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Jueves, 26 Mayo 2022

Indígenas negocian bonos de carbono en desventaja y sin respaldo estatal

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo de La Liga contra el Silencio 

Existen leyes y tratados internacionales, firmados por el país, que protegen a estas comunidades. Pero el Estado las ha dejado solas frente a empresas que las buscan para negociar proyectos. El caso de la firma Waldrattung y los nukak muestra las falencias que tiene Colombia para proteger y garantizar los derechos de estos pueblos.

En medio de decenas de ranchos mal armados con láminas de zinc, plásticos y madera, sobrevive la comunidad indígena nukak, en el caserío de Aguabonita, a unos 20 minutos de San José del Guaviare. Subsisten como pueden, piden cada día dinero y alimentos en las calles de esa ciudad de la Amazonia colombiana y los acompañan decenas de niños, muchos de ellos de madres adolescentes que crecen en la comunidad.

Así han vivido desde hace varios años, en medio de la ocupación de su territorio por actores armados y el abandono de un Estado que tiene el compromiso de cuidar su cultura: la de un pueblo ancestral que tuvo su primer contacto con la civilización occidental hace menos de 40 años, cuando salieron de lo más profundo de las selvas del Guaviare. 

En medio de estas circunstancias, a mediados de 2019, los nukak aceptaron la invitación de una empresa colombiana -que dice ser filial de una alemana- que se había acercado a uno de sus líderes para proponerle un negocio: vender bonos de carbono, una solución financiera a la crisis climática con la que podrían recibir pagos económicos por el cuidado del bosque húmedo tropical dentro de su resguardo cercano. Parte de la comunidad se desplazó a San José del Guaviare y otros municipios ante las circunstancias de pobreza y violencia en su territorio.

 

Algunas familias nukak se desplazaron a San José de Guaviare. Por: Juan Carlos Contreras 

 

Aunque muchos indígenas no entendían de qué se trataba el negocio que les proponían los emisarios de la empresa Waldrättung S.A.S., se reunieron con ellos en el balneario cercano a San José. Según cuentan tres líderes de comunidad indígena, en medio de la comida y el licor que les ofrecieron ese día, los nukak y los representantes de la empresa firmaron un contrato con el que quedaban comprometidos a desarrollar conjuntamente un proyecto de bonos de carbono por 100 años.

Esa noche en el balneario, el líder nukak Manuel García estampó su firma en el “contrato de mandato con representación y cláusula de exclusividad e irrevocabilidad en favor del mandatario” que había redactado la empresa. Ese documento, que cuenta con sellos de la notaría única de San José del Guaviare, estipula que el Resguardo Indígena Nukak Maku –creado por el Gobierno colombiano en 1993, contiguo a un parque nacional del mismo nombre, para salvaguardar a este pueblo indígena y ampliado en 1997 hasta las 954.000 hectáreas de selva amazónica– confiaba a la empresa la tarea de “originar, estructurar, diseñar, implementar y desarrollar íntegramente un proyecto Redd+”.

La idea detrás de los proyectos Redd+ es enlazar a comunidades locales que están frenando la deforestación, como muchos pueblos indígenas en la Amazonia, con empresas que quieren neutralizar su propia huella de carbono. En Colombia, esas empresas privadas –que deben pagar un impuesto al carbono por los combustibles fósiles que consumen– pueden, en cambio, compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero apoyando proyectos que alientan la conservación. Los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, que cuidan vastos territorios selváticos que están organizados bajo la figura de territorios colectivos y protegidos por la Constitución, son los socios idóneos para este tipo de mecanismos financieros que pueden ayudar a mitigar la crisis climática y traer valiosos recursos a las comunidades que conservan ecosistemas estratégicos, con frecuencia sin mayorapoyo del Estado colombiano.

Los nukak, con su inmenso resguardo en las selvas del Guaviare eran, sobre el papel, un aliado perfecto.

Conocido como el bosque del Orion. Contiene la piedra más alta del Guaviare. Por Juan Carlos Contreras 

Los problemas del contrato

Según el documento de 14 páginas, Waldrättung -que a veces también escribe su nombre como Waldrettung, que significa ‘rescate del bosque’ en alemán– se encargaba de poner los recursos y el equipo para poner en marcha el proyecto, inscribirlo en uno de los estándares de certificación, registrarlo ante el Gobierno colombiano, validar los créditos de carbono resultantes y venderlos. A cambio, los nukak se comprometían a que la empresa operara el proyecto de manera autónoma, a conseguir los permisos que fuesen necesarios y a velar por que dentro de su territorio no hubiese ninguna actividad que afectara la cobertura vegetal, como tala de árboles o cultivos de coca. 

El acuerdo sería irrevocable y su duración, según el documento, “por un periodo no menor a cien años”.

