En la entrevista que Noticias Caracol le hizo al presidente de Colombia, Iván Duque, el 17 de mayo de 2021, la directora del programa Los Informantes, María Elvira Arango, le preguntó al mandatario si pretendía impulsar una reforma a la Policía; a lo que él respondió: “Ya lo hicimos. Ya se ha presentado al Congreso”.

El funcionario incluso detalló algunos puntos: mayor visibilidad de la identidad de los agentes en sus uniformes, utilización de cámaras adheridas al cuerpo para tener registro de los procedimientos en los que participan y un control estricto de armas y balística, con reportes sobre el uso de cualquier munición. Sobre este último, incluso destacó que “Bogotá es pionera en América Latina”.

Colombiacheck verificó la respuesta de Duque y encontró que es cuestionable. El único proyecto de ley gobiernista que apunta a cambios institucionales se queda corto. Los más ambiciosos, propuestos por la oposición, están estancados. Los nuevos uniformes y otras medidas que menciona son decisiones más administrativas e insuficientes según expertas. Mientras que los protocolos sobre la munición no tienen nada de novedosos.

Este es el tercer y último chequeo de la citada entrevista de Noticias Caracol. El primero fue sobre las cifras descontextualizadas con las que el mandatario sacó pecho por la vacunación contra COVID-19 y el segundo, sobre los datos incompletos que presentó con relación a las personas desaparecidas durante el Paro Nacional.

Los proyectos de ley

A 2 de junio de 2021, faltando 18 días para terminar las sesiones ordinarias de la actual legislatura, en la base de datos del Senado había siete proyectos que tienen relación con la Policía. Ninguno era de iniciativa gubernamental, aunque tres venían de los partidos de la bancada favorable al gobierno.

De estos, el más avanzado es el 364 de 2020, que busca crear la categoría de agentes profesionales con un régimen de carrera. Tiene ponencia para segundo debate desde diciembre de 2020, pero ni esta ni el texto original radicado mencionan los puntos que el presidente resaltó en la entrevista.

La iniciativa propone crear la figura de “agentes profesionales”, a la que podrían pasarse los actuales patrulleros e ingresarían los nuevos graduados de las escuelas, con un escalafón y distinciones por antigüedad. Además, plantea requisitos para el ingreso más estrictos que los actuales definidos en el Decreto Ley 1791 de 2000: se exigiría el título, una calificación psicofísica y antecedentes fiscales, además de los disciplinarios y penales.

Los criterios de admisión, la formación y las barreras que hoy existen para el desarrollo de la carrera de los patrulleros sí hacen parte de los problemas actuales de la Policía. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la politóloga Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA, en inglés), señalan varias correcciones necesarias en esos aspectos.

Según la académica, hay que “quitar esa división tan marcada que hay entre las personas que, como tienen el dinero para pagar los cursos de suboficiales y oficiales, terminan en los cargos de mando, y quienes entran porque no tienen los recursos”. Por eso indica que “es importante hacer eso más democrático”.

Esos uniformados con menos ingresos y oportunidades de ascenso son, precisamente, los patrulleros. En esto coincide García Pinzón con los autores del proyecto, que lo han presentado en medios precisamente como una forma de beneficiar a esos policías de bajo rango que se enfrentan a esa barrera.

La directora ejecutiva de la FIP, María Victoria Llorente, también había propuesto “cerrar la brecha entre el nivel ejecutivo y la oficialidad de la Policía y hacer más equitativas las posibilidades de ascensos, condiciones salariales y beneficios” en una presentación de septiembre de 2020. Además, había recomendado “generar incentivos que mejoren la calidad de los aspirantes a patrulleros”.

Por otro lado, “Colombia tiene un déficit de personal. No hay suficiente. Justamente frente a esa falta se han dado procesos de admisión más flexibles y, al final, hay agentes que no deberían estar ahí si se hubiera hecho un proceso riguroso”, advierte García. Las nuevas exigencias relacionadas con la profesionalización irían en ese sentido, según lo que dice la exposición de motivos de la iniciativa.

