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Lunes, 14 Septiembre 2020

Las nuevas guerras reclutan niños en Cauca

Por La Liga Contra El Silencio

Las masacres recientes ocupan titulares y recuerdan la violencia de otras épocas. En esas mismas regiones de Colombia cobra fuerza el reclutamiento de menores, que encontró un aliado en el aislamiento por la pandemia.

“Se busca”, decía el mensaje que un familiar de Carlos* publicó en Facebook en agosto pasado, junto a dos fotografías que podían servir para ubicarlo. De 17 años y con quinto de primaria, Carlos trabajaba en una vereda de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, y llevaba varios días sin comunicarse con su familia. Menos de un año atrás huyó de un pueblo cercano cuando un grupo armado ilegal, en una disputa por territorio, intentó reclutarlo.

“Esperábamos que nos dieran razón de que estaba bien, porque en esos dos días habían matado mucha gente por allá. Uno pensaba lo peor”, dijo a La Liga Contra el Silencio la mujer que posteó el mensaje. Según ella, el muchacho debió salir “prácticamente volado” del campo a la ciudad para alejarse de los fusiles.

A Yina, de 14 años, y a otro menor de 17 sí los alcanzó la guerra. Ellos fueron dos de los ocho muertos que el Ejército reportó en abril durante un “enfrentamiento” en El Encanto, otra vereda de Argelia, contra el Frente Carlos Patiño, un grupo surgido tras el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los militares destacaron entonces la “neutralización” de alias ‘Kevin’, el tercer cabecilla de ese grupo. Y aunque no identificaron a sus acompañantes, luego se supo que eran aquellos adolescentes. La operación fue descrita como una “confusa emboscada” por El Espectador, que contrastó la versión oficial con las de varios lugareños.

Las familias de estos menores, reclutados para combatir, o para vigilar y colaborar en las tácticas de la guerra (sin uniforme ni fusil), pocas veces acuden a las autoridades. El silencio en muchos casos es su estrategia para sobrevivir. 

“Uno no puede ponerse a decir: ‘Vea, se me llevaron a mi hija’. Después tienen que irse, o los matan”, dijo a una emisora de Popayán una familiar de Yina, quien se había separado de sus padres tres meses antes de morir. La familia era tan pobre, contó esta persona, que debieron recolectar dinero para sepultar a la chica. “Era una niña de 14 años la que cayó allí”, lamentó. En la última foto que Yina subió a Facebook el 15 de febrero, posa sonreída, con el largo cabello negro hacia un lado y un lazo en la cabeza. En otra foto que apareció tras su muerte se ve con el cabello recogido y oculto tras una gorra militar. Su pequeño cuerpo luce un traje camuflado y botas negras. Un arma larga colgaba de su hombro derecho. 

Crecer entre bandos enfrentados

El reclutamiento de menores mermó tras el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, pero viene creciendo desde finales de 2017 y este año se intensificó. El cierre de escuelas durante la cuarentena por la pandemia les ha facilitado la tarea a los grupos ilegales. La pobreza y la ausencia de una oferta institucional distinta a la militar son el trasfondo de este fenómeno en el Cauca.

El Plateado, de donde Carlos huyó, es un corregimiento al sur del departamento que este año ha registrado un “escalamiento de las acciones bélicas” entre el Frente Carlos Patiño y el Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según mencionó una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo el 7 de marzo. La situación obligó al alcalde de Argelia, Jhonnathan Patiño, a despachar desde el casco urbano y evitar lugares como El Plateado por las amenazas de distintos grupos.

Desde marzo hasta fines de agosto la Defensoría emitió cinco alertas para varias regiones del Cauca debido al recrudecimiento de la violencia y otra más para una zona vecina en Nariño.

El Plateado es descrito por esa entidad como un lugar de “alto riesgo de afectación a la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes y docentes”. Cerca de las escuelas se han registrado hostilidades de grupos armados, y uno de ellos se instaló a pocos metros de las aulas. De acuerdo a la Defensoría “un importante número de docentes” que trabajaban ahí pidió cambio de plaza por la situación, y permanecían todos en Popayán. En El Plateado las actividades académicas se cancelaron antes de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia.

