Pasar al contenido principal
Miércoles, 07 Marzo 2018

Los obstáculos a los que se enfrenta la bancada de mujeres

Por Camila Osorio

La rama legislativa colombiana sigue sin cumplir las cuotas mínimas de participación de las mujeres. Estas elecciones no son la excepción. La agenda de género tampoco ha estado dentro de sus prioridades. Análisis.

El saliente Congreso que se renueva el próximo 11 de marzo sigue en deuda con la inclusión de las mujeres en la política. También con una agenda de equidad. De 268 parlamentarios electos en el 2014, tan solo el 20% fueron mujeres, lejos de cumplir con el 30% al que aspira la ley de Cuotas que rige en el país desde el 2000.

A esta falta de participación de las mujeres, se suma que de las 56 congresistas, al menos 14 no buscarán su reelección para el período 2018-2022. Entre las más conocidas están Claudia López (Alianza Verde) y Viviane Morales (antes partido Liberal, ahora por el partido Somos), que decidieron lanzarse a la vicepresidencia y presidencia, respectivamente, y Thania Vega (Centro Democrático), quien cedió su postulación a su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, absuelto por la Corte Suprema por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia.

Esta investigación revisó lo que hizo el saliente Congreso para tramitar leyes e iniciativas que le dieran un vuelco a la discriminación contra las mujeres y les garantizara un mayor acceso a la política y a cargos públicos. De igual forma, verificó e identificó el rol que tuvieron las congresistas en los debates más álgidos que vivió el país en los últimos cuatro años.

También se revisaron las listas de aspirantes al nuevo Congreso para constatar si los partidos políticos cumplieron con la ley de Cuotas. Este es el resultado.

Las listas, al límite

El panorama de participación de las mujeres en el próximo Congreso no es alentador. Como ha sido la costumbre, la mayoría de partidos tratan de cumplir con el mínimo de cuotas en sus listas, pero no son una prioridad.

Según datos de la Misión de Observación Electoral -MOE- publicados en El Tiempo, de los 2.730 candidatos inscritos, 943 son mujeres, lo que representa un 34.5%. Pero solo el MIRA y el Partido de La U, sobrepasan ese porcentaje cuando se analiza su lista a Senado, mientras que el resto tienen en sus listas el 30% obligatorio de mujeres (Polo, Centro Democrático, Alianza Verde, Farc, Partido Liberal y Conservador).

En su lista al Senado, el partido de La U incluyó mujeres en un 50%, aunque la mayoría de ellas no son cabeza de lista (a excepción de la senadora Maritza Martínez). La lista del MIRA, que ha sido reconocido en elecciones pasadas como el partido más incluyente, este año tiene el 60% de mujeres.

Pocos consensos

Ser mujer no garantiza que se trabaje en una agenda género ni en conjunto con la bancada de mujeres. Al revisar el trabajo de las congresistas en los últimos cuatro años se evidencia que llegaron con propuestas radicalmente distintas y hubo pocos proyectos que lograron unirse. Sin embargo, en lo que sí coinciden es en la necesidad de una mayor participación política para ellas.

La bancada de mujeres defendió de forma conjunta tres propuestas que podrían facilitar el acceso a cargos políticos. La más importante exigía a los partidos que aumentaran el número de mujeres en sus listas: 40% para las elecciones de 2022 y 50% para las de 2026.

Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, que apoya a la bancada con proyectos de ley relacionados con el tema de género, afirma que, en el papel, todos los congresistas se comprometieron con esta agenda, pero a la hora de las votaciones la realidad fue otra. “Ningún hombre fue capaz de decir no a la paridad, pero luego se ausentaron en la votación”, agregó.

El proyecto arrancó en el Senado con el apoyo de todas las congresistas y logró ser aprobado en primer debate. “Pero en el momento de las votaciones, a algunos hombres les costó apoyarla,” dijo la representante por el Partido Liberal, Clara Rojas.

La iniciativa tuvo otro traspiés cuando se sumó al debate de la reforma política, que terminó hundiéndose en la última legislatura. “Las mujeres del Centro Democrático se oponían a toda la reforma del Gobierno, entonces no votaron,” añadió Rojas.