Los nukak viven en condiciones de pobreza extrema fuera de su resguardo. Por: Juan Carlos Contreras

Cuatro años después de firmado el acuerdo, esta alianza periodística buscó al líder nukak Manuel García, que era el representante legal del resguardo para la época. Explica que nunca entendió bien de qué se trataba el negocio y que se sintió presionado por los que serían sus socios. “Ellos nos dijeron que nos iban a dar unas bonificaciones por cuidar el oxígeno. Lo que pasó es que no hubo tiempo para pensar bien, llegaron con el documento de un momento a otro y yo lo firmé porque pensé que era viable, pero es que no nos explicaron bien en detalle”, dice García.

Ese acuerdo con la empresa Waldrättung contiene varios puntos que organizaciones ambientales e indígenas, ONGs jurídicas y expertos en el mercado de carbono consultados por la alianza periodística de Rutas del Conflicto, Mongabay Latam, La Liga contra el Silencio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) describen como irregulares y desventajosos para los indígenas.

Por ejemplo, fue firmado sin el acompañamiento de entidades del Estado que pudieran asesorarlos para garantizar un proceso transparente y defender sus derechos. Tampoco fue socializado con la comunidad en pleno, que es la manera como se deben tomar las decisiones en los territorios indígenas. Los líderes firmaron sin la aprobación de la comunidad nukak, algo que -como se cuenta en la primera historia de esta serie- ya había ocurrido con el Gran Resguardo del Vaupés donde conviven indígenas de 19 pueblos. (Ver historia 1)

El pueblo nukak firmó un contrato por 100 años con una empresa, Waldrattung, que dice ser alemana. Por Juan Carlos Contreras

El de los nukak es quizás el único contrato de Waldrattung en el que se puede observar en detalle las condiciones que ofrecía la empresa, aunque -como contamos en el primer reportaje- hay contratos en al menos otros tres resguardos: el Gran Resguardo del Vaupés que ocupa buena parte de ese departamento, así como los de Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari) y ___ en Guainía.. Varias de las comunidades han señalado que el Estado no los ha acompañado en ningún momento de las negociaciones y que, en la práctica, muchos líderes indígenas sienten que los ha dejado solos. Los resguardos consultados para esta investigación cuentan que ninguna entidad estatal los asesoró en el proceso y que, en muchos casos, luego de la llegada de Waldrattung, las comunidades no buscaron a funcionarios públicos por solicitud de la empresa. 

Una lideresa indígena nukak, que pidió omitir su nombre por cuestiones de seguridad, dice que personas que representaban a Waldrattung les insistieron que todo debía hacerse de la manera más secreta posible y que era necesario que el contrato tuviese cláusulas de confidencialidad. “Una vez tratamos de buscar a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, a otras personas cercanas, pero la persona que negociaba por la empresa nos dijo que solo hablaba con nosotros, que era algo privado”, cuenta la lideresa.

Consultada por esta alianza, Waldrattung argumenta que al final no firmó el contrato con los nukak y que, por lo tanto, el documento que los indígenas ya habían firmado nunca adquirió validez jurídica. 

Según explicó su representante legal, Helmuth Gallego Sánchez, la empresa sintió que no tenía garantías por parte de la comunidad por lo que, al final, él nunca puso su firma. “Nosotros no firmamos el contrato porque, al hacer la debida diligencia, no había confianza en el representante legal del resguardo y era muy difícil trabajar con la comunidad por su condición de nómadas”, afirma Gallego, aludiendo al hecho de que una comunidad indígena nomádica tiene una relación distinta con el territorio que una sedentaria. A la contrapregunta de qué información nueva encontraron en esa debida diligencia y por qué no había confianza, cuando ya habían incluso proyectado un contrato, el abogado no respondió y cambió de tema.

Una de las cosas que más preocupa a organizaciones sociales y ambientales que vienen trabajando con pueblos indígenas es que las negociaciones para llegar a estos contratos están mediadas, por un lado, por la asimetría en el conocimiento técnico sobre estos proyectos entre las partes y, por el otro, por la vulnerabilidad de muchas de estas comunidades, algunas de las cuales –como en el caso de los nukak– no cuentan siquiera con una estructura interna de gobierno robusta. 

Ese es uno de los argumentos que ha hecho Akubadaura, una ONG jurídica fundada por abogados indígenas que antes habían trabajado en organizaciones legales como Dejusticia y que han acompañado desde hace varios años jurídicamente al pueblo nukak. “Se aprovechan de la situación de desconocimiento en muchos temas, de la situación de hambre y de exterminio, donde hay unas condiciones de desigualdad y de proporcionalidad entre la empresa y la autoridad indigena que firma”, señaló una de las abogadas de la organización. Para la organización, no es un negocio entre dos actores que tienen las mismas capacidades de negociación y una de las partes, los indígenas, hasta ahora están iniciando como un actor del mercado de bonos de carbono.  

