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Martes, 04 Diciembre 2018

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Acaba de comenzar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A partir del 29 de noviembre arrancó su carrera contra el tiempo y el olvido. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.

¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿qué hará?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

¿Cuándo empieza sus funciones?

El 8 de mayo de este año, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

Viernes, 11 Agosto 2017

Maternidad condicionada

Por Alexandra Gómez

Si bien la Ley de Amnistía se aplica por igual a hombres y mujeres, no fue pensada desde el enfoque de género, razón por la cual las madres exguerrilleras privadas de la libertad y sus hijos pequeños, sufren las consecuencias.

Farley y Carmelita llegaron al mundo abrigados por arrullos, caricias, besos dulces y melosos que irrumpieron en la hostilidad de las cárceles, donde sus madres, Deisy y Mayerly, pagaban condenas por pertenecer a las Farc.

Ellas decidieron entrar a la guerra siendo aún adolescentes y, al igual que Edna, por años resistieron y sobrevivieron a los ataques “enemigos”. Aprendieron a ser madres mientras estaban privadas de la libertad y ahora, tras la implementación de la Ley de Amnistía, gozan del beneficio de libertad condicionada. Hoy sus bebés, junto a la recién nacida Salomé, pasarán sus primeros años de vida en el campamento Libertad Simón Trinidad, entre las montañas de Mesetas en el departamento del Meta.

El campamento Libertad Simón Trinidad fue diseñado para albergar a 700 excombatientes de las Farc excarcelados y beneficiados con libertad condicionada. A la fecha, hay 417 hombres y 32 mujeres que cometieron delitos de guerra o de lesa humanidad y que no han cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad.

Para permanecer en este lugar debieron suscribir un compromiso de presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que empezará a operar el año entrante. Así podrán resolver su situación jurídica y aportar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, previsto en el Acuerdo de La Habana.

Aunque el Acuerdo Final de Paz tuvo la histórica participación de una subcomisión de género, integrada por mujeres del Gobierno y Farc, que incluyó la perspectiva de género en los seis puntos del documento, esta Ley de Amnistía que debía garantizar la libertad inmediata de todos los excombatientes, no tuvo en cuenta las particularidades de la situación de las mujeres con hijos que están privadas de la libertad.

Las historias de estas tres mujeres, las únicas con hijos menores de edad que pasan sus días en este campamento transitorio, retratan cómo “las decisiones judiciales reproducen las situaciones históricas de desigualdad de las mujeres, bajo el presupuesto básico de que el derecho es neutral, tiene respuesta para todo y es completo”, según llama la atención la abogada, Isabel Agatón Santander, promotora de la Ley Rosa Elvira Cely contra el feminicidio.

El camino hacia el campamento Libertad

A seis horas de Bogotá, pasando por Villavicencio, se llega a Mesetas. Es un pequeño y cálido pueblo de 3.500 habitantes en la cabecera municipal; su calle principal está inundada por la venta de arepas, papas rellenas, empanadas y chorizos; y los domingos por la noche, las discotecas encienden las luces de neón y compiten con el volumen de los equipos para atraer a los clientes.

Desde marzo, un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, hace parte de la vida cotidiana del parque principal. Allí se le ve parqueado, a la espera de los miembros de las Farc que llegan de todo el país beneficiados por la Ley de Amnistía. Desde el parque deberán recorrer algo más de una hora por trocha para encontrar la Zona Veredal Mariana Páez, la más grande del país que alberga cerca de 500 excombatientes. Un kilómetro más allá está el Campamento Libertad.

Mientras el sol se esconde sólo queda la lluvia y el barro. Los lugareños insisten “en que dejará de llover por ahí en noviembre”. La carretera que conduce del casco urbano hacia la zona veredal, empieza en una trocha empedrada en mal estado. Cada tanto se observan cantinas de leche en las puertas de las fincas y el intenso olor de urea del ganado se disuelve en el húmedo ambiente.

Después de media hora por el camino pedregoso, la carretera cambia poco antes de llegar a la Vereda La Florida. La capa de tierra aparece desnuda, gredosa, es como un retén natural para impedir el tránsito. A medida que se avanza, los motores de los carros aumentan su potencia para no quedarse enterrados.

En el caserío La Florida aparecen vehículos distintivos del Inpec, de la ONU, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y una ambulancia. Es el aviso de que la zona veredal está cerca, faltan quince minutos, pero el barro no da paso, hay que llegar caminando.

