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Jueves, 07 Septiembre 2017

Nuestros lectores nos chequean

Por Colombiacheck

Tras publicar un chequeo sobre la propiedad de la tierra rural en Colombia, recibimos críticas de lectores, expertos y periodistas independientes quienes señalaron un error de interpretación en los datos. Ofrecemos excusas y aclaramos la información.

Colombiacheck, fiel a su política de aclaraciones, corrige el chequeo realizado a una afirmación de María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático, en la cual aseguró que la tierra rural en Colombia “está en manos de los territorios colectivos de comunidades negras y de los resguardos indígenas”, la cual en principio calificamos como verdadera pero que, a la luz de los elementos aportados por algunos lectores, fuentes expertas e independientes, hoy reconsideramos y calificamos como engañosa.

Nuestro error consistió en manifestar que “porcentualmente, las comunidades negras e indígenas juntas sí tienen más tierra rural en promedio que cualquier otro colombiano”.

No debimos mezclar a los propietarios de tierra rural en Colombia con toda la población del país, ya que en su mayoría esta vive en centros urbanos (ciudades) y no es propietaria de tierra en el campo, además, las propiedades colectivas, como las de los negros y los indígenas, tienen profundas diferencias con las de cualquier otro propietario privado de tierra en Colombia.

La gran dificultad para hacer este cálculo es que en Colombia no hay claridad absoluta sobre el número de propietarios privados de las tierras rurales, así lo reseñamos en la investigación: “Formalizar todo el campo, un acuerdo con muchos pendientes”.

Faltaron expertos para profundizar el contexto

Tanto Fedegán como el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural Colombia reseñan que los propietarios privados tienen el 39.7% y 44.7% de la tierra rural respectivamente, mientras que los resguardos indígenas y comunidades negras juntas tienen el 31.6% y 30.5% de la misma clase de tierra. Ambas fuentes de información evidencian que en efecto estos grupos minoritarios tienen en sus manos casi un tercio de la tierra rural en Colombia.

En su primer chequeo Colombiacheck dio prioridad a los datos y no tuvo en cuenta el contexto, por ello no logró revelar el panorama amplio y complejo de la propiedad de la tierra rural de los resguardos indígenas y comunidades negras, así como sus problemáticas.

Si bien mencionamos que “el debate por la calidad de esa tierra, sus posibilidades de aprovechamiento, las condiciones de seguridad e infraestructura entre otros asuntos, son historia aparte” nos faltó mayor profundidad.

Para resarcir este error Colombiacheck consultó a varios expertos en temas de tierras, conocedores de los problemas que afrontan las comunidades negras y resguardos indígenas, para ampliar el contexto y dar luz sobre aspectos clave de uno de los debates más importantes que en la actualidad se dan en Colombia.

Entre otros aspectos se revisó por qué no se debe comparar la tierra de estos grupos minoritarios con el resto de la población de propietarios rurales, la baja calidad de la tierra que poseen, el impacto del conflicto armado en sus territorios, el hecho que esos territorios son colectivos y no de un solo propietario (como pasa con la tierra de los privados), entre otros fenómenos relevantes.

Yamile Salinas, consultora y abogada independiente experta en el tema de tierras, sostuvo que por tratarse de un Estado pluriétnico no es comparable mezclar resguardos indígenas y comunidades negras con el resto de la población en general. Para Salinas, estas comunidades tienen derechos distintos.

Salinas y Diana Güiza, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, coincidieron en que, a la hora de mencionar la cantidad de tierra rural registrada a estas comunidades, resulta de vital importancia tener claro que son de baja calidad y, además, la administran de manera colectiva, esto quiere decir que ningún individuo de esas comunidades puede sacar provecho particular de la propiedad porque es colectiva, lo que no sucede con los privados que pueden negociar sus tierras de manera individual.

Diana Salinas, seguidora de Colombiacheck y periodista independiente reseñó este hecho:

 

 

Lo mencionado por las expertas y la periodista Salinas fue ratificado por Patricia Tobón, abogada de la Organización Indígena de Colombia (Onic) quien explicó que no se puede señalar a los indígenas y comunidades negras como terratenientes porque la tierra de ellos “es inembargable, inalienable y no se puede comprar”, como lo expresa taxativamente el artículo 63º de la Constitución Política de Colombia.

