La mañana del 13 de agosto del 2021, el enfermero Dixon Rodríguez se embarcó en un peque peque hacia un lugar de la selva amazónica peruana en el que debía iniciar una campaña contra la muerte. Tras una hora de viaje por río y caminando, acompañado de una brigada de vacunación contra la COVID-19, Rodríguez llegó a la comunidad indígena Boca Apinihua, en la región de Ucayali, cerca del límite con Brasil. Allí habitan casi cuatrocientos habitantes de la etnia ashéninka, una de las más numerosas de esa zona. De entrada, el enfermero percibió un clima tenso. Rodríguez buscó entonces al apu o jefe de la comunidad para explicarle el motivo de su llegada. De pronto, un grupo de comuneros salió con armas de fuego y flechas.

“Vienen a aplicar el agua destilada”, dijo un miembro de la comunidad, según relata Rodríguez a OjoPúblico. 

El lote de dosis que la brigada llevaba era del laboratorio chino de Sinopharm, un antígeno que durante meses fue objeto de desinformación en el país. Rodríguez, quien es hijo de una mujer asháninka y domina la lengua, fue acusado junto con su equipo de querer asesinar a la población con la vacuna. Para evitar que la discusión escalara, el enfermero solicitó permiso para registrar la negativa en un video, pero este pedido tampoco fue aceptado. Dixon Rodríguez solo tuvo opción de sacar un papel en blanco y un lapicero, con los que redactó un acta para dejar constancia del incidente. “Entonces nos retiramos de dicha comunidad con bastante cuidado”, dice el escrito, revisado para este reportaje.

La brigada de vacunación estaba formada, además, por otros dos técnicos de la Red de Salud de la provincia de Atalaya, un territorio de selva que durante buena parte del siglo pasado fue destino de misioneros y colonos, y que está considerado zona de alto riesgo por la actividad de los traficantes de drogas. En abril del 2021, tres de sus distritos fueron declarados en emergencia para facilitar la lucha de fuerzas combinadas del Estado contra el crimen organizado. Si el narco ya es una amenaza, las mentiras traen un nuevo riesgo: al momento en que Rodríguez llegó con las vacunas, la cobertura de vacunación con el esquema completo alcanzaba un 6,9 % de la población meta en toda la provincia. Y en el país, aproximadamente era del 24 %.

Todos los integrantes de la brigada de vacunación eran descendientes de familias indígenas y manejaban los idiomas predominantes en la zona, como el yine, el asháninka y el shipibo-konibo. Era una aparente ventaja que motivó a Rodríguez a pronosticar una vacunación exitosa. Algo que, finalmente, no sucedió. “Mis hermanos no querían entender nada”, recuerda el enfermero sobre ese momento en que debía darse un encuentro cercano y, por el contrario, terminó en una ruptura. “Les dije: somos pueblos indígenas, nosotros no hemos venido a matar a la gente”.

Pocos meses después, Dixon Rodríguez asume que el incidente estaba relacionado con las versiones que circulaban en la zona acerca de que algunas personas supuestamente fallecieron después de recibir la vacuna de Sinopharm o AstraZeneca.

“Si viene la tercera ola, podrían contagiarse. Pero nadie quiso vacunarse. Ni uno”, asegura.

Daysi Zapata, presidenta de la Organización Regional de Mujeres Indígenas de la provincia de Atalaya, confirmó a OjoPúblico el hecho sucedido en la comunidad de Boca Apinihua, e indicó que los rechazos también se producen por una falta de diálogo. "El Gobierno tiene que sensibilizar, salir al campo, y que hagan talleres informativos sobre las vacunas", apuntó.

Este no es un caso aislado. OjoPúblico ha logrado documentar, a través de más de 30 actas firmadas por líderes y miembros de comunidades indígenas de al menos cinco regiones, el pánico desatado por versiones falsas y engañosas sobre las vacunas y la pandemia en los pueblos andinos y amazónicos. Estos documentos, recolectados por las brigadas del Ministerio de Salud e incluidos en informes de las direcciones regionales, evidencian que comunidades enteras de los pueblos awajún, ashéninka, wampis, asháninka, achuar, kichwa y quechua rechazaron total o parcialmente las vacunas contra la Covid-19 por datos o historias sin sustento difundidas durante meses por autoridades locales, comunicadores o incluso docentes; es decir, personas que tienen algún grado de influencia en la población.