Ambas politólogas coinciden en que la discusión también debe ser sobre el contenido de la formación y su modelo educativo. La investigadora doctoral afirma que hoy existe una mentalidad atravesada por el conflicto armado y la guerra contra las drogas, que “genera sesgos y estereotipos sobre quiénes son más dignos de protección dentro de la misma población y cómo otros son vistos con sospecha”.

Para buscar una solución a esto, García Pinzón sugiere que debería haber “una participación más amplia de los civiles” en la definición de los currículos. En contraste, el proyecto dejaría esto en manos de instancias dentro de la misma Policía, subordinadas a su Dirección General.

Además, esta iniciativa no es suficiente para resolver todos los asuntos señalados por las expertas. La misma FIP sacó una infografía en medio del paro actual en la que insiste en otros puntos, como el mejoramiento de la rendición de cuentas institucional y el acceso al escrutinio de la sociedad civil o el fortalecimiento de controles internos y externos, también con mayor participación civil y por fuera de la cadena de mando.

Para García, lo más urgente es “analizar los factores que fomentan la impunidad dentro del accionar de la Policía”. Concuerda con la fundación, por ejemplo, en que la Inspección General debería estar ocupada por civiles en lugar de mandos policiales.

La politóloga califica como una “contradicción con la naturaleza de la Policía como un cuerpo civil” el hecho de que sus integrantes sean procesados por la Justicia Penal Militar. Este fuero también es criticado por la FIP. El proyecto no lo toca.

García considera que la Policía debería pasar al Ministerio del Interior o a uno nuevo de seguridad. La FIP sugiere que se puede quedar donde está pero con algunas condiciones. La iniciativa tampoco dice nada al respecto.

Otro debate clave que se queda por fuera es una “intervención a fondo” del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), protagonista de los abusos. “Que no sea un desmonte cosmético y luego se recicle con un cambio de nombre y con los mismos problemas”, dice la investigadora del GIGA.

Los dos proyectos restantes sobre policía de congresistas progobierno en el Senado tienen poco o nada que ver. Uno pretende incentivar la incorporación de deportistas profesionales a las filas y ni siquiera tiene su primera ponencia. El otro, que tampoco ha tenido debate, se refiere exclusivamente a las intervenciones de la Fuerza Pública ante ocupaciones de inmuebles por vías de hecho.

Las iniciativas de la oposición, en cambio, sí están orientadas a la regulación del uso de la fuerza policial en manifestaciones y el sistema de ascensos de la institución (1, 2). Incluso una de ellas propone una reforma más general al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y la Ley 63 de 1993, que también dicta normas sobre la naturaleza y el funcionamiento de la Policía Nacional.

En Cámara, el único proyecto reciente referente a la prevención del abuso policial también es de la bancada opositora. Sin embargo, ni este ni los del Senado han pasado del primer debate.

Uniformes y cámaras

Otra cosa es que, en marzo de 2021, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, anunció cambios en los uniformes para el personal asignado a seguridad ciudadana. Las modificaciones sí incluirían una mayor visibilidad del número de identificación y sí se está estudiando la implementación de las cámaras adheridas al cuerpo.

Lo que pasa es que estas decisiones, mencionadas por Duque en la entrevista, no están relacionadas con ninguna de las propuestas legislativas. Además, no se ha definido una fecha para la implementación de las modificaciones.

El investigador Alberto Sánchez Galeano, asesor de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, le dijo al informativo CityNoticias que los cambios en los uniformes se ajustan a estándares internacionales. También destacó que el resaltado del número de identificación “ha sido una demanda de las organizaciones de la sociedad civil”.

Pese a esto, ninguna de estas dos novedades aparece en las recomendaciones de la FIP y la politóloga García Pinzón considera que son “medidas cosméticas”. Si bien reconoce que el uso de cámaras adheridas al cuerpo “puede generar un incentivo que disminuya la disposición de un agente de policía a abusar de la violencia en algún momento”, observa que “tiene un alcance muy limitado”.

“En el paro hemos visto que ahora los ciudadanos graban y uno casi puede seguir online el live del abuso policial y no pasa nada. Si lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los policías usualmente tienen cámaras adheridas al cuerpo y aun así los hechos de violencia policial contra ciertos grupos de la población, particularmente minorías raciales, persisten”, argumenta la experta.

