina tienen corte única, es más, muchos países del mundo también la tienen”, dijo.

Al revisar el informe final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, que encabezó el exmagistrado José Alejandro Bonivento con otros reconocidos juristas, además de Excelencia en la Justicia, en ninguna parte del documento se recomendaba unificar los tribunales. Por el contrario, lo que planteaba era que las Cortes debían trabajar de forma complementaria para que sus posiciones fueran más uniformes y evitar los “choques de trenes”.

La Comisión sugirió una estructura en la que se mantuvieran tres de las cuatro altas cortes: la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero proponía reemplazar el Superior de la Judicatura por un órgano de gobierno unificado de la rama (lo que se intentó hacer con la fallida Reforma de Equilibrio de Poderes del gobierno Santos, que se cayó casi toda en el examen de constitucionalidad).

La Corporación Excelencia en la Justicia, en su cuenta de Twitter, le ha quitado piso a algunas de las críticas y ha reconocido virtudes de la propuesta. Pero también advirtió que un cambio de este tipo requeriría la convocatoria de una asamblea constituyente y señaló que, por la necesidad de crear salas especializadas por temas, no reduciría el número de magistrados ni su burocracia.

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el modelo?

Transformar el sistema de justicia colombiano a una corte única tiene sus precedentes y dificultades. En una columna publicada en Ámbito Jurídico en 2017, la hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, explicaba los inconvenientes de pasar a un modelo de ese tipo.

La abogada constitucionalista sostenía que había dos sistemas extranjeros de corte única: el estadounidense, que es un tribunal con pocos magistrados, y el venezolano, que cuenta con salas especializadas y es el más parecido a la propuesta que lanzó el candidato del CD.

El estadounidense, según explicaba Botero, está basado en una justicia federal en la que cada estado cuenta con su propio sistema judicial, en el que se resuelven la mayor parte de los casos. Ese es el caso, explicó en otro trino la semana pasada, de la mayoría de países del mundo con corte única.

 

 

En cuanto a los países vecinos, la investigadora Carolina Villadiego Burbano, directora del área de sistema judicial del tanque de pensamiento DeJusticia, en el libro de 2016 ‘La reforma a la justicia en América Latina’, explicó que “las reformas al gobierno judicial en la región usualmente implicaron la adopción de consejos de la judicatura/magistratura encargados de distintas funciones”.

De modo que, aunque no siempre se consideren cortes, en muchos países sí existen entidades como el Consejo Superior o la todavía naciente Comisión de Disciplina de Colombia.

También señala que “las reformas encaminadas a generar un tribunal (constitucional) independiente y diferenciado de los demás sectores judiciales han sido distintas en la región” por el número de magistrados y las funciones que ejercen. Entre 16 países, siete tienen una corte especializada en esta jurisdicción como acá; nueve, no. Pero de estos últimos, cuatro son federados como Estados Unidos: Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Así, la propuesta de Duque, de la que falta conocer más detalles, resulta basada en una recomendación que nunca existió y acomoda otros argumentos para dar el debate en defensa de la idea original de su jefe político, el expresidente Uribe.