Con el acto protocolario de la dejación de armas del 27 de junio pasado y la llegada de más de 300 invitados, la carretera empeoró y los campesinos de la zona se quejan porque el carro lechero ya no sube y ellos dependen económicamente de la venta de ese producto.

La zona veredal Mariana Páez es aún un punto de preagrupamiento, en ocho hectáreas se ven las viviendas de los excombatientes en plásticos y lona verde. La construcción de los campamentos, a julio, solo había avanzado el 5%.

Después de varias curvas se llega al campamento Libertad, donde viven Deisy, Edna y esperan a Mayerly. De este difícil camino depende que Salomé, Farley y Carmencita puedan recibir atención médica y sus kits de aseo, de manera adecuada.

La niña rubia del campamento

“Cuando nació y me la mostraron y yo vi a Carmencita ¡eso fue muy lindo! Que mire que es una niña, ver la carita y esos cacheticos todos rosaditos. Yo les decía, muéstrenme bien la vaginita para saber si es una niña, y se me salieron las lágrimas. ¡Es una experiencia bien bonita! pero también quedé con un frío horrible del hospital. Dormí esa noche y al otro día regresé a la cárcel”. Así recuerda Deisy la llegada de su hija.

Ella logró recibir atención prenatal en la cárcel de Montería gracias a una visita de la Personería al centro carcelario, porque allí sólo tienen acceso a un médico general. Faltando apenas cinco días para el parto fue trasladada a un patio especial donde convivía con otras madres en cuatro cuartos. Por ocho días soportó los dolores de parto y tuvo que ser sometida a una cesárea: la bebé estaba envuelta en el cordón umbilical.

“La detención domiciliaria la pedí cuando la bebé tenía cinco meses de nacida, el juez me la denegó diciendo que yo era un peligro bien berraco para la sociedad, que era reincidente, que ya había violado una detención domiciliaria. Ese juez era Fredy Padilla, del Bagre Antioquia. Me cuentan que, con el tiempo, fue condenado a siete años de cárcel por corrupción”, exclama indignada Deisy.

Deisy inició los trámites para ser beneficiada por la Ley de Amnistía en febrero, y en mayo Carmencita cumplió tres años, la edad límite permitida para la permanencia de los niños en la cárcel. Pese a que su libertad condicionada ya estaba en trámite en el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería, el Inpec, a través del Instituto de Bienestar Familiar empezó a gestionar para que la niña saliera de la cárcel.

Deisy soportó la presión durante varias semanas hasta junio, cuando recibió la libertad condicionada. El Inpec se opuso a garantizar el traslado de la niña hasta la zona veredal y Carmencita tuvo que ser llevada hasta el campamento Libertad por un familiar.

“¡Carmencita tiene unos crespos más lindos y es terrible!”. Así la describe su familia ampliada en el campamento, por lo inquieta y audaz. Su presencia ha cambiado la vida en este lugar, acompaña a su mamá a las reuniones y cada tanto interrumpe la solemnidad de las discusiones. Mientras intento entrevistar a Deisy, Carmencita le insiste a su mamá: “ponme la canción aquí en el celular”, y tararea el himno de las Farc, como si fuera una ronda infantil. El pasatiempo para ellas en las tardes, es visitar a “la vaca lola”, como bautizó Carmencita a la vaca del campamento. Si no hace caso, no irán a verla, sentencia su mamá con autoridad.

El cuarto está lleno de juguetes, Carmencita tiene sus botas pantaneras, pero las deja fuera del cuarto de 6X5 metros donde duermen, para no embarrarlo. “De las condiciones en las que vivíamos en la cárcel cambió todo, ahora Carmencita tiene donde correr, puede jugar con los animales, puedo verla crecer porque antes nos querían separar, mis compañeros me ayudan a cuidarla”, reconoce Deisy sobre su nueva vida en la zona veredal.

Deisy ingresó a las Farc en el Magdalena Medio, a los 14 años, tras quedar huérfana de madre. Pasó por el Bloque Caribe, en el frente 37, que operaba en los Montes de María. En el 2009 fue capturada en Bucaramanga por el delito de rebelión y cumpliendo la pena nació su primer hijo.

“Recibí la detención domiciliaria por el período de lactancia, yo aproveché para dejar el niño con mi familia y regresé a las Farc”, explica Deisy. La última captura fue en el 2013 durante un asalto al Ejército en la zona rural del Bagre, Antioquia. Estuvo condenada a 96 meses por rebelión y tiene otro proceso penal en curso sindicada por otros delitos.

