“Si no es hoy, no es nunca”, dijo Ányela Capote antes de desaparecer. Dejó su teléfono cargando, sus cuatro hijos (la mayor de seis años) al cuidado de una prima y salió. Eran las 10 de la noche del 10 de abril de 2020. Tres noches después la policía encontró su cuerpo desnudo en un pastizal, herido a cuchillo y envuelto en cobijas. Estaba cerca de su casa, y a solo 150 metros de donde vive un vecino 39 años mayor que ella, quien desde hacía meses la acosaba. Ányela –venezolana, 27 años, morena y de pelo crespo– varias veces le había pedido que no la molestara más. El teléfono de esta persona fue el último que ella marcó ese viernes por la noche. 

“Para conseguirla cerca de donde vive ese señor no hay más nada, sino que él fue”, dijo Mileidy Guzmán, prima de Ányela, en una entrevista con Prensa Libre Casanare cuando se confirmó la identidad del cadáver. “En verdad fue la última persona que habló con ella y que la vio”, añadió, encogiéndose de hombros. 

Según Mileidy, había una relación entre su prima y el vecino que la acosaba. “Él la ayudaba y ella lo ayudaba. Pero como ella decía, lo hacía por sus hijos”, contó. Tenía que prostituirse, agregó Darwin, otro vecino del barrio El Fical, en Yopal. “Ella se dedicaba a eso cuando el marido no conseguía lo suficiente para la familia”, explicó. 

El hombre de 67 años fue capturado en enero de este año como presunto responsable del feminicidio de Anyela Capote y enviado a prisión. 

En 2020, cuando empezó la pandemia, una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad de morir de forma violenta, comparada con una colombiana, según datos de Medicina Legal analizados por El País. El riesgo de sufrir violencia en pareja era un 39 % más alto, y el de sufrir violencia sexual un 28 % mayor.

La violencia contra venezolanas terminó en feminicidio 33 veces durante el año pasado; cuatro casos más que en 2019, según las cifras que recolecta mes a mes la revista Cerosetenta.

La inmensa mayoría corresponde a mujeres menores de 30 años. Es el caso de Naibel Yuraima Blanco, de 24 años y nacida en Trujillo, Venezuela. Naibel conoció a su pareja en el viaje a Colombia y seis meses después él la asesinó antes de fugarse con su hija de seis años.  

La violencia también se ensañó contra las mujeres trans. De las 32 asesinadas el año pasado, tres eran venezolanas, según el registro que lleva Cerosetenta. Alexandra Ramos Rivas, de 23 años, fue una de ellas. Era trabajadora sexual, vivía en Medellín y fue asesinada al parecer por un taxista que la frecuentaba y que ya la había amenazado, según un amigo de la víctima. 

La situación no ha cambiado este año: en los primeros cinco meses van 14 venezolanas asesinadas en el país. Desde 2019 suman 75 casos. 

Los casos de Ányela Capote, Alexandra Ramos y Naibel Yuraima Blanco demuestran que las migrantes se enfrentan a “decisiones imposibles”, según Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, una ONG que defiende a las mujeres en Venezuela y reporta los feminicidios dentro y fuera de ese país. “No tienes con qué comer ni cómo pagar, y la demanda es de tu cuerpo. No es que tú decidiste estar en el trabajo sexual, sino que parte de esa violencia hace que no tengas posibilidad de decidir”, explicó Borges.

La vulnerabilidad se carga en el morral 

En 2018 Ányela Capote llegó a Yopal con siete meses de embarazo y tres niños pequeños. Había salido un tiempo antes desde Maracay, estado Aragua, cuando en Venezuela empezó a faltar todo, incluido el acceso a la salud para mujeres gestantes. Con su esposo, Fredy Castañeda, intentaron mantener a la familia trabajando con  reciclaje. Pero tuvieron problemas, la pareja se separó y ella quedó a cargo. “Era la que siempre salía a dar la cara por sus hijos”, contó desde Perú su hermano Jhosman Capote. La pandemia terminó por dejarla sin opciones. 

De los cinco millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos cinco años, casi dos millones están en Colombia. Y aunque acaba de terminar el cierre más largo de la frontera en los años recientes, la migración no se ha detenido. 

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que el 52 % de los migrantes son mujeres y el 48 % son hombres. “El fenómeno que inicialmente fue sobre todo masculino se empieza a modificar hacia uno femenino”, dijo Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.  “Esto es importante porque la feminización de la migración tiene unas complejidades adicionales que las autoridades colombianas deben responder”, añadió. 