“Somos el departamento con el mayor número de docentes amenazados, y en los últimos años, de docentes asesinados”, dijo Víctor Jiménez, coordinador de derechos humanos de Asoinca, una asociación de maestros y trabajadores educativos en Cauca, y  miembro de la Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y el Territorio. “Hay profesores a quienes les han dicho: ‘Tiene 24 horas para irse o lo matamos’”, contó. Otros han renunciado ante las demoras en la respuesta del Ministerio y la Secretaría de Educación. Algunos, según Jiménez, son movidos a otras “zonas rojas”.

Desde hace décadas el Cauca, una región multicultural y de ubicación estratégica, ha sufrido diversas violencias bajo la acción de guerrillas, paramilitares y el mismo Estado. Allí operan la Vigésima Novena Brigada, adscrita a la Tercera División, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra 4) y la Brigada Liviana de Caballería.

Pero el enorme contingente militar no ha evitado que los grupos ilegales —dedicados al narcotráfico, la extorsión y las amenazas— se multipliquen. En un informe reciente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) menciona la presencia de al menos 12 grupos en el Cauca, entre disidencias de las Farc, paramilitares y carteles mexicanos que negocian cocaína.

Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) dijo que el Cauca ha experimentado desde 2017 “recambios y movimientos en varios sentidos” entre los bandos que pelean el territorio. “Ya uno no puede hablar de estos grupos en los mismos términos que se hablaba cuando estaban la guerrilla (de las Farc), el ELN y los paramilitares (...) Ahora está en entredicho si estamos en un conflicto armado o si estamos viviendo una etapa violenta del posconflicto”, añadió.

En los últimos meses se ha consolidado el llamado Comando Coordinador de Occidente o Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente, con estructuras nuevas y otras que no se acogieron al acuerdo de paz como la Dabogerto Ramos, Jaime Martínez, Rafael Aguilera y el Frente Carlos Patiño. “Ellos han crecido y son los que más han reclutado; han expandido su control y en sus zonas de injerencia han aumentado los cultivos ilícitos”, explicó Torres. 

Los sembradíos de coca y marihuana, la minería ilegal y el entramado de rutas para sacar droga hacia Centro y Norteamérica son el botín. Veredas de Argelia y del municipio vecino de El Tambo están entre los principales enclaves productivos de hoja de coca, según menciona el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el gobierno colombiano.

Otra alerta de la Defensoría para Páez y la vecina Íquira, en Huila, evidencia más casos de reclutamiento, esta vez debido a “la expansión y dominio hegemónico” de la columna móvil Dagoberto Ramos. Con su avance en esa zona, dice la Defensoría, “se acrecienta de manera notoria” el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el corregimiento de Riochiquito, en Paéz, y de forma particular entre indígenas. 

La Defensoría registra en el documento varios hechos: en 2019 al menos 15 menores de edad fueron vistos con camuflaje y armas de fuego, y se conoció el reclutamiento de una menor de 14 años. En lo que va de 2020 se registró también el de una niña de 13 y un adolescente de 15, y se suman versiones sobre otros seis menores. La Defensoría además reportó la deserción escolar de una niña, posiblemente relacionada con la acción de grupos armados; y añadió que otros 13 menores podrían estar en una situación similar. La institución admite que el subregistro impide conocer las verdaderas cifras. Entre 2017 y 2019 la Defensoría emitió 108 alertas donde advirtió el riesgo de reclutamiento de menores que existe en 182 de los 1.103 municipios del país.

Los hechos registrados antes de ese periodo serán investigados por la Justicia Especial para la Paz (JEP). En marzo pasado esa jurisdicción abrió el “caso 007”, por el cual ya empezaron a declarar algunos exjefes de las Farc. En su comparecencia reciente, según varios reportes, el excomandante Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, negó que existiera una política de la guerrilla para reclutar menores, lo que provocó críticas de varios sectores. 

