3 DATOS CLAVE:

1. El caso 10 del libro alerta sobre un proceso de Colombia Compra Eficiente para contratar servicios de ciberseguridad con un presupuesto de cero pesos y un valor estimado de $300.000 millones, y afirma que se quería comprometer antes del cambio de gobierno.
   
2. El presupuesto de cero pesos no es una irregularidad. Al tratarse de un Acuerdo Marco de Precios, el Estado no realiza un pago inmediato, sino que crea un catálogo de proveedores para que las entidades públicas compren servicios en los dos años siguientes. Además, el proceso definitivo contemplaba firmar el acuerdo el 26 de octubre, no antes del cambio de gobierno.
   
3. El proceso sí tuvo cuestionamientos. Las empresas interesadas señalaron que los requisitos técnicos eran demasiado detallados y podían favorecer a ciertos proveedores y limitar la participación de pequeñas y medianas empresas. La suspensión, sin embargo, no fue consecuencia de la denuncia del equipo de empalme.

Hay contratos que comprometen directamente el dinero del Estado y otros que, aunque no implican un pago inmediato, pueden definir cómo se gastarán millones de pesos en los años siguientes. Ese es el caso de un proceso de Colombia Compra Eficiente para contratar servicios de ciberseguridad, incluido en el caso 10 del llamado “Libro de la Verdad”, un documento del gobierno de Abelardo de la Espriella que recoge, según su propia descripción, “hallazgos de corrupción” derivados del mandato de Gustavo Petro.

El libro alerta que el proceso de Colombia Compra Eficiente “aparecía registrado en SECOP II con un presupuesto equivalente a cero pesos ($0)”, mientras que el “valor estimado de la contratación ascendía a aproximadamente $300.000 millones”.

El texto también dice que el análisis reveló “aspectos que podían afectar las condiciones de competencia entre los oferentes”, como cuestionamientos sobre los estudios de mercado, posibles restricciones técnicas, exigencias que limitaban la participación y un cronograma que reducía significativamente los tiempos disponibles para preparar las propuestas, y que se “quería comprometer antes del cambio de Gobierno”.

Según el Libro, el equipo de empalme de De la Espriella presentó una queja disciplinaria y, después de ser alertada por la Procuraduría, Colombia Compra Eficiente suspendió el proceso “antes de la fecha prevista para su adjudicación”.

Colombiacheck y El Reporte Coronell revisaron los documentos del proceso y encontraron que, aunque sí hubo cuestionamientos de empresas interesadas y organismos de control, algunos de los señalamientos del Libro de la Verdad son imprecisos.

El presupuesto de cero pesos

Primero, es clave entender qué buscaba este proceso, ya que no se trataba de una contratación convencional en la que una entidad estatal elige a una empresa para realizar un trabajo y le paga por hacerlo.

El proceso buscaba crear un Acuerdo Marco de Precios para servicios de ciberseguridad. En términos sencillos, Colombia Compra Eficiente iba a seleccionar, mediante una licitación pública, a varias empresas que durante dos años podrían vender servicios y herramientas de protección digital a las entidades del Estado.

Es decir, el Estado no iba a comprar ciberseguridad en ese momento, sino a crear un catálogo de proveedores. Colombia Compra Eficiente escogería las empresas autorizadas para ofrecer antivirus, sistemas de protección, monitoreo y otras herramientas de seguridad digital, y establecería de antemano sus precios máximos y condiciones. Con ese catálogo disponible, un ministerio, una alcaldía u otra entidad pública que necesitara alguno de esos servicios podría entrar a la Tienda Virtual del Estado, escoger lo que necesita y hacer una orden de compra con cargo a su propio presupuesto.

Es justamente por eso que el proceso aparece en el SECOP II con un presupuesto de cero pesos, puesto que en ese momento Colombia Compra Eficiente no iba a comprar ningún producto ni servicio, sino a seleccionar los proveedores que podrían venderlos posteriormente. El dinero se gastaría después, cuando cada entidad pública hiciera sus propias compras.

Los $300.000 millones que menciona el Libro de la Verdad tampoco corresponden al valor de un contrato que Colombia Compra Eficiente fuera a pagar. Se trata de una estimación de cuánto podrían comprar las entidades públicas a través de ese catálogo durante los dos años de vigencia del acuerdo. La cifra aparece en los documentos del proceso y fue calculada por la propia agencia a partir de lo que las entidades habían gastado en servicios de ciberseguridad en años anteriores.

Los cuestionamientos al proceso de contratación

El 20 de abril, Colombia Compra Eficiente publicó el borrador del proceso, junto con el proyecto de pliego y los estudios que sustentaban la convocatoria. El cronograma inicial establecía que los interesados podían presentar comentarios y observaciones hasta el 5 de mayo. Esa primera versión contemplaba adjudicar el proceso el 28 de julio, antes del cambio de gobierno, pero realizar la firma del acuerdo el 10 de agosto.

