Colombiacheck revisó siete afirmaciones que Rafael Nieto, quien fue precandidato presidencial del Centro Democrático, publicó en una columna de opinión sobre la minga indígena del suroccidente que recientemente marchó hasta Bogotá. Calificamos tres de las frases como  verdadero, pero, tres como cuestionables y una verdadera.

Nieto aseguró en su columna que el problema de  esas comunidades indígenas no era de tierra, ni de presupuesto y citó cifras que pueden desinformar sin el contexto adecuado par entender la complejidad de los problemas que aquejan históricamente a esas comunidades. También relacionó los enclaves cocaleros en el país con la ubicación de varios resguardos indígenas y terminó extendiendo un manto de duda sobre los motivos por los cuales aumentó la población indígena en el país según el más reciente Censo de población.

 

“En cinco de los seis grandes enclaves de narcocultivos que hay en el país hay fuerte presencia de poblaciones indígenas”

Nieto aseguró que la fuente de esta información es el informe Simci de 2019.

Efectivamente, el monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC, del que habla Nieto indica que desde 2015 la coca se concentra en Colombia en zonas históricamente afectadas conformando enclaves productivos en donde se crean condiciones propicias para la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo en Colombia y el exterior. A esos sitios los identifica como enclaves.

“Los principales enclaves productivos se encuentran actualmente en Catatumbo (Norte de Santander), Frontera Tumaco (Nariño), El Charco-Olaya Herrera (Nariño), El Naya (Cauca-Valle del Cauca), Valdivia-Tarazá-Cáceres (Antioquia), Argelia-El Tambo (Cauca) y Frontera Putumayo (Putumayo); el 36 % del área con coca en 2019 se encuentra en estos enclaves”, puntualiza el informe de la UNODC. 

Lo anterior coincide con la lista aportada por Nieto, quien aclaró que la zona de Antioquia mencionada no tiene presencia indígena, pero quien se equivocó al decir que son siete los enclaves, pues en realidad son seis.

Al comparar los mapas del informe que muestran la ubicación de los enclaves cocaleros y los que muestran la ubicación de los resguardos afectados con cultivos de coca se observa coincidencias en la mayoría de los puntos mencionados por Nieto.

 

 

 

 

Daniel Rico, criminólogo e investigador en temas de economías criminales y desarrollo rural, aseguró que es simplista decir que el hecho de que haya indígenas en el territorio es un determinante para que haya coca, pues aseguró que es un tema muy complejo. Explicó que una de las razones para que haya cultivos de coca en territorios indígenas es que se comparten ciertas características en los territorios indígenas que son propicias para la coca, pues son zonas de menor desarrollo e infraestructura, de menor acceso vial con restricciones de tipo administrativo, que tienen menos presencia del Estado, pero sobre todo por las restricciones legales en materia de consulta previa.

“Mi lectura de eso es que desde que se estableció el tema de consulta previa para la erradicación y la aspersión de cultivos se perjudicó profundamente a las comunidades campesinas porque generó el incentivo para que los cultivos se trasladaran a estos territorios, eso es igualmente válido para los territorios afros. Algunos lo vieron como una ganancia en el sentido de que las comunidades iban a ser escuchadas y de que iban a tener más garantías, pero en la práctica lo que ha sucedido es que no ha habido un proceso institucional sólido para el tema de consultas previas, los presupuestos para hacerlas no son buenos, los plazos son muy largos y al final lo que ocurre es que las redes criminales utilizan eso a su favor y acentuando su presencia en cristalizaderos y cultivos”.

Para Rico la participación de la coca en territorios indígenas, que es del 9%, no es tan alta, es mucho más problemático en territorios afros (16%), que están en zona logística y estratégica mucho más cercana de la cocaína al mar.

“El Estado no ha podido resolver este problema y las comunidades han sufrido. No diría que el problema principal esté en el norte del Cauca, donde se asienta la comunidad que hizo la minga, sino que hay que darle una mirada al pueblo Awá, en la frontera con Ecuador y cómo han sido asesinados sus líderes por el control del territorio”.

