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Martes, 25 Mayo 2021

Sobre desapariciones en protestas, Duque solo presenta los datos de la Fiscalía que más le convienen

Por José Felipe Sarmiento

El presidente citó a medias un reporte del fiscal Barbosa sobre personas desaparecidas en el paro nacional y minimizó denuncias de oenegés. Segunda entrega de chequeos sobre su entrevista en Noticias Caracol.

En la entrevista del 17 de mayo de 2021, cuando el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y la directora del programa Los Informantes, María Elvira Arango, le pidieron explicaciones al presidente de la República, Iván Duque, por los civiles muertos y desaparecidos durante las protestas del paro nacional, que empezó el 28 de abril y que ya lleva casi un mes, el mandatario respondió con cifras de la Fiscalía.

“Frente al tema de desaparecidos, el Fiscal General de la Nación saca un pronunciamiento en el que dice [que] en el sistema SPOA [Sistema Penal Oral Acusatorio], que es donde están los registros de denuncias criminales, no existe hoy una denuncia por desaparición forzada. Han existido, en este momento, personas con ubicación. Yo recuerdo que hace tres días decían que eran 500, 400; ya han aparecido más de 200 personas”, dijo.

Aunque también afirmó que “no se trata de minimizar el hecho”, enseguida agregó que “se han hecho señalamientos de desapariciones con información incompleta, que no puede ser verificable”. Ante lo cual Colombiacheck decidió, precisamente, verificar los argumentos del presidente como parte de una serie de chequeos a sus respuestas en esa entrevista (el primero fue sobre sus cifras descontextualizadas de vacunación contra COVID-19).

El pronunciamiento de Duque sobre las desapariciones es cuestionable. La Fiscalía sí se pronunció en el sentido que él mencionó, pero el jefe de Estado omite información importante respecto a esa misma declaración y le da un alcance que no tiene.

El 24 de mayo, una semana después de la entrevista, la Fiscalía publicó un comunicado en el que dio un balance de una sola denuncia formal de desaparición forzada pero 129 personas “no localizadas” en proceso de búsqueda y otras 290 que habían sido ubicadas luego de que fueron reportadas como desaparecidas. Sin embargo, el informe más reciente para la fecha del noticiero era otro y coincidía en algunos aspectos con lo que dijo Duque.

Al intervenir en una audiencia pública de la Cámara de Representantes el 12 de mayo, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que había 168 activaciones del mecanismo de búsqueda urgente en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Esta herramienta, creada y definida por la Ley 971 de 2005, obliga a las autoridades a efectuar todas las acciones necesarias para localizar a “las personas que se presume que han sido desaparecidas”.

El primer mandatario no mencionó ese dato, a pesar de que sí resaltó otros que el fiscal dio a continuación y quedaron registrados en un comunicado de la entidad. Por un lado, está la cifra de las 227 personas que habían sido reportadas como desaparecidas ante la Defensoría y que ya habían sido ubicadas. Por otro, el hecho de que todavía no había ninguna denuncia formal en el SPOA.

“Tenemos 153 inadmisiones del mecanismo de búsqueda por falta de información, porque se requieren unos estándares para poder establecer esas aceptaciones. Se les han devuelto a las personas que han enviado esto para que complementen la información”, explicó también Barbosa ante el Congreso.

La citada ley exige que las solicitudes tengan ciertos datos mínimos, como la identificación de la persona a la que hay que buscar, las circunstancias en que desapareció o si se han entablado denuncias ante diferentes autoridades. O sea que la petición de complementarlas no descarta el hecho de que hayan podido ocurrir, como lo pretende mostrar el presidente.

“Por ejemplo, sabemos de Luisa Fernanda en Ibagué el 28 de abril. No sabemos más. Eso no significa que no esté desaparecida sino que la información está incompleta porque de pronto eso fue lo único que alcanzó a gritar cuando se la llevaron”, explica Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una de las oenegés que ha liderado la recopilación de esa información.

De hecho, la cantidad de personas que continúan desaparecidas sigue siendo incierta. El 6 de mayo, la Defensoría del Pueblo recibió reportes de 26 oenegés que hablaban de 379 personas sin contar otras 92 que ya habían sido ubicadas. No obstante, González aclara que al cotejar se han dado cuenta de que había casos repetidos en diferentes listas y que, hasta el 24 de mayo, serían 284 personas.

