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Martes, 04 Diciembre 2018

¿Qué es la Comisión de la Verdad?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Acaba de comenzar el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A partir del 29 de noviembre arrancó su carrera contra el tiempo y el olvido. Pero, ¿qué es exactamente la comisión?, ¿cuáles son propiamente sus funciones? y ¿por qué son importantes?

“La historia de muchos países, incluido Colombia, muestra que ignorar el pasado mantiene las heridas abiertas y alimenta el desprecio por la vida”, es la respuesta que da la misma Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) en su página oficial a la pregunta “¿La verdad abrirá más las heridas?”.

La búsqueda de la verdad, por su parte, es un derecho internacionalmente reconocido que contribuye a la creación de un registro histórico y que impide la negación de los hechos de violencia.

“Al dar más información a las víctimas sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de la represión), puede ayudarles a cerrar esa etapa”, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT por sus siglas en inglés).

Por esta razón, tras un conflicto interno de más de 50 años, se creó en Colombia una instancia que, por un tiempo limitado, asume la tarea de indagar por las condiciones que hicieron posible el conflicto y, con sus hallazgos, transformar esa verdad en memoria y reconciliación.

Colombiacheck, en un capítulo más de sus artículos explicativos, decidió resolver las preguntas más básicas alrededor de la Comisión de la Verdad en aras de contribuir a un debate informado. Pero también, buscando mantenerlo abierto, dejamos al final una dirección de correo electrónico a la cual pueden enviarnos nuevas preguntas, suministrarnos nuevas fuentes o pedirnos aclaraciones, en caso de ser necesario.

¿Qué es una comisión de la verdad?

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales (de los gobiernos), no judiciales y de vigencia limitada, que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias de períodos de violencia masiva, de acuerdo con la ICTJ.

En un artículo publicado por Razón Pública, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana​ Gustavo Salazar explica que la primera de estas comisiones fue constituida en Uganda en 1974 para esclarecer las desapariciones cometidas por el gobierno a partir del 25 de enero de 1971. Desde entonces han sido creadas casi 50 comisiones de la verdad y en nuestro continente son reconocidas las de Argentina, Chile y El Salvador.

¿Qué busca?

Según el artículo de Salazar, una comisión de la verdad tiene entre sus objetivos: 

  • Evitar la negación de sucesos violentos o el olvido de sus responsables. 
  • Determinar los contextos históricos y sociales que dieron pie y sustento a esos sucesos. 
  • Proteger, reconocer y dar poder y voz a las víctimas y sobrevivientes, reafirmarlos como sujetos de derechos y alentar el reconocimiento y la solidaridad de todo el país.
  • Reconocer violaciones masivas de derechos humanos cometidas por Estados supuestamente democráticos

“Las comisiones de la verdad, independientes y eficaces, se han convertido en parte fundamental de las iniciativas de justicia transicional en todo el mundo”, dice la ICTJ.

¿Todos los procesos de paz han tenido, en su implementación, una comisión de la verdad?

No todos, según Borja Paladini, representante en Colombia del Instituto Kroc, la única organización que compara la implementación de los procesos de paz en el mundo.

“Solo algunos hacen uso de la comisión de la verdad y Colombia es el primer caso en donde hay un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición”, dice Paladini.

Según Paladini, se tiene justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); verdad con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; reparación con las reparaciones individuales y colectivas previstas en la Ley de Víctimas, y no repetición con la implementación del acuerdo, en general, y las medidas de seguridad, protección y atención a temas estructurales del conflicto, en particular. 

Lo que ha pasado en otros casos del mundo, de acuerdo con Paladini (ya que el instituto que él representa le ha seguido la pista a 35 procesos de paz en los últimos 40 años), es que se prioriza la verdad sobre la justicia o la justicia sobre la verdad. O, en el peor de los casos, no hay ninguna. “A Colombia hoy la está mirando el mundo porque es el primer caso en donde, en teoría, se crea un sistema integral”, concluye Paladini.

¿Cómo nace la Comisión de la Verdad de Colombia?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada de conformidad con el Acuerdo Final entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Está consignada en el acuerdo cinco (5.1.1.1), sobre las víctimas, “que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, de acuerdo con el tercer informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales, creado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. 