La bancada de mujeres también apoyó un proyecto para que fueran obligatorias las comisiones especiales para la mujer en concejos y asambleas (aún no aprobado); otro que proponía crear un Ministerio para la Mujer (archivado) y, apoyó la iniciativa para crear la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, aunque el Gobierno se demoró en nombrar a una directora, como lo denunció entonces la senadora Claudia López en audiencias públicas.

Viviane Morales, la polarizadora

A la falta de equidad de género en el poder político, se suma que la bancada de mujeres sufrió de la misma polarización que vive el país por cuenta del proceso de paz con las FARC. En especial, por dos hechos políticos: la campaña por el NO al plebiscito para el acuerdo de paz y la llamada ideología de género, fundamental para que los colombianos no refrendaran el primer acuerdo que firmó la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el centro del debate estuvo la senadora por el partido Liberal, Viviane Morales. Ella fue la creadora del proyecto para realizar un referendo que buscaba impedir la adopción de niños a las parejas homosexuales y a madres solteras. El proyecto, que finalmente se hundió, no sólo dividió al país sino también al grupo de congresistas.

“Morales fue de las mujeres que lideró la iniciativa de Ley de Cuotas al Congreso hace muchos años,” dijo Angélica Bernal, profesora de Ciencia Política en la Universidad Tadeo Lozano. “Incluso cuando llegó a la Fiscalía, fue celebrada por ser la primera mujer”. Las organizaciones de mujeres también celebraron sus esfuerzos por investigar crímenes sexuales; así como cuando, en 2011, se opuso a lo que se denominó “populismo punitivo” en el proyecto de la senadora Gilma Jiménez, que proponía cadena perpetua a violadores de niños. “Era vista como una política progresista, hasta que llegó el referendo de adopción,” dijo Bernal.

Esta propuesta no sólo dividió a la bancada de mujeres, sino que alejó a las organizaciones de mujeres que trabajan con las congresistas y que han sido fundamentales para crear proyectos a favor de la equidad de género. “Indudablemente, sus posiciones sobre las parejas del mismo sexo y la ideología de género alejaron a las activistas,” dijo Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres.

El proyecto logró llegar a la Cámara para su tercer debate, pero finalmente se hundió cuando la representante Angélica Lozano logró el apoyo de sus colegas. “Por muchos meses hice sondeos a la posición de cada uno en mi comisión y fortalecí mi relación con ellos discutiendo otros proyectos. En esto funciona mucho el colegaje”, dijo Lozano.

Todo este debate dejó al descubierto las distintas posiciones de género en la bancada de parlamentarias y en el Congreso. Cuando se trata de temas LGBTI, “hubo muy poca iniciativa,” dijo Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Sánchez calificó el Congreso como un espacio que “no es seguro” para este tipo de iniciativas que confrontan al país conservador con las minorías.

“En el Congreso, si se trata de iniciativas sobre mujeres que no reten la idea de familia tradicional de papá y mamá, se pueden pasar. Pero si lo enfrentan, no pasa. El Congreso es conservador y dogmático,” dijo la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo.

Una agenda tradicional

Otros proyectos que fueron presentados al Congreso y que proponían mejorar las condiciones y derechos de las madres colombianas consiguieron más fácilmente el apoyo de la mayoría de las bancadas.

La senadora Clara Rojas, del Partido Liberal, logró que se aprobara la creación de salas amigas para las mujeres lactantes en entidades privadas y públicas. Ahora quiere que se apruebe otra iniciativa que refuerce los derechos de las mujeres durante el parto.

“Espero que ayude a las mujeres en zonas apartadas que rechazan la medicina como la conocemos nosotros, y puedan ser acompañadas por parteras si lo desean. Eso ayuda a que las mujeres accedan al sistema”, explicó Rojas. “Yo tuve mi hijo en la selva y por eso soy sensible a este tema”, agregó.

El Congreso también aprobó la iniciativa para aumentar cuatro semanas la licencia de maternidad, presentada por la representante del CD, Tatiana Cabello, y un proyecto que establece nuevos lineamientos laborales para las madres comunitarias que trabajan con el ICBF, presentado por el MIRA, pero que fue objetado por la Presidencia.

