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Domingo, 13 Agosto 2017

Mujeres indígenas en las mil y una luchas

Por Constanza Bruno

Esta es la historia de varias mujeres indígenas que viven en el norte de Antioquia, cuyas vidas se entrelazan y hacen visible la tensión que existe entre sus deseos de superación personal y la necesidad de conservar sus tradiciones ancestrales. Como telón de fondo el machismo silencioso de sus compañeros y el olvido 'ancestral' del Estado colombiano.

A las seis de la mañana se despierta Isabel y se apresura para llegar temprano a la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, de Ituango, Antioquia, donde cursa séptimo grado de bachillerato. Ella es hija de una madre soltera que lucha por sacar adelante a su familia.

A su llegada al colegio recibe besos y abrazos de varios de sus amigos, entre quienes goza de mucha popularidad. En el mismo salón se encuentra Yuliana Dumasá, perteneciente a la etnia Dóbida, que tiene su resguardo en Vigía del Fuerte (Urabá antioqueño). Entre alumnos con uniformes a cuadros, ella llega al aula muy tímida, vistiendo una colorida paruma (burubá) y adornando su cabeza con el chindau, una especie de sombrero forrado en cintas. Resulta una odisea sacarle una palabra de su boca.

Mientras Yuliana se esfuerza por aprender una segunda y tercera lengua (español e inglés) en un colegio no étnico, lejos de su territorio, tres mujeres embera eyabida, acompañadas de sus hijos y maridos, se sientan a descansar en las gradas de la parroquia Santa Bárbara, ubicada en el parque central de Ituango.

Una turista, fascinada por los colores de las parumas, les pregunta de qué resguardo provienen. Ante tantas preguntas sin respuestas, un hombre indígena les explica que ellas no saben hablar en español. Tal respuesta indignó a la visitante, quien contra preguntó: “¿Usted por qué sí sabe?”. El hombre le contestó: “Porque nosotros salimos más que ellas del resguardo”. La forastera, algo molesta, no comprende por qué en pleno siglo XXI las indígenas colombianas siguen sin dominar el castellano.

Aunque Ituango es un municipio con un atraso histórico con respecto al resto del país, ni qué decir del mundo, las mujeres no étnicas se están criando en la actualidad en un ambiente de madres solteras.

María Victoria Zapata Yépez, rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, asegura que en esta localidad son las mujeres las que lideran la crianza de los hijos y el sostenimiento de las familias. Esto ocurre, según dice, en una proporción del 80% con respecto al total de habitantes del municipio.

Caso contrario sucede con las indígenas del resguardo Jaidukamá, que son constantes en el proceso de crianza, pero las oportunidades para ambas poblaciones femeninas son distintas. Las no indígenas se levantan con más posibilidades para estudiar, trabajar y cuentan con hogares de bienestar y de interacción social. De estos precisamente carecen las indígenas porque la socialización y las relaciones interpersonales, según la docente, están llenas de vacíos.

En la subregión Norte del departamento de Antioquia se encuentra el municipio de Ituango, con una población que supera los 20.996 habitantes. Según el Dane (2005), de estos el 0,2% representa a la población indígena que se concentra en el resguardo Jaidukamá, ubicado a quince horas de la cabecera urbana, lejanía que se ha convertido en la principal barrera para su desarrollo. “Los indígenas de Ituango no son los que levantan la mano para participar donde tienen la opción, en cultura o educación”, explica Zapata.

En el resguardo habitan alrededor de 334 indígenas (175 mujeres y 159 hombres). El territorio cuenta con una escuela donde se cursa hasta quinto grado de primaria y con dos docentes nativos de la zona. Quienes deseen ser bachilleres tienen que salir del pueblo hacia el corregimiento La Granja o la cabecera urbana de Ituango.

Desde el 2007 la institución educativa está recibiendo indígenas interesados en terminar el bachillerato. Se han graduado hasta hoy cuatro hombres y ninguna mujer, cifra que revela la complejidad de la situación de las mujeres embera en su formación académica. “Lo que más peso tiene esta historia son los celos de los hombres, que no las dejan salir. Puede que haya dificultades económicas, pero temen soltarlas para que aprendan. No tienen confianza en el comportamiento personal e individual de ellas y prefieren concentrarlas en el resguardo”, sostiene Zapata.

Actualmente solo hay una mujer estudiando bachillerato en Ituango y es precisamente Yuliana, pero no pertenece al Jaidukamá. Su padre, que es docente de ese resguardo, la matriculó en el Municipio. “Este año tuvimos una chica cursando acá y podríamos decir que en el próximo la graduaríamos, pero ocurrieron situaciones adversas en el tema económico de su familia que no permitieron su permanencia. Además hay un celo por parte de los padres en soltarla para que realice sus estudios por fuera del núcleo familiar. La posición machista insiste en que las niñas deben estar en el resguardo realizando las labores domésticas y las han marginado de profesionalizarse. Esperamos que Yuliana se gradúe”, explica la rectora.