Sin embargo, después de recibir las observaciones, Colombia Compra Eficiente publicó el proceso definitivo el 9 de julio y modificó el cronograma. La fecha límite para presentar ofertas quedó para el 19 de septiembre, la adjudicación para el 14 de octubre y la firma para el 26 de octubre. Por lo tanto, contrario a lo que afirma el Libro de la Verdad, el proceso definitivo no contemplaba adjudicar ni firmar el acuerdo antes del cambio de gobierno.

Revisamos las observaciones, los comentarios y los derechos de petición que Colombia Compra Eficiente recibió durante las diferentes etapas del proceso, documentos que están disponibles en el SECOP II, y encontramos que las empresas interesadas sí plantearon varios de los cuestionamientos mencionados en el Libro de la Verdad.

Entre ellos hubo solicitudes para flexibilizar algunos requisitos técnicos. Por ejemplo, algunos interesados pidieron que se permitiera ofrecer los servicios por zonas o regiones, ya que los documentos exigían que los proveedores tuvieran cobertura en todo el país. Según estas observaciones, ese requisito podía dejar por fuera a pequeñas y medianas empresas o a proveedores regionales que tenían la capacidad para prestar los servicios.

Otros interesados cuestionaron que las fichas técnicas incluyeran más de 50 requisitos con especificaciones muy detalladas y asociadas a determinadas tecnologías o fabricantes. Según ellos, esas condiciones podían reducir la competencia y favorecer a determinados proveedores.

En medio de estos cuestionamientos, el 17 de julio, el equipo de empalme del gobierno de De la Espriella, liderado por el entonces vicepresidente electo José Manuel Restrepo, informó que había presentado cuatro denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría por “presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos”. Entre los procesos señalados estaba el de ciberseguridad de Colombia Compra Eficiente.

La suspensión del proceso

En respuesta a un derecho de petición que enviamos, la Procuraduría informó que el 14 de julio Germán Calderón, abogado del equipo de empalme del gobierno de De la Espriella, pidió que esa entidad hiciera vigilancia preventiva al proceso.

Ese mismo día, una persona natural también presentó una queja ante el ente de control. En ella señalaba que supuestamente los metadatos de uno de los archivos del proceso publicados en el SECOP II registraban como última persona que modificó el documento a una mujer cuyo nombre coincide con el de una ingeniera de WEXLER S.A.S., “un tercero del sector privado directamente interesado en el resultado de la licitación”.

Dos días después, la propia Colombia Compra Eficiente también envió una solicitud de acompañamiento preventivo al organismo de control, y un día después, el 17 de julio, fue cuando el equipo de empalme hizo su denuncia pública. 

La carta enviada a la Procuraduría es explícita sobre el motivo de la solicitud: “La presente solicitud no obedece a la existencia de irregularidades o situaciones particulares dentro del proceso contractual. Por el contrario, responde al interés institucional de contar con el acompañamiento preventivo del órgano de control”.

El 17 de julio, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública abrió una actuación preventiva y envió varias preguntas a Colombia Compra Eficiente. El organismo explicó que, después de revisar los documentos disponibles en el SECOP II, encontró algunos aspectos del proceso que requerían explicaciones, entre ellos las condiciones para garantizar que varias empresas pudieran competir y la forma en que se habían definido algunos requisitos técnicos y económicos.

La Procuraduría aclaró que esta actuación era preventiva, es decir, que buscaba revisar y pedir explicaciones sobre el proceso antes de que terminara, pero que no significaba que hubiera encontrado una irregularidad ni que estuviera ordenando suspender la contratación. Tampoco reemplazaba las decisiones que debía tomar Colombia Compra Eficiente.

Finalmente, el 24 de julio, Colombia Compra Eficiente suspendió durante 30 días el proceso de contratación. Según la resolución y el comunicado publicados por la entidad, la decisión buscaba dar claridad y tranquilidad a los interesados, a los organismos de control y a la ciudadanía, teniendo en cuenta las solicitudes de información de la Procuraduría y las 5.652 observaciones que habían presentado los interesados.

En la resolución de suspensión, Colombia Compra Eficiente también informó que había recibido una denuncia anónima que señalaba un posible acuerdo entre tres proveedores para ponerse de acuerdo sobre las condiciones de la competencia. La denuncia estaba sustentada en cadenas de correos electrónicos y otros documentos que fueron entregados a la entidad.

Un mes después, la suspensión fue prorrogada por otros 30 días, por lo que el proceso quedó suspendido hasta el 24 de septiembre.

En conclusión, el proceso sí tuvo cuestionamientos y fue suspendido, pero la explicación del Libro de la Verdad sobre el presupuesto de cero pesos y la supuesta intención de dejar la contratación comprometida antes del cambio de gobierno no coincide completamente con los documentos del proceso.

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