Rico también señaló que hay que revisar el papel de los colonos, que son los dueños de muchos de los cultivos de coca de los territorios indígenas que se establecen en esas zonas.

El experto aseguró por último que hay también estructuras del narcotráfico de los indígenas y puso como ejemplo de alias Mayimbú, que han aprovechado las ventajas del régimen especial indígena para fortalecer su posición frente al narcotráfico.

Armando Valbuena, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, aseguró que los resguardos indígenas más afectados por cultivos ilícitos son los del Catatumbo y los de la frontera con Ecuador por ser vías fáciles de comunicación para las rutas de esos negocios ilícitos.

Para él, la falta de gobernabilidad del Estado en algunos lugares, sobre todo de frontera con Panamá, Ecuador y Venezuela, ha facilitado la proliferación de los cultivos ilícitos y aunque hay tropas de las fuerzas militares, también hay paramilitarismo. “Aquí hay un desorden institucional de no gobernabilidad, otra razón es que no hay voluntad del gobierno para resolver la economía de los pueblos, solo hay apoyo al sector bancario o a las empresas constructoras y a los procesos agroindustriales y ganaderos, por lo tanto en sectores donde no hay economía y donde no hace presencia el Estado se ha desarrollado la economía de la coca o de la marihuana”, indicó.

El vocero de la Onic aseguró también que hace falta una verdadera voluntad política de sustitución de cultivos, estrategia que necesita una propuesta económica para las poblaciones.

“En nuestros territorios siempre estamos resguardandonos y protegiéndonos por la forma ancestral de control territorial, con arcos, flechas, lanzas y con bastones de mando para tratar de hacer control del territorio, pero no es fácil, en algunas partes se logra tener el control, pero las armas modernas del paramilitarismo y de las fuerzas del Estado hacen casi imposible que nosotros vivamos en paz porque siempre hay una represión”, concluyó Valbuena.

El estudio "Tierra Profanada. Impacto de los Megaproyectos en los Territorios Indígenas en Colombia" asegura que uno de los motivos por los que se puede explicar la afectación de los cultivos ilícitos en los territorios indígenas se debe en gran parte a las características particulares del cultivo. “Si bien la economía cocalera mantiene las mismas características de cualquier economía de enclave, su ilegalidad hace que se busquen especialmente aquellos territorios con menor control estatal o aquellos que se mantienen más aislados de los ejes de comunicación. Este factor y el hecho de que los precios son inusualmente elevados para un producto agrícola permiten la existencia de asentamientos cocaleros lejos de la red de infraestructuras de transporte y de los centros de servicios, lo que finalmente posibilita la llegada de grupos de colonos a zonas indígenas en los que cualquier otra actividad económica no lo haría posible”.

Respaldado en la relación de los enclaves de narcocultivos y la ubicación de territorios indígenas Nieto asegura que es “esa influencia del narcotráfico y de los grupos armados ilegales, explica en parte las acciones contra el Estado de ciertas poblaciones indígenas, pero desconoce el contexto aportado por los expertos en estos temas y no menciona en su columna que el informe que cita indica que la concentración de cultivos de coca del total nacional en resguardos indígenas es del 9 %, un punto porcentual menos que en 2018. También resalta que se registró una reducción del 15,5 % al pasar de 16.588 hectáreas en 2018 a 14.022 en 2019. Lo anterior indica, según el informe, que se mantiene la tendencia a la reducción que inició en 2017, cuando se presentaron 17.627 hectáreas.

El informe concluye que de los 767 resguardos existentes, 161 tienen cultivos de coca.

 

“Del paro de 2017 se fueron con el 1% del SGP, más de lo destinado a la alimentación escolar”.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001 a las poblaciones indígenas les corresponde el 0,52% del Sistema General de Participaciones cada año y no el 1% como erróneamente lo afirma.

Y es que en el año citado por el columnista el presupuesto asignado a los resguardos indígenas, de acuerdo con este documento del Departamento Nacional de Planeación fechado el 28 de diciembre de 2017, en el que se detalla la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, en la partida de asignaciones especiales, queda claro que ese año les correspondió el 0,52%, es decir, un monto de $181.863 millones.