Eneas Rengifo, un técnico en enfermería de 26 años y miembro de la etnia asháninka, es testigo de ese impacto. Rengifo trabaja como coordinador del área de pueblos indígenas de la Red de Salud de Atalaya, en el mismo equipo que su colega Dixon Rodríguez. Según su experiencia, los promotores de versiones falsas son variados: a veces se trata de gente que llega para difundir mensajes de manera deliberada, como pastores de distintas confesiones religiosas; en otros casos es gente que arrastra engaños sin querer, como personas foráneas que por alguna razón trabajan en las comunidades, madereros o comerciantes que llegan a la comunidad y cuentan de manera coloquial lo que oyeron en otros lugares. “Cuando a un poblador indígena le comentan algo, él capta y también comenta a sus demás hermanos, a sus vecinos, y ya entra en esa duda”, dice Rengifo. 

La cobertura de vacunación en la provincia de Atalaya, donde se ubica la comunidad de Boca Apinihua, es la más baja de la región: de más de 50 mil personas como población objetivo apenas el 20,1 % ha recibido las dos dosis de la vacuna, hasta finales de noviembre, según el Portal de Datos Abiertos del Minsa.

Desde marzo del 2021, OjoPúblico advirtió sobre la falta de información oficial para la vacunación en pueblos indígenas en las regiones de Junín, Loreto y Ucayali. En paralelo, la difusión de versiones falsas estaba alcanzando puntos muy distantes de los Andes y la Amazonía: en la región Amazonas, radio Bongará publicó en sus redes un video con la falsa versión de que una enfermera de Estados Unidos se desmayó minutos después de vacunarse contra la COVID-19, y posteriormente, falleció; en Loreto, el canal de televisión Uranio TV publicó una entrevista al médico Amílcar Huancahuari para promover el consumo del dióxido de cloro como remedio contra el coronavirus, a pesar de que un mes antes este médico había sido destituido del cargo de Jefe del Comando COVID-19 de la región Ayacucho justamente por alentar el uso de esa sustancia. En Puno, una exautoridad de la región cuestionó en su programa radial la existencia de la pandemia y aseguró que se trataba de una “campaña de miedo”. Su transmisión en Facebook registró más de 43 mil reproducciones.

OjoPúblico solicitó los descargos de los medios de comunicación y las personas mencionadas en líneas anteriores. Este medio se comunicó con el médico Huancahuari, a través de la red de mensajería de WhatsApp, pero solo se limitó a decir que estaba fuera del Perú. La exautoridad de Puno también fue notificada, pero no declaró para este reportaje. Mientras que, los medios de comunicación contactados vía Facebook, tampoco contestaron.

Ahora queda en evidencia que el impacto de la desinformación es parte de una escala global: cuando la comunidad de Boca Apinihua presentó el documento de rechazo a la vacuna, el último mes de agosto, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, informaba que 617 mil personas de comunidades indígenas en las Américas fueron contagiadas con Covid-19 y casi 15 mil habían fallecido a causa de la enfermedad.

Amazonas: Los pueblos que temen el exterminio

Amazonas es una región de la zona norte del Perú, alargada como una bota, cuyo extremo superior marca la frontera con Ecuador. Es conocida por sus bosques nubosos y porque alberga algunos de los sitios arqueológicos más famosos del país, como Kuélap, una de las ciudadelas de piedra más antiguas del país. También porque en el año 2009 fue escenario del conflicto social más sangriento en la historia del Perú: una protesta de comunidades indígenas contra decretos oficiales, que consideraban lesivos a sus territorios, derivó en un violento enfrentamiento que dejó unos doscientos heridos de bala y más de treinta muertos entre civiles y policías. Amazonas es una de las regiones que más pueblos indígenas alberga en el Perú: 468 comunidades nativas de las etnias awajún y wampis. 

Si bien el proceso de vacunación en las ciudades se inició en febrero del 2021, la inmunización en los pueblos indígenas comenzó cuatro meses después, a partir de una directiva actualizada que, como parte del avance progresivo del proceso, dispuso la aplicación de la estrategia en los territorios de las comunidades.

La población objetivo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Amazonas es de 63.120 personas mayores de 18 años en las comunidades de su territorio, lo que requiere más de 120 mil dosis. Sin embargo, hasta finales de este mes, solo se han aplicado 17.595 dosis, según la plataforma de vacunación contra la COVID-19 de pueblos indígenas y afroperuanos del Ministerio de Salud (Minsa).

Documento de una comunidad en la zona de Amazonía donde dejan asentado que “rechazamos rotundamente la vacuna de COVID-19, no recibir 1era fase, 2nda fase, 3 era fase”. 

Un reporte proporcionado por la Diresa para esta investigación señala un rechazo del 50% hacia la vacuna contra la COVID-19 en al menos 25 comunidades de los distritos de Río Santiago, Nieva y El Cenepa, pertenecientes a la provincia de Condorcanqui. 