Otras propuestas que tuvieron apoyo tienen que ver con los derechos económicos de las mujeres. El congresista Mauricio Lizcano y el partido de La U impulsaron la reducción del número de semanas a cotizar para que las mujeres se pensionen más rápido (luego objetado por Presidencia argumentando una falta de sostenibilidad financiera), y las representantes del Partido Verde Angélica Lozano y Ángela María Robledo lograron que se aprobara el proyecto que reconoce el derecho de las trabajadoras domésticas a una prima de servicios.

El partido MIRA, por su parte, propuso prohibir las pruebas de embarazo como requisito para una entrevista laboral, y estabilidad laboral para las mujeres embarazadas con contratos de prestación de servicios. Y, la senadora de La U, Maritza Martínez, logró evitar que en la reforma tributaria se grabaran las toallas higiénicas y tampones con un 19 por ciento (quedó en 5 por ciento). “Todas las mujeres de la bancada me acompañaron,” aseguró Martínez.

Más populismo punitivo y menos política educativa

La senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien llegó al Senado en 2010 con una de las mayores votaciones que ha tenido una mujer, contaba con el apoyo de miles de personas que respaldaron su propuesta de hacer un referendo para imponer cadena perpetua a violadores de niños.

Jiménez no logró que se aprobara su iniciativa (falleció en 2013) pero dejó en el Congreso lo que se conoce como ´populismo punitivo´, el cual privilegia el castigo sobre otras formas de prevención del delito. Este enfoque sigue ganando adeptos cuando se trata de violencia sexual, incluyendo en la bancada actual de mujeres.

La senadora de La U, Maritza Martínez, por ejemplo, propuso la castración química para los violadores de menores. “Presenté ese proyecto escéptica, pero fue aprobado en la Comisión Primera de Senado rápidamente,” contó. Otro proyecto de su autoría, que buscaba imponer sanciones no penales a padres que no cumplan a tiempo con las cuotas alimentarias, avanzó pero con mayor lentitud.

Los ejemplos de proyectos que privilegian la mano dura son múltiples. Desde el partido Conservador, la senadora Nadya Blel propuso inhabilitar políticamente a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores. Un proyecto que impulsó el MIRA aumentó las penas a aquellos que atacan a las mujeres con ácido. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, intentó que se prohibiera la maternidad subrogada con fines de lucro. Y, finalmente, desde el Partido Liberal, la representante Clara Rojas buscó penalizar a los hombres que pagan por prostitución.

En el tema de violencia sexual, que es un problema recurrente que enfrentan las mujeres, las soluciones son difíciles de aplicar y por eso no es fácil conseguir un apoyo diferente al de la línea dura. Pero más penas no implica, necesariamente, menos crímenes, coinciden los expertos en seguridad, sobre todo si no hay institucionalidad que haga cumplir nuevas normas.

La bancada de mujeres que llegue al Congreso este año traerá caras conocidas y otras nuevas. Pero tanto las primíparas como las que repitan, ya sea que busquen más poder político o repensar el rol de la mujer en la sociedad colombiana, se encontrarán con un muro.

* Camila Osorio: Politóloga, periodista y miembro del equipo editorial de la revista The New Yorker.

Jueves, 24 Mayo 2018

Petro: ¿Paneles solares en los techos de la Costa Caribe?

Por María José Pereira

El candidato de Colombia Humana propone pasar de la energía eléctrica a la solar. Analizamos, junto con expertos, la viabilidad de hacer realidad esta promesa a través de paneles solares en las casas de la región Caribe.

Por María José Pereira *

Una de las propuestas base de la campaña de Gustavo Petro es la instalación de paneles solares en los techos de las casas del Caribe para generar energía limpia. Lo propuso en el debate Caribe que se realizó en la Universidad del Norte, en Barranquilla, y lo ha dicho por Twitter en al menos dos ocasiones.

 

 

 

 

 

La energía solar puede parecer como una excelente respuesta a la búsqueda de fuentes de energía diferentes a las del petróleo y el carbón. Sobre todo en un país que tiene índices de radiación solar por encima del promedio mundial. Según un estudio realizado por el Instituto de Hidrología, Metodología y Estudios Ambientales (Ideam) en convenio con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Colombia tiene un promedio diario de 4,5 kilovatios por metro cuadrado, mientras que el promedio mundial se encuentra alrededor de 3,9 KW. Las regiones con mayor incidencia solar son La Guajira y la Costa Atlántica.

