Cuando Miguel* llegó en octubre de 2013 al predio que le dio la Unidad de Restitución de Tierras recuerda que “era un peladero, donde no había nada”. Tenía sentimientos encontrados: satisfacción por tener de nuevo la tierra para vivir y trabajar y nostalgia de tener que empezar desde cero.

Él, su esposa y sus tres hijos llegaron junto a nueve familias más de diferentes rincones del Valle del Cauca a un predio de 14 hectáreas en el corregimiento El Hormiguero, a 11 kilómetros de la zona urbana de Cali. La familia de Miguel fue una de las primeras en instalarse hace cuatro años y las demás fueron llegando después. No solo los une su pasado, sino la tierra que hoy comparten y trabajan.

Estas 10 familias tienen en común que un juez de tierras reconoció que fueron despojadas de sus predios, pero ninguna pudo recuperar sus tierras originales, pues en algunas zonas no había condiciones de seguridad para retornar y, en otras, el predio se encontraba en zona de reserva forestal. Entonces se les entregó en compensación un predio que estaba en extinción de dominio.

Según Sandra Paola Niño, directora de la Unidad para la Restitución de Tierras (URT) del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, las familias escogieron su nuevo predio luego que la entidad les mostrara distintas opciones de terrenos en el Valle del Cauca con características similares a las que perdieron.

En este caso los jueces de restitución ordenaron, entre otras cosas, que se garantizara el acceso al agua a estas familias y la construcción de viviendas. Sin embargo, luego de casi 4 años de proferida la primera sentencia, ningún predio cuenta con el servicio de agua potable y solo a cinco familias el Banco Agrario les construyó casas con servicio de luz - aunque no tienen registro en curaduría urbana para legalizar la vivienda-. Las otras cinco familias han construido casas improvisadas con recursos propios o no habitan actualmente en sus predios.

Bajo ese panorama no ha sido fácil conseguir que las tierras sean productivas y les den lo suficiente para vivir como aseguran lo hacían antes de ser víctimas. Una historia que se repite entre las familias víctimas de despojo y abandono a causa del conflicto armado y es uno de los principales retos de la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que hace parte de los mecanismos de justicia transicional que creó la ley 1448 del 2011 o ley de víctimas para garantizar a las familias una reparación integral y no solo una restitución y formalización de la tierra.

Pero Miguel tiene claro que, aunque ha recibido ofertas, no va a vender su tierra: “nuestra mentalidad debe ser quedarnos aquí y trabajar en nuestros proyectos productivos”. Agrega que es lo único que le puede dejar como herencia a sus hijos.

Según cifras de la URT, hasta el 31 de julio del 2017 en el Valle del Cauca a 450 familias les han restituido con cerca de 8 mil hectáreas. “Aún hay 90 solicitudes pendientes en Cali y esperamos resolverlas finalizando el 2017 o antes; en su mayoría en zonas rurales, aunque también hay predios urbanos”, indicó Sandra Niño.

Con tierra, pero sin agua

Miguel no olvida las palabras del abogado de la URT cuando le entregaron su predio: “esa tierra es suya, usted verá si la deja perder”. Por eso, pocos meses después de que le entregaron sus dos hectáreas, no lo dudó en irse a vivir a un establo improvisado de 4 por 3 metros que construyó en el predio.

Duró casi un año y medio viviendo en un terreno que se inundaba cada vez que llovía, con la esperanza de brindarle a su familia de nuevo un hogar estable. Durante ese tiempo, acondicionó poco a poco el predio y finalmente en junio de 2015, con apoyo de la Tercera Brigada del Ejército, adecuaron los terrenos y limpiaron las acequias, los drenajes y el canal de riego, para evitar que lo afectara de nuevo la ola invernal.

Ahora vive con su familia en una construcción sencilla en obra gris de alrededor de 35 mts2, construida por el Banco Agrario. Iniciaron también sus proyectos productivos para garantizar su seguridad alimentaria, pero también con la idea de obtener ganancias.

Como no cuentan con agua potable, han tenido que hacer un pozo de poco menos de 7 metros y con una pequeña bomba eléctrica extraer el agua que usan para labores agropecuarias y para el aseo. El agua para consumo personal la suministra Emcali cada dos días con cuatro tanques de agua medianos que suman 1.500 litros.

En la última audiencia de seguimiento post-fallo del 23 de junio del 2017, el juez Fander Lein Muñoz Cruz, del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, instó a la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle del Cauca a “presentar informes mensuales de los avances de la construcción e instalación del acueducto de múltiples usos”, sin embargo, el contrato, que se firmó el 29 de marzo del 2017 y que se suponía tendría una duración de 6 meses, en la actualidad está temporalmente suspendido.

Según Guido Briceño Méndez, ingeniero de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del departamento, las demoras se deben a que en julio pasado el municipio recuperó la certificación en agua potable y saneamiento que le otorga la Superintendencia de Servicios Públicos y ahora la competencia para realizar la obra es de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali, Uaespm.

El Gerente de la Uaespm, Rubén Olarte Reyes, asegura que está esperando respuesta de la URT, pues parte de los predios donde se hizo el estudio para el acueducto fueron entregados a una nueva familia compensada, lo que impide continuar con la obra.

1) Mercado orgánico, un espacio que organiza el Dagma para mostrar los productos de las familias que viven en zonas rurales de la ciudad. Foto: cortesía Dagma. 2) Empacando los productos que llevarán al mercado orgánico en la Plazoleta Jairo Varela. 3) Productos en conserva listos para ser comercializados como los ajíes y el adobo para carnes. Fotos 2-3: Cristhian Barragán

En busca de proyectos productivos sostenibles

Este nuevo predio es muy distinto a la finca de 13.7 hectáreas que Miguel tuvo que abandonar en 1999 por amenazas de las Farc. Recuerda con nostalgia y orgullo que en su anterior predio, que era de clima frío, sembraba mora de castilla, lulo, tomate de árbol y tenía ganado.