Los nukak son un pueblo de Contacto Inicial, su primer acercamiento se hizo en los años 80. Por Juan Carlos Contreras 

Un Estado que mira para otro lado

El gobierno de Iván Duque ha argumentado que no es su competencia supervisar las relaciones entre empresas y comunidades. En una investigación de 2021 sobre otras irregularidades en el proyecto Redd+ en el resguardo indígena de Matavén en Vichada, realizada por varios de los socios de esta colaboración, el Ministerio de Ambiente señaló que “no realiza ninguna supervisión (...) dado que esta es una iniciativa de carácter privada y, por lo tanto, se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial de derecho privado”.

Según un experto con dos décadas de experiencia en el sector público ambiental, la ley colombiana no plantea que el Estado intervenga en estos contratos entre particulares, pero sí existen varias normativas nacionales y tratados internacionales firmados por Colombia, de carácter vinculante, que justamente protegen a las comunidades étnicas y sus territorios ancestrales de actividades económicas lesivas de sus derechos colectivos. Esto cobra mayor importancia dado que la mayoría de los 83 proyectos Redd+ que están en la plataforma del Registro Nacional de Reducción de la Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) del gobierno están planteados en grandes extensiones de bosque en manos de comunidades indígenas o afrodescendientes en sus respectivos resguardos y consejos comunitarios, ambas figuras de ordenamiento territorial que gozan de una especial protección en la Constitución.

Esa idea está en directa contradicción con las salvaguardas sociales y ambientales para proyectos Redd+, que nacieron en la cumbre de cambio climático de la ONU en Cancún en 2010. Como contamos en el anterior reportaje, Colombia desarrolló una interpretación nacional detallada de estas salvaguardas, con reglas claras sobre acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estableció que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada con la comunidad” y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control.

Colombia, además, es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y tribales, en el que se comprometió desde 1991 en varias vías a preservar los derechos culturales y territoriales de estos pueblos. Y es que al igual que los nukak, otras comunidades de diferentes etnias a las cuales la empresa Waldrattung les ha ofrecido contratos en los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare y Amazonas, insistieron en que no han tenido ningún acompañamiento de entidades públicas en las negociaciones de estos contratos.

A eso se suma que la norma más importante del Ministerio de Ambiente para regular el mercado de carbono, la Resolución 1447 de 2018, señala específicamente que esta entidad puede solicitar información complementaria, visitar proyectos e, incluso, pedir que se investiguen irregularidades.

El caso nukak es muy sensible por su condición de pueblo indígena que hasta 1988 estaba en situación de aislamiento y que aún se considera como en contacto inicial. Ese contacto tan reciente, sumado a la presencia de grupos armados ilegales en su territorio, los ha llevado a ser objeto de varias medidas de protección a nivel nacional. De hecho, la exposición ‘Huellas de la desaparición’ de la Comisión de la Verdad reconstruye la manera cómo esos actores han convertido el resguardo nukak en un escenario de guerra.

En 2009, la Corte Constitucional incluyó a los nukak en una sentencia histórica sobre 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural, en la que ordenó al Estado prevenir el desplazamiento de esas minorías étnicas, atender a las comunidades desplazadas con un enfoque diferencial que tuviese en cuenta su contexto y crear planes de salvaguarda étnica para cada uno de estos. “Los Nukak Makú están en peligro de extinción”, advirtió el histórico fallo proyectado por el magistrado Manuel José Cepeda. El argumento de la Corte para incluirlos era que la población nukak había descendido hasta las 500 personas, muchas de ellas con riesgos graves de salud y hambre, como consecuencia de varios desplazamientos masivos, epidemias, conflictos con colonos y amenazas de paramilitares y guerrilleros de las FARC. Un año después, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) los incluyó en su informe ‘Palabra dulce, aire de vida’ sobre los 32 pueblos indígenas en mayor nivel de riesgo de desaparecer en el país.

Varios expertos en temas indígenas argumentan que un contrato para un proyecto Redd+ de carbono que no tenga en cuenta estas condiciones de vulnerabilidad evidencia una política deficiente del Estado colombiano a la hora de proteger a los nukak.

“El gobierno creó el resguardo y asume que les está transfiriendo a los indígenas la responsabilidad del cuidado de los territorios y esto no debería pasar. El Estado sigue siendo responsable, más aún cuando son un pueblo con estas condiciones”, dijo a esta alianza periodística el brasileño Antenor Vaz, consultor en políticas públicas para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial —conocidos como ‘Piaci’ en algunos países de la región—.

El investigador brasileño agrega que los nukak tienen unas características de vulnerabilidad alta, con muchas necesidades básicas insatisfechas relacionadas a su salud, vivienda y seguridad alimentaria. “El Estado colombiano no ha demostrado eficiencia en la relación con los nukak. Bajo estas condiciones es fácil que una empresa llegue e imponga las condiciones. Es clave que el gobierno los acompañe, al igual que organizaciones indígenas regionales y nacionales”, señala Vaz, que coordinó el informe ‘Pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía y el Gran Chaco’, que publicó la organización Land is Life en 2019.

