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Miércoles, 14 Agosto 2019

300 días sin homicidios, la celebración rebuscada de la Alcaldía de Medellín

Por RedCheq

El alcalde Federico Gutiérrez puede sacar pecho porque, en efecto, en su administración hubo más días sin homicidios que en las de sus antecesores, pero los casos y la tasa han aumentado todos los años desde 2016.

El 5 de agosto, la Alcaldía de Medellín publicó en Facebook un video que inicia con la siguiente afirmación: “Nunca una administración tuvo 300 días sin homicidios”. Esta cifra hace referencia al período 2016-2019, del cual está a cargo el actual alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga.

Verdadero pero

El dato es cierto, pero esconde que los casos han ido en aumento a lo largo de toda su administración.

Captura de pantalla de la publicación de la Alcaldía de Medellín

Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, la fuente de este dato es el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), que recoge información desde 2003. Tras ser consultada, la entidad le proporcionó a RedCheq, vía WhatsApp, un cuadro con el número anual de días sin homicidios desde entonces.

Días sin homicidios por administración de Medellín, según Secretaría de Seguridad

Estas cifras coinciden con lo reportado por administraciones anteriores, como la de Aníbal Gaviria Correa, que el 27 de octubre de 2015, a dos meses de terminar su período, contó 200 días sin homicidios en cuatro años. También con las cuentas presentadas para el año pasado. De modo que el cálculo es cierto, aunque solo la Alcaldía saca la cuenta por días y por eso no pudo ser confirmado por RedCheq con las otras entidades que conforman el SISC: la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal.

Pero, sobre todo, se hace necesario tener presentes dos consideraciones: la primera es que la cifra no se refiere a días continuos sin homicidios sino a la totalidad de jornadas con este resultado en lo que va del mandato de Gutiérrez Zuluaga; la segunda es que, si bien hay un poco más de 300 días sin homicidios, la tasa anual y el número de casos vienen aumentando desde 2016.

Marta Inés Villa Martínez, directora de la Corporación Región, una ong que aboga por los derechos humanos, considera que la publicación de la Alcaldía de Medellín “es un asunto de comunicación muy engañosa, porque suma los días en que no se han presentado asesinatos, pero hay un aumento paulatino en este delito justo en esta administración”.

Además, dijo que el número 300 se presenta “con espectacularidad, pero no se evidencia en la realidad diaria. Este año ya se superaron los 400 homicidios y respecto a lo que recibió en 2015 hay un aumento. Esos datos indican que hay un retroceso en esta materia”.

De acuerdo con el informe de 2018 de Medellín Cómo Vamos, que recoge información dada por Medicina Legal, Policía y Fiscalía, con observación técnica de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en 2015 se presentaron 496 homicidios y una tasa de 20,1 por cada cien mil habitantes. Para el 2018, estos datos fueron 632 y 25,0, respectivamente.

Tasa y casos de homicidio en Medellín 2013-2018 según Cómo Vamos

La Secretaría argumentó, en su respuesta por chat, que “la intención del video es precisamente destacar la lucha que se ha dado contra el fenómeno de homicidio que, no obstante, ha tenido ciertas variables. Sobre todo en este año, las cifras indican que, en el periodo comprendido desde 2016, están muy por debajo de los índices desde inicios del siglo”. Para demostrarlo, envió una gráfica que compara el promedio de las tasas anuales y total de casos de homicidio en cada administración desde Sergio Fajardo (2004-2007) hasta el 31 de diciembre de 2018.

Promedios de tasas de homicidios por administración de Medellín

Pero este cálculo, de nuevo, oculta el aumento que se ha dado en esta administración y, además, la reducción a partir de 2009. Ese año, la tasa de homicidios fue de 94,4 por cada cien mil habitantes y en 2015, último año de la administración Gaviria, iba en 20,1. La misma tendencia han tenido los casos totales, tanto en las cifras de Cómo Vamos como en las de Medicina Legal citadas, por ejemplo, en un estudio de la Universidad EAFIT.

Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades e investigador en conflicto urbano, aseguró que el incremento reciente de este delito se debe a la llamada “guerra fría” entre las líneas mayoritarias y minoritarias de “La Oficina”. “Aunque las cifras siguen siendo altas, puede que haya una reducción por el pacto que se dio el 31 de mayo. En el inicio del gobierno de Aníbal Gaviria, los homicidios estaban disparados por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y La Oficina. Con el pacto del fusil en 2013, los años siguientes bajaron estas muertes violentas y eso salvó a Aníbal”, explicó el experto.

De hecho, lo que aumenta el promedio de Gaviria es que en su primer año hubo 1.256 homicidios, pero estos representaban ya una reducción de 23,9 por ciento frente al año anterior, casi una cuarta parte, que siguió bajando todo el cuatrienio. En cambio, ‘Fico’ tuvo 534 en su 2016 frente 496 de 2015, un aumento de 7,6 por ciento y las cifras han seguido creciendo.

En conclusión, la afirmación es ‘verdadera pero’ porque la cifra es real pero no permite celebrar porque los homicidios, de todas formas, han aumentado paulatinamente durante toda la administración Gutiérrez.

 

Por: Laura Castaño, Juan Camilo Montoya, Jhonwi Hurtado y José Felipe Sarmiento.
 

RedCheq
Miércoles, 18 Septiembre 2019

Cdmb no le negó a Minesa la posibilidad de explotar minería en Soto Norte como dijo Fredy Anaya

Por Vanguardia

Si bien la Cdmb determinó que el proyecto minero Soto Norte no tiene un correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, este concepto técnico no es vinculante, la decisión final de la explotación minera en cercanías del Páramo de Santurbán está en manos de la Anla.

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga Fredy Anaya aseguró en el debate del canal TRO realizado el 10 de septiembre que la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb (la autoridad ambiental regional), le “negó a Minesa la posibilidad de explotar la minería en Soto Norte”, al hacer referencia al concepto técnico que ese mismo día se hizo público.

Vanguardia volvió a consultarle a Anaya sobre el tema y el candidato se ratificó y dijo que la afirmación es cierta. 

Posteriormente, indicó: “Que la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) se la dé (otorgue la licencia para explotar minería) es otro problema. Lo que hizo la Cdmb fue dar un concepto y en el concepto se le negó la posibilidad a Minesa de explotar cerca al páramo de Santurbán”.

El concepto al que se refiere el candidato es el ‘Concepto técnico sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales del Proyecto Soto Norte de explotación subterránea de minerales Auroagentíferos en el marco del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Minesa S.A.S.’, emitido por la Cdmb.

En dicho documento, la entidad ambiental asegura que el proyecto minero Soto Norte de Minesa no tiene un correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

“Nosotros revisamos cada uno de los permisos y con la información que en este momento tiene el proyecto no hay viabilidad”, explicó Martín Camilo Carvajal, director de la Cdmb a RedCheq.

Esto, aseveró Carvajal, se refiere específicamente a concesiones aguas, permisos de vertimiento, ocupaciones de caudal, permiso de emisiones atmosféricas y aprovechamiento forestal.

“En el tema de recursos hídricos, los estudios que ellos (Minesa) presentan tienen muchas inconsistencias para una fuente hídrica, se presentan valores diferentes de caudales, entonces eso es una inconsistencia fuerte y especialmente hay un elemento crítico y es que los caudales de las fuentes hídricas no se mantienen constantes durante una época anual, hay una épocas de estiaje donde se presenta la condición crítica y es donde se vuelve el referente para poder determinar si la fuente hídrica cuenta con el recurso que le permita autorizar la captación y el uso del recurso para las necesidades del proyecto”, aseguró Carvajal.

Sin embargo, la Cdmb no es la entidad competente para negar el proyecto minero de Minesa.

Según Lilia Roa Fuentes, bióloga de la UIS y doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por decreto único del sector ambiental y por el tamaño de la obra, la jurisdicción es de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

“La Anla solicita a la corporación (Cdmb) un concepto técnico. La autoridad tiene que tomar el concepto de la Cdmb y decidir sobre el futuro del proyecto. Y ese concepto no es vinculante, la decisión por decreto único del sector ambiental es de la Anla”, explicó la experta. 

En otras palabras, el concepto de la Cdmb sobre el proyecto de Minesa no es de obligatoria aplicación. La corporación ambiental regional cumplió con su papel al realizar los estudios que generaron el concepto técnico, pero la Anla puede tomar una decisión independiente a dichos resultados. 

Sobre el tema, la Anla aseguró que el concepto de la corporación hace parte del procedimiento normal de evaluación y se le dará un tratamiento similar al de todos los pronunciamientos que se reciben en cada trámite que evalúa la entidad.

El tire y afloje con la explotación minera en Soto Norte

El interés por las riquezas que esconde el páramo de Santurbán es un asunto de décadas atrás. De hecho, los habitantes de la provincia Soto Norte se definen como pueblos de tradición minera, pues por años esta ha sido la actividad principal de la región.

Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos se impulsó la llamada 'locomotora minera energética' para favorecer el crecimiento económico del país. Esto facilitó que en Santander aumentara la asignación de títulos para la explotación de metales como el oro, para los mineros artesanales y las multinacionales.

En el departamento surgió la primera preocupación con la llegada de la canadiense Greystar, que pretendía ejecutar un proyecto de minero a gran escala y a cielo abierto que los ambientalistas advirtieron que afectaba el páramo de Santurbán y se pondría en riesgo el suministro de agua en zonas aledañas como en las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta. Por tal motivo, una multitud marchó en febrero de 2011 contra esta compañía, que luego se llamó Eco Oro.

Al tiempo de los procesos mineros, está la limitación del Páramo. Por lo que el 8 de enero de 2013, el Gobierno Nacional declaró que las 11.700 hectáreas del Parque Natural Regional del Páramo de Santurbán no eran suficientes para proteger el ecosistema estratégico.

En qué va la delimitación

Tras la presión social, en diciembre de 2014 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció una nueva delimitación del páramo. Se protegió el 76 por ciento de la zona, es decir, 98.954 hectáreas de las 129.743 existentes. Dentro de estas operaba gran parte del proyecto Angostura de Eco Oro.

Sumado a esto, en febrero de 2016, un fallo de la Corte Constitucional prohibió la actividad minera en los páramos, por lo que se imposibilitó la explotación por parte de la empresa canadiense, a la que la Agencia Nacional de Minera, ANM, le suspendió la licencia en 2016.

Entre tanto, la delimitación del Páramo de Santurbán sigue sin definirse. En 2017 la sentencia T-361 de la Corte Constitucional dejó sin efectos la Resolución 2090 de 2014, con la que el Gobierno había delimitado el páramo. 

Según el fallo, no se garantizó la participación ciudadana, por lo que ordenó que se adelantará una nueva delimitación, teniendo en cuenta la opinión de los habitantes de la región.

Aunque la nueva delimitación debió entregarse el 16 de noviembre de 2018, el Ministerio de Ambiente solicitó prórroga hasta diciembre próximo para realizar encuentros de socialización en diferentes poblaciones de Santander y Norte de Santander.

En junio pasado el Tribunal Administrativo de Santander le concedió un nuevo plazo para que el Gobierno entregue la nueva delimitación a más tardar el próximo 18 de diciembre.  

Compañías interesadas en explotar

Ante la negativa de realizar explotación de minerales en el área en donde Eco Oro adelantaba la fase exploratoria durante 20 años, la compañía presentó en marzo pasado su renuncia al contrato de concesión minera en el Páramo de Santurbán. 

La solicitud fue aceptada por la ANM y posteriormente el Estado fue demandado por 764 millones de dólares el año pasado, en medio de un proceso de arbitramiento internacional.

Otro de los títulos mineros en el área de influencia del páramo de Santurbán pertenecía a la compañía AUX, que pertenecía a Eike Batista, el exmultimillonario que fue condenado a 30 años de prisión por corrupción en Brasil.

Luego de que Batista quebrara en 2014, la minera pasó a manos al fondo Mubadala de Abu Dabi y se constituyó Minesa. En 2017 la compañía presentó un primer Estudio de Impacto Ambiental, que retiró en marzo de 2018. 

Tras realizar ajustes, en enero pasado presentó un nuevo estudio ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, que decidirá si avala o no el proyecto.

¿Cuáles empresas mineras están en la zona del páramo?

En el área de la resolución 2090 de 2014, es decir, dentro del Páramo de Santurbán y que tienen algún instrumento ambiental, hay siete empresas mineras: Sociedad Minera Reina de Oro, Sociedad Minera La Providencia, Sociedad Minera Trompetero, Sociedad Minera La Elsy, Sociedad Minera La Nueva Elsy, Minera Vetas y Eco Oro, según dio a conocer la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga, Cdmb, en junio pasado.

En esta zona existen otras compañías como Aux Gold, Continental Gold de Colombia, Oro Barracuda, Galway, Empresa minera San Antonio de Yolombó, Sociedad minera La Esmeralda y Anglogold Ashanti Colombia, que aunque tienen títulos mineros, no tienen permisos ambientales.

En el caso de Minesa, ésta no se encuentra dentro de esta área, aclaró la corporación.

En cualquier caso, ya que la Cdmb no tiene la última palabra sobre Soto Norte, calificamos la afirmación de Anaya como cuestionable.

RedCheq