El reclutamiento y otras violencias contra niños, niñas y adolescentes son delitos con altos niveles de impunidad. De las 4.219 investigaciones que adelanta la Fiscalía, según la JEP, solo 10 terminaron en sentencias condenatorias. Esa instancia indagará los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1971, fecha que del primer caso conocido por la Fiscalía, y el 1 de diciembre de 2016. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido desde el 31 de enero de 1999 a 6.798 menores desvinculados de grupos armados, y actualmente 233 están bajo su protección. De acuerdo a esa institución, las Farc serían responsables del reclutamiento en 3.879 casos; después figura el ELN, con 1.278, las Autodefensas Unidas de Colombia, con 1.054, y otros grupos armados organizados, con 606. El informe ‘Una guerra sin edad’, del Centro de Memoria Histórica, reúne 16.879 registros sobre reclutamiento y utilización de menores desde los años sesenta hasta 2016. Unicef calcula que 300 mil niños y niñas participan como soldados ahora mismo en conflictos de todo el mundo.

El nuevo ciclo de un viejo fenómeno

Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), dijo que entre fines de 2014 y 2016 disminuyó el reclutamiento, pero desde el segundo semestre de 2017 han advertido el aumento de estas dinámicas tras la desmovilización paramilitar; sobre todo en Buenaventura, Medellín, Bogotá y Soacha. Lo mismo ocurrió con grupos nacidos tras el desarme de las Farc, y con otros que les disputan el territorio (como el ELN o el EPL) en zonas rurales de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Caquetá. En este último departamento, en agosto de 2019, ocho niños murieron en un bombardeo militar contra una célula del antiguo Frente Séptimo de las Farc. 

“Volvemos a tener situaciones en las que los niños, niñas y adolescentes son cooptados por los actores armados de forma masiva”, dijo Castellanos. Además, con la pandemia y el cierre de escuelas, según ella, se agudiza la situación, porque la escuela es un entorno protector. “Cuando la escuela está cerrada, cuando en la casa siguen habiendo situaciones de violencia intrafamiliar y situaciones socioeconómicas muy complejas, el reclutamiento se convierte en un escenario para solventar estos problemas”, señaló.

Castellanos explicó que en las zonas urbanas algunos padres aceptan el reclutamiento como una oportunidad económica, de protección o de reconocimiento. Todo esto alimentado por causas estructurales que persisten: pobreza, desempleo y falta de acceso a educación.

Las cifras del Observatorio indican que en el primer semestre de 2020 se registraron 120 eventos que afectaron a por lo menos 9.594 menores, de forma especial en Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. En 2019 fueron 8.729 casos. Esos eventos implican reclutamiento, pero también ataques y ocupación de escuelas y hospitales; bloqueo de suministros y servicios básicos; desplazamiento forzado y refugio; uso de menores en campañas de la fuerza pública; violaciones a la libertad sexual y personal, la vida y la integridad.

En Cauca, donde habitan indígenas, afrodescendientes y campesinos, la situación se enmarca en un contexto especialmente violento. El departamento lidera las estadísticas de asesinatos y agresiones. En 2019 concentró el 28 % del total de agresiones contra defensores de los derechos humanos (234 de 844). Le siguieron Antioquia (59) y Arauca (52). Ese año también fue asesinada en Cauca la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, junto a seis acompañantes; y la gobernadora indígena del resguardo de Tacueyó, Cristina Bautista, junto a cuatro comuneros.

En 2020 la violencia y el reclutamiento se agudizaron con la pandemia, sobre todo en territorios indígenas donde las acciones colectivas, que son claves para la protección y la toma de decisiones, se vieron afectadas. “Esta limitación de respuesta social y organizativa fue capitalizada por actores armados para aumentar su desplazamiento en territorio, para consolidarse y para generar muchas acciones bélicas”, dijo Eduin Capaz, indígena del pueblo Nasa, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que agrupa a 22 comunidades de diez municipios.