Por ejemplo, según Beatriz Borges, las mujeres migrantes huyen de un país donde hay un desabastecimiento del 90 % en anticonceptivos. En Venezuela no hay acceso al alimento y a la salud, y son ellas quienes padecen mayores grados de desnutrición, pues renuncian a la comida para dárselas a sus hijos. Muchas, además, tienen historiales previos de violencia de género que no denuncian por falta de garantías. En este momento todas las casas de abrigo en Venezuela están cerradas, dijo Borges. “Todas esas vulnerabilidades las llevan ellas en un morral, y se agravan en el camino porque la condición de migrante hace que haya una vulnerabilidad estructural”, explicó. 

Un informe reciente de la organización Cuso reveló que el 91,1 % de las migrantes venezolanas trabaja de manera informal y sin protección social. Además trabajan más horas que las mujeres colombianas, pero reciben en promedio la mitad del salario: 785.000 versus 1.458.000 pesos mensuales.

“Los primeros trabajos que les proponen tienen que ver con la explotación sexual, y siempre se ven sujetas a ese tipo de mirada, que es una mirada de despojo”, dijo Diego Battistessa, docente e investigador del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” – UC3M, quien construyó un mapa con los casos de venezolanas asesinadas en el extranjero entre 2017 y 2019.

La mayoría no denuncia. “No saben dónde porque les da miedo que las puedan deportar. Ellas mismas se invisibilizan en un estado que no les ofrece protección por el hecho de ser mujeres migrantes y refugiadas”, explica por su parte Beatriz Borges. 

La carga para las familias

Naibel Yuraima Blanco no conocía a casi nadie en La Primavera —un corregimiento ubicado a 14 kilómetros de Bolívar, en el Valle del Cauca— cuando su pareja la asesinó en la habitación que compartían. Llevaban solo dos meses allí, pero sus vecinos sabían que él la maltrataba. “A cada rato la golpeaba, tenía muchas cicatrices. Pero ella no comentaba nada ni le gustaba que le preguntaran. Para mí que estaba amenazada por él”, dijo Cecilia Bustamante, una vecina, a la emisora local Ondas del Pescador.

La noche del 17 de enero de 2020 los vecinos volvieron a escuchar gritos. Pasaron dos días más antes de que un olor fétido los alertara. El domingo 19 de enero la Policía encontró el cuerpo de Naibel acuchillado y oculto bajo una montaña de ropa. El agresor y la hija de Naibel se habían ido.

Yamilena García, una lideresa social de Bolívar de 42 años, asumió el caso aunque no conoció a la víctima. Buscó a su familia para que pudieran sacar el cuerpo de la morgue. Medicina Legal solo los entrega a familiares directos, pero la mayoría de los migrantes no tiene un círculo de apoyo cercano.

Uno de los policías que atendió el caso le dio un número, y Yamilena llamó. Se comunicó con la hermana de Naibel, le contó que la habían asesinado y que su cuerpo estaba en la morgue de Roldanillo, Valle. “A ver cómo hacemos para que su mamá o alguien venga y la reclame. Yo les colaboro para el entierro”, le dijo. 

Yamilena hizo una campaña en Facebook, habló con sus conocidos, y pidió ayuda en las alcaldías de Bolívar y Roldanillo hasta recoger 1,2 millones de pesos para costear el entierro. El 11 de febrero, tras más de 20 días de travesía, la mamá de Naibel pudo enterrarla. “El padre me colaboró con el hueco en el cementerio, el sepulturero con su trabajo, y así”, cuenta Yamilena. Muchos acompañaron la caravana fúnebre.

Cuerpos huérfanos

En medio de la informalidad obligada en la que viven los migrantes, entierros como el de Naibel son más comunes de lo que se piensa. La repatriación de cuerpos es costosa, y así ha sido siempre, según Zair Mundaray, asesor jurídico de la embajada del presidente interino Juan Guaidó en Colombia. Por eso la mayoría de los cuerpos se quedan en Colombia. 

Ante la ausencia de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, y sin un consulado que se encargue de los trámites, las familias de los venezolanos asesinados en el país dependen de las ayudas que puedan brindar sus conocidos, organizaciones locales o personas como Yamilena García. 