En el mismo sentido, diversas actas obtenidas por OjoPúblico permiten rastrear el fenómeno en esta zona a lo largo del 2021. En febrero, la comunidad de Paantan Entsa rechazó la vacunación porque, según sus habitantes, hay mucha mortandad de personas por la vacuna. En el acta que se firmó para rechazar el antígeno se indica: Hay muchos comentarios, informaciones a través de Internet, radiales, televisivas y otros. Por esos mismos días, las brigadas de salud se toparon con la misma negativa en la comunidad de Tsawantus: Se está manifestando de que no se está permitiendo vacunarse sobre COVID-19. Están rechazando tajantemente. En Kuyumatak, otro centro poblado awajún, el apu de la comunidad dio permiso al enfermero de la brigada para exponer sus argumentos y minutos después firmó un acta en que se negaba el permiso para la vacunación: El personal del salud les ha explicado todo, y aún así no quieren la vacuna [contra la] COVID-19, indica el documento escrito a mano. En la comunidad de Buchigkim, las alegaciones fueron más graves: Todos los pobladores rechazan [la] vacuna por la difusión de noticias por Internet. Piensan que la vacuna va a venir a matar a la gente, van a convertir[los en] estériles.

El primer domingo de julio del 2021, cincuenta miembros de la comunidad de Yujagkim firmaron un acta para rechazar la vacuna a pesar de la información que el enfermero local les había proporcionado. En caso de fallecimiento por COVID-19, no culparemos al Ministerio de Salud. Nosotros mismos asumiremos la responsabilidad [de] cómo sobrevivir y afrontar esta pandemia, dice el escrito. Meses antes, los miembros de la comunidad de Achuim dijeron que rechazaban las vacunas procedentes de China y Estados Unidos y adujeron la falta de atención del Estado para resistir a la pandemia: No hubo apoyo de parte del Ministerio de Salud por las medicinas para combatir las enfermedades de COVID-19. Nosotros mismos hemos buscado cómo evita[r] cuando mueren las personas en nuestras zona.

Ante esta situación, la licenciada en enfermería Patty Morán, coordinadora de inmunizaciones de la Red de Salud de Condorcanqui, remitió a la dirección de salud, un informe en el que señala las dificultades para llevar adelante la vacunación: además de la escasez de personal médico, estaban las “múltiples creencias, barreras geográficas y culturales” de las comunidades que se encuentran en su jurisdicción.

Registro de una comunidad en la zona de Amazonía que rechazó la vacunación donde señala: “que un grupo de médicos de Lima informaron que la vacuna tiene poca concentración y no protege”.

El estado de alarma también afectó a otra provincia de la región Amazonas, Bagua ―justamente donde se produjo el conflicto social que hasta ahora se recuerda como “la masacre de Bagua” o el “Baguazo”―. En junio del 2021, el personal de la Red de Salud de Bagua alertó en un informe sobre el lento avance de inmunización en el distrito de Imaza, que tiene la única vía por la cual la empresa petrolera del Estado ingresa a este tramo de la selva para vigilar el pase del crudo y es la ruta de ingreso a las guarniciones militares de la frontera con Ecuador.

Imaza suele aparecer en las noticias cuando sus comunidades nativas realizan masivas protestas contra los estragos de la industria extractiva o en reclamo por la poca atención del Estado. Ahora es otra zona de gran resistencia a la vacunación. “La respuesta de la población no ha sido favorable", indica el reporte remitido a la dirección regional por Aníbal Fernández, director de la red de salud de esta provincia. Según el documento, esta situación había sido identificada semanas antes, en el mes de mayo, cuando un grupo de sus enfermeros y obstetras impulsó una serie de diálogos interculturales sobre salud en 6 centros poblados y comunidades nativas de la provincia de Bagua. 

Esas reuniones congregaron alrededor de 183 actores sociales, entre alcaldes, pastores religiosos, docentes, representantes de organizaciones indígenas y personas en general, con el fin de conocer los motivos de su aversión a la vacuna. Tras escuchar a la mayoría de participantes, el personal de salud concluyó que las reacciones negativas obedecían a la desinformación que circulaba en las comunidades nativas.

Las conversaciones permitieron identificar las versiones falsas más recurrentes: por ejemplo, en la comunidad de Imaza se decía que la vacuna era producto de la brujería o que producía esterilidad; en la comunidad nativa de Chiriaco se decía que la vacuna mata, que el expresidente Francisco Sagasti ―cuyo mandato fue el primero en traer la vacuna al país― nunca se vacunó o que se desconocen los efectos adversos del antígeno; y en el centro poblado de Chipe se adujo que las vacunas son una medida para exterminar a los pobres, un acto de venganza por el Baguazo, o que las personas que las reciben van a morir a los pocos días o años.