Además, en el país se encuentra vigente la Ley 1715 de 2014, que se creó con el objetivo de promover el uso de fuentes no convencionales de energía dentro del sistema energético colombiano. Esta ley cuenta con una variedad de incentivos, incluyendo el artículo 12, que establece que todos los equipos y servicios que se destinen a la inversión de energía no convencional estarán excluidos del IVA.

No obstante, al revisar la literatura del tema y después de consultar con expertos, la propuesta del candidato tiene varios obstáculos que dificultarían su ejecución en el corto y mediano plazo. Oscar Narváez, gerente general de Sun Supply, empresa que diseña e instala sistemas de energía solar, explica que el problema con la propuesta del candidato de Colombia Humana es que, “la red eléctrica de la región no está preparada para un proyecto como este; tendría que ser más estable para enviar energía y recibirla.” Actualmente existen problemas con enviar energía desde la central, si cada hogar empieza a hacerlo, el daño puede ser muy grande. Además advierte que, “un cable sin calibre adecuado puede producir incendios.”

Ahora bien, también se podrían emplear paneles solares que en vez de estar interconectados con la red eléctrica funcionen con baterías. El problema es que, en promedio, la vida útil de una batería es de 7 años y el costo de estas compone el 30% de la inversión inicial, lo cual no hace muy rentable comprarlas cada 7 años, advierte Narváez.

Y a diferencia de paneles interconectados con la red eléctrica, los que funcionan con batería requieren de un estudio personalizado antes de su implementación. Es decir, que antes de instalarlos hay que conocer cuánta energía se consume en cada casa, la posición geográfica en donde se van a montar los módulos, la irradiación que recibe el lugar donde se desea instalar (tejados, paredes, etc.) y dimensionar tanto el número de paneles necesarios, como el número de baterías. Todo esto para evitar que la energía generada sea mayor o inferior a la necesaria. En el caso de los paneles que no usan batería esto no es relevante, puesto que, si falta energía, esta se complementa con la energía de la red eléctrica y, si sobra energía, los paneles mandan el excedente a través de la red.

En el caso de Cartagena, Edgar Brazón, doctorado en Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), advierte que el viento podría ser un factor que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar que tipo de paneles a instalar. Porque, aunque los paneles solares, bien instalados, pueden soportar vientos fuertes, la sal marina del viento en Cartagena puede corroer el metal de los paneles, a menos que se compren paneles resistentes a la corrosión.

También hay que tener en cuenta que la energía solar tiene un limitante, la noche. No es posible depender únicamente de este tipo de energía, pues los paneles solares comunes no producen en la oscuridad. Y, si bien podrían almacenar energía en las baterías, ya se establecieron previamente las complicaciones con este tipo de paneles que resultan inviables en términos financieros.

Para Oscar Narvaez, una solución podría ser la creación de una red inteligente que permita un dialogo bidireccional, en donde es posible un intercambio de energía entre la empresa proveedora y los clientes, más específicamente una red inteligente basada en energía solar e hidroeléctricas. Sin embargo, esto sería un proyecto muy a largo plazo y no algo que se pueda realizar en cuatro años, pues actualmente, según datos de la Cámara Colombiana de la Energía, menos del 3% de la energía de Colombia proviene de fuentes renovables no convencionales.

Con respecto al costo de un proyecto como este, es imposible determinar con certeza cuánto le costaría al Estado, ya que se desconoce la cantidad de viviendas en la Costa Caribe que serían aptas para el proyecto. Instalar un sistema fotovoltaico (con los paneles solares y todo lo necesario incluido) interconectado a la red eléctrica en una casa sencilla, sin aire acondicionados, costaría aproximadamente 14 millones, según Narváez.

Un estudio hecho por especialistas de la Universidad Católica de Pereira calcula la inversión inicial en $ 34 millones, recuperables en 13 años, con una proyección de ahorro del 32,74 % en los pagos de facturas de energía, a 30 años.

 

 

Colombiacheck contactó a la campaña de Gustavo Petro para saber cómo planea el candidato sortear estos obstáculos, pero no fue posible obtener una respuesta.

* María José Pereira: Estudiante de periodismo de la Universidad del Norte. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.