Deisy todavía le da pecho a Carmelita, le consiente los crespos rubios, prepara su desayuno en la estufa de un solo puesto que tiene en la habitación. “Mi hija representa una parte primordial en mi vida. La continuidad del proyecto político de las Farc es otra de mis responsabilidades”, dice.

Los primeros pasitos en Libertad

Hay septiembres de amor y otros de guerra. En septiembre de 2011, durante un ataque del Ejército al Frente Urías Rendón, del Bloque Oriental, Edna fue capturada y condenada a seis años de prisión por rebelión. Desde los 14 años ingresó a las Farc, fue caminante del piedemonte llanero y testigo de los ocasos en las sabanas. Mientras la densidad de las nubes atrapa los árboles en las alturas de Mesetas, ella mece a Salomé, una bebé de cuatro meses de nacida.

Edna obtuvo redención de pena por trabajos sociales y, en 2014, le otorgaron la detención domiciliaria y, luego, la libertad condicionada. Desde enero del 2017 solicitó la libertad definitiva por cumplimiento de pena, pero aún no ha recibido la boleta que le garantice la tranquilidad de estar a paz y salvo con la justicia.

Salomé nació en el hospital de Granada-Meta, pero a los pocos días Edna se fue a la casa de una familia desconocida, por recomendación de uno de sus “camaradas”. No se sintió cómoda en una casa extraña y decidió devolverse para el campamento. “Decidí incorporarme en enero a la zona veredal porque todavía me aparecen antecedentes judiciales y mi vida han sido las Farc”, afirma mientras vigila el sueño de Salomé que duerme en una sencilla hamaca militar que se utiliza para acampar.

En los primeros días una de sus compañeras le ayudaba con la preparación de algunos alimentos y la lavada de la ropa, pero después ella decidió asumir esas labores, sin cuidar mucho su salud y la “dieta” que suelen guardar las mujeres durante el puerperio. “Ahora tengo como unos dolores internos y la bebé está con diarrea, sólo hay un médico general y para atención de pediatría toca ir hasta Granada”, cuenta. Además, explica, no hay presupuesto de transportes contemplado para estos casos. “Estoy pidiendo que me bajen a la zona veredal Mariana Páez, donde está el médico”, dice Edna preocupada.

En una hoja pegada en el exterior de la habitación, un letrero anuncia: “Salome Nagive”. Adentro hay dos camas, un corral y una cuerdita en la que cuelga ropa de bebé. “La mayoría de las cositas de la niña han sido donaciones, nos llegan pañales del gobierno pero son etapa 5 y la bebé queda envuelta en el pañal. A veces logro intercambiar y conseguir con otras compañeras tallas más pequeñas”, narra Edna.

“A mí me gustaría participar de las capacitaciones que organizan algunos camaradas o cuando viene gente de las universidades pero ¿quién se queda con Salomé? Queremos organizar una guardería para el cuidado de los niños porque varias tenemos la intención de terminar el bachillerato y emprender un proyecto productivo. La mayoría de las que estamos aquí somos madres solteras”, explica Edna. Ella tiene además un hijo adolescente, que dejó al cuidado de su familia y después de ocho años, logró verlo.

Salomé sólo ha visto a su papá (también integrante de las Farc) una vez y fue al interior de la cárcel, Edna ansía el reencuentro para que juntos vean los primeros pasos que seguramente dará la niña en el campamento Libertad.

Farley espera la Libertad

En junio, Mayerly cumplió tres años de estar privada de la libertad. Está condenada a 38 años de cárcel. Detrás de la reja de visitas del complejo carcelario de Cúcuta aparece con un cochecito, donde duerme Farley, de 6 meses. Desde febrero esta exguerrillera está tramitando el beneficio de libertad condicionada por la Ley de Amnistía. El proceso avanza con lentitud y, cada tanto, el Juez Quinto de Ejecución de Penas de Cúcuta, que lleva su caso, pone una nueva traba que ha impedido su traslado a la zona veredal. El papá del bebé, en cambio, ya se encuentra en el campamento Libertad.

En mayo, el juez le negó la libertad condicionada asegurando que “el acta de compromiso entregada no corresponde al modelo del formato establecido”. En junio, Mayerly entregó nuevamente los documentos y el 6 de julio le concedieron la libertad condicionada, pero lleva un mes a la espera de ser trasladada a la zona veredal.