El abogado y defensor de derechos humanos advierte que el hecho de encontrar una persona (en algunos casos, las han hallado muertas) tampoco quita el hecho de que, por un lapso de tiempo, su paradero haya sido desconocido. “Cuando a una persona la detienen y no la dejan ver, se declara como desaparecida”, dice. En pocas palabras, lo que cambia es que ya no lo está, pero lo estuvo.

La penalista y docente universitaria Diana Muñoz Castellanos coincide en que la desaparición forzada se configura independientemente de si la persona aparece al poco tiempo viva o muerta. “Lo que importa es que el Estado negó la información sobre su paradero”, asegura.

En efecto, el Código Penal establece que este delito consiste en someter a una persona “a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”. No pone tiempos mínimos.

La definición de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigencia en Colombia en 2012 tras su aprobación en la Ley 1418 de 2010, es similar aunque especifica que de ser “obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Tampoco especifica la duración.

La explicación que le da González Perafán al hecho de que no haya denuncias es que “ya no hay confianza en las autoridades”. Advierte que la mala imagen del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afecta el trabajo de los funcionarios de esa entidad en terreno.

Cabe recordar que tanto Camargo como Barbosa son cercanos al gobierno, que los ternó a ambos para sus cargos actuales. El primero es un político conservador de Córdoba sin experiencia en derechos humanos, yerno de la senadora Nora García Burgos y primo del senador David Barguil. El segundo llegó a la Fiscalía justo después de ser consejero presidencial de Duque, con quien mantiene una amistad desde que estudiaron juntos en pregrado.

En todo caso, la abogada Muñoz también clarifica que la Fiscalía puede abrir investigaciones penales de oficio por desaparición forzada, o sea que no necesita la interposición de denuncias formales adicionales. “Ante cualquier conocimiento que tenga de un hecho que revista las características de este delito, tiene la obligación constitucional de iniciar la persecución penal”, enfatizó, pues no se trata de una conducta querellable.

Colombiacheck le escribió al equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño para que el presidente diera el sustento de sus argumentos. No obstante, al momento de publicar este chequeo no ha llegado ninguna respuesta. Dado que utilizó datos oficiales publicados por la Fiscalía, pero incompletos y mal interpretados, su respuesta sobre las desapariciones en el marco del paro es cuestionable.

Nota: La imagen de fondo de la portada de este chequeo fue tomada de Flickr, donde el fotógrafo Oxi la publicó bajo licencia de uso libre con atribución.

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Viernes, 23 Abril 2021

Director de la DIAN, más preciso que Carrasquilla al hablar de impuestos a las iglesias

Por José Felipe Sarmiento

Ambos acertaron sobre las normas que sustentan los beneficios tributarios a organizaciones religiosas, pero el ministro se descachó al meter a todas las entidades sin ánimo de lucro en el mismo saco.

Una de las propuestas que han surgido en el Congreso como alternativas al contenido del proyecto de reforma tributaria radicado por el gobierno el 15 de abril de 2021, con el propósito de recaudar 23,4 billones de pesos, es la de poner a las iglesias y otras organizaciones confesionales a pagar impuestos.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco Riveira, se pronunciaron al respecto en la rueda de prensa en la que presentaron la iniciativa. Ambos descartaron la posibilidad, aunque dieron argumentos diferentes: el primero se refirió a su carácter de entidades sin ánimo de lucro y el segundo, a la base constitucional de sus beneficios.

Colombiacheck revisó los argumentos de los dos funcionarios. Intentó contactarlos por medio de sus equipos de prensa para profundizar en el sustento de lo que dijeron, pero ninguno contestó. En todo caso, ambos acertaron en términos generales, aunque la intervención de Junco resultó verdadera por su precisión, mientras que la de Carrasquilla tiene un ‘pero’ porque no todas las entidades sin ánimo de lucro tienen el mismo régimen.

Sin ánimo de lucro: Carrasquilla

VERDADERA PERO...

“Las iglesias son parte de un universo que conocemos tributariamente como las entidades sin ánimo de lucro. Estas se incluyen dentro de un gran capítulo y hemos llegado a la conclusión, como sociedad, de que tengan un tratamiento especial desde el punto de vista tributario”, dijo el ministro Carrasquilla.

Según la Confederación Colombiana de ONG, las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) son todas las organizaciones de carácter civil que se rigen por el derecho privado y dedican todo su patrimonio a cumplir con una “una finalidad que atiende al interés general o beneficia a un número importante de personas, de forma tal que las mismas contribuyen a la realización de los fines del Estado, al adelantar actividades que el Estado no alcanza a desarrollar”, por lo que reinvierten sus excedentes. Entre ellas, en efecto, clasifican las iglesias.

Sin embargo, esto no quiere decir que todas tengan el mismo tratamiento tributario a pesar de que sí tienen beneficios en general desde la reforma tributaria de 1986. Unas son contribuyentes y otras no, de acuerdo con diferentes disposiciones legales que se aplican según el caso.

Hoy existe un Régimen Tributario Especial para las ESAL. Su principal beneficio es una tarifa especial en el impuesto de renta. Sin embargo, el Estatuto Tributario aclara que esta categoría “no aplica para las entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes”, entre estas se encuentran “las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley”.

De hecho, ni siquiera todas las no contribuyentes son iguales. Aunque no pagan, las iglesias reconocidas por el Ministerio del Interior de todas formas tienen que declarar sus ingresos y patrimonios, igual que los sindicatos, las asociaciones gremiales, los partidos políticos o los fondos de empleados, entre otros. En cambio, algunas organizaciones en esa misma categoría ni siquiera tienen ese requisito, incluídas varias entidades estatales, la Cruz Roja y las juntas de acción comunal, por poner ejemplos.

“Las entidades sin ánimo de lucro que están clasificadas como no contribuyentes no pagan renta en ningún caso. Hay otras, como las fundaciones, que son de régimen tributario especial y para no pagar renta requieren reconocimiento por parte de la DIAN. Las iglesias, por ley, son clasificadas como no contribuyentes y eso hace que nunca tengan que pagar renta”, le confirmó a Colombiacheck el contador público y docente universitario Henry Carvajal Rodríguez.

Por tanto, Carrasquilla tiene razón en que las confesiones religiosas pertenecen a las ESAL pero la calificación de su afirmación es “verdadera pero” porque esas entidades no constituyen un solo paquete con un mismo régimen tributario. Si bien es cierto que tienen beneficios en general, estos difieren según la naturaleza de cada una.

Constitución y Concordato: Junco

VERDADERA

“Las iglesias que están definidas por el Ministerio del Interior como congregaciones religiosas son no contribuyentes porque la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 19, establece la libertad de cultos y, al ver que que hay un ánimo de confesión, [...] lo protege porque tiene un tema de correlación con el Concordato de 1887 de la Iglesia Católica. En pocas palabras, el tema no es tributario, es constitucional e internacional”, agregó el director de la DIAN enseguida de Carrasquilla.

En efecto, como ya se citó, el Estatuto Tributario incluye a las iglesias en la categoría de no contribuyentes. Además, la argumentación de Junco con respecto a la relación entre estos beneficios tributarios y la libertad de cultos coincide con la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. Por tanto, lo que dijo es verdadero.

El tribunal ha recordado en varias ocasiones que todas las religiones son reconocidas por el Estado en igualdad de condiciones, no solo conforme a la Carta Política sino también a la Ley 133 de 1994, que la desarrolla en esta materia. La sentencia C-027 de 1993, sobre la ley que aprobó el Concordato entre Colombia y el Vaticano, avaló que los “bienes de utilidad común sin fines de lucro” de la Iglesia Católica tengan las exenciones tributarias acordadas entre los dos estados y las extendió a las demás religiones en aras de la igualdad.

El profesor Carvajal y la abogada Lorena Ríos Cuéllar, exdirectora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, también constataron esta interpretación. “Desde la expedición de la Ley 20 de 1974, que aprobó el Concordato, la Iglesia Católica ha sido considerada como no contribuyente, tanto en renta como en otros impuestos. Esta condición fiscal ha sido extendida al resto de iglesias y confesiones por la Corte Constitucional”, señaló la exfuncionaria.

En consecuencia, las declaraciones de Junco Riveira son verdaderas e incluso más precisas que las del ministro Carrasquilla sobre el mismo tema.