En este informe se señala que Colombia no tiene una política ni protocolos claros para trabajar con comunidades en Contacto Inicial. “Los antecedentes del país con el caso Nükak, Kakua y Mapayerri son referentes de la descoordinación interinstitucional y la carencia de un verdadero enfoque diferencial para entender las vulnerabilidades inmunológicas, demográficas, culturales, políticas y territoriales de estos pueblos”, dice la investigación.

Vaz también argumenta que hay una obligación legal del Estado colombiano con los pueblos en contacto reciente y que el gobierno debe hacerse responsable por la protección de las comunidades nukak en la posible negociación de contratos de bonos de carbono. Por ejemplo, el Decreto Ley 4633 de 2011 señala que ​​"el Estado garantizará el derecho de los pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario a permanecer en dicha condición y vivir libremente, de acuerdo a sus culturas en sus territorios ancestrales” y que “ en ningún caso (...) serán objeto de políticas, programas o acciones, privadas o públicas, que promuevan el contacto o realicen intervenciones en sus territorios para cualquier fin". Un proyecto del mercado de carbono, señala, cabría dentro de esa descripción.

Los expertos aseguran que ese acompañamiento de entidades del Gobierno nacional se justifica por la diferencia en el conocimiento que tienen ambas partes sobre la manera cómo funcionan los acuerdos y el negocio.

“Ven al pueblo nukak y a todos los pueblos indígenas como actores del mercado de carbono. Hay una desigualdad entre un actor global empresarial y un actor indígena que apenas está entrando en conocimiento de estas dinámicas”, dice la socióloga Aura María Puyana, quien fue coordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán en Colombia. Para Puyana, que ha coordinado varias investigaciones sobre la autonomía de los pueblos indígenas en el país, las condiciones de estos contratos y la manera en la que se han socializado, sin el acompañamiento del Estado, rompe con convenios como el 169 de la OIT donde se reconoce que son pueblos que deben ser protegidos. 

Un negocio sin consulta previa

Una de las principales quejas de las comunidades indígenas de los departamentos de Amazonas, Vichada, Guaviare, Vaupés y Guainía, es la falta de información sobre cómo funcionan los proyectos y en general el negocio de los bonos de carbono. “Nos dicen que nos van a traer recursos para que vivamos mejor, pero yo no sé cómo es eso de que ellos venden el oxígeno, a cuánto lo venden o quiénes les van a dar plata”, dijo un líder de la comunidad nukak.

Para realizar proyectos en los pueblos indígenas es necesario realizar una socialización previa. Por Juan Carlos Contreras

 

La organización Akubadaura viene argumentando que el Estado es el responsable de que los proyectos que se realicen dentro de resguardos indígenas se hagan bajo una consulta previa, que garantice el consentimiento libre e informado de los pueblos como colectivo, como ocurre en Colombia con proyectos de minería, hidrocarburos o infraestructura que afectan un territorio colectivo. Además de la consulta previa, Akubadaura enfatiza en que es necesario garantizar que no solo algunas autoridades, sino todos los miembros de la comunidad, estén enterados del proyecto, algo especialmente importante en pueblos como los nukak donde muchos indígenas  han sido desplazados fuera del resguardo.

Helmuth Gallego, representante legal de Waldrättung, insiste en que no es necesaria una consulta previa, ya que estos no son proyectos extractivos y que lo que debe hacerse es un proceso avalado por los protocolos internacionales de proyectos Redd+, definidas por la ONU en Cancún en 2010,  a través de las  salvaguardas sociales y ambientales. “Nosotros hablamos inicialmente con el gobernador del cabildo y los capitanes de los clanes para que den la autorización de hacer el proyecto. Las comunidades son las que tienen establecidos sus estatutos y quien toma las decisiones es la asamblea, no son todos. No es el niño de cinco años y tampoco el señor mayor. Son las personas que la comunidad escogió para representarlos en la toma de decisiones”, afirma Gallego. 

En esa misma línea coincide la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), el gremio de empresas que desarrolla este tipo de proyectos, al cual Gallego intentó entrar y le fue negada su solicitud, según la asociación, por las constantes quejas de las comunidades, que señalaban que Waldrattung no seguía las metodologías de socialización que exige Asocarbono. “Estas metodologías que permiten informar a la comunidad deben ser auditadas por entidades que se llaman organismos de validación y verificación. Son terceras partes independientes de los programas de certificación y que sirven para respaldar precisamente estos procesos”, señaló a esta alianza periodística Francisco Ocampo, director ejecutivo de Asocarbono. En el proyecto de Matavén, sin embargo, esos auditores no repararon en la significativa diferencia entre la tasa de deforestación oficial del Gobierno colombiano y la de ese proyecto Redd+, planteada por el desarrollador y avalada por el certificador, que es la raíz de que pueda estar vendiendo más bonos de carbono de los que debería.