En lo que sí tiene razón es que ese rubro es más de lo asignado al Plan de Alimentación Escolar, PAE, al que por Ley (la misma 715 de 2001) le corresponde el 0,5% del SGP, y que en el 2017 fue de $174.869 millones.  

Al preguntarle a Nieto de dónde había obtenido el porcentaje mencionado en su columna nos contestó que, “en relación con el porcentaje del 1% del SGP, hay múltiples informaciones de fin del 2017 sobre las concesiones del gobierno de Santos para levantar ese paro. Vean por ejemplo el de Laura Soto en la Silla Vacía. Pero para confirmación consulten el documento del DNP "Asignación especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas, una propuesta de distribución", de diciembre del 2017”.

Pues en efecto, consultamos dicho informe del DNP, pero tampoco encontramos la mención al 1% al que hace referencia, pues el informe y como su título lo deja claro es una “propuesta de distribución”, que si bien sugiere aumentar dicho monto del 0,52%, en una eventual reforma al Sistema General de Participaciones, precisa que se trata además de mejorar la distribución de los recursos para que el beneficio para las poblaciones indígenas sea mejor, más amplio y contribuya a elevar las condiciones de vida de esta población en el país.

Dice en las conclusiones del informe de Planeación Nacional que, “frente a una eventual reforma del Sistema General de Participaciones, ya sea esta de orden constitucional o legal, es necesario revisar cómo se están distribuyendo los recursos de la AESGPRI (Asignaciones Especiales del Sistema General de Participaciones Resguardos Indígenas). Esta distribución por tratarse de recursos públicos, debe cumplir con los principios de economía, eficacia y eficiencia. Igualmente, debe ser consistente con el lineamiento de no atomización de recursos. La distribución actual basada en el único criterio en la variable de población en resguardos, no toma en cuenta aspectos socioeconómicos relevantes, y genera sesgos de interpretación al interior de las autoridades de los mismos”.

Verificamos también el informe de La Silla Vacía, escrito por la periodista Laura Soto, el 12 de noviembre de 2017 y titulado ‘Gobierno conjuró el paro indígena dividiendo y con nuevas propuestas’ en el que dice: “Uno de los puntos más importantes para ellos era aumentar al 1 % los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI), que actualmente es de 0,52. En este caso, el Gobierno ratificó su promesa de hace un año de incluir esa modificación en un proyecto de ley que radicará en marzo del otro año.”

Sin embargo, dicha reforma que fue radicada por el Gobierno de Juan Manuel Santos el 30 de julio de 2018, unos días antes del final de su mandato, no próspero, según lo registró esta nota del diario Portafolio, en la que se precisa que los ministros de Hacienda, Salud, Educación y Vivienda, enviaron una carta al presidente de la la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Óscar Darío Pérez, el 17 de octubre de 2018 retirando el proyecto de ley No. 57 de 2018 Cámara.

También contactamos al exministro del Interior, Guillermo Rivera, quien lideró las negociaciones de esa minga del 2017 y aseguró “que ese compromiso de presentar un proyecto de ley que aumentara al 1% la participación de los resguardos indígenas venía de otra negociación hecha con ellos en el 2016. En el 2017 se reiteró el compromiso y por eso en el 2018 se presentó el proyecto, que después fue retirado por el Gobierno de Iván Duque”.

Rivera asegura además que “era claro que este punto no podía ser algo que negociara el Gobierno directamente, pues la reforma al SGP le corresponde al Congreso de la República. Eso no se dio y los resguardos siguen recibiendo el 0,52%”,

Por tanto, está claro que si bien ésta fue una petición negociada por los indígenas en las protestas de noviembre de 2017, la misma no tuvo éxito y los recursos que se destinan a esa población por el SGP siguen siendo el 0,52%.

 

“En el Plan Plurianual de Inversiones del presupuesto nacional para este cuatrienio hay 10 billones de pesos para las poblaciones indígenas”.