“El concebir la justicia restaurativa como el eje del modelo de justicia transicional a desarrollar, y el privilegiar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, significaba la creación de un mecanismo que diera cuenta de estos derechos, al tiempo que permitiera brindar seguridad jurídica a los comparecientes”, según explica Vera Samudio, investigadora del Cinep.

¿Y qué es exactamente?

La Comisión es una institución del Estado colombiano, de rango constitucional, autónoma e independiente. Debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Trabaja de la mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Y debe ser entendida, según Samudio, como el mecanismo encargado de dar cuenta del derecho a la verdad de las víctimas, en el que se pueda construir una explicación compleja e integral del conflicto armado, se escuchen las voces de quienes padecieron los crímenes en procura de su sanación, se identifiquen responsabilidades colectivas y donde los responsables reconozcan sus acciones delictivas y pidan perdón a las víctimas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Según el el decreto 588 de 2018 que crea la comisión, la CEV tiene tres grandes objetivos:

  1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto
  2. Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto. 
  3. Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. 

En general, “la CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”, sentencia el decreto.

En términos prácticos, ¿qué hará?

“Escuchar a víctimas, responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que explican medio siglo de guerra”, responde la página oficial de la Comisión. 

A la CEV pueden acudir todas las personas, organizaciones, empresas e instituciones que consideren que pueden contribuir con información (testimonios, bases de datos, archivos y documentos) que ayude al esclarecimiento de las formas de violencia y sus impactos.

Y al final, las conclusiones que entregue la CEV quedarán consignadas en el informe final, que de acuerdo con una entrevista que le dio Marta Ruiz (integrante de la Comisión) a Colombia 2020, entregarán seis meses antes de finalizar el mandato de la comisión. Este documento será de carácter histórico, ético y humano y tiene el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición.

¿Quiénes la integran?

Once comisionados; entre los que se cuentan defensores de derechos humanos, economistas, periodistas e investigadores. Estarán acompañados por un equipo interdisciplinario para hacer presencia en nueves regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores. 

El presidente de la comisión es el padre Francisco de Roux. Colombia 2020 publicó un perfil de cada uno de los comisionados. 

¿Cuándo empieza sus funciones?

El 8 de mayo de este año, cuando el expresidente Juan Manuel Santos posesionó a los comisionados, se creó formalmente la Comisión. A partir de ese día arrancó un tiempo previo de seis meses, establecido por el decreto 588 de 2018, “para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”, según dice la norma. 

Terminados esos seis meses, el 29 de noviembre inició el mandato de la Comisión de la Verdad.

¿Cuánto tiempo dura su mandato?

El mismo decreto establece un periodo de tres años. Tras la culminación de su periodo se instalará un comité independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas por la CEV en el informe final, según explica la investigadora del Cinep.

¿Qué diferencia hay entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz?

La Comisión de la Verdad es una entidad de carácter extrajudicial, es decir que sus actividades no tendrán carácter judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. No juzga ni pone penas.

La JEP, por su parte, es el componente de justicia y fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, según información suministrada en la página oficial de la entidad.

No obstante, la CEV trabajará de manera coordinada con la JEP y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dado que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación.

¿La CEV puede ‘compulsar copias’ de sus hallazgos a la JEP o a la justicia ordinaria?

No, según el decreto 588 de 2018 “la información que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”.

Miércoles, 06 Marzo 2019

Explicador: ¿Qué es un conflicto armado interno?

Por Sania Salazar

El Estado colombiano firmó convenios internacionales de Derecho Internacional Humanitario que define el tipo de conflictos existentes en el mundo y  regulan la guerra.

La reciente designación de Rubén Darío Acevedo (quien pone en duda que en Colombia haya un conflicto armado) como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, revivió una discusión que se creía ya agotada en el país: ¿qué es, exactamente, un conflicto armado?

Hay que tener claro que en 1996 entró en vigor en Colombia el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, primer tratado internacional pensado para conflictos armados internos. Los convenios de Ginebra y sus Protocolos son la base del Derecho Internacional Humanitario, DIH, que regula la guerra y bajo el cual actúan las fuerzas militares en Colombia.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, es el órgano de defensa del DIH por antonomasia.

¿En qué momento la violencia se transforma en conflicto armado?

Kathleen Lawand, quien fue jefe de la unidad del CICR explica que un conflicto armado no internacional (o "interno") se refiere a una situación de violencia en la que tienen lugar, en el territorio de un Estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de ese tipo.

Mientras que en los conflictos armados internacionales se enfrentan las fuerzas armadas de los Estados, en un conflicto armado no internacional al menos una de las partes que se enfrentan es un grupo armado no estatal.

Además, resalta que la existencia de un conflicto armado no internacional da lugar a la aplicación del DIH, también conocido como derecho de los conflictos armados

¿Qué es el DIH?

“Un conjunto de normas destinado a limitar, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades e impone restricciones a los métodos y medios bélicos”. Todas las partes involucradas en el conflicto deben respetar el DIH.

¿Cómo se decide si en un país hay un conflicto armado interno?

Según el CICR, esto está determinado por dos criterios objetivos del DIH: la organización de las partes y la intensidad de las hostilidades. Por ‘organización’ se pueden observar, entre otros factores, la cadena de mando, estructura, capacidad para entrenar personal, capacidad para sostener operaciones militares en el tiempo y administración del territorio. Por ‘intensidad’ se pueden tener en cuenta factores como la gravedad, frecuencia y duración de los enfrentamientos, el equipamiento utilizado, el número de heridos y muertos e involucramiento de las fuerzas armadas cuando la policía no es suficiente.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, le dijo a Colombia2020 que el Estado puede usar otras palabras, pero “nosotros nunca vamos a usar esos términos, ni el término terrorista, porque no están en los Convenios de Ginebra ni en los Protocolos I y II. Uno puede cambiar políticas de seguridad, pero quienes tienen la obligación de respetar el DIH, porque son firmantes, son los Estados. Y esto vale para Colombia y para todos los Estados del mundo. Nosotros somos los guardianes del DIH y les recordamos a los Estados cuáles son sus obligaciones en cuanto al tratado internacional que han firmado. Se deben respetar las reglas y las palabras”.

¿En qué casos aplica el Protocolo II firmado por Colombia?

Según explica el CICR, en conflictos no internacionales entre las fuerzas armadas de un país y fuerzas disidentes o grupos armados organizados, así como entre grupos armados dentro del mismo país. Esto incluye a los grupos que controlen una parte del territorio desde el cual puedan realizar operaciones armadas sostenidas.

¿Y en qué casos no aplica?

En situaciones que no alcancen el umbral de un conflicto como, por ejemplo, disturbios, situaciones de tensión o actos de violencia aislados.

¿Qué pasa si las partes en un conflicto armado no internacional no respetan las obligaciones que les impone el DIH?

El CICR explica que cada una de las partes en un conflicto armado está obligada a respetar y hacer que las personas bajo sus órdenes, o bajo su dirección y control, respeten el DIH. Cabe destacar que cada parte debe respetar el DIH aunque su adversario no lo haga; en otras palabras, la obligación de respetar el DIH no depende de la reciprocidad.

Precisamente sobre esa regulación del DIH bajo la cual actúan las fuerzas militares en Colombia llamó la atención Humberto De La Calle, exjefe negociador del Gobierno en La Habana, en una reciente columna en El Espectador selañó que, “como lo define el Manual Operacional de las Fuerzas Militares, “cuando se está ante un conflicto armado interno (…) entran a aplicarse las disposiciones del DIH”. Si no existe un conflicto, las reglas aplicables son las que configuran el Derecho de los Derechos Humanos y las demás regulaciones normativas de derecho interno. De tal manera que es la existencia del conflicto la que permite señalar objetivos militares y regular el uso de la fuerza letal dentro de los límites humanitarios de rigor”. En conclusión, sin conflicto armado, acciones militares como bombardeos y ataques serían ilegales y generarían serias responsabilidades a soldados y oficiales, resalta De La Calle.