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Miércoles, 06 Marzo 2019

Explicador: ¿Qué es un conflicto armado interno?

Por Sania Salazar

El Estado colombiano firmó convenios internacionales de Derecho Internacional Humanitario que define el tipo de conflictos existentes en el mundo y  regulan la guerra.

La reciente designación de Rubén Darío Acevedo (quien pone en duda que en Colombia haya un conflicto armado) como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, revivió una discusión que se creía ya agotada en el país: ¿qué es, exactamente, un conflicto armado?

Hay que tener claro que en 1996 entró en vigor en Colombia el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, primer tratado internacional pensado para conflictos armados internos. Los convenios de Ginebra y sus Protocolos son la base del Derecho Internacional Humanitario, DIH, que regula la guerra y bajo el cual actúan las fuerzas militares en Colombia.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, es el órgano de defensa del DIH por antonomasia.

¿En qué momento la violencia se transforma en conflicto armado?

Kathleen Lawand, quien fue jefe de la unidad del CICR explica que un conflicto armado no internacional (o "interno") se refiere a una situación de violencia en la que tienen lugar, en el territorio de un Estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de ese tipo.

Mientras que en los conflictos armados internacionales se enfrentan las fuerzas armadas de los Estados, en un conflicto armado no internacional al menos una de las partes que se enfrentan es un grupo armado no estatal.

Además, resalta que la existencia de un conflicto armado no internacional da lugar a la aplicación del DIH, también conocido como derecho de los conflictos armados

¿Qué es el DIH?

“Un conjunto de normas destinado a limitar, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades e impone restricciones a los métodos y medios bélicos”. Todas las partes involucradas en el conflicto deben respetar el DIH.

¿Cómo se decide si en un país hay un conflicto armado interno?

Según el CICR, esto está determinado por dos criterios objetivos del DIH: la organización de las partes y la intensidad de las hostilidades. Por ‘organización’ se pueden observar, entre otros factores, la cadena de mando, estructura, capacidad para entrenar personal, capacidad para sostener operaciones militares en el tiempo y administración del territorio. Por ‘intensidad’ se pueden tener en cuenta factores como la gravedad, frecuencia y duración de los enfrentamientos, el equipamiento utilizado, el número de heridos y muertos e involucramiento de las fuerzas armadas cuando la policía no es suficiente.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, le dijo a Colombia2020 que el Estado puede usar otras palabras, pero “nosotros nunca vamos a usar esos términos, ni el término terrorista, porque no están en los Convenios de Ginebra ni en los Protocolos I y II. Uno puede cambiar políticas de seguridad, pero quienes tienen la obligación de respetar el DIH, porque son firmantes, son los Estados. Y esto vale para Colombia y para todos los Estados del mundo. Nosotros somos los guardianes del DIH y les recordamos a los Estados cuáles son sus obligaciones en cuanto al tratado internacional que han firmado. Se deben respetar las reglas y las palabras”.

¿En qué casos aplica el Protocolo II firmado por Colombia?

Según explica el CICR, en conflictos no internacionales entre las fuerzas armadas de un país y fuerzas disidentes o grupos armados organizados, así como entre grupos armados dentro del mismo país. Esto incluye a los grupos que controlen una parte del territorio desde el cual puedan realizar operaciones armadas sostenidas.

¿Y en qué casos no aplica?

En situaciones que no alcancen el umbral de un conflicto como, por ejemplo, disturbios, situaciones de tensión o actos de violencia aislados.

¿Qué pasa si las partes en un conflicto armado no internacional no respetan las obligaciones que les impone el DIH?

El CICR explica que cada una de las partes en un conflicto armado está obligada a respetar y hacer que las personas bajo sus órdenes, o bajo su dirección y control, respeten el DIH. Cabe destacar que cada parte debe respetar el DIH aunque su adversario no lo haga; en otras palabras, la obligación de respetar el DIH no depende de la reciprocidad.