Aunque el Ministerio de Ambiente insiste en que no le corresponde supervisar a los actores del mercado de carbono, varias entidades del Estado vienen advirtiendo sobre algunos riesgos en este tipo de proyectos. La Contraloría General de la República, en su informe de auditoría sobre deforestación de 2020, advirtió -al hablar del proyecto en Matavén- que el Ministerio “no conoce lo que se hace en el territorio en el contexto de los proyectos Redd+” y que, más ampliamente, el Gobierno nacional “no cuenta con un instrumento que le permita contar con la información suficiente de la contribución del proyecto a la política ambiental y sus efectos en el territorio y los ecosistemas que alberga, más allá de la determinación de la reducción de emisiones” de gases de efecto invernadero.

Otras entidades estatales han recibido mensajes de las comunidades manifestando su preocupación por proyectos específicos. La Defensoría del Pueblo respondió a un derecho de petición de esta alianza periodística que, entre 2016 y 2022, ha recibido siete quejas por posibles irregularidades en proyectos Redd+, incluyendo una referente a un proyecto de Waldrattung, el de Cmari en el Guainía. En todos los casos, la entidad a cargo de velar por los derechos humanos, remitió los casos al Gobierno nacional (en tres casos al Ministerio de Ambiente y en cuatro al Ministerio del Interior, que se ocupa de temas étnicos), así como a las gobernaciones departamentales y a la autoridad ambiental regional.

Corpoamazonia, una de las dos autoridades ambientales en la Amazonia, hizo una advertencia pública desde mayo de 2019 sobre empresas desarrolladoras de proyectos de carbono, aclarando que “no tiene ningún vínculo contractual o de alianza estratégica” con éstas. “Es de conocimiento de esta institución que constantemente se presentan este tipo de ofertas a campesinos e indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo [los tres de su jurisdicción], sin que a la fecha se conozcan resultados en beneficio de las comunidades”, señaló, añadiendo que había trasladado esa preocupación al Ministerio de Ambiente.

La otra autoridad ambiental amazónica, la CDA cuya jurisdicción abarca los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés, señaló que sí tuvieron conocimiento del contrato entre Waldrattung y las comunidades Nukak por dos derechos de petición que fueron remitidos a los Ministerios del Interior y de Ambiente, así como a la Procuraduría, ya que es ese el conducto regular para gestionar esas solicitudes. 

Denuncias como las de los nukak, así como los llamados de atención de entidades como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y Corpoamazonia, evidencian que el Gobierno nacional y, en especial, el Ministerio de Ambiente han tenido múltiples alertas sobre posibles irregularidades en proyectos Redd+. Esa realidad subraya que es necesaria una mayor supervisión del Estado de la que actualmente está ejerciendo en ese mercado.

Sábado, 28 Octubre 2017

Guerrilleros emberá: entre la justicia indígena y la JEP

Por María Eugenia Velásquez

Los indígenas de Pueblo Rico, en Risaralda, recibirán a exguerrilleros de las Farc, pero antes tendrán que resolver la tensión entre su justicia y la que crea el acuerdo de paz. Además, ya tienen una experiencia que no ha funcionado como debería.

Como buena Emberá Chamí, Marta Lucía Guazuruma tiene 5 hijos y 30 nietos. En su juventud cumplió con la misión que la comunidad les encomienda a las mujeres de procrear para que la raza no desaparezca. Sus rasgos indígenas riñen un poco con su atuendo: en vez del tradicional vestido de colores vivos, collares y botas pantaneras, luce ropa ‘moderna’ y como pocas de su edad, habla español y se expresa con fluidez.

En el resguardo unificado San Juan en Pueblo Rico, Risaralda, Marta Lucía está aprendiendo a cultivar cacao y a fabricar los collares de chaquiras emblemáticos de los chamís. Pero más que aprender está reaprendiendo pues a sus 57 años ya olvidó lo que aprendió de niña, especialmente cuando cambió su cultura indígena por un fusil que le dio el Ejército de Liberación Nacional, ELN cuando la reclutó.

Como Marta Lucía, hay 53 exguerrilleros indígenas que están en el proceso de la reincorporación en ese resguardo y son un ejemplo de lo que podría ser el futuro de los indígenas que hicieron parte de las Farc. Algunos de estos últimos, volverían a su territorio en medio del proceso de justicia transicional que se está dando en el país, sin saber si responderán ante la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) o la Jurisdicción Indígena.

Los indígenas reincorporados de las Farc enfrentarán también el reto de las autoridades de su resguardo, encargadas de darle el ‘visto bueno’ a su retorno, que aún no ponen en práctica las tradiciones ancestrales para quienes han cometido lo que ellos llaman “actos de desarmonía”, como es haber pertenecido a grupos armados ilegales. Esto es algo por lo que Marta Lucía ya pasó.