Tobón precisó que “no son lo mismo 7.000 hectáreas de un terrateniente acaparador de tierra rural a la misma cantidad que podría poseer un resguardo indígena con varias familias”. En relación al censo poblacional de 2005 del Dane que desagrega las comunidades indígenas y que Colombiacheck citó en su chequeo inicial para sostener la afirmación de Cabal, la experta debatió la pertinencia del mismo porque “aquel censo fue incompleto y faltó censar a indígenas alejados de los cascos urbanos del país”.

Para un análisis más detallado del panorama, Tobón mencionó un aspecto clave que no permite conocer con exactitud el panorama real de concentración de la tierra: el tema de los baldíos.

Según la experta hay baldíos que en el papel pertenecen a la Nación, pero son ocupados por terceros. Además, dijo que hay hectáreas que en el papel aparecen registradas a resguardos indígenas y comunidades negras, pero en la práctica son ocupadas por otras personas debido a distintos motivos, uno de estos, el conflicto armado.

Tobón explicó que “hay resguardos indígenas con territorio únicamente en el papel”, pero seguramente en las estadísticas son tomados en cuenta como propietarios de tierra rural.

En definitiva, tanto Tobón como Güiza manifestaron que estas comunidades no tienen un goce efectivo de sus derechos como propietarios de tierra rural en buena medida por la presencia de grupos armados en sus territorios.

Conclusiones

En relación a la declaración de la representante María Fernanda Cabal, Colombiacheck reconoce que en su primera verificación faltó reportear a fondo el contexto en el que está enmarcada la frase y consultar fuentes alternativas e independientes que permitieran al periodista, Oscar Agudelo, y a su editor, Fabio Posada, una comprensión más amplia del complejo fenómeno al que alude la frase de la congresista del Centro Democrático.

Por las razones expuestas, este medio rectifica su calificación anterior y, luego de ponderar todos los elementos que los lectores y expertos pusieron de presente, la cambia por engañoso debido a que si bien Cabal fundamentó sus declaraciones en un estudio de Fedegán (federación que preside su esposo) y este gremio a su vez empleó cifras oficiales y verídicas, es imposible comparar la propiedad rural de las comunidades negras y resguardos indígenas, que es colectiva, con los propietarios privados de tierras rurales cuyas condiciones de propiedad son muy distintas.

Germán Robayo, politólogo con especialización en estadística, consideró que la afirmación podría ser aproximada porque la investigación se fundamentó en los datos que hay oficiales, sin embargo, el tema clave es que no hay un dato totalmente inapeable respecto al número de propietarios de la tierra rural que hay en Colombia, “todo está disperso”, algo en lo que también coincidió Óscar Ceballos, investigador de Fedegan.

Como esta información es conocida por quienes están adelantando el debate sobre la concentración de la tierra rural el Colombia, es difícil creer que Cabal no la supiera. Lo cierto es que no la puso de presente cuando este medio se comunicó con ella y consultó por el origen de su frase.

Para finalizar resulta importante mencionar que, en varios casos, cuando se abordan estadísticas sobre la tierra rural solo se menciona la de privados (que según Oxfam está concentrada en unos pocos propietarios) y se omite la de resguardos indígenas, comunidades negras y el Estado, entre otros.

Un ejemplo de lo anterior es el tuit de Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático:

 

 

Si bien los expertos indagados por Colombiacheck explicaron que no es conveniente comparar este tipo de comunidades minoritarias respecto a los demás propietarios privados, sí es necesario aclarar que de acuerdo a las cifras disponibles estos grupos minoritarios registran casi un tercio de la tierra de Colombia.

Aunque este dato es irrefutable, verlo en el contexto y las dificultades de dichas comunidades, permite comprender que su acumulación no tiene nada que ver con la que realizan los terratenientes que se mezclan con otra gran cantidad de propietarios privados de tierra rural.

El chequeo original

¿La tierra está concentrada en manos de comunidades negras y resguardos indígenas?

¿La tierra está concentrada en manos de comunidades negras y resguardos indígenas?

Lo dijo María Fernanda Cabal refiriéndose a la propiedad de la tierra rural. Según datos oficiales al sumarlos, estos dos grupos étnicos sí tienen mayor cantidad que el resto de los colombianos.