Del resguardo Jaidukamá solo una mujer se ha graduado de bachiller y es Marlene Domicó, quien aprendió español porque a los catorce años se escapó y se fue para Medellín. “En 1993 salí por locuras mías, me dio por irme a pasear donde un tío, quería conocer. Cuatro años después regresé. Desde el 2011 soy líder y como las mujeres no saben hablar el español y no salen, me designan para que reciba capacitación en temas de género”, cuenta la embera eyabida.

Marlene nunca ha escuchado la palabra género entre las mujeres de su resguardo, pero asegura que proviene de la identidad sexual del hombre y la mujer. Define la igualdad de género como los derechos que tiene para gozar de libertad, de hablar en público, estudiar y capacitarse. “Yo diría que ellas no son conscientes de que tienen tales derechos, sobre todo las que tenemos esposos, que debemos estar allí sumisas. A mí me molesta ser sumisa”, manifiesta la lideresa.

La mayoría de las mujeres en el resguardo han parido muchos hijos, pero Marlene solo tiene uno y no quiere concebir más. No desea repetir la historia de su madre y su hermana, quienes tuvieron doce. Ahora vive en la casa indígena de Ituango con su esposo Delio Domicó y su hijo. Les ayuda a los indígenas que llegan a diligenciar el registro civil o la cédula de ciudadanía, trámites que resultan complejos por no saber el castellano. “Las mujeres empezaron a cedularse solo hasta el año 2000. Mi madre se murió sin obtener su documento. Es tan necesarios para todo. Recuerdo que a los 18 años mi padre me llevó a diligenciar el registro y de inmediato tramité la cédula”, dice.

En época de elecciones son muchas las mujeres que salen del resguardo a hacer valer su derecho al voto porque quieren vivir la experiencia democrática. “La verdad ni siquiera sabemos pa’ qué votamos, eso da rabia”, reclama Marlene, quien piensa que la diferencia que hay entre las mujeres del resguardo y las de Ituango es la educación, esa que el Estado colombiano no ha implantado en su territorio.

Pero sí ve que los hombres del resguardo salen con facilidad a estudiar al pueblo. Es el caso de su esposo Delio Domicó, líder de la comunidad indígena, quien actualmente estudia en el Sena, institución donde hoy se capacitan tres hombres del resguardo y ninguna mujer.

Si para las mujeres de Ituango es complicada la participación en política, mucho más lo es para las indígenas. Este municipio tiene cinco concejalas, a las que les hace falta mucha formación. “Ellas llegaron a esos cargos por una cuota política o por azar, no representan a las mujeres como tal, por eso estamos trabajando en un proyecto para evitar que eso siga sucediendo”, señala Luz Miriam Mazo Ortiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango.

Mazo admite que en toda su historia, la comunidad de Ituango ha vivido de espaldas a los indígenas del resguardo Jaidukamá. “Nos han enseñado que son un mundo aparte y no tienen la capacidad para trabajar con nosotras. Siempre hemos esperado la oportunidad, sobre todo ahora que estamos en la construcción de la política pública para las mujeres. Queremos que entren a participar, pero no sé hasta qué punto es bueno cuando ni siquiera sabemos si tienen cédula de ciudadanía y mecanismos para elegir a sus esposos, no queremos violentar su cultura”, manifiesta.

El resguardo Jaidukamá lleva más de 30 años con una escuela de primaria que construyeron sacerdotes de la Iglesia Católica. Luego entraron las religiosas de la Hermana Laura que enseñaron la lengua española a los primeros nativos. Delio Domicó admite que en su territorio nunca se ha trabajado el tema de la igualdad de género. “Nosotros no lo hemos analizado. A ellas se les invita a que acepten las capacitaciones, pero dicen que no pueden, no asisten o no son capaces de salir solas. Les da miedo entrar a estudiar en un colegio normal porque no entienden el español”, considera el líder.

Hasta el momento una indígena nunca ha ocupado un alto cargo dentro del resguardo. Solo lo han logrado como guardias para la vigilancia de la seguridad interna. Tampoco ha pensado que una mujer llegue a tener un nombramiento en el cabildo. “Si quisieran trabajar no habría ningún problema, pero ellas piensan que no tienen esa capacidad, entonces no lo asumen”, agrega Delio.

Ana Teresa Vergara Casama, de la etnia Embera Dóbida, originaria del municipio Riosucio en Chocó, es hoy consejera de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, y la encargada del tema de mujer indígena en el departamento. Lidera una lucha para empoderar a las mujeres porque, contrario a lo que considera Delio, la apatía que muestran ellas es motivado por el machismo.

