La Comisión de la Verdad, fundada en 2017 producto del Acuerdo de Paz con las Farc, terminó labores como mecanismo extrajudicial el pasado 28 de agosto. Después de este cierre, el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, nombró a la persona responsable de liquidar dicha institución. Se trata de Mauricio Katz García, quien deberá adelantar el cierre administrativo de la CEV en un periodo de no más de un año. 

¿Qué pasa después de la disolución de la Comisión de la Verdad? ¿En qué van las recomendaciones del informe final de la CEV en el gobierno del presidente Gustavo Petro? Estas son algunas de las preguntas que le formulamos desde Colombiacheck a varias fuentes consultadas, entre ellas el propio Mauricio Katz García y a Armando Wouriyu Valbuena, indígena wayú y actual presidente del Comité de Monitoreo y Seguimiento a las recomendaciones del informe final de la entidad. 

Es importante explicar el trabajo que sigue después del cierre de labores de la Comisión porque varios usuarios en Twitter, principalmente, han publicado trinos en torno a la fase de liquidación de la institución. Uno de ellos es Daniel F. Briceño, quien a través de su cuenta de Twitter, el 28 de septiembre pasado trinó:

“Mauricio Katz García esposo de Selma Asprilla tía del senador Inti Asprilla acaba de ser nombrado por el Petro como liquidador de la Comisión de la Verdad. Recordemos que Alan Asprilla hermano de Inti ya había sido nombrado asesor en MinVivienda. Sabroso”, afirmó el tuitero. 

Al mensaje de esta persona, que se identifica en su perfil de Twitter como abogado especialista en derecho público, se sumaron otros que están más relacionados con el cierre de trabajo de la CEV (1, 2).

La Comisión de la Verdad surgió del Acto Legislativo 01 de 2017 y quedó reglamentada en el Decreto Ley 588 de 2017. Fue un organismo de carácter extrajudicial, independiente y que contó con su propia personería jurídica. Tenía asignado su propio presupuesto administrativo, presupuestal y técnico. 

De acuerdo con el informe de gestión de la CEV para el primer trimestre de este año, el Ministerio de Hacienda le asignó a la Comisión aproximadamente $81.000 millones para funcionar en 2022 ($52.107 millones para funcionamiento y $28.892 millones para inversión), según lo autorizado en el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 que definió el presupuesto general de la Nación para 2022.

En la cartilla ‘Caminos de futuro, ¿qué recomienda la sociedad para que no se repita el conflicto armado en Colombia?’, la CEV describe que durante el trabajo adelantado un total de 1.111 personas comparecieron ante el llamado de la entidad, en el marco de diálogos sociales o privados, no audiencias judiciales de algún tipo. 

Este número se discrimina así: 723 víctimas del conflicto armado, 238 testigos y 150 responsables, de los cuales 86 eran exintegrantes de las Farc, 31 antiguos paramilitares y 26 viejos funcionarios de la Fuerza Pública, el resto de distintos sectores.

Es importante mencionar que la CEV terminó trabajos el pasado 28 de agosto, esto se traduce, por ejemplo, en el fin de labores de investigación, realización de entrevistas o comparecencias voluntarias en el marco de su mandato dado por el Acuerdo de Paz con las hoy extintas Farc. 

Ahora la entidad tiene una sola persona que sigue con labores al interior de la Comisión, se trata de Mauricio Katz García, antiguo secretario general de la CEV y quien el pasado 28 de septiembre se posesionó como liquidador de la entidad, esto en ceremonia ante el presidente Gustavo Petro Urrego.

Entre sus labores está contratar el personal que lo acompañará en el proceso de liquidación de la Comisión de la Verdad de una forma administrativa, jurídica y financiera. Sus labores, en principio, van hasta el 28 de febrero de 2023. En suma, deberá dejar a paz y salvo todo el funcionamiento de la Comisión.

Mauricio Katz García estuvo vinculado desde noviembre de 2017 a la CEV al ser delegado para acompañar la creación de la institución a partir del mandato del Acuerdo de Paz con las Farc. Su vinculación formal e ininterrumpida en la entidad se desarrolló desde mayo de 2018, cuando fue designado secretario general de la Comisión, hasta el cierre del mandato de la CEV el pasado 28 de agosto. Ahora es el liquidador de la Comisión.