En el año 2000, cuando ella entró a las filas de los ‘elenos’, esta guerrilla estaba en todo su apogeo en el occidente de Risaralda con el frente Cacique Calarcá. Como en pocas partes del país, este grupo armado compartía territorio con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), nacido en las entrañas de esta tierra selvática limítrofe con el Chocó; y también con las Farc, que posteriormente se desplazaron desde Antioquia.

Eran tantos los grupos armados que se repartían el poder entre ellos mismos hasta el punto de que en la vía que comunica Pueblo Rico con Guarato (Chocó) se turnaban los retenes extorsivos entre ellos para no cansar al transportador e incluso emitían un paz y salvo para confirmar el pago de la ‘vacuna’, como explica Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas.

El dominio territorial que las guerrillas comenzaron a tener con más fuerza hacia finales de los noventa, se ratificó con la expulsión de la Fuerza Pública en la toma al corregimiento de Santa Cecilia el 17 de marzo del 2000 a manos de las Farc. Allí, fue secuestrado el cabo de la policía José Norberto Pérez, uno de los casos más reconocidos nacional e internacionalmente pues su hijo, enfermo terminal de cáncer, suplicó ver a su padre antes de morir. El menor murió pocos meses antes de que mataran a su papá en cautiverio.

Mapa de resguardos indígenas en Risaralda

Tierras indígenas codiciadas por la guerra

Lo que a simple vista parecía una bendición de la naturaleza, se convirtió en el karma de los pueblos indígenas. Esta zona selvática de Risaralda, donde están sus resguardos, es rica en madera y las guerrillas aprovechan esto para cobrar una especie de ‘kilogramaje’ a cambio de permitir la explotación, agregó Zapata.

A esto se suma que los indígenas perdieron varios de sus territorios a causa de la minería. Dicha extracción se realizaba de forma artesanal hasta 1996, pero a partir de ese año la maquinaria y los agentes foráneos llegaron a territorios indígenas.

“No hicieron respetar su gobierno propio, su autonomía territorial y la confianza que tenían con las autoridades se perdió en gran medida. Así, fue inevitable que muchos indígenas empezaran a cambiar sus costumbres por la plata, el poder y muchos fueron reclutados por los grupos armados”, dice Zapata.

Mónica Gómez, directora de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda, hace una análisis distinto: “Los guerrilleros invadieron los territorios étnicos, reclutaron y utilizaron a los indígenas para transportar elementos ilegales. Por su parte, el Ejército estigmatizó a las comunidades al poner bajo sospecha su voluntad de no involucramiento en el conflicto armado”, declara.

La mezcla entre minería y explotación maderera facilitó el arraigo de los grupos armados en este territorio y con su presencia llegaron las amenazas a los líderes indígenas Emberá Chamí y Katíos. Incluso, algunos fueron asesinados. A Hugo González, gobernador indígena del resguardo de Mistrató, lo mataron tres encapuchados el 25 de julio de 2008. Y este no es el único caso.

Según el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la situación del pueblo indígena Embera Chamí ante el conflicto armado, en 2002 en Pueblo Rico mataron a Leonardo Caizales y a Lucelly Osorio en Villa Claret; y el 3 de agosto de 2007 fue asesinado Virgilio Guatiui, líder y miembro de la comunidad de Kundumi, en el Resguardo Unificado. Por su parte, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir) reporta además el asesinato de Fabián Esteban Queragama, Salvador Siagama, Álvaro Charicha Suzana y Javier Arce Queragama.

Si bien no existe una cifra exacta de cuántos indígenas se pusieron el camuflado de las Farc en Pueblo Rico y Mistrató, los registros del Batallón San Mateo del Ejército Nacional revelan que varios indígenas murieron en enfrentamientos, otros fueron capturados y 35 se desmovilizaron ante esa unidad militar. Ellos ahora forman parte de los beneficiados con los planes de reintegración del Gobierno (ver gráfica).

Indígenas desmovilizados ante el batallón San Mateo de Pereira (2007-2016)

(Desplázate con la flecha azul > abajo del mapa y haz clic en el chinche para ver el sitio de entrega)

Específicamente en Pueblo Rico, son 53 indígenas quienes decidieron volver a sus territorios tras una desvinculación individual de los diferentes grupos armados que hicieron presencia en la zona. Es por eso que mientras Marta Lucía recuerda cómo trabajar con chaquiras, Julio César Natura Restrepo labra su parcela de una hectárea para cultivar cacao. A él le asignaron este lote en el resguardo Unificado San Juan, cerca de su familia, tras concluir el proceso de desmovilización.

Volviendo al resguardo

A Julio César le ha costado volver al trabajo del campo después de ‘patonear’ el monte al lado del ERG, del frente Aurelio Rodríguez de las Farc y del ELN.