Precisamente sobre esa regulación del DIH bajo la cual actúan las fuerzas militares en Colombia llamó la atención Humberto De La Calle, exjefe negociador del Gobierno en La Habana, en una reciente columna en El Espectador selañó que, “como lo define el Manual Operacional de las Fuerzas Militares, “cuando se está ante un conflicto armado interno (…) entran a aplicarse las disposiciones del DIH”. Si no existe un conflicto, las reglas aplicables son las que configuran el Derecho de los Derechos Humanos y las demás regulaciones normativas de derecho interno. De tal manera que es la existencia del conflicto la que permite señalar objetivos militares y regular el uso de la fuerza letal dentro de los límites humanitarios de rigor”. En conclusión, sin conflicto armado, acciones militares como bombardeos y ataques serían ilegales y generarían serias responsabilidades a soldados y oficiales, resalta De La Calle.

Jueves, 17 Enero 2019

Explicador: ¿cuáles son los compromisos de Iván Márquez con la JEP?

Por Sania Salazar

No hay pruebas de que el exnegociador de Farc haya incumplido los compromisos adquiridos ante esa jurisdicción, por lo que no hay motivos para que pierda los beneficios que otorga la misma.

A raíz del video en el que reapareció Luciano Marín, más conocido como ‘Iván Márquez’, exmiembro de la guerrilla de las Farc, en el que critica la implementación del acuerdo final de paz, algunos ciudadanos han preguntado en redes sociales por qué no lo han sacado de esa jurisdicción, a pesar de que desde el año pasado no se conoce su paradero. Su ausencia genera dudas sobre su verdadero compromiso con el acuerdo.

 

Lo primero que hay que aclarar es que los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz no están en obligación de permanecer en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, pues tienen libertad de movilidad en el país, por lo cual  Márquez no está violando ninguna norma en esa materia.

Camilo Ernesto Fagua Castellanos, abogado defensor de derechos humanos y asesor del partido Farc, le recordó a Colombiacheck que Márquez tiene libertad condicionada y aseguró que no ha salido del país.

Quienes se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, deben cumplir unas condiciones para mantenerse en ella, lo que se ha denominado Régimen de condicionalidad: “están en la obligación de cumplir: (i) una condición esencial de acceso, consistente en la finalización de su participación en el conflicto armado; y (ii) las condiciones de acceso y permanencia de no reincidencia, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas”.

Fagua Castellanos le dijo a Colombiacheck que Márquez no ha cometido ninguna falta que justifique su salida de la JEP. “No hay razón. Hasta el momento ni el Fiscal ni el Ministerio de Defensa han dicho que él esté por fuera de esa jurisdicción”, resaltó el abogado.

La JEP tampoco ha reportado alguna falta de Márquez a sus compromisos, de hecho, en un comunicado de octubre del año pasado la JEP informó que el exguerrillero cumplió con la solicitud que esa jurisdicción le hizo a 31 jefes de la antigua guerrilla para que presentaran informes de cumplimiento de las condiciones para mantenerse en la JEP.

Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, fue el único que no presentó dicho informe, por lo que la JEP está verificando en ese caso si está cumpliendo los compromisos o no.

Fagua Castellanos aseguró que la JEP no ha hecho hasta ahora ningún llamado que obligue a la presencia física de Márquez, por lo que él ha respondido a través de su abogado y de informes escritos.

A pesar de que el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, le pidió a la JEP iniciar un incidente de incumplimiento en contra de Márquez, porque según él el exnegociador de Farc llama en el video a los desmovilizados a tomar de nuevo las armas, lo cierto es que el Gobierno no está en la lista de las instancias que pueden solicitar la apertura de este proceso.

Según el artículo 67 la Ley 1922, que dicta las reglas de procedimiento de la JEP, serán las salas y secciones de esa jurisdicción las encargadas de hacer seguimiento al cumplimiento del Régimen de condicionalidad y de ordenar la apertura de incidentes de incumplimiento, que se pueden abrir de oficio o por solicitud de la víctima, su representante, el Ministerio Público o la Fiscalía General de la Nación.

En el Acuerdo final quedó consignado que “los excomandantes guerrilleros/as integrantes de los órganos directivos de la nueva fuerza política que surja del tránsito de las FARC-EP a la legalidad tendrán la obligación de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil de forma integral, para lo cual entre otras obligaciones derivadas del Acuerdo Final realizarán tareas de explicación de dicho Acuerdo y de resolución de conflictos que respecto al cumplimiento del Acuerdo Final pudieran surgir”.

Pero, aunque no es de público conocimiento cómo Márquez está cumpliendo con estos requisitos desde que está en la clandestinidad, para sacarlo de la JEP se necesitan pruebas fehacientes de que ha incumplido, que por ahora parecen no existir.