De acuerdo con el mismo informe, en las comunidades indígenas de la provincia de Bagua, el rechazo fue tan contundente hacia la vacuna de Sinopharm que en julio la Dirección Regional de Salud de Amazonas tuvo que redistribuirlas a otros grupos etarios en la provincia, para que no se echaran a perder: apenas dos días antes habían empezado a vacunar a los adultos de 50 años, pero se tuvo que destinarlas a personas mayores de 40 años. 

Hasta finales de noviembre del 2021, tanto Condorcanqui como Bagua, las dos provincias donde se encuentran estas comunidades, la vacunación avanza de manera progresiva, pero aún ocupan los últimos lugares de población vacunada con las dos dosis en toda la región: 15,5 % y 35,7 %, respectivamente, según data del Minsa.

Loreto: Los jefes se resisten a las vacunas

En agosto del 2021, la enfermera Malforie Saavedra, coordinadora de inmunizaciones de la Red de Salud del Datem del Marañón, una provincia de selvas fronterizas surcadas por el oleoducto norperuano, recibió por WhatsApp un audio en el que un hombre lanzaba una mezcla de versiones falsas en un tono dramático: Que nos maten si quieren vacunarnos, que nos fusilen, porque las vacunas han salido muy dañinas, decía el autor anónimo de la grabación. El hecho adquiría especial gravedad porque fue viral, y el Datem del Marañón, una zona donde las comunidades indígenas han visto sus territorios afectados por graves derrames de petróleo, es la provincia con una de las coberturas más bajas de vacunación en la región Loreto: hasta finales de noviembre, el 13,8 % de una población objetivo de 56.533 personas contaba con las dos dosis, según data del Ministerio de Salud

La región Loreto, la más extensa del Perú y en cuyo extremo izquierdo está el Datem del Marañón, alberga el 43,2 % de la población indígena amazónica del país, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Eso supone casi doscientos mil habitantes, pertenecientes a cerca de dos mil comunidades nativas. 

Malforie Saavedra recibió el audio de una persona que vive en el distrito de Pastaza, el mismo donde residen siete comunidades indígenas presentaron actas de negación contra la vacuna en un solo día. 

Una de esas comunidades fue Domingo Cocha. El 24 de agosto de 2021, el apu de ese centro poblado firmó un acta de negación debido a que sentía temor por su vida y la de su familia. En el documento ―revisado para este reportaje― dejó constancia de que asumía la responsabilidad de esa decisión. Por esas mismas horas, los apus de las comunidades de Nuevo Jerusalén, Puerto Angara, Nuevo Belén, Nueva Alegría, Nuevo Galilea y Dos de julio firmaron actas similares para decir que no necesitaban las vacunas, porque las plantas medicinales iban a curarlos ante un eventual contagio. 

Un pronunciamiento similar se había producido poco antes algo más al sur, en el distrito de Cahuapanas, territorio de los pueblos shawi y awajún: en junio del 2021, el apu de la comunidad nativa de Caupan también se negó a la vacunación en su zona; el jefe de ese pueblo tomó la decisión tras una asamblea ordinaria con sus vecinos y los apus de otras seis comunidades anexas. En el acta se indica que los participantes en la asamblea rechazaron la vacunación para todos los adultos y los estudiantes de inicial, primaria y secundaria. 

Acta de negación de una comunidad en Loreto donde declaran “negación a recibir la vacuna contra COVID-19 en nuestra comunidad”.

En el documento se advertía de manera específica al Gobierno de hacer cualquier gasto para llevar la vacuna a su territorio: Damos a conocer y pedimos no enviar su brigada de salud para vacunar contra la COVID-19 a nuestras comunidades, porque no será aceptado ni permitido para vacunar, decía el documento. A manera de respuesta, en el acta se señaló que sus pueblos originarios resguardan su salud con las plantas medicinales, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres.  

En el distrito de Andoas, otro sector de muchas carencias atravesado por el oleoducto norperuano, ocurrió lo mismo entre el 21 y 22 de julio. El licenciado en enfermería Omar Chahua registró siete actas más de negación, firmadas por comunidades indígenas de las etnias achuar y kichwa. 

Chahua había realizado un viaje madrugador por el río Wasaga ―que atraviesa sectores afectados por pasivos petroleros abandonados, según denuncias de la población local― para alcanzar a la mayor cantidad de gente durante la minga, la jornada tradicional de trabajo y beneficio social que los pueblos realizan por las mañanas. Al llegar a cada comunidad, aplicó dos estrategias. La primera consistió en contactar al apu para mantener un diálogo de sensibilización sobre las vacunas, y así conseguir su autorización. La segunda fue consultar con cada familia o habitante. La mayoría se negó. 