En este punto en particular Nieto tiene la razón, pues consultamos dicho documento,  y el mismo detalla que en este plan “se incluyen de manera transversal las proyecciones indicativas acordadas en el marco de la consulta previa, estimadas para las comunidades indígenas en un monto global de $10 billones, consistente con el Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal del Gobierno nacional, que corresponde a todas las fuentes establecidas para este PPI”.

Sin embargo, el detalle de las inversiones no está desplegado en dicho plan, aunque en la tabla No. 2: Plan Plurianual de Inversiones 2018-2022 por pacto y línea aparece de manera general la cifra en el pacto número XII: Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom con una cifra de $29 billones, de esos serían 10 billones para los indígenas.

De acuerdo con Alejandro Becker, profesional en Gobierno y Relaciones Públicas de la Universidad Externado con maestría en Gerencia Pública de la Universidad de Potsdam, “el monto enunciado en el PPI  es indicativo y si uno lee con juicio el PPI es imposible discriminar qué exactamente va para grupos poblacionales. Se puede establecer por regiones, ejes temáticos y proyectos, pero nada más”.

Por su parte, Henry Caballero, del CRIC, precisa que “lo que es importante aclarar es que no se trata de que a los pueblos indígenas el Gobierno en cuatro años nos a va girar esos 10 billones que dicen en el Plan Plurianual, no, esos son recursos que están distribuidos por ministerios y que en la medida que se vaya avanzando en la presentación de proyectos, de acuerdo con las líneas de inversión establecidas, se van ejecutando. No es precisamente un cheque que nos entregan”, dijo Henry Caballero del CRIC.

 

“De la minga del año pasado, las organizaciones indígenas que participaron obtuvieron $823.148 millones adicionales del Gobierno”.

En efecto, esta afirmación de Rafael Nieto es cierta, pues pudimos verificar con las informaciones de ese momento y con los acuerdos a los que se llegó con los indígenas se determinó esa cifra, como lo registró este informe del diario La República, en el que se precisa que “a través de un acta conocida por LR, ambas partes acordaron un plan de inversiones que estará enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentra en trámite en el Congreso de la República. Según el documento firmado, el monto total definido para el conjunto de organizaciones que participaron en la minga será de $823.148 millones”.

En este registro que hizo el diario económico Portafolio de esta noticia, se precisa que “dicho plan de inversiones contiene compromisos en las áreas de "vivienda nueva y mejoramientos de vivienda, salud, proyectos productivos e infraestructura rural, vías, economía naranja y unidad de protección" contra la violencia en la zona. "Se trata de un acuerdo fiscalmente responsable y cuenta con un consenso sostenido por la realidad" ya que "de los 4,6 billones de pesos (unos 1.472 millones de dólares) que exigían las comunidades indígenas del Cauca se concertó asignar un 17,5 %, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca", añade el texto.

“Ese monto que se negoció tras el paro del año pasado, no se salió del presupuesto nacional ni de lo contemplado en el Plan Nacional del Desarrollo, de hecho tenemos claro que los $700.000 millones que le asignaron al CRIC van a hacer parte de los 10 billones que ya se habían pactado en el Plan Plurianual de Inversiones, así que no es precisamente un monto adicional como lo plantea el columnista”, dijo Henry Caballero.

“En el 2018, los indígenas controlaban el 27.6% del total de la tierra rural, más de 31.6 millones de hectáreas. Son, de lejos, los grandes terratenientes en Colombia”.

Nieto asegura que la cifra, que ya había utilizado en una columna en 2018, salió del Atlas de Distribución de la Población Rural de 2012 y de “un documento del Incoder de 2011”, del cual no dio más detalles, coincidencialmente, ambos documentos se referencian en un chequeo realizado en 2017 sobre el mismo tema a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, partido en el cual milita Nieto.

En ese momento Cabal aseguró que la tierra en Colombia estaba concentrada en comunidades negras e indígenas, afirmación que, con nuestra antigua tabla de calificaciones, encontramos engañosa, lo que equivale a cuestionable en este momento.