De hecho, la evidencia científica sobre sus efectos es contradictoria. En general, Colombiacheck encontró que los estudios apuntan más hacia reducciones mínimas de la fuerza, pero no hay un consenso claro.

Un informe del National Bureau of Economic Research, una ONG estadounidense de investigación, contiene un metaanálisis de marzo de 2021 que afirma que las cámaras sí “podría tener un impacto” de reducción cercana al 9,6 % en el uso de la fuerza. Sin embargo, este trabajo no está revisado por pares.

Por el contrario, otro metaanálisis publicado en el European Journal of Criminology en 2016 concluyó que no hubo reducción en esas acciones. Además, advirtió que las agresiones contra oficiales que utilizan estos dispositivos eran mayores.

Lo curioso es que dos de los autores de este último artículo habían participado en un estudio publicado en 2015 en el que encontraron que las probabilidades de usar la fuerza sin BWC (sigla en inglés de body-worn cameras) eran el doble que con ellas. En ese caso, habían comparado turnos laborales en cada condición, no policías en periodos de tiempo largos.

Al ensayar a largo plazo, una investigación del Departamento de Policía de Washington D.C. con las universidades de Michigan y Yale, concluyó que “las cámaras no afectaron de forma significativa el comportamiento policial”. Esta evaluación contó con más 2.200 participantes y era, al menos hasta el momento de su publicación en 2019, el estudio más grande sobre el impacto de esta tecnología en esos procedimientos.

Ese mismo año, una revisión de literatura liderada por Cynthia Lum, directora del Centro de Política Criminal Basada en Evidencia de la Universidad George Mason, que incluyó 70 estudios sobre BWC y fue publicada en Criminology & Public Policy también llegó al mismo resultado. “No tienen efectos estadísticamente significativos o consistentes”, dice el artículo, que apunta a que hay que prestarle más atención al uso que se les dé “para lograr cambios más fundamentales a largo plazo”.

García Pinzón explica que el uso de las cámaras “por sí solo no basta y no compensa la falta de una estructura institucional que en realidad logre aplicar sanciones efectivas, que garantice que va a haber una investigación adecuada en unos tiempos expeditos”. Con esto, insiste en el enfoque de que los cambios más urgentes deberían estar dirigidos a combatir la impunidad de los abusos.

Controles balísticos

Finalmente, la investigadora del instituto alemán dice que los controles de balística que Duque describió en la entrevista no tienen nada de novedoso y que, de hecho, se aplican hace décadas en todo el país, no solo en la capital como él dijo. “Es una práctica mínima que se debe esperar de cualquier gobierno medianamente democrático y responsable con sus cuerpos de seguridad”, asegura.

Igual que con las cámaras, García insiste en que esos controles “servirían para disuadir [a los policías de abusar de la fuerza] si realmente las fallas en dar cuenta de qué pasó con esa munición redundan en una investigación y en sanciones”. En pocas palabras, dice que es “una buena práctica mínimamente esperable pero no es novedosa ni hace la diferencia en la prevención de los abusos”.

Sánchez Galeano coincide con ella. Considera que “Colombia tiene un muy buen protocolo de verificación de munición”, no solo en Bogotá, pero agrega que “no es que sea pionero, es una cosa mínima en materia de control”. En este sentido, asegura que sí cumple unos estándares que no se logran en otras partes de América Latina, como Venezuela, sin que esto lo ponga necesariamente a la vanguardia de la región.

El investigador afirma que una de las fallas de este control en el país es “lo que pasa después”. Si bien dice que la pérdida de un arma o de munición sin explicación sí desencadena la apertura de procesos disciplinarios, lo que no está claro es que estos lleven a sanciones efectivas. Lo mismo que reclama García Pinzón.

En resumen, Duque presentó como “reforma policial” una serie de medidas aisladas, más bien superficiales y de efectividad dudosa por sí mismas, unos controles que existen hace décadas y un proyecto de ley que se refiere apenas a un problema entre muchos, algunos más urgentes, que requieren transformaciones en la Policía. Por eso sus declaraciones son cuestionables.