Para llegar a consejera, Ana Teresa ha afrontado dificultades. A los cinco años, en su pueblo no había escuelas y el que quería estudiar tenía que abandonar el resguardo. Esa fue la decisión que tomó su madre Delia Casama, quien la llevó a un pueblo afro, donde creció y estudió primaria y bachillerato.

Cuando se agudiza el conflicto armado, las Farc se enteran de que Delia y su esposo tenían seis hijas. Empiezan a pedirles que tres de ellas ingresen a las filas. Justo en ese momento se pone en marcha la operación Génesis, que le permite al paramilitarismo tomar el control de la zona.

Ante esta situación, su madre presta 200.000 pesos para trasladarla a una casa de paso en el Urabá antioqueño, donde llegaban indígenas de Antioquia, Córdoba y Chocó, que no hablaban español. Ana les colaboraba en la traducción para hacer sus diligencias en el hospital, y a cambio ellos le pagaban algo de dinero. Los embera de Eyabida vieron en ella una líder, a quien le proponen ser docente mientras estudiaba de noche. Su lengua nativa desaparece, pero debió aprender otras para sobrevivir.

La noche del 2 de agosto de 1999 en el resguardo de Chigorodó, las Farc asesinaron al gobernador, a la candidata maestra y al médico tradicional. Tuvo que salir huyendo de los violentos y renunciar al cargo de líder del movimiento indígena. Entró a estudiar licenciatura en educación en una universidad de Turbo, donde es nombrada secretaria del cabildo. Allí estuvo ocho años trabajando con mujeres que denunciaban a sus maridos por abandono de hogar y maltrato.

Este año asumió el cargo de consejera de la OIA. Ella y otra mujer asumen este liderazgo entre un grupo de diez hombres. Para llegar donde está hoy fue fundamental su formación académica y política. “El liderazgo de las mujeres en Jaidukamá es invisible porque no están formadas. Todavía encontramos padres que dicen que la educación es para los hombres”, explica Vergara.

Autonomía sin avances

Como consejera Ana tiene claro que las decisiones tomadas en los congresos son la línea de mandato en el tema de equidad de género. Desde la cosmovisión indígena se piensa que el feminismo ha hecho grandes aportes, pero no se considera feminista porque tiene claro que el mundo indígena es dual.

Si bien las autoridades indígenas y la Constitución Política les facultan que son autónomos para ejercer las normas y liderar procesos educativos en los territorios, es una autonomía que por falta recursos no avanza. “Podemos tener un manual de convivencia interno, pero si no tenemos cárceles, lugares adecuados y cepos, para ir aplicando justicia, nos estamos quedando en el papel y la lista de violencia y violaciones está ‘superlarga’ en los territorios indígenas”, advierte la Consejera.

En Antioquia hay 204 comunidades indígenas y no todas tienen manual de convivencia. En algunas hay procesos más avanzados, en otros son incipientes. Son reglamentos de papel y de nombre. “Donde hay un poco de avance es donde se están dando sanciones. Por ejemplo, a las mujeres que abortan de manera irresponsable. Personalmente pienso que si es fruto de una violación la mujer debe abortar, pero si se trata de una sexualidad irresponsable debe asumirla con castigo. Este es un tema tabú. Una mujer lesbiana o un hombre indígena con diferente orientación sexual son aislados y objetos de burlas, abusos y exclusión”, argumenta la lideresa.

En los resguardos como el Jaidukamá, los manuales de convivencia tampoco se aplican, pues los castigos para hacer respetar los derechos de las mujeres no se cumplen. “Allí hay un problema de gobernabilidad y eso es generalizado”, indica.

Consejero admite machismo

No todos los hombres indígenas admiten su machismo, pero a Juvenal Arrieta, consejero de la OIA de Antioquia, le ha tocado hacerlo, luego de que recibiera capacitación con enfoque de género, espacio en el que compartió experiencias con mujeres de otros países. Este embera Chamí, de descendencia Zenú, reconoce el esfuerzo de las mujeres por ganar una batalla de inclusión y reconocimiento, primero al interior de las organizaciones. “El año pasado en el congreso de los pueblos indígenas de Antioquia, se logró incluir dos consejeras. Se aprobó que en adelante la participación de ellas sea del 50-50 en los distintos escenarios. Me decían los hombres que eso es ilegal, que se estaban rompiendo los estatutos, que los que votaban son los cabildos y gobernadores, pero les expliqué que esto fue el resultado de un acuerdo en Caucasia”, cuenta el líder.

