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Martes, 04 Diciembre 2018

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Acaba de comenzar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A partir del 29 de noviembre arrancó su carrera contra el tiempo y el olvido. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.

¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿qué hará?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

¿Cuándo empieza sus funciones?

El 8 de mayo de este año, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

Viernes, 20 Marzo 2020

Explicador: ¿Qué es el Estado de Emergencia?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Le explicamos lo que hay que tener claro alrededor del decreto 417 de 2020 que establece el Estado de Emergencia por el Covid-19. ¿Qué facultades otorga al Presidente Duque y cuáles son sus límites?

En medio de la crisis sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, el presidente Iván Duque en alocución presidencial decretó en la noche del pasado 17 de marzo el Estado de Emergencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implicaciones tiene para la libre movilización de los ciudadanos por el territorio nacional? ¿Pueden crearse nuevos impuestos por la emergencia sanitaria?

El Estado de Emergencia es uno de los Estados de Excepción, de modo que empezaremos por ahí.

¿Qué son los Estados de Excepción?

Son una facultad extraordinaria que tiene el Presidente de la República (no solo en Colombia, sino en otros países que cuentan con la misma figura) para afrontar situaciones extraordinarias que no podría enfrentar con sus funciones ordinarias. 

¿Cuándo fueron creados y por qué?

Néstor Osuna, docente de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia, explica que desde los orígenes de la república siempre ha habido la idea de que en momentos de crisis es necesario fortalecer los poderes del presidente. “Nuestra historia constitucional ha sido muy recurrente en tener algunos dispositivos en la cual en tiempos de guerra el presidente pueda asumir funciones adicionales a las que tiene”, explica Osuna. 

Con la constitución de 1886 y anteriores solo se contaba con el Estado de Sitio, que fue ampliamente utilizado por los presidentes de la segunda mitad del Siglo XX. Con la reforma que se le hizo a la constitución en 1968, según cuenta Osuna, debido a que el estado de sitio era principalmente declarado por situaciones económicas, se abrió la opción de contar con un estado de excepción específico para las emergencias económicas. Este mecanismo fue utilizado por los expresidentes Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y Alfonso López Michelsen (1974-1978).

Sin embargo, a lo largo del Siglo XX se hizo evidente el uso desmedido de este mecanismo, principalmente para crisis de orden público. Básicamente, unas semanas después de llegar al cargo, los presidentes declaraban el estado de sitio y solo lo levantaban unas semanas antes de entregar el cargo, según cuenta el docente. 

Quizá el ejemplo más claro del uso desmedido del estado de sitio fue el Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay (1978-1982). Con la Constitución de 1991 se regula el uso de los estados de excepción y abre a tres las opciones.

¿Qué facultades otorgan al presidente?

El mismo nombre del mecanismo da una clara pista de las licencias que otorga, pues le dan al presidente facultades excepcionales; específicamente, la habilidad de expedir decretos con fuerza de ley. Es decir, de realizar función reservada para el legislador (el Congreso). 

¿Qué quiere decir “decreto con fuerza de ley”?

En el gráfico a continuación (pirámide de Kelsen) explicamos la jerarquía de las normas en Colombia:

Pirámide de Kelsen

Básicamente, los decretos que expida el presidente durante el Estado de Excepción están al mismo nivel que las leyes ordinarias que saca el Congreso en sus labores de legislativo. Además, el presidente durante el estado de excepción puede derogar otras normas, poner nuevos impuestos y todo lo que considere necesario para conjurar la crisis.

¿Cuáles son los límites de esas facultades extraordinarias?

El artículo 214 de la Constitución explica todo lo relacionado con los límites de los estados de excepción. Resumimos lo que señala.

  1. El presidente debe demostrar que tiene motivos para declarar el estado de excepción y para poder declararlo debe contar con la firma de todos los ministros. 

  2. Con el fin de que el presidente no se extralimite y legisle sobre lo que se le ocurra, los decretos que expida durante ese tiempo solo podrán referirse directa y específicamente a la situación que generó el estado de excepción. También deben contar con la firma de todos los ministros.

  3. Durante el estado de excepción no se podrán suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales y se seguirán respetando las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

  4. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. 

  5. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. 

Por último, y no por ello menos importante, tanto la declaratoria del estado de excepción, como todas y cada una de las medidas que tome el presidente durante ese tiempo, serán analizadas automáticamente por la Corte Constitucional para que ella decida sobre la constitucionalidad de dichas medidas. La Corte es quien ejerce el control y pone el límite a los poderes excepcional que adquiere el gobierno.

¿Dónde están regulados los estados de excepción?

En el capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia y la ley 137 de 1994. Allí se explican los tres estados de excepción: Estado de Guerra Exterior, Estado de Conmoción Interior y Estado de Emergencia. 

En términos generales, los tres estados pueden ser declarados por el presidente con la firma de todos los ministros (como ya explicamos), pero cada uno tiene sus particularidades de cuánto tiempo pueden permanecer declarados y sobre el alcance que tienen las normas impuestas durante ese tiempo.

Explicaremos brevemente los dos primeros antes de adentrarnos en el estado convocado recientemente por el presidente Duque.

Estado de Guerra Exterior

Solo entra a regir cuando el país tiene una amenaza de guerra exterior o cuando nos declaran la guerra. Está regulado por el artículo 212 de la Constitución y señala que la declaración “sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión”.

Asimismo, este estado puede mantenerse continuamente mientras subsista el estado de guerra. De acuerdo con Osuna, este mecanismo no ha sido estrenado. 

Durante este tiempo, “el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad”.

La misma norma señala, además, que mientras subsista el Estado de Guerra:

“El Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara”. 

Estado de Conmoción Interior:

Usado principalmente ante situaciones de orden público. El artículo 213 de la Constitución dice que puede ser declarado “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”. 

Puede ser declarado en todo el país o en algunas zonas en específico, por un tiempo no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales (270 días). Sin embargo, para ser declarado por segunda vez, requiere el concepto favorable del Senado. 

Finalmente, el artículo es claro en que “en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.

Tanto para el estado de guerra exterior, como para el de conmoción interior, de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución Política, tan pronto como hayan cesado las causas que dieron lugar al Estado de Excepción, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el Estado de Excepción. 

El Estado de Emergencia

Como lo mencionamos más arriba, este es el estado de excepción que Duque decretó para lidiar con el brote de coronavirus en Colombia. Está reglamentado por el artículo 215 de la Constitución Política y señala que, cuando sobrevengan hechos distintos al estado de guerra exterior y la conmoción interior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá ser declarado por el presidente.

Además de la propagación de Covid-19 en Colombia y el mundo, otra situación en la cual ha sido usado este mecanismo fue durante la tragedia de Mocoa en 2017, provocada por el desbordamiento de tres ríos que arrasaron con la capital de Putumayo.

El estado de emergencia solo puede permanecer por períodos de hasta treinta días que pueden ser prorrogados dos veces más y que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

En este tiempo el presidente podrá expedir decretos con fuerza de ley que establezcan nuevos tributos o modifiquen los existentes. Retomando el mismo ejemplo, después de declarado el Estado de Emergencia por la tragedia de Mocoa, el entonces presidente Juan Manuel Santos dio subsidios a las facturas de energía para los estratos 1, 2 y 3 y exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los habitantes del municipio.

Las medidas económicas que se impongan durante ese tiempo, no obstante, dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal (31 de diciembre del mismo año en que se declare el impuesto), a menos que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente.

Como los decretos que firme el presidente durante el estado de excepción tienen fuerza de ley, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, el Congreso podrá derogar o modificar dichas normas.

Finalmente, la única prohibición que tiene el estado de emergencia diferente a los otros estados de excepción es que el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que expida. 

¿Qué pasa si se declara un Estado de Excepción sin justificación?

Lo que dice el artículo 214 de la constitución es que “el Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores”. Lo mismo aplica para el Estado de Emergencia, según el artículo 215.

¿Qué dice el decreto 418 de 2020?

Un día después de la declaración del Estado de Excepción, por medio del decreto 417 de 2020, el gobierno expidió al día siguiente el 418 “por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público”. 

Este, señala en su primer artículo que la dirección del manejo del orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus SARS-CoV-2 estará en cabeza del presidente. 

Asimismo, las decisiones que tome el presidente estarán por encima de las tomadas por alcaldes y gobernadores, y quienes desobedezcan podrán ser sancionados.

Algunas de las medidas que ya había tomado el presidente al momento de esta publicación en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia son:

  1. Aislamiento preventivo de personas mayores de 70 años
    Esta medida estará vigente desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo del 2020, y es obligatorio. Las únicas excepciones en que pueden romper el aislamiento tienen que ver con el abastecimiento de bienes de consumo y primera necesidad, el uso de los servicios financieros, de salud y adquisición de medicamentos, y casos de fuerza mayor o fortuitos.

  2. Reconexión del servicio de agua a hogares que lo tenían suspendido por falta de pago, congelación de tarifas. Mayor frecuencia en la desinfección de puntos críticos de alta concurrencia y suspensión de cobros de aranceles para insumos de potabilización.

  3. Suspender el ingreso de viajeros internacionales por 30 días.