Las razones eran las mismas versiones reportadas en otras comunidades amazónicas: que las vacunas contienen chips, que las personas que las reciben se vuelven estériles, e incluso que los vacunados morirán en pocos años. Según explicó el enfermero Chahua a OjoPúblico, parte de la dinámica que ha identificado en su trabajo de campo es la siguiente: aunque la mayoría de comunidades nativas en Andoas no tiene acceso al servicio de telefonía o de Internet, algunos comuneros que tienen celulares móviles bajan a las ciudades para conseguir conexión, realizar llamadas o comprar víveres. En los centros urbanos conocen estas versiones falsas, que al regresar esparcen dentro de la comunidad. 

En algunas comunidades, las autoridades locales firmaron actas de negación, pero a la vez dejaron que cada miembro decidiera si se aplicaba o no la vacuna. De ese modo, la brigada de Chahua pudo inocular a personas por razones laborales, como los profesores de las escuelas de la zona.

A finales de octubre, el enfermero Chahua visitó otras cinco comunidades de la etnia achuar del distrito de Andoas. Los apus de cada pueblo no solo firmaron actas de negación a la vacuna contra la COVID-19, sino que rechazaron la aplicación de otros antígenos esenciales para proteger a los niños menores de cinco años de otras enfermedades: la vacuna contra el sarampión, rubéola y papera; la vacuna pentavalente contra la difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y hepatitis B; la vacuna contra el neumococo, entre otras.

Cuando ocurre esto, el personal de salud de las regiones busca dialogar con las organizaciones indígenas y las autoridades de los pueblos para establecer acuerdos sobre la vacunación. "Solo cuando ya ven que las comunidades se niegan, a pesar de un segundo o tercer intento [de diálogo], las direcciones regionales solicitan asistencia técnica a la [autoridad] nacional", explica Julio Mendigure, director ejecutivo de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa. En el Perú, la vacunación no es obligatoria. El Estado ha previsto la aplicación, a partir de diciembre, de restricciones para el acceso a lugares públicos como centros comerciales, mercados o restaurantes a quienes no hayan recibido las dosis completas del antígeno. En los territorios indígenas, alejados de los centros urbanos, la realidad plantea otros desafíos. 

Una de las zonas pendientes para el Minsa es precisamente el Datem del Marañón donde, entre octubre y noviembre del 2021, se produjo la toma de una estación petrolera como protesta por los daños ambientales causados por esa industria y en demanda de servicios básicos para las comunidades.
 

Junín: la gente pide cambio de vacuna

El 29 de junio último, Fabián Antúnez, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), formalizó la negativa a utilizar la vacuna de Sinopharm en alrededor de 47 comunidades nativas del ámbito de su organización. Río Tambo es un distrito de la provincia de Satipo y el más grande de todo Junín, una región ubicada al centro del Perú que parece un corredor horizontal entre Lima y la Amazonía. Antúnez precisó que no se oponía a la vacunación contra la COVID-19, sino que cuestionaba la marca de la vacuna. 

En un oficio enviado a la autoridad distrital de salud, el presidente de la organización indígena solicitó el cambio de la fórmula de Sinopharm por la del laboratorio estadounidense Pfizer. 

El documento lleva adjunta la copia del acta de una reunión realizada el día anterior, entre los dirigentes indígenas y el personal de salud enviado a la zona, en la que se habían explicado los motivos del rechazo a la vacuna china. Allí Antúnez adujo haber consultado con varios médicos de Lima, quienes le comentaron que la vacuna de Pfizer era mejor.

Hasta finales de noviembre, todo el distrito de Río Tambo, en Satipo, registró una de las más bajas coberturas de vacunación en Junín: de un total de 23.808 personas aptas para vacunarse, apenas de un 13,7 % había recibido las dos dosis, según data del Ministerio de Salud. En el mismo periodo, el distrito que también lleva el nombre de Satipo, capital de la provincia, el avance era mayor: 59,6 % de una población objetivo de 34.910 habitantes.

Funcionarios encargados del proceso dijeron a OjoPúblico que gran parte de la desinformación que circula en los pueblos de la zona fue propulsada por los locutores y responsables de medios de comunicación radiales que han difundido versiones sin sustento científico. “En las radios, múltiples personas manifiestan inclusive que el COVID-19 ni siquiera existe, que es una ideología, que se ha planteado para el consumismo y la venta de medicamentos”, explicó el director ejecutivo de la Red de Salud de Satipo, Wilbert Rodríguez, en una entrevista con este medio.

Fabián Antúnez, el líder asháninka que firmó la negativa a la vacuna china en Río Tambo, explicó a OjoPúblico que su solicitud representa una exigencia de respeto. "Mi pueblo merece una buena vacuna y con garantía”, señaló.

Si bien la vacunación ha empezado con la fórmula de Pfizer, Antúnez indicó que los miembros de la comunidad todavía dudan sobre las vacunas. “El tema del rechazo es por falta de información. La población quiere que se explique en su propio idioma [el asháninka]. Ya no al jefe [de la comunidad], sino a la población que va a ser vacunada”, indicó el dirigente.