Para que sea un escenario de equidad y equilibrio y no de equidad y conflicto entre hombres y mujeres, Juvenal y Ana Teresa, como consejeros, aplicarán estrategias de sensibilización en los territorios, una de ellas es trabajar el tema de las nuevas masculinidades que tienen que ver con el rol de los hombres indígenas de hoy. “Tenemos que mirar lo que somos y poner en perspectiva de lo que éramos. Antes cuando era niño nuestros padres no cambiaban un pañal porque era asunto de mujeres; hoy lo hacemos, cocinamos y lavamos la ropa. Uno ve que hay una manifestación de afecto, abrazamos y besamos públicamente, antes era una cuestión privada. El hombre iba adelante y la mujer atrás; mientras íbamos libres, la mujer cargaba el canasto y el bebé. Ella ahora interpela la decisión del hombre”, explica el embera chamí.

Sin embargo, para Juvenal es importante discutir esos nuevos roles y los derechos sexuales y reproductivos. “Hablo mucho sobre el tema de la esterilización en las indígenas; la creación de unos prototipos de mujer, como las que se operan los senos y las nalgas, o las que no quieren darle pecho a sus bebés, sino tetero porque se les caen los senos. Conozco mujeres nuestras que dicen: yo con indígenas no quiero nada”, explica.

Otro tema que se discute está relacionado con el alto mestizaje que se dio en el conflicto armado. Muchas nativas se han desencantado de los indígenas y han tenido hijos de guerrilleros, paramilitares, ingenieros, policías y soldados. “Cuando surgen problemas familiares porque son hijos de gente transitoria, entonces allí sí es importante el indígena. Podría decir que estamos viviendo un derecho de pernada (permiso que se atribuyó al señor feudal para yacer con la esposa del siervo en su noche de bodas), sino hacemos nada. Cuando eso se convierte en un problema de desarraigo y de pérdida de identidad, creo que sí se tiene que discutir. Este es el debate fuerte que tengo con las mujeres porque creen que me estoy metiendo en un tema de intimidad. Yo no discuto la autonomía de la mujer sino lo que eso genera en perspectiva familiar y cultural”, advierte Juvenal.

La voz de la antropóloga indígena

Pero hay una voz que se escucha muy alta en los pueblos indígenas y es la de la antropóloga Dayana Domicó, quien ante la falta de oportunidades en su resguardo, ubicado en Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, se fue en 2012 a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia. Hoy está a cargo de la coordinación de Jóvenes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y trabaja en conjunto con la Consejería de Mujer, Familia y Generación.

“Lo importante no es resaltar que seamos antropólogas o abogadas, sino destacar el conocimiento. Debemos tener claro si hablamos del ámbito académico o el formativo desde las comunidades. Si nos referimos a este último podemos decir que ellas no brindan títulos académicos, pero dan otro tipo de conocimientos que la academia nunca va a otorgar”, explica.

La antropóloga propone que antes de sacar a las mujeres de los resguardos para que se capaciten, primero se les consulte quiénes quieren salir porque para los indígenas existe otro tipo de formación. “Cuando estaba pequeña mi abuela me contaba historias, es decir, me formó sin ella tener un título. Esta es la formación que las mujeres tienen en Jaidukamá y eso hace que los pueblos indígenas pervivan en el tiempo”, explica Dayana.

Para que ellos accedan a la academia hay que sacarlos del territorio y llevarlos a un lugar para que estudien sociales, matemáticas y medicina, que en los pueblos indígenas tenemos en forma tradicional. “Hay indígenas que dicen que la gente sale a estudiar y regresa al resguardo más bruta. A la hora de la verdad, en vez de ser ganancia, se vuelve pérdida de una identidad cultural o de desarraigo para el pueblo. Por eso el tema de identidad cultural está tan débil en los territorios, pero para eso están las mujeres que son las replicadoras del conocimiento”, sostiene la antropóloga.

Considera que no hay que sacar a las mujeres de su territorio para fortalecerlas. Lo ideal es que ellas lo hagan desde sus resguardos. Propone que el Estado, la academia o las instituciones lleguen al resguardo para aprender otros temas. “¿Quiénes son los que nos van a fortalecer y cuáles son las garantías que tenemos para salir del territorio? Pero que no pase lo que ocurre en estos días que llegan personas del Ministerio del Interior y de la Consejería Presidencial para la Mujer a empoderar a las mujeres, y resulta que terminan empoderándolas muy mal, armando una guerra en el resguardo y en sus familias”, manifiesta Dayana.

Para la líder, el tema educativo es un problema de abandono estatal y considera que a estas alturas la nación embera, ya debería tener universidades en sus territorios, por lo menos, colegios de bachillerato. “En Antioquia los indígenas tienen posibilidad de entrar a las universidades públicas, pero en mi región es difícil que ingresemos a la Universidad de Córdoba. Las políticas que tiene la academia no están pensadas para los pueblos indígenas”, sostiene.

La rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina coincide con Dayana, cuando habla de la desatención del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno Departamental. “La administración de Fajardo propuso la creación de unas cartillas en embera para las comunidades en Antioquia, pero quienes tuvieron acceso a ellas fueron los indígenas de Cristianía, que son muy partícipes en la vida política, pero a la de Jaidukamá, nunca llegaron. Esa producción iba ayudar a que los pueblos se empezaran a apropiar del lenguaje y aquí en la institución podíamos tenerla como una asignatura optativa”, explica la rectora.

Aunque es una buena iniciativa pensar en impartir la enseñanza de la lengua embera en los colegios estatales, Dayana considera que se debe tener restricciones porque podría ser un mecanismo de aprovechamiento para favorecer a los no étnicos y se excluirían más a los pueblos indígenas.

Contrario a lo que se piensa, para la joven antropóloga, no es malo que ellas no aprendan el español porque se trata de un asunto de resistencia. “Yo aprendí a hablarlo a los 12 años y fue porque me tocó estudiar en el pueblo, pero las mujeres son las que menos lo aprenden porque están todo el tiempo en sus casas”, asegura Dayana.

Términos no existen en el glosario indígena

En la lengua embera hay palabras que no tienen traducción y el mundo de occidente les impone términos a los indígenas que no se traducen literalmente sino que se deben desglosar. Para Dayana esto es ponerles más patas a la mesa. Por ejemplo, el término género no existe en la lengua embera. Es una palabra que les toca implementar para entrar en el tema de inclusión y enfoque. “No sabría si es bueno o malo. En nuestro glosario tenemos las palabras hombre (humakira) y mujer (wēra) que en las leyes de origen, se unen y se complementan. Las nuevas masculinidades tampoco existen”, agrega.

Para que las mujeres indígenas de Jaidukamá dejen de vivir de espaldas a ellas mismas y sigan al frente de sus comunidades, tienen que despertar para emprender el reto de empoderarse en perspectiva de género, con el fin de salir de la enajenación, enfrentar la opresión, mejorar sus condiciones de vida, ocuparse de sí mismas y convertirse en protagonistas de sus vidas, tal como lo proponen los investigadores Benhabid y Cornet, y tal como lo vienen haciendo Dayana, Marlene, Ana Teresa y Yuliana, quienes desde sus espacios continúan la lucha como lideresas de sus pueblos, aplicando sus conocimientos ancestrales sin dejar de aprovechar los beneficios que les puede ofrecer el mundo occidental, y todo por defender los derechos de la wēra.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación se pubicó originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.
Sábado, 28 Octubre 2017

Guerrilleros emberá: entre la justicia indígena y la JEP

Por María Eugenia Velásquez

Los indígenas de Pueblo Rico, en Risaralda, recibirán a exguerrilleros de las Farc, pero antes tendrán que resolver la tensión entre su justicia y la que crea el acuerdo de paz. Además, ya tienen una experiencia que no ha funcionado como debería.

Como buena Emberá Chamí, Marta Lucía Guazuruma tiene 5 hijos y 30 nietos. En su juventud cumplió con la misión que la comunidad les encomienda a las mujeres de procrear para que la raza no desaparezca. Sus rasgos indígenas riñen un poco con su atuendo: en vez del tradicional vestido de colores vivos, collares y botas pantaneras, luce ropa ‘moderna’ y como pocas de su edad, habla español y se expresa con fluidez.

En el resguardo unificado San Juan en Pueblo Rico, Risaralda, Marta Lucía está aprendiendo a cultivar cacao y a fabricar los collares de chaquiras emblemáticos de los chamís. Pero más que aprender está reaprendiendo pues a sus 57 años ya olvidó lo que aprendió de niña, especialmente cuando cambió su cultura indígena por un fusil que le dio el Ejército de Liberación Nacional, ELN cuando la reclutó.

Como Marta Lucía, hay 53 exguerrilleros indígenas que están en el proceso de la reincorporación en ese resguardo y son un ejemplo de lo que podría ser el futuro de los indígenas que hicieron parte de las Farc. Algunos de estos últimos, volverían a su territorio en medio del proceso de justicia transicional que se está dando en el país, sin saber si responderán ante la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) o la Jurisdicción Indígena.

Los indígenas reincorporados de las Farc enfrentarán también el reto de las autoridades de su resguardo, encargadas de darle el ‘visto bueno’ a su retorno, que aún no ponen en práctica las tradiciones ancestrales para quienes han cometido lo que ellos llaman “actos de desarmonía”, como es haber pertenecido a grupos armados ilegales. Esto es algo por lo que Marta Lucía ya pasó.

En el año 2000, cuando ella entró a las filas de los ‘elenos’, esta guerrilla estaba en todo su apogeo en el occidente de Risaralda con el frente Cacique Calarcá. Como en pocas partes del país, este grupo armado compartía territorio con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), nacido en las entrañas de esta tierra selvática limítrofe con el Chocó; y también con las Farc, que posteriormente se desplazaron desde Antioquia.