Los grupos ilegales aprovecharon la pandemia para imponer el terror con asesinatos, atentados y amenazas contra quienes violaban la cuarentena. En las últimas semanas también se ha hablado del ingreso al Cauca de un nuevo actor: la llamada Segunda Marquetalia, un grupo liderado por Iván Márquez, Jesús Santrich y ‘El Paisa’ tras su regreso a las armas. Entraron en la ‘guerra’ de panfletos en la región y estimularon los temores de la población en zonas como el municipio de Buenos Aires, incluido en otra alerta de la Defensoría en mayo pasado.

El reclutamiento de menores, dijo Capaz, es consecuencia del alto número de grupos armados; al menos ocho solo en el norte del Cauca, según los cálculos de la ACIN. “Todos buscan aumentar su poder militar mediante la incorporación de hombres y mujeres a sus filas, y esta población juvenil es la más vulnerable”, indicó. 

Capaz admitió que el subregistro es alto y se trata de un fenómeno silencioso, difícil de rastrear y en aumento. Según él, la ACIN conoce al menos 43 casos en su zona de influencia registrados en 2020, y 10 y 15 casos registrados en 2019.  “Son dramas que, en particular en las familias indígenas, tienen un nivel de respuesta muy silencioso”, dijo. Capaz confirmó que la pandemia facilitó el reclutamiento por la falta de labores académicas. Un análisis que comparte Jhoe Sauca, coordinador del programa Defensa de la Vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“En algunas zonas hubo una alta deserción escolar y muchos de estos jóvenes se fueron a raspar coca o a cosechar marihuana, y en esa dinámica los grupos convencen a los muchachos con pagos de hasta un millón de pesos. En últimas, se van a las filas”, dijo Sauca.

Ciprunna, la comisión intersectorial que trabaja en la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual de menores, liderada por la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, lanzó en julio pasado un plan para municipios de alto riesgo. La Liga buscó detalles de la iniciativa, pero no obtuvo respuesta.

La pandemia en las zonas rurales de Cauca y otros departamentos también evidenció la brecha digital y la reducida conectividad. Varias fuentes entrevistadas denunciaron que en algunas poblaciones los grupos armados ordenaron la desconexión de las antenas de internet para silenciar lo que allí ocurre. De paso frustraron la escuela en línea que se intenta implementar a raíz de la cuarentena. 

“A pesar de los esfuerzos de niños y padres para conectarse con los docentes, hay zonas donde no puede haber comunicación por los conflictos”, dijo Jiménez, de Asoinca. Un alto porcentaje de la población estudiantil no solo tiene dificultades para acceder a internet, a veces carecen de computadores o celulares con mínimas condiciones para cumplir con las tareas. “Eso se ha convertido en caldo de cultivo para las mismas violencias”, añadió. En Leiva, Nariño, dos estudiantes caucanos de 15 y 17 años fueron torturados y asesinados por miembros de una estructura paramilitar cuando iban a entregar sus tareas. No lejos de ahí, en Patía, Cauca, se registró hace poco otro caso de tortura y asesinato con dos hermanos de 15 y 16 años por parte de otro grupo armado.

Escapar de tantas amenazas resulta casi imposible. Pocos son tan afortunados como Carlos, que consiguió salir con vida de El Plateado. Ahora, lejos de los fusiles, pasa los días en la casa de su hermano, cobijado por la seguridad relativa que ofrece la ciudad, mientras espera que la pandemia pase y le permita conseguir un trabajo de nuevo. Volver a la escuela no es una prioridad, y regresar al campo implica un riesgo. “Lo vemos bien porque está con nosotros, pero psicológicamente solo él sabrá cómo se siente”, dice su familiar con resignación. 

*El nombre fue cambiado para proteger la identidad y la integridad del menor de edad y su familia.

Domingo, 15 Enero 2017

Toribío: dos años en paz, pero sin luz por las noches

Por Sania Salazar

Gracias a la negociación y firma del Acuerdo Final, hace dos años que la tranquilidad reina en este municipio caucano que fue azotado por el conflicto. La esperanza y el comercio crecen, así como los cultivos de marihuana en invernadero. Instantáneas de su nueva realidad.