A continuación resolvemos algunas preguntas en torno al cierre de la CEV:

¿Sigue existiendo la Comisión de la Verdad tras el cierre de sus labores?

Ya no existe desde el punto de vista operativo. Katz García explica que la Comisión ya cerró de forma jurídica y misional. Su tarea central era adelantar una investigación histórica del conflicto armado en el país entre 1958 y 2016, trabajo que se compiló en el informe final que se entregó al país el 28 de junio. Después de esto, y durante los dos meses siguiente, la CEV socializó el texto en distintas regiones como Chocó, Valle, Nariño, entre otras.

¿Qué labores entonces adelanta el liquidador de la Comisión de la Verdad?

Esta persona deberá dejar a paz y salvo la entidad, eso significa que tiene que saldar cuentas pendientes, liquidar contratos que estén aún sin terminar, entre otras responsabilidades que tienen que ver con cierre de activos de la entidad, traslado de equipos de cómputo y mobiliario de oficinas. 

También, Mauricio Katz García tiene a su cargo coordinar lo relacionado con el fondo documental que contiene todo el archivo de los cuatro años de trabajo de la CEV, el cual se estima es de unos 50 terabytes de información.

“En lo que me corresponde está catalogarlo y organizarlo para salvaguardar el archivo de la CEV. Debo tramitar algo que se llama ‘Copia refugio’, es decir, guardar una copia de todo el archivo en un tercer país. Hemos hecho unas averiguaciones ya y hay una oferta del Gobierno de Suiza, que también es depositario de los acuerdos de paz con las Farc, es algo que hay que hacer con la Cancillería”, comenta el funcionario. 

¿Cómo está configurado el archivo de la CEV?

Testimonios escritos, entrevistas en audio, correspondencias, actos administrativos, cuentas, entre muchos otros ítems es lo que conforman las 50 teras de archivos de la CEV. 

La Comisión, en su informe de gestión del primer semestre de 2022, indicó que a junio de este año el Sistema de Información Misional, SIM, que administra todo el archivo de la institución, tenía acopiadas 557 bases de datos de fuentes externas; 2.453.980 archivos externos provenientes de 62 entidades y disponibles en 189 colecciones. 

Por otro lado, según el mismo documento, el SIM tiene también 16.941 recursos disponibles que son fuentes de archivo interno de la entidad. Cuenta con 14.948 entrevistas cargadas, 13.377 transcritas y 9.343 etiquetadas. Se cuenta con un total de 35 bitácoras como insumo para la investigación y 12.739 términos en el Tesauro, una especie de lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos.

¿Ya está todo el archivo digitalizado?

No. De acuerdo con el liquidador de la Comisión de la Verdad, el 80 % del archivo ya está digitalizado y el 20 % restante sigue en archivos físicos, como los documentos. “Creemos que serán 50 teras de archivos, de las cuales de 26 a 30 ya están tratados, esa es la tarea más extensa y difícil”, agrega. 

¿Quién es el titular del archivo de la CEV?

En el artículo 23, del Decreto 588 de 2017, quedó definido que el pleno de los once comisionados de la CEV tenía la función de establecer los protocolos y lineamientos para la entrega de los archivos de la institución a una entidad que definieron para asegurar la preservación del mismo. 

Por lo anterior, la Comisión le transfirió la titularidad del archivo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con el propósito de que hacia el futuro se configure un archivo de la Justicia Transicional en Colombia, de la que hacen parte la JEP, la CEV y la Unidad de Búsqueda. “Se le dio esa titularidad a la JEP, pero la custodia se debe transferir al Archivo General de la Nación”, cuenta el liquidador de la entidad.

Katz García explica que todo el trabajo de la implementación de las recomendaciones finales del informe de la Comisión de la Verdad no tiene que ver con él sino con el Comité de Seguimiento y Monitoreo creado para la implementación de estas, el cual fue creado con el Decreto Ley 588 de 2017 y reglamentado a través de la Resolución 019 del 26 de abril de 2022 de la CEV.

¿A hoy qué trabajo ha adelantado el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión?