Eran tantos los grupos armados que se repartían el poder entre ellos mismos hasta el punto de que en la vía que comunica Pueblo Rico con Guarato (Chocó) se turnaban los retenes extorsivos entre ellos para no cansar al transportador e incluso emitían un paz y salvo para confirmar el pago de la ‘vacuna’, como explica Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas.

El dominio territorial que las guerrillas comenzaron a tener con más fuerza hacia finales de los noventa, se ratificó con la expulsión de la Fuerza Pública en la toma al corregimiento de Santa Cecilia el 17 de marzo del 2000 a manos de las Farc. Allí, fue secuestrado el cabo de la policía José Norberto Pérez, uno de los casos más reconocidos nacional e internacionalmente pues su hijo, enfermo terminal de cáncer, suplicó ver a su padre antes de morir. El menor murió pocos meses antes de que mataran a su papá en cautiverio.

Mapa de resguardos indígenas en Risaralda

Tierras indígenas codiciadas por la guerra

Lo que a simple vista parecía una bendición de la naturaleza, se convirtió en el karma de los pueblos indígenas. Esta zona selvática de Risaralda, donde están sus resguardos, es rica en madera y las guerrillas aprovechan esto para cobrar una especie de ‘kilogramaje’ a cambio de permitir la explotación, agregó Zapata.

A esto se suma que los indígenas perdieron varios de sus territorios a causa de la minería. Dicha extracción se realizaba de forma artesanal hasta 1996, pero a partir de ese año la maquinaria y los agentes foráneos llegaron a territorios indígenas.

“No hicieron respetar su gobierno propio, su autonomía territorial y la confianza que tenían con las autoridades se perdió en gran medida. Así, fue inevitable que muchos indígenas empezaran a cambiar sus costumbres por la plata, el poder y muchos fueron reclutados por los grupos armados”, dice Zapata.

Mónica Gómez, directora de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda, hace una análisis distinto: “Los guerrilleros invadieron los territorios étnicos, reclutaron y utilizaron a los indígenas para transportar elementos ilegales. Por su parte, el Ejército estigmatizó a las comunidades al poner bajo sospecha su voluntad de no involucramiento en el conflicto armado”, declara.

La mezcla entre minería y explotación maderera facilitó el arraigo de los grupos armados en este territorio y con su presencia llegaron las amenazas a los líderes indígenas Emberá Chamí y Katíos. Incluso, algunos fueron asesinados. A Hugo González, gobernador indígena del resguardo de Mistrató, lo mataron tres encapuchados el 25 de julio de 2008. Y este no es el único caso.

Según el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la situación del pueblo indígena Embera Chamí ante el conflicto armado, en 2002 en Pueblo Rico mataron a Leonardo Caizales y a Lucelly Osorio en Villa Claret; y el 3 de agosto de 2007 fue asesinado Virgilio Guatiui, líder y miembro de la comunidad de Kundumi, en el Resguardo Unificado. Por su parte, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir) reporta además el asesinato de Fabián Esteban Queragama, Salvador Siagama, Álvaro Charicha Suzana y Javier Arce Queragama.

Si bien no existe una cifra exacta de cuántos indígenas se pusieron el camuflado de las Farc en Pueblo Rico y Mistrató, los registros del Batallón San Mateo del Ejército Nacional revelan que varios indígenas murieron en enfrentamientos, otros fueron capturados y 35 se desmovilizaron ante esa unidad militar. Ellos ahora forman parte de los beneficiados con los planes de reintegración del Gobierno (ver gráfica).

Indígenas desmovilizados ante el batallón San Mateo de Pereira (2007-2016)

(Desplázate con la flecha azul > abajo del mapa y haz clic en el chinche para ver el sitio de entrega)

Específicamente en Pueblo Rico, son 53 indígenas quienes decidieron volver a sus territorios tras una desvinculación individual de los diferentes grupos armados que hicieron presencia en la zona. Es por eso que mientras Marta Lucía recuerda cómo trabajar con chaquiras, Julio César Natura Restrepo labra su parcela de una hectárea para cultivar cacao. A él le asignaron este lote en el resguardo Unificado San Juan, cerca de su familia, tras concluir el proceso de desmovilización.

Volviendo al resguardo

A Julio César le ha costado volver al trabajo del campo después de ‘patonear’ el monte al lado del ERG, del frente Aurelio Rodríguez de las Farc y del ELN.

“Al principio fue muy difícil. El gobernador decía que no quería problemas, la familia sí me recibió bien. Ahora me siento muy alegre, con ganas de sembrar, tengo 200 palos de cacao y ya están dando productos. También voy adelante con mis estudios, estoy en noveno”, dice.

Algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar es que a su regreso, en 2015, encontró una comunidad con el mismo retraso que vivía cuando se fue en el 2002. Y es que para llegar al resguardo unificado hay que atravesar durante dos horas y media la vía destapada que va de Pueblo Rico a Puente la Unión, sorteando los derrumbes que amenazan en todo el trayecto. Luego, otros 15 minutos por una trocha a orillas del río San Juan.

En el resguardo, el punto de encuentro es una caseta comunal construida en guadua, tratando de conservar el estilo campesino para no reñir con el panorama. También hay una escuela con unos cuantos pupitres y algunos profesores que enseñan en la lengua nativa. No hay centro de salud ni mercado. La tienda más cercana está en el caserío de los afrodescendientes cerca a Puente La Unión. Y para que Marta Lucía y Julio César lleguen a sus casas, tienen que ir monte adentro a pie o a lomo de mula.

“Hemos tomado la decisión de recibirlos, pero deben asumir el mandato indígena, todo el reglamento, todo el estatuto, para que lleven un proceso de igualdad con nosotros. Desde que ellos estén dispuestos a volver a la vida normal, son bienvenidos a la comunidad”, afirma Martín Siágama, gobernador indígena del resguardo unificado San Juan.

Él explica que el temor es que los reincorporados lleguen a cambiar “la mentalidad” de los jóvenes que nunca han salido del resguardo. “Ellos tienen otra mirada, otra visión y la sociedad es diferente cuando se está armado. Así que la guardia indígena estará dispuesta a sancionarlos ante cualquier error que cometan”, sentencia.

Siágama explica además que como parte de su tradición de sanar la tierra y a las personas, el médico tradicional con apoyo de la naturaleza les hace una “una armonización” para sacarles “los malos espíritus que ellos traigan”. Se trata de una descontaminación espiritual mediante un ritual para que vuelva a relacionarse de forma armónica con la naturaleza.

Aunque dicha armonización es mandato del Crir, todavía no se ha hecho ningún acto de sanación, según Marta Lucía y Julio César. Al respecto, Siágama admite que no lo han hecho pues los 53 reincorporados provenientes de diferentes grupos armados “llegaron de un momento a otro, pero la comunidad sí lo está exigiendo”.

Este antecedente deja ver que no tienen muy definido qué comportamiento asumir ante esta realidad que se avecina.

Esto contrasta con la reinserción de guerrilleros indígenas que están practicando en otros resguardos. Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del tejido de defensa a la vida y derechos humanos de Çxhab Wala Kiwe de la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca dice que en su territorio ya hay comuneros que recibieron un ejercicio de justicia indígena. “No hemos juzgado ni guerrilleros ni militares, lo que hemos juzgado son comuneros indígenas y actos de desarmonía, por lo tanto la justicia indígena se seguirá aplicando en términos de posacuerdo. Lo que se le ha pedido a la Justicia Especial de Paz (JEP) es que respete ese ejercicio de justicia que han hecho las comunidades”, señala.

Indígenas capturados por el batallón San Mateo de Pereira

(Haz clic en las esposas para ver detalles de la captura)

Retos a futuro

Para las Farc y el Gobierno quedó claro en los acuerdos que los excombatientes nacidos en el seno del pueblo indígena no serán excluidos de la JEP por su condición étnica, aunque en el Acto Legislativo 01 de 2017 se aclaró que serán creadas salas para dirimir conflictos de competencia entre la JEP y cualquier jurisdicción, como podría ser el caso de la justicia indígena. En el Artículo 9 se indica que esta sala estará conformada por dos magistrados de las salas o secciones de la JEP y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena.

“Hay un debate a nivel de la JEI (Jurisdicción Especial Indígena) y JEP. Creemos que el derecho de hacer justicia, de ejercer ese proceso de armonización en el territorio por este tipo de hechos debe mantenerse. La justicia indígena ha sido más oportuna y eficaz y ha dado mejores resultados que la ordinaria”, agrega Capaz.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013 reconoce los límites de la jurisdicción indígena, pero también apoya con su jurisprudencia a las comunidades al afirmar que “en todo proceso penal debe tenerse en cuenta la condición de indígena en el momento de determinar el lugar y las condiciones especiales de privación de su libertad, independientemente de que no se aplique el fuero penal indígena, pues si esta no se tiene en cuenta, se afecta su derecho a la identidad cultural y su dignidad humana”.

Además de este debate interno entre las dos jurisdicciones, otro elemento que hace dudar sobre cómo será la reintegración de los indígenas guerrilleros es que las Farc piensan en un proceso colectivo que involucre a sus 14.178 integrantes, entre guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad. Actualmente, la mayoría de ellos está trabajando en proyectos comunitarios en los hoy llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que antes eran las 26 zonas veredales.