El desprestigio hacia la vacuna de Sinopharm ha sido un problema a lo largo del territorio de Junín. Danny Quispe, director regional de Salud, dijo que la animadversión a esta marca ha logrado superarse en las zonas urbanas, pero que en las rurales y en algunas comunidades se mantiene a pesar de las campañas de sensibilización promovidas por el Gobierno central, que a nivel nacional ha superado las 500 jornadas para reuniones y talleres sobre la vacunación contra la Covid-19, y la difusión de más de 500 materiales, entre audios, videos y piezas gráficas, producidos en más de 30 lenguas indígenas. 

“A pesar de todo lo que se ha hecho a nivel de promoción de la salud y salud familiar, no hemos llegado a calar como pensábamos”, aseguró Quispe a OjoPúblico.

Huancavelica: la nación que padece el engaño 

La Nación Chopcca es un pueblo único que habita a 4 mil metros sobre el nivel del mar, en Huancavelica, una de las regiones más pobres del Perú. Sus miembros relatan que descienden de un personaje de poderes extraordinarios, y visten trajes negros con coloridos diseños que aquí son parte de la vida cotidiana. En el 2014, el Estado peruano reconoció a su cultura como patrimonio cultural de la Nación por su originalidad y representatividad. Apenas seis años después, en los primeros meses de la pandemia, fue noticia por un caso relacionado con la desinformación.

El 11 de junio del 2020, un grupo de comuneros Chopcca retuvo a unos ingenieros que realizaban labores de mantenimiento a unas antenas de telecomunicaciones en el Centro Poblado de Huachhua, situado en el distrito de Paucará. Los acusaban de pretender instalar antenas de tecnología 5G que, según creían, generaba el contagio del nuevo coronavirus, o por el temor de que les causara daño. En los videos del incidente se observa que los comuneros rodearon a los técnicos y, por un instante, hasta se oyen amenazas de muerte. Después de varias horas, fueron liberados tras un diálogo entre los líderes de la comunidad y la comitiva conformada por un representante de la empresa, el gobernador regional y un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Por desconocimiento podemos tomar muchas acciones, por eso necesitamos que nos expliquen oportunamente. Aprendan a respetar a los comuneros", señaló en esa ocasión un habitante de la zona, de acuerdo a la cadena radial RPP.

A más de un año de este suceso, la Nación Chopcca aún es víctima de la desinformación. El alcalde de Huachhua ―donde se registró el incidente de las antenas―, dice que el rechazo a la vacuna es mayoritario. Según Rufino Lanasca, en las comunidades han circulado teorías de conspiración que han sido virales a lo largo de la pandemia, y que hay una sensación de desconfianza y miedo. “Solamente la gente piensa que están probando los negociantes, los grandes que están haciendo su negocio con la vacuna”, dice la autoridad.

En el sector de Huachhua habitan un total de 654 habitantes, y la vacunación empezó en el mes de abril del 2021, de acuerdo con Walter Martínez, técnico de enfermería del puesto de salud de la zona. En toda la región Huancavelica, hasta el último 17 de noviembre, se habían registrado 1.168 defunciones contra la COVID-19. Al menos cuatro fallecidos eran miembros de pueblos originarios, según el reporte del Ministerio de Salud.

“Los que no están accediendo a vacunarse son las personas mayores de 60 años”, precisó Martínez.

El problema es más grave, porque, además, personal de salud que trabaja en la zona ha identificado que persiste la idea de que la COVID-19 no existe. 

“Ellos tienen un principio mágico-religioso que está ligado con las fuerzas naturales [...] y [supone que] si algo tiene que pasar es porque Dios los está permitiendo de esa forma”, refiere Roberto León, director de la red de Salud de la provincia de Huancavelica. 

El presidente de la Nación Chopcca, Juan Meneses, explicó a OjoPúblico que los miembros de su comunidad necesitan que el personal de salud brinde información adecuada sobre las vacunas en cada pueblo. “Sobre la vacuna de Pfizer o Sinopharm, la gente piensa: ¿cuál de ellas es mejor? Piensan que están probando, que los grandes están negociando”, agregó Meneses.

Pese a los acercamientos iniciales con representantes del Gobierno para resolver el tema, hasta finales de noviembre, en Paucará y Yauli ―los dos distritos donde se sitúa la Nación Chopcca― tienen menos del 30 % de población meta vacunada con las dos dosis, según el Minsa:  20,2 % y 22,1 %, respectivamente.

El presidente Meneses dijo que están accediendo a recibir la vacuna de manera lenta y progresiva.

En el acta de una reunión realizada a fines de agosto, varias autoridades de la comunidad andina expresaron que la vacunación debe ser voluntaria y con una campaña de sensibilización previa. Los dirigentes y funcionarios consultados por OjoPúblico enfatizan que una demanda central es que la información debe estar en su lengua originaria, el quechua.

Promotores de mentiras

El registro en documentos oficiales, realizado por los funcionarios encargados de implementar el proceso de vacunación durante los últimos meses, constituye toda una bitácora sobre las incidencias en el esfuerzo para vencer al coronavirus y contener la pandemia. Por primera vez, se puede rastrear de manera cronológica un contramovimiento, promovido por distintos actores y grupos, que erosiona la eficacia de las políticas públicas y amenaza la seguridad de sectores vulnerables de la población.

“La principal razón identificada del rechazo de las vacunas del COVID-19 es la desinformación o mala información que se difunden en medios de comunicación y redes sociales como Facebook, WhatsApp, entre otros”, precisa el informe de la Red de Salud de Bagua, Amazonas, a la que OjoPúblico tuvo acceso.

Lo mismo plantea, desde la zona andina, el presidente de la Nación Chopcca, Juan Meneses, quien confirmó que su pueblo cuenta con conexión a redes de telefonía e Internet, por lo que sus habitantes tienen acceso a mensajes antivacunas que se han vuelto virales.

La influencia de la desinformación ha sido tal que, según los reportes de campo recogidos en el informe de la red de Salud de Bagua, en Amazonas, logró confundir a gente que estaba interesada en vacunarse. En especial, cuando personajes influyentes de la zona planteaban su desacuerdo. “Esta negativa de los líderes locales frena el trabajo de sensibilización que hasta la fecha viene realizando el personal de salud en las diferentes comunidades nativas del distrito de Imaza, quienes muchas veces tenían la aceptación de grandes grupos de personas para la vacunación Covid-19; sin embargo, con el pasar de las horas y días, estas personas iban cambiando de idea de un momento a otro, firmando actas de rechazo de hasta comunidades enteras”. 

En los gráficos estadísticos adjuntos a ese informe se evidencia que el inicio de la vacunación en el mes de junio tuvo un impulso sostenido durante los diez primeros días, para luego declinar de manera dramática. "[...] después de la segunda semana de iniciada la vacunación, la cantidad de vacunados diarios comienza a disminuir, evento coincidente con la difusión de audios, videos y comunicados antivacunas a través de las redes sociales dentro de las comunidades nativas", indica en el informe de las autoridades de salud de Bagua. 

OjoPúblico recogió testimonios de distintas personas que han participado en el esfuerzo por llevar adelante el proceso de vacunación y se han topado con un efecto solo es comparable, aunque en sentido opuesto, al de las propias campañas oficiales para enfrentar la pandemia.

Uno de estos testimonios es el de la interna de medicina Lourdes Flores, del centro de salud El Muyo, en el distrito de Aramango, Amazonas. En agosto último, como parte de una brigada de vacunación, Flores atravesó un río en una cabina sujeta con poleas para llegar a la comunidad de Tsuntsuntsa. El objetivo era vacunar a 100 habitantes de la etnia awajún, pero al final de la jornada solo siete personas aceptaron la dosis del laboratorio Sinopharm. Las autoridades locales le dijeron que la gente tenía los mismos temores de otros pueblos: que la vacuna mata, que la marca enviada no era la mejor. 

También en este caso, los difusores de versiones falsas han sido grupos religiosos, redes sociales y medios de comunicación. “Incluso Willax, que es el principal canal que ha estado en contra de la vacunación, y que ha dado una información falsa [sobre la vacuna de Sinopharm]”, dijo Flores en referencia a un programa de televisión por cable ―que luego se viralizó en redes sociales―, en el que el biólogo y entonces candidato al Congreso Ernesto Bustamante presentó de manera errónea los datos de un informe sobre la eficacia de la vacuna de Sinopharm en Perú, y hasta dijo que causaba más COVID-19 que el placebo. Bustamante, hoy congresista por Fuerza Popular, ha insistido con sus críticas a la vacuna procedente de China. “Y todo eso se ha quedado en la mente de las personas”, enfatizó la médica serumista.

La versión ha seguido circulando meses después en los territorios indígenas.

OjoPúblico intentó comunicarse con Bustamante por llamadas telefónicas y la red de mensajería WhatsApp, pero al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta. 

A una consulta para este reportaje, Esther Marchena, coordinadora de inmunizaciones de la Diresa de Amazonas, identificó que los contenidos fraudulentos también se han transmitido en volantes. En uno se observa la consigna del 'No a la vacuna' junto a datos falsos sobre sus componentes: que supuestamente incluyen mercurio, células de animales y de humanos. 

Este material fue realizado por un grupo que se identificó como parte de Acción Humanista Revolucionaria (AUR), un movimiento originado en Bolivia y cuyos presuntos seguidores peruanos han realizado plantones en Lima para oponerse a la vacunación y esparcir teorías conspirativas sobre la pandemia. Rafael Sagárnaga, directivo de AUR en la ciudad boliviana de Santa Cruz, confirmó que su organización tiene enlaces en al menos 3 regiones del Perú: Lima, Arequipa y Lambayeque. OjoPúblico intentó comunicarse con los miembros voceros de los grupos locales, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Los grupos antivacunas se han adelantado y han sido más rápidos que las propias campañas del Estado, dice Marchena. Por eso, la funcionaria considera que resarcir los daños de estas versiones va a ser un esfuerzo arduo. El problema es que la desinformación parece haber calado también en los equipos que deben ejecutar las campañas de vacunación: según la data recibida por Esther Marchena, al menos hasta septiembre del 2021, se registraron cerca de sesenta casos de técnicos sanitarios, miembros de pueblos indígenas, que se negaron a que les aplicaran la vacuna contra la COVID-19

En la región amazónica de Loreto, la obstetra Gisella Elizabeth Coloma ha encontrado que la información se tergiversa tanto a partir de comentarios y rumores como por los mensajes propalados por agentes de sectores religiosos, como los pastores de distintas confesiones. “En lo que es atención primaria de salud, si el pastor les dice que no se vacunen, no se vacunan. Creen mucho en lo que el pastor les inculca”, dice la gerenta de la Microrred de Salud de Andoas.
 
Es común que en cada comunidad exista una iglesia dirigida por un pastor. Es decir, no funcionan como una franquicia sino que actúan de manera autónoma y varias están diseminadas por las zonas rurales de Loreto, según explicó a OjoPúblico Gonzalo Marsá, coordinador técnico del Comando COVID-19 Indígena de Loreto, un grupo presidido por líderes y representantes de organizaciones indígenas de la Amazonía, como la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO). Tan solo esta última agrupa a más de cuatrocientas comunidades. 

Marsá comentó a OjoPúblico que no basta informar sobre las vacunas sino que es necesario que las autoridades sanitarias de las regiones coordinen con las organizaciones indígenas y líderes de las comunidades antes de que las brigadas ejecuten sus intervenciones. “Nosotros hemos hablado de tres requisitos: que la vacunación sea informada, coordinada y consentida”, dijo.

Un refuerzo para pueblos indígenas

Tres meses después del viaje en que recogió el rechazo de siete comunidades indígenas de Loreto en dos días, el técnico en enfermería Omar Chahua tiene algunos reparos para volver. Considera un riesgo regresar a lugares donde la negativa a la vacuna fue tajante. “Insistir demasiado, tal vez, puede generar una reacción contra mi persona”, comenta en una conversación telefónica para este reportaje. Su temor tiene antecedentes como la experiencia del enfermero Dixon Rodríguez, quien fue rodeado con armas en los territorios ashéninkas de Ucayali. También las de otros miembros del personal de salud en comunidades de Amazonas, donde la gente no solo rechaza la vacuna, sino que ha llegado a considerarla parte de una operación de castigo o exterminio, según el caso. “No voy a arriesgar mi integridad física por una decisión ya tomada [por la comunidad]”, dice Chahua.

A estas alturas queda bastante claro que ya no es solo un problema de mensajes confusos, sino de una brecha cultural que, agravada por la desinformación, sigue poniendo en riesgo a pueblos vulnerables al mismo tiempo que el país avanza en la inmunización contra la COVID-19. A inicios de noviembre del 2021, el Gobierno peruano respondió a este punto crítico con la asignación de casi 28 millones de soles ―unos 7 millones de dólares― para financiar las intervenciones sanitarias. Este presupuesto incluye, entre otros gastos, la posibilidad de incorporar a alrededor de 3 mil enlaces indígenas al trabajo de las brigadas. "Estamos en proceso de contratación. A ellos se les va a capacitar sobre las funciones que van a cumplir en el territorio, sobre el ABC de la vacuna contra la COVID-19”, indicó a OjoPúblico Julio Mendigure, responsable de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa. Mientras los expertos especulan sobre el impacto de una tercera ola de la pandemia en el país, hay toda una marea de mentiras y engaños por contener en las regiones más aisladas del Perú.

 

*Para obtener las tasas de vacunación contra la COVID-19, OjoPúblico ha tomado como fuente el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Salud.

Esta investigación es parte de “Los desinformantes”, una serie de investigaciones sobre diferentes actores que han desinformado durante la pandemia, que está realizando LatamChequea, la red de chequeadores latinoamericanos coordinada por Chequeado, y cuenta con las ediciones de las organizaciones que participan y del periodista Hugo Alconada Mon.