Mundaray dijo que algunas alcaldías tienen recursos para ayudar a pagar los entierros de los más vulnerables, incluidos los migrantes. En esos casos ellos sirven de puente entre la familia y la entidad que colabora. Algo parecido hace Cepaz, apoyada en organizaciones locales, según contó Beatriz Borges. Pero reconocen que su alcance es muy limitado. “Tendríamos que saber cuántos fallecen a diario, y en la pandemia son muchísimos. Somos pocos y no tenemos recursos, pero sí orientación permanente para decirles qué hacer”, dijo Mundaray.

Sin embargo, ante la premura, las familias suelen ser víctimas de más injusticias. La mamá de Alexandra Ramos Rivas, por ejemplo, tuvo que cremar el cuerpo de su hija, aunque la asesinaron con nueve cuchilladas el 22 de enero de 2020. La cremación en estos casos no está permitida, pues el cuerpo es parte de la investigación. “A ella la iban a tirar a una fosa común porque no llegaba la familia, y además había que pagar como cuatro millones de pesos para que hicieran lo que tenían que hacer con ella”, relató Andrés Ocampo, amigo y compañero de cuarto de Alexandra.

Llevar el féretro a Venezuela costaba diez millones de pesos, dice Ocampo. “La mamá quería cremarla. Entonces se la entregaron en un cofre y no le costó nada”, contó. Pero sí hubo un costo: su caso quedó sin la principal evidencia para investigar el crimen. Una carga más de invisibilización para las personas trans a quienes en la mayoría de los casos ni siquiera se les consigna su identidad de género en los reportes que emiten entidades como Medicina Legal. 

“El problema de las muertes violentas es que no está permitida la cremación, que siempre es más barata en los planes funerarios de las alcaldías. El cuerpo tiene que inhumarse, y la Fiscalía tiene que saber dónde quedó por si hace falta exhumarlo para algún tema probatorio”, dijo Zair Mundaray.

Nada de eso será posible en el caso de Alexandra. Su mamá se quedó con sus cenizas y dijo que pensaba tirarlas al mar cerca de Barquisimeto, donde nació, “porque era su sueño”, contó su amigo Andrés Ocampo.

Los que quedan atrás

La pandemia complicó los procesos. Con el cierre de la frontera, las repatriaciones se suspendieron y se volvió aún más difícil para las personas viajar a despedir a sus familiares o a recuperar a sus niños, huérfanos después de los feminicidios.

A Ányela Capote, asesinada en Yopal, pudieron sacarla de Medicina Legal porque su prima estaba en Colombia y se encargó de firmar los documentos. Sus conocidos, además, lograron que el hospital de la ciudad les donara una bóveda para enterrarla en el cementerio municipal. Pero su familia solo pudo despedirse en la salida de la morgue. Las medidas de bioseguridad dejaron el resto en manos de una funeraria. “No supimos ni en qué bóveda quedó, porque ellos e hicieron el proceso”, dijo Darwin, su vecino, que acompañó al esposo y la prima de Ányela. 

Sus cuatro hijos, de 2, 3, 4 y 6 años, quedaron con el papá. “Aunque supuestamente él no tenía cómo tenerlos. Yo le envié una plata a mi mamá para que los fuera a buscar a Colombia, pero no se pudo viajar porque no había paso. Más nunca supimos nada de él ni de los niños”, contó Jhosman Capote, hermano de Ányela. 

Zair Mundaray explicó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un enlace con la embajada del gobierno interino para intervenir en algunos casos de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes en este momento suman más del 20 % de la población migrante en Colombia, según Ronal Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Pero pocas veces intervienen en casos como el de Ányela Capote. 

“Cuando esas cosas ocurren, la familia logra buscarle alguna salida con un pariente, con poca intervención institucional”, dijo Mundaray. Las familias buscan la forma de recuperar a esos niños. 

Es el caso de Naibel Yuraima Blanco. Luego de cometer el feminicidio, el agresor huyó y se llevó a su hija. Yamilena García relató que algunas personas lo vieron pidiendo dinero en la calle junto a la niña, cuando intentaba llegar a Cúcuta. La hermana de Naibel, según Yamilena, solo volvió a saber de él cuando se comunicó con ella para tratar de chantajearla, aunque al final devolvió a la niña.

“Lo más importante es que pudieron localizarla y ya la abuela la tiene”, contó Yamilena meses después. Dijo que algunos en su pueblo la felicitaron, pero que ella no lo hizo por eso. “Me apersoné solamente por el hecho de ser mujer, porque teníamos el mismo género”. Después duda: “Bueno, no sé. La verdad yo dije ‘hay que ayudar a la muchacha, a su familia’. Y se hizo. Se hizo sin importar quién era”.