“Al principio fue muy difícil. El gobernador decía que no quería problemas, la familia sí me recibió bien. Ahora me siento muy alegre, con ganas de sembrar, tengo 200 palos de cacao y ya están dando productos. También voy adelante con mis estudios, estoy en noveno”, dice.

Algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar es que a su regreso, en 2015, encontró una comunidad con el mismo retraso que vivía cuando se fue en el 2002. Y es que para llegar al resguardo unificado hay que atravesar durante dos horas y media la vía destapada que va de Pueblo Rico a Puente la Unión, sorteando los derrumbes que amenazan en todo el trayecto. Luego, otros 15 minutos por una trocha a orillas del río San Juan.

En el resguardo, el punto de encuentro es una caseta comunal construida en guadua, tratando de conservar el estilo campesino para no reñir con el panorama. También hay una escuela con unos cuantos pupitres y algunos profesores que enseñan en la lengua nativa. No hay centro de salud ni mercado. La tienda más cercana está en el caserío de los afrodescendientes cerca a Puente La Unión. Y para que Marta Lucía y Julio César lleguen a sus casas, tienen que ir monte adentro a pie o a lomo de mula.

“Hemos tomado la decisión de recibirlos, pero deben asumir el mandato indígena, todo el reglamento, todo el estatuto, para que lleven un proceso de igualdad con nosotros. Desde que ellos estén dispuestos a volver a la vida normal, son bienvenidos a la comunidad”, afirma Martín Siágama, gobernador indígena del resguardo unificado San Juan.

Él explica que el temor es que los reincorporados lleguen a cambiar “la mentalidad” de los jóvenes que nunca han salido del resguardo. “Ellos tienen otra mirada, otra visión y la sociedad es diferente cuando se está armado. Así que la guardia indígena estará dispuesta a sancionarlos ante cualquier error que cometan”, sentencia.

Siágama explica además que como parte de su tradición de sanar la tierra y a las personas, el médico tradicional con apoyo de la naturaleza les hace una “una armonización” para sacarles “los malos espíritus que ellos traigan”. Se trata de una descontaminación espiritual mediante un ritual para que vuelva a relacionarse de forma armónica con la naturaleza.

Aunque dicha armonización es mandato del Crir, todavía no se ha hecho ningún acto de sanación, según Marta Lucía y Julio César. Al respecto, Siágama admite que no lo han hecho pues los 53 reincorporados provenientes de diferentes grupos armados “llegaron de un momento a otro, pero la comunidad sí lo está exigiendo”.

Este antecedente deja ver que no tienen muy definido qué comportamiento asumir ante esta realidad que se avecina.

Esto contrasta con la reinserción de guerrilleros indígenas que están practicando en otros resguardos. Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del tejido de defensa a la vida y derechos humanos de Çxhab Wala Kiwe de la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca dice que en su territorio ya hay comuneros que recibieron un ejercicio de justicia indígena. “No hemos juzgado ni guerrilleros ni militares, lo que hemos juzgado son comuneros indígenas y actos de desarmonía, por lo tanto la justicia indígena se seguirá aplicando en términos de posacuerdo. Lo que se le ha pedido a la Justicia Especial de Paz (JEP) es que respete ese ejercicio de justicia que han hecho las comunidades”, señala.

Indígenas capturados por el batallón San Mateo de Pereira

(Haz clic en las esposas para ver detalles de la captura)

Retos a futuro

Para las Farc y el Gobierno quedó claro en los acuerdos que los excombatientes nacidos en el seno del pueblo indígena no serán excluidos de la JEP por su condición étnica, aunque en el Acto Legislativo 01 de 2017 se aclaró que serán creadas salas para dirimir conflictos de competencia entre la JEP y cualquier jurisdicción, como podría ser el caso de la justicia indígena. En el Artículo 9 se indica que esta sala estará conformada por dos magistrados de las salas o secciones de la JEP y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena.

“Hay un debate a nivel de la JEI (Jurisdicción Especial Indígena) y JEP. Creemos que el derecho de hacer justicia, de ejercer ese proceso de armonización en el territorio por este tipo de hechos debe mantenerse. La justicia indígena ha sido más oportuna y eficaz y ha dado mejores resultados que la ordinaria”, agrega Capaz.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013 reconoce los límites de la jurisdicción indígena, pero también apoya con su jurisprudencia a las comunidades al afirmar que “en todo proceso penal debe tenerse en cuenta la condición de indígena en el momento de determinar el lugar y las condiciones especiales de privación de su libertad, independientemente de que no se aplique el fuero penal indígena, pues si esta no se tiene en cuenta, se afecta su derecho a la identidad cultural y su dignidad humana”.

Además de este debate interno entre las dos jurisdicciones, otro elemento que hace dudar sobre cómo será la reintegración de los indígenas guerrilleros es que las Farc piensan en un proceso colectivo que involucre a sus 14.178 integrantes, entre guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad. Actualmente, la mayoría de ellos está trabajando en proyectos comunitarios en los hoy llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que antes eran las 26 zonas veredales.