“El INPEC le exige viajar sola y que otra persona sea responsable del traslado del bebé. Mayerly no tiene un familiar cercano que le colabore, porque ella es de Arauca y esto ha demorado su salida de la cárcel”, explica la abogada de la Corporación Solidaridad Jurídica que acompaña el caso.

Esta angustiosa espera es apenas el colofón de una cadena de injusticias que ha rodeado su maternidad. Mayerly recuerda, por ejemplo, que sólo pudo obtener un control prenatal cuando ya completaba el octavo mes de gestación. A los tres meses de nacido, Farley fue trasladado de urgencias al hospital por una otitis. El INPEC le permitía apenas una hora de lactancia en la mañana y otra en la tarde. El ICBF le asignó una madre sustituta para el cuidado permanente del bebé, “pero cuando yo llegaba el niño estaba quemado en sus partes íntimas y las mamás de la sala me contaban que vomitaba en la noche”, cuenta tras la reja de la cárcel.

Mientras transcurrían los días de hospitalización del bebé, el INPEC inició, ante un defensor de familia, el trámite para trasladar al niño a un hogar sustituto, sin el consentimiento informado a Mayerly. Gracias a la intervención de una ONG lograron detener el proceso, que iba en contravención de los derechos del bebé.

Mayerly tiene 29 años y desde los 14 se integró a las Farc, al Bloque Oriental. Sus primeros meses de maternidad transcurrieron en la Unidad de Medidas Especiales de la cárcel de Cúcuta junto a un grupo de mujeres excombatientes que espera la libertad por la Ley de Amnistía. Faltan tres. Mientras tanto, Farley sigue creciendo en la incertidumbre, mientras espera llegar al campamento Libertad.

Una ley desenfocada

La Ley de Amnistía fue el primer acto legislativo que se expidió en el largo camino de la implementación del Acuerdo de Paz. Su diseño estuvo a cargo de un grupo de seis juristas hombres que discutió el punto 5, de manera hermética y paralela a otros temas de la agenda. El resultado fue un texto que incluía la Ley de Amnistía y que se anexó al Acuerdo. La ley fue tramitada en el Congreso y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 30 de diciembre del 2016.

“La discusión estuvo centrada en defender la existencia del delito político, en establecer qué se incluye y qué no, pero no les interesó distinguir entre hombres y mujeres, por eso muchas de las disposiciones de la ley son tradicionales, se crea un procedimiento común de indultos, amnistías, liberaciones y ya”, sostiene Camilo Sánchez, director de investigaciones en Justicia Transicional de Dejusticia.

A pesar de que la negociación con las Farc y el Acuerdo final significaron un importante avance en la participación de las mujeres y en la inclusión del enfoque de género en el texto, la implementación de la Ley de Amnistía no tuvo en cuenta las condiciones especiales, como madres lactantes, de Deisy y Mayerly.

“Se supone que todos los guerrilleros salían de inmediato (…) la ley no fue hecha para que salieran primero las mujeres y después los hombres, pero las decisiones de los jueces nos han enredado la pita”, dice Victoria Sandino, dirigente de las Farc, quien integró la subcomisión de género en los diálogos de la Habana y hoy es la única mujer en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, Csivi.

Con la llegada de Mayerly, Deisy y Edna, contarán con una madre más y serán tres lactantes las que habiten el Campamento Libertad, que en su diseño no tuvo en cuenta que llegarían allí mujeres con sus bebés. Cada habitación tiene aproximadamente 6 X 4 metros y cuenta con dos camarotes para acomodar a cuatro personas. Para el caso de las mujeres lactantes ellas deciden con quién comparten el cuarto.

Mientras estas mujeres esperan junto a sus bebés que la Justicia Especial para la Paz, les defina su futuro, es importante llamar la atención sobre la necesidad de que este sistema de justicia transicional implemente efectivamente el enfoque de género.

Así lo advierte la abogada Isabel Agatón: “Pensar en las magistradas que ocuparán la JEP no es sólo una discusión de paridad entre hombres y mujeres. El hecho de ser mujer no garantiza una decisión comprometida con la justicia de género. Se requiere de juristas con conciencia de género, que hayan cuestionado el estatus clásico del derecho, que apliquen estándares internacionales y se preocupen por adoptar medidas efectivas para la protección de los derechos de las mujeres”.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta historia fue publicada originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.