En este nuevo predio tiene, en cambio, seis plantas de papaya y más allá un galpón para 15 gallinas ponedoras y de engorde; al frente un comedor al aire libre y el fogón de leña; a la izquierda, a unos 10 metros, construyeron la huerta donde han sembrado tomates baby cherry, tomates cherry, cebolla larga, cilantro y varias clases de ajíes; a un lado de la huerta hay cuatro camuros, una raza de ovinos de origen africano, y en la parte de atrás de la casa están pastando siete reses. Además, producen abono orgánico y tienen un proyecto de lombricultura.

Esto lo construyó gracias al incentivo de 40 salarios mínimos que la ley ordena se entregue en tres fases durante dos años para desarrollar un proyecto productivo.

Reconoce, sin embargo, que llegar a ese punto no ha sido fácil, “Los procesos en el campo toman tiempo, hay que volver a domesticar la tierra y nosotros ya no tenemos la misma fuerza de antes para sembrar”. Agrega que luego de dos años de iniciar con su proyecto apenas están viendo ingresos ocasionales de su trabajo.

Y eso pasa con el resto de las familias, pues según dicen, el problema es que aún no han logrado hacerlos sostenibles. El primer obstáculo es la comercialización de los productos, pues no cuentan con los medios para costear el transporte. Aunque sus predios se encuentran a tan solo 11 kilómetros de la zona urbana de Cali, para sacar los productos tienen que recorrer a pie durante 20 minutos una carretera destapada hasta llegar a la Avenida Cali – Jamundí, donde pueden abordar un bus intermunicipal que los lleva hasta la terminal o esperar el alimentador del MIO que puede tardar entre 20 y 40 minutos en pasar.

A esto se suma que el terreno es propenso a inundarse cada vez que llueve, debido a que tiene reservas de agua subterránea que alimentan al Río Cauca. Por tercer año consecutivo, en el mes de mayo, la ola invernal causó inundaciones que dañaron gran parte de sus cosechas.

La situación es preocupante, pues esta es su única fuente de ingreso y pasados los primeros dos años del proceso de restitución se terminan beneficios de la ley como la exoneración de pago de servicios públicos e impuesto predial. Miguel ha tenido que pagar el servicio de luz, que les cuesta alrededor de 60 mil pesos mensuales y el impuesto predial del año pasado, que le llegó por más de un millón y medio por ser un sector categoría 7. Impuesto que aún no ha podido pagar.

“Las víctimas restituidas reciben una asesoría técnica de la URT para sus proyectos productivos y de hecho hacemos un acompañamiento aún después de dos años que según los términos se cumple el proceso legal, porque entendemos que lo necesitan”, asegura la directora de la URT del Valle del Cauca. Agrega que también se han ofrecido cursos en el SENA sobre formulación y planeación de proyectos, asociatividad, huertas caseras, bioseguridad y poda a frutales.

Según datos de la URT, a las familias de este predio se les han entregado cerca de 224 millones de pesos para nueve proyectos productivos de avicultura, pecuarios, frutales y ganaderos. En el departamento se han entregado más de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con las familias, la URT les ha cumplido con la entrega de las tierras y con el acompañamiento técnico y profesional, pero no han recibido el mismo apoyo de las entidades del municipio y del departamento para sus proyectos productivos, especialmente en la búsqueda de articular proyectos con la empresa privada que menciona la ley de víctimas en su artículo 33 sobre la “participación de la sociedad y la empresa privada”.

Estas familias han trabajado la tierra toda su vida y ahora esperan que su predio sea igual o más productivo que antes. Consideran que los recursos que les entregaron para proyectos productivos son un “capital semilla,” pero requieren más inversión para realmente lograr ser sostenibles.

Proyectos productivos Valle del Cauca:

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Asociarse es el camino

En busca de fortalecer sus proyectos productivos, los campesinos restituidos decidieron este año unirse y crear la “Asociación Productores Orgánicos Víctimas Compensadas por Restitución de Tierras”, Asprovicort. Con esto lograron desde hace tres meses participar en su primer y por ahora único espacio de comercialización de sus productos denominado “Mercado Orgánico”, actividad que adelanta el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, cada 15 días en la Plazoleta Jairo Varela.

Las familias se unen cada quince días para llevar a este espacio productos como huevos, ajíes en conserva, ajo en polvo, tomate cherry y baby cherry, papaya, dulce de papaya verde, tomate, adobo para carnes, abono orgánico y diferentes productos que puedan transportar y conservar fácilmente.

Por medio de este espacio, que consideran una oportunidad de socializar con la comunidad, han tenido contacto con restaurantes como Platillos Voladores, ubicado en el Barrio Granada, que de vez en cuando les compra sus productos y también reciben en ocasiones el apoyo de otras organizaciones como la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, y la Escuela de Carabineros.

Estas familias coinciden en afirmar que “asociarse es el camino para ser más fuertes como comunidad” y para seguir fortaleciendo sus proyectos productivos, porque saben que es la única forma de garantizar su sostenibilidad. Esperan también en un futuro próximo poder ofrecerle a la ciudad “un espacio donde cualquier visitante encuentre una gran variedad de productos orgánicos”, como un mensaje de esperanza y reconciliación.

*Se reserva el nombre a petición de la víctima

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.