El plan de las Farc es seguir en la colectividad, aunque cada exguerrillero que no sea merecedor del indulto, debe someterse de forma individual a la Jurisdicción Especial de Paz, que está en proceso de reglamentación en el Congreso.

En cuanto a los indígenas, Pedro Baracutado, jefe del Espacio Territorial de Vigía del Fuerte, en Antioquia, asegura que la mayoría de estos excombatientes serán indultados o amnistiados e incluso abre la puerta para que cada uno tome la decisión personal frente al tipo de reinserción que prefiera.

“La antigua fuerza insurgente nunca hizo diferencias de razas al interior de la organización, todos fuimos tratados con los mismos deberes y derechos y el partido continuará con esta misma línea, solo que ya en esta etapa los integrantes del partido podrán decidir en qué lugar realizan la reincorporación: si en los Espacios Territoriales o si por el contrario deciden hacerlo en sus comunidades”, aclara Baracutado.

Un concepto similar emite Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, quien explica que los indígenas que fueron victimarios deberán ser procesados en igualdad de circunstancias que los demás miembros de la guerrilla. Sin embargo, aclara que “se espera que, como algo diferencial, al final ellos regresen a su pueblos y no a las zonas veredales. Se está preparando a las comunidades para una reculturización”, sostiene.

Sobre la prevalencia de la Jurisdicción Especial Indígena, Correa estima que el juzgamiento que hacen dichas autoridades tradicionales es un principio fundamental de la Constitución colombiana. “Si bien la JEP es prevalente, no se trata de que arrase la otra justicia, debe haber una articulación que todavía es un modelo por armar”, añade.

Sin duda falta que empiece a funcionar la JEP para saber cómo serán solucionadas las dudas o inquietudes con relación al juzgamiento de los actores involucrados en el conflicto. Algunas luces se están viendo en el proyecto de Ley Estatutaria que se está discutiendo en el Congreso para regular este modelo de justicia transicional.

“El proyecto de Ley estatutaria contempla unos mecanismos especiales para el cumplimiento de las penas que se puedan imponer en las zonas indígenas en virtud de la JEP. Por ejemplo, en aquellos casos donde no haya lugar a la detención intramural, podrán cumplir unas penas que podríamos llamar propias en sus territorios, pero hay que esperar qué aprueba el Congreso”, conceptúa Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente del Consejo de Estado.

Procesados por la JEP o no, los Emberá Chamí esperan que con los reintegrados lleguen también los proyectos productivos que beneficien a todos en el resguardo. “Hemos evaluado proyectos de la Unidad de Víctimas que han generado una discusión interna porque el Estado reconoce solo a las personas que resultaron afectadas pero no programas para la colectividad”, dice el gobernador Martín Siágama.

Ante esta solicitud Emberá, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que acompaña el retorno de los 53 indígenas al resguardo, cree que la persona tiene que beneficiar a su comunidad de alguna manera. “Nosotros no les llevamos los proyectos y plata, los construimos con ellos y de esta forma se dinamiza la ruta de reintegración. En Pueblo Rico también fortalecemos el tema de género pues apoyamos mujeres emberás de los dos resguardos en empoderamiento de gobernanza”, dice Carlos Soto, coordinador de la ARN Risaralda.

De forma concreta, en Pueblo Rico se adelanta el proyecto IUJA en coordinación con la Gobernación de Risaralda, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda (Funderis). Este plan beneficia directamente a 140 personas con proyectos de panela, cacao, artesanías hechas por mujeres y gobernanza de las comunidades.

Con esta forma de intervención “se ha logrado no solo que acepten al desmovilizado sino que lo protejan porque hace parte de su comunidad”, según Soto.

El proyecto ya permite que el cacao sea vendido directamente por la asociación de cacaoteros a Casa Lúker sin intermediarios y busca mejores precios para las artesanías elaboradas por las mujeres.

El proceso apenas empieza y es mínimo para las necesidades de esta comunidad de 5.000 integrantes que esperan la llegada de más inversiones, ser tratados como víctimas y acciones concretas para evitar la presencia de nuevos actores armados aún no determinados. Pues al reto de la reintegración de los miembros que llegan, se suman las condiciones actuales del conflicto que ya ocasionaron el desplazamiento de 559 indígenas a Santa Cecilia el 29 de abril de este año y 736 que mendigan en la capital del país.

Ante este panorama, los indígenas exguerrilleros que pueden llegar de las Farc a los resguardos están en un limbo porque no saben cuántos van a pasar por la JEP o cuántos serán sometidos a la Jurisdicción Especial Indígena. A esto se suma que la experiencia de los 53 excombatientes que ya pasaron por el proceso de reintegración es una muestra de que no siempre se realiza la armonización que su tradición ancestral exige.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.