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Jueves, 26 Abril 2018

El desencanto afro le apuesta al voto en blanco

Por José Felipe Sarmiento Abella

Un grupo de dirigentes afrodescendientes está impulsando el voto en blanco. Se quejan del olvido histórico y el desinterés de los políticos. Ante el reclamo chequeamos las propuestas de los candidatos presidenciales y sí son escasas.

Hoy, el voto en blanco tiene nombre propio. No se trata de un grupo de desinteresados por la política ni de colombianos sin partido. Todo lo contrario. Como cualquier campaña presidencial, el exmilitar Wilson Rentería y el abogado Gustavo Prado reclamaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ser sus abanderados, apelando a la reforma política de 2011 que permite a los partidos políticos inscribirse como promotores de esa opción. Lo hicieron bajo el paraguas del Partido de Reivindicación Étnica (PRE) que dirige Gonzalo Vallecilla.

Los tres son cercanos a la política. Rentería ha dado peleas jurídicas como la que consiguió eliminar la reserva de información sobre zonas estratégicas de minería; Vallecilla es representante nacional de consulta previa y ha sido asesor étnico en la Gobernación del Valle y la alcaldía de Tuluá, además de haber aspirado al Concejo de ese municipio por el partido Opción Ciudadana; mientras que Prado ha defendido a candidatos y partidos en procesos electorales en ese departamento, incluida su gobernadora, Dilian Francisca Toro.

El PRE nació el año pasado cuando el CNE le entregó una curul afro en la Cámara de Representantes a la exreina Vanessa Mendoza, quien llegó al Congreso después de luchar por tres años ante el tribunal electoral contra políticos que no tenían aval de las comunidades. Una vez logró ocupar su asiento con apenas 563 votos y el respaldo del consejo comunitario de El Castillo de Cerrito (Valle), que lidera Rentería, surgió el PRE, que hoy no es solo la cabeza visible del voto en blanco, sino que tiene acceso a los mismos recursos que reciben los candidatos, puede hacer publicidad en medios comunicación e inscribir testigos electorales.

Lo confuso para estas elecciones es que el tarjetón tendrá dos casillas para el voto en blanco, una que será la oficial y otra que promueve el movimiento afro, para diferenciarlos a la hora de calcular la reposición de votos. Vallecilla dice que no le importa si la gente no marca la de su colectividad e incluso se declara dispuesto a hacerle campaña al voto en blanco aunque no le represente ganancias. “Queremos es que la gente salga a votar”.

Solo promesas

Pero más allá de haber metido un gol en la campaña electoral, esta jugada de los afro refleja el aparente desinterés que han tenido los candidatos presidenciales por una minoría de cuatro millones de personas en Colombia, lo que equivale al 10,6 % de la población.

Vallecilla, nacido en Guapi (Cauca) hace 47 años, explica que decidieron tomarse las banderas del voto en blanco después de analizar las propuestas de los candidatos. Él y Rentería llegaron a la conclusión de que ninguno de los presidenciables “los representaba” ni los tenía en el radar de sus planes de gobierno.

El PRE espera contar con el apoyo de otros sectores inconformes por razones similares como las mujeres, los indígenas, los maestros y los abstencionistas. Plantean un voto en blanco que “no sea protesta, sino propuesta”; es decir, que se base en lo que les gustaría oír de los candidatos y que consideran prioritario para estas comunidades.

El problema -que reconoce Vallecilla y confirma la historiadora María Isabel Mena- es que las negritudes no acostumbran a votar en bloque por lo que el reto del partido es convencerlas. Esta división histórica tiene, sin embargo, un factor común: la desconfianza frente a los políticos.

Colombiacheck.com revisó las promesas de campaña de los candidatos presidenciales y encontró que todos tienen alguna propuesta con enfoque étnico. Sin embargo, los voceros del movimiento afro son escépticos a que las cumplan.

Vallecilla admite que su partido estuvo tentado a apoyar a Gustavo Petro, de Colombia Humana, porque “está más cerca de romper los discursos del establecimiento, al menos en el papel”, dice. Petro ha prometido, por ejemplo, intervenir títulos mineros que afecten a esta población y darles mayor autonomía a sus guardias tradicionales. Pero los líderes afro dicen que cuando fue alcalde de Bogotá no hizo programas y proyectos que beneficiaran a esa población en la capital.

Además, el veterano activista Carlos Alfonso Rosero