Completar cinco meses sin servicio de energía eléctrica por las noches es lo de menos. En Toribío, Cauca, ya se puede disfrutar tranquilamente de un helado en las bancas de la plaza. Pararse cerca de un policía ya no es convertirse automáticamente en blanco de las balas de las Farc. Los niños pueden jugar en las calles.

Aunque el apagón nocturno llevaba dos meses a mediados de noviembre, cuando Colombiacheck visitó el pueblo, otro dato es más mucho más importante y descriptivo de lo que vive este pueblo: Aproximadamente dos años, coinciden sus habitantes, sin guerrilleros del sexto frente de las Farc disparando desde las montañas que lo circundan.

“En Toribío ya hay paz”, dice en voz alta una señora de cabello largo, blanco y recogido, de unos 70 años. “Antes a uno le temblaban las nalguitas así todos los días”, y levanta las manos vibrantes mientras espera sentada en un microbús a que empiece el recorrido, de dos horas, desde Santander de Quilichao hasta la plaza de Toribío.

La casa de doña Julia, cuyo nombre completo es Hostal La Mansión de Julia es el albergue que recomiendan ahora en el pueblo a los visitantes. Seis cuartos en el primer piso. La vivienda de la dueña en el segundo cuyo garaje se convierte por las noches en pizzería. Un tercer piso en construcción.

A sus 52 años Julia Isabel Díaz está construyendo un hotel y reconstruyendo su vida. Payanesa. Auxiliar de enfermería. Se le ocurrió la idea del hotel para quienes llegaban hasta el pueblo por trabajo, pues eran poquitos los que se atrevían a ir a un municipio donde la guerrilla estaba pendiente en las vías de acceso de quién entraba, para qué y por cuánto tiempo. Un pueblo donde en cualquier momento llovían balas y pipetas desde las montañas. El municipio del país más afectado por hostigamientos y tomas guerrilleras.

A quien necesitaba quedarse unos días le alquilaban un cuarto en una casa de familia o debía quedarse en un hostal en el que a duras penas ofrecían una cama, sin ninguna otra comodidad, donde un baño privado era un lujo suntuoso.

Pero desde que abrió el primer cuarto, en marzo pasado, no ha parado de recibir gente, periodistas, sobre todo internacionales, y familias de municipios vecinos que llegan de paseo los fines de semana.

En la sala de su casa, alumbrada solo por un pequeño rayo de luz de una veladora detrás de ella, cuenta que cuando fue a que la incluyeran dentro de las 6.550 víctimas de Toribío reconocidas por el Registro Único de Víctimas, le dijeron que para ella no había nada porque lo de ella era psicológico.

6.550 víctimas en un municipio que según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, tiene este año 29.496 habitantes. Las víctimas son el 22,2% de los pobladores. Una de cada cinco personas. Julia, una de cinco, es oficialmente una víctima.

“Estoy en tratamiento psiquiátrico. Tengo estrés postraumático, depresión mayor, síndrome de ansiedad”, enumera, y esboza una explicación de sus padecimientos, “me tocaba atender en el hospital a los heridos de parte y parte. Eso me tocaba verlo, quiéralo o no”, recuerda.

Julia sabe que aunque vuelva la violencia habrá personas que necesiten pasar temporadas en Toribío por trabajo, pero confía en que los tiempos violentos terminaron, por eso piensa en un hotel con las comodidades de la ciudad y hasta con una pequeña zona de spa.

Pero Julia no es la única que confía en el potencial de Toribío. Jesús Betancur, funcionario de la Alcaldía, mira por la ventana de su oficina, en el primer piso de la edificación.

“Esos toldos que se ven ahí no estaban antes, eso era vacío”, señala con el dedo al hablar de los puestos de ventas informales que hay en el parque principal, 15 en total ese día de noviembre. Ofrecen carne, ropa, comida, entre otras cosas.

Los números que consulta en el computador de la tesorería indican también el incremento en el comercio formal, uno de los primeros aspectos que resaltan los habitantes de Toribío en la nueva etapa de tranquilidad que viven.

En 2013, primer año oficial de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, 50 establecimientos pagaron el impuesto de industria y comercio. 2014, en la mesa de negociación ya se había empezado a hablar del Fin del Conflicto y las Farc anunciaron un cese al fuego unilateral y definitivo, la tesorería recaudó aportes de 56 negocios. 2015, un año el que el proceso vivió una de sus crisis más delicadas porque las Farc mató a 11 militares en Buenos Aires, Cauca, 73 establecimientos pagaron. 2016, después de que el plebiscito perdió en las urnas y justo antes de la firma definitiva del Acuerdo Final 50 comerciantes habían cumplido con esa obligación.

La huella de la violencia en los estudiantes

“Profe, mis papás me dan $2.000 todos los días para ‘el algo’ (merienda), yo le voy a dar $1.000 para que compre pintura y cambiemos el color de la escuela. Es verde, por eso nos disparan”, recuerda Janeth Hurtado que le rogaba, llorando, un niño. Ella se tapa la cara con las palmas de las dos manos al recordar uno de los tantos momentos de angustia durante uno de los tantos enfrentamientos entre ejército y guerrilla cerca a la Institución Educativa Toribío, donde ella es coordinadora.

Janeth asegura que, por lo menos en la institución donde trabaja, el conflicto no era causa de deserción. Las cifras le dan la razón pues al consultar en el Sistema de Información Socioeconómica del Cauca, Tángara, se ve que la matrícula en la zona urbana de Toribío pasó de 984 en 2005 a 1.373 en 2014 (389 matrículas más). Además, la cobertura total, también aumentó de 93,9% a 102,1% en ese lapso. En ambos casos, con fluctuaciones.

Según el RUV 2011, 2013, 2012, 2014, 2005, fueron, en ese orden, los años que mayor número de víctimas dejaron producto de actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.

Esos años violentos no coinciden necesariamente con los de menores cifras en cobertura: 2008 con 81,5% y 2010 con 82,2%. Ni con los de cifras más bajas en matrícula: 2010 con 814 y 2013 con 479. Este último caso es el único en que coincide el segundo año más violento con la cifra más baja en matrículas.

Los niños no abandonaban el colegio, pero allí pasaban momentos angustiosos y debían aprender, además a proteger sus vidas. Todavía lo hacen, pues la profesora dice que no pueden dejar de hacer simulacros, sobre todo porque puede haber artefactos explosivos sin detonar.

Temen una paz pasajera

Gabriel Paví es el gobernador del Cabildo indígena de Toribío. Cuenta que la gente está construyendo y mejorando sus casas en el pueblo pues ya no hay tomas que echen a perder el esfuerzo, pero teme que la paz sea pasajera, que no haya la inversión social y económica suficiente para que el pueblo progrese y que otros grupos armados ocupen el espacio dejado por las Farc o que milicianos se dediquen a la delincuencia.

“Sembrar marihuana resulta mejor que otros cultivos. La libra está a unos $150.000, mientras que la arroba de café está alrededor de $70.000. Además, por el jornal recogiendo café pagan $15.000 el día, mientras que por desmoñar una sola libra de marihuana pagan lo mismo”, compara.

He ahí la explicación de la proliferación de los cultivos de marihuana en los alrededores del pueblo. Paví cuenta que, en su mayoría, son cultivos en invernadero, con sistemas de riego y que por la noche los alumbran con bombillos, todo esto para mejorar la calidad del producto.

No hay una voz oficial que lo diga, pero el secreto a gritos en Toribío es que la empresa de energía quita el servicio de noche porque los dueños de los cultivos se conectan ilegalmente al sistema.

La sombra de nuevas violencias generadas por los cultivos ilícitos y por las viejas heridas que aún no cierran del todo, son los motivos que ahora tienen los toribianos para temer que la oscuridad regrese a su municipio.