Armando Wouriyú Valbuena, actual presidente del Comité en mención, cuenta que tan solo el pasado 8 de agosto este organismo inició labores en firme tras ser elegidos los siete miembros del Comité, que estará en funcionamiento en el país durante siete años. El trabajo recién inicia, pese a que el informe final de la CEV fue entregado al país el 28 de junio. 

Wouriyú Valbuena también es secretario técnico de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, para el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. 

¿Quiénes conforman el Comité?

Los otros seis seleccionados para integrar el Comité, con una vinculación ad honorem como Wouriyú Valbuena, son la abogada Ester Marina Gallego, quien ha trabajado  por más de 20 años con comunidades del Pacífico y ahora es coordinadora del Movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres.

También está Julia Eva Cogollo, con amplia experiencia en la representación de comunidades negras del Canal del Dique; Dorys Ardila Muñoz, quien ha laborado en la Defensoría del Pueblo, el Senado e Indepaz, en este último como asesora investigadora en DD. HH. y DIH; Wilson Castañeda, politólogo, filósofo y doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido docente e investigador en la Universidad Nacional, sede de Medellín, entre otras universidades. 

Marco Romero Silva es otro de los seleccionados. Él ha trabajado por 30 años en pro de los derechos de la población desplazada en Colombia. También ha sido consultor en este terreno, incluyendo algunos trabajos con la Corte Constitucional. Es fundador y secretario técnico de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

Otra de las personas que se ha vinculado al trabajo del Comité de Seguimiento es Angelika Rettberg, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Es doctora en Ciencia Política de Boston University. 

Ha trabajado sobre el papel de la sociedad civil y la justicia transicional, también la relación entre recursos, conflicto armado y criminalidad; y en el comportamiento empresarial en contextos de conflicto armado y construcción de paz. En 2018 hizo parte del equipo plenipotenciario del Gobierno Nacional en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

¿En qué documento quedaron en firme los nombramientos?

Dichos nombramientos quedaron consignados en el Acuerdo 004 de 2022 que recogió la sesión del 8 de agosto de la Comisión de la Verdad y que fue firmado por ocho comisionados y el presidente de la institución, el prada Francisco de Roux.

¿Ya el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego ha implementado recomendaciones?

No. Lo que explica el Presidente del Comité de Seguimiento a las recomendaciones finales es que están en proceso de definir quién va a coordinar la Secretaría Técnica del Comité, organismo encargado de adelantar las relaciones con distintos ministerios e instituciones que tengan al frente el cumplimiento la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión.

“Esa es una tarea bastante densa, compleja, porque significa relacionamiento con distintas entidades para que se incorporen en el plan de desarrollo y distintos sectores. Eso tiene que ver con la adecuación institucional y la reforma rural integral, por ejemplo. Tiene también que ver con el Ministerio de Educación”, explica Wouyirú Valbuena.

¿Esto significa que apenas va a arrancar en forma el trabajo del Comité o ya se ha hecho alguna gestión?

“Nuestra primera labor fue nombrar el presidente del Comité, que es Armando Wouyurú Valbuena (el que habla). Estamos adelantando con el PNUD ( Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) cómo va a ser la selección de las personas que van hacer la coordinación para la Secretaría Técnica del comité, vamos hasta allí”, cuenta el Presidente del Comité.

¿Algún contacto con el Gobierno?

“Hemos escuchado al presidente de la JEP, a otros magistrados también. Nos reunimos para conocernos, ya que somos hermanos del Acuerdo de Paz y por eso debe haber articulación y coordinación en todas las tareas que nos corresponde. Estamos adelantando diálogos con instituciones internacionales que se encuentran en Colombia”.

¿Con el presidente tienen algún tipo de contacto para empezar a implementar recomendaciones finales de la CEV? 

“Nosotros todavía no hemos podido sentarnos con el Gobierno, porque toca sentarse con el presidente, el director de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda y demás instituciones. Hay que definir la Secretaría Técnica y organizar la planeación y misión de la misma”.

¿Este Comité de Seguimiento tiene mandato por cuántos años?

“Siete años: este gobierno actual y el siguiente, esto para que haya más permanencia en el tiempo de una forma adecuada y menos trágica”.

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto, que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.