En el documento Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional 2018, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, asegura que “los pueblos indígenas poseen el 28% del territorio nacional”, y aclara que “su ubicación, calidad, posibilidades de producción y comercialización no son favorables ni suficientes para obtener los recursos necesarios que les permitan una subsistencia digna y acorde con sus características propias y que les posibilite una sustentabilidad”. Más adelante precisa que los pueblos indígenas ocupan “más de 30 millones de hectáreas”.

Según el libro Tierras, balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico, del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en 2018, los resguardos indígenas ocupaban en ese momento 31.651.072 hectáreas (33,4 por ciento).

Pero el libro aclara que “cuando se calcula la concentración por registros catastrales, estos territorios cuentan como grandes propiedades y por tanto distorsionan los índices de concentración. La distribución de la tenencia es diferente en cada región y territorio del país. Por supuesto, la distribución desigual e inequitativa es un fenómeno que se observa mucho mejor a nivel territorial, dada la dispersión de los índices Gini de concentración de la tierra. Hay departamentos con altos índices de concentración y otros con distribución multimodal, o incluso algunos con predominio de pequeña propiedad”.

Según el documento, el dato de las áreas poseídas por categorías de tamaño no permite conocer realmente el grado de concentración o distribución y sus efectos sobre la estructura social, que debe buscarse en cada territorio, para adoptar políticas realmente pertinentes a cada uno, con un claro enfoque territorial.

En el chequeo realizado en 2017 Yamile Salinas, consultora y abogada independiente experta en el tema de tierras y Diana Güiza, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, coincidieron en que, a la hora de mencionar la cantidad de tierra rural registrada a estas comunidades, resulta de vital importancia tener claro que son de baja calidad y,  además, la administran de manera colectiva, esto quiere decir que ningún individuo de esas comunidades puede sacar provecho particular de la propiedad porque es colectiva, lo que no sucede con los privados que pueden negociar sus tierras de manera individual.

El Departamento Nacional de Planeación, en el documento  Asignación especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas, una propuesta de distribución (2017) dice que según el Tercer Censo Nacional Agropecuario realizado por el Dane en 2014, en ese momento los resguardos indígenas abarcaban 31.569.990 hectáreas “distribuidas como bosque natural en un 93%”. 

El documento del DNP dice además, que  “la situación agraria que expone el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Rural con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) (2015), en la “Base de Datos de Registro de Resguardos”, indica que la ubicación del 90% de los Resguardos Indígenas se encuentra en ocho departamentos de frontera, trayendo implicaciones sociales y económicas restrictivas debido a que la tenencia y uso de la tierra donde se encuentran asentadas dichas comunidades no tienen una calidad adecuada”.

Según el informe de Oxfam Radiografía de la Desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de tierra en Colombia, publicado en julio de 2017 y  basado en el censo agropecuario más reciente en Colombia (el de 2014), los territorios pertenecientes a grupos étnicos abarcaban en ese momento el 35,7% del área total censada (39,9 millones de hectáreas). “De éstos, el 84, 2% corresponde a territorios de pueblos indígenas, el 15,7% a comunidades negras y el 0,01% a territorio ancestral raizal. Lo anterior, sin embargo, no significa necesariamente que estas áreas se encuentren protegidas de forma efectiva ya que con frecuencia son objeto de explotación forestal, agroindustrial y minera en contra de lo que permite la ley”.

Actualmente, según lo explicamos en los chequeos El trino de Lafaurie sobre las tierras de los indígenas es cuestionable y  Video de ‘La Polla’ contra indígenas de la minga difunde más mentiras que verdades, el número de hectáreas adjudicadas a resguardos indígenas en Colombia es de 33,2 millones en 28 departamentos del país.

Pero en ningún caso pueden considerarse terratenientes pues es un calificativo asociado a una persona “que es dueña de grandes extensiones agrícolas”, según la RAE.

Y la mayor parte de las tierras entregadas a los resguardos no son de uso agrícola o agropecuario, sino de protección forestal. Además, como lo indica la ANT, “la propiedad indígena no podrá identificarse de manera individual a título de propietarios, siendo los territorios étnicos de carácter colectivo”.

Así que aunque la cifra de Nieto coincide con las hectáreas de los resguardos indígenas para 2018, esto no quiere decir que sean terratenientes.

 

“La población indígena pasó de 1.392.230 personas, en el 2005, a 1.905.617, en el 2018. Del 3.4% al 4.4% de todos los colombianos, un milagroso crecimiento del 36.8% en apenas 13 años”.

Según Nieto, la fuente de estos datos son los resultados del censo del Dane de 2005 y 2018.

El Dane explicó que en el censo de 2018 empleó el autorreconocimiento para captar la pertenencia étnica. Lo que “implica que cada persona se reconoce por sí misma como perteneciente a alguno de los grupos étnicos o a ninguno de ellos. Hace referencia al sentido de pertenencia que expresa una persona frente a un colectivo de acuerdo con su identidad y formas de interactuar en y con el mundo”. Pero la entidad aclaró que utilizó la misma pregunta que en el Censo de 2005.

Los resultados del censo de 2018 le dan la razón a Nieto, la población que se autoreconoce como indígena pasó de 1.392.623 personas en 2005 a 1.905.615 en 2018, lo que representa un aumento del 36,8%. La población indígena pasó de ser el 3,4% del total de la población en 2005 a ser el 4,4%.

Según el Director del Dane, Juan Daniel Oviedo, este crecimiento se explica por tres factores: un aumento en la tasa de natalidad en las poblaciones indígenas; mayor cobertura en territorios con predominancia indígena y, finalmente, mayor inclusión y reconocimiento de indígenas por parte de sus comunidades.

En el artículo Aumento de la población indígena no es cuestión de ‘malicia’, Camilo Borrero García, doctor en derecho y experto en derechos étnicos, justicia transicional, justicia comunitaria y neoconstitucionalismo, explica que en los resultados del Censo de 2018 influyeron varios factores. 

“De 2005 a 2018 hubo cambios en la forma de aproximación al conteo y las características de los grupos étnicos: para empezar, el cambio en el protocolo realizado a partir de 2015, producto de una mesa de concertación y consultas con las organizaciones indígenas, que aprobó preguntas para el censo relacionadas con autoidentificación, territorio, lenguas y autoridad indígena espiritual. También el compromiso de llegar a nuevos territorios a partir de actualizaciones cartográficas y acompañamiento de indígenas en calidad de censores y supervisores”, señala.

 

“Las poblaciones indígenas se multiplican por arte de magia y ya no son 93 sino 115”.

Efectivamente, según el Dane, el Censo de 2018 identificó 115 pueblos indígenas nativos, mientras que en el de 2005 se habían identificado 93 y aclaró que “los 22 pueblos adicionales corresponden a nuevos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas de zonas fronterizas”.

Pero en el artículo Aumento de la población indígena no es cuestión de ‘malicia’, que mencionamos en el chequeo anterior,  Camilo Borrero García, doctor en derecho y experto en derechos étnicos, justicia transicional, justicia comunitaria y neoconstitucionalismo, indica que el reciente Censo muestra un alto impacto en el autorreconocimiento de comunidades que, o bien están en procesos de organización y reivindicación, o bien logran mayor visibilización por el impacto de su desarraigo en zonas urbanas.

El experto también resalta el hecho de que emergieron datos más consolidados en regiones ubicadas fuera de las tradicionales zonas de frontera agrícola, como Guainía, Vaupés Vichada y Amazonas, “en donde el esfuerzo concertado de empadronamiento ofrece ahora un panorama más real de la ubicación y las características de la población aborigen, incluso de aquella que se mantiene en aislamiento voluntario”.

También menciona un factor adicional, que es el tránsito de comunidades campesinas a indígenas, en un proceso que, explica, se ha denominado como de reindigenización, y que se relaciona directamente con la posibilidad de articular más eficazmente luchas por el reconocimiento de derechos desde esta condición.