El plan de las Farc es seguir en la colectividad, aunque cada exguerrillero que no sea merecedor del indulto, debe someterse de forma individual a la Jurisdicción Especial de Paz, que está en proceso de reglamentación en el Congreso.

En cuanto a los indígenas, Pedro Baracutado, jefe del Espacio Territorial de Vigía del Fuerte, en Antioquia, asegura que la mayoría de estos excombatientes serán indultados o amnistiados e incluso abre la puerta para que cada uno tome la decisión personal frente al tipo de reinserción que prefiera.

“La antigua fuerza insurgente nunca hizo diferencias de razas al interior de la organización, todos fuimos tratados con los mismos deberes y derechos y el partido continuará con esta misma línea, solo que ya en esta etapa los integrantes del partido podrán decidir en qué lugar realizan la reincorporación: si en los Espacios Territoriales o si por el contrario deciden hacerlo en sus comunidades”, aclara Baracutado.

Un concepto similar emite Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, quien explica que los indígenas que fueron victimarios deberán ser procesados en igualdad de circunstancias que los demás miembros de la guerrilla. Sin embargo, aclara que “se espera que, como algo diferencial, al final ellos regresen a su pueblos y no a las zonas veredales. Se está preparando a las comunidades para una reculturización”, sostiene.

Sobre la prevalencia de la Jurisdicción Especial Indígena, Correa estima que el juzgamiento que hacen dichas autoridades tradicionales es un principio fundamental de la Constitución colombiana. “Si bien la JEP es prevalente, no se trata de que arrase la otra justicia, debe haber una articulación que todavía es un modelo por armar”, añade.

Sin duda falta que empiece a funcionar la JEP para saber cómo serán solucionadas las dudas o inquietudes con relación al juzgamiento de los actores involucrados en el conflicto. Algunas luces se están viendo en el proyecto de Ley Estatutaria que se está discutiendo en el Congreso para regular este modelo de justicia transicional.

“El proyecto de Ley estatutaria contempla unos mecanismos especiales para el cumplimiento de las penas que se puedan imponer en las zonas indígenas en virtud de la JEP. Por ejemplo, en aquellos casos donde no haya lugar a la detención intramural, podrán cumplir unas penas que podríamos llamar propias en sus territorios, pero hay que esperar qué aprueba el Congreso”, conceptúa Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente del Consejo de Estado.

Procesados por la JEP o no, los Emberá Chamí esperan que con los reintegrados lleguen también los proyectos productivos que beneficien a todos en el resguardo. “Hemos evaluado proyectos de la Unidad de Víctimas que han generado una discusión interna porque el Estado reconoce solo a las personas que resultaron afectadas pero no programas para la colectividad”, dice el gobernador Martín Siágama.

Ante esta solicitud Emberá, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que acompaña el retorno de los 53 indígenas al resguardo, cree que la persona tiene que beneficiar a su comunidad de alguna manera. “Nosotros no les llevamos los proyectos y plata, los construimos con ellos y de esta forma se dinamiza la ruta de reintegración. En Pueblo Rico también fortalecemos el tema de género pues apoyamos mujeres emberás de los dos resguardos en empoderamiento de gobernanza”, dice Carlos Soto, coordinador de la ARN Risaralda.

De forma concreta, en Pueblo Rico se adelanta el proyecto IUJA en coordinación con la Gobernación de Risaralda, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda (Funderis). Este plan beneficia directamente a 140 personas con proyectos de panela, cacao, artesanías hechas por mujeres y gobernanza de las comunidades.

Con esta forma de intervención “se ha logrado no solo que acepten al desmovilizado sino que lo protejan porque hace parte de su comunidad”, según Soto.

El proyecto ya permite que el cacao sea vendido directamente por la asociación de cacaoteros a Casa Lúker sin intermediarios y busca mejores precios para las artesanías elaboradas por las mujeres.

El proceso apenas empieza y es mínimo para las necesidades de esta comunidad de 5.000 integrantes que esperan la llegada de más inversiones, ser tratados como víctimas y acciones concretas para evitar la presencia de nuevos actores armados aún no determinados. Pues al reto de la reintegración de los miembros que llegan, se suman las condiciones actuales del conflicto que ya ocasionaron el desplazamiento de 559 indígenas a Santa Cecilia el 29 de abril de este año y 736 que mendigan en la capital del país.

Ante este panorama, los indígenas exguerrilleros que pueden llegar de las Farc a los resguardos están en un limbo porque no saben cuántos van a pasar por la JEP o cuántos serán sometidos a la Jurisdicción Especial Indígena. A esto se suma que la experiencia de los 53 excombatientes que ya pasaron por el proceso de reintegración es una muestra de que no siempre se realiza la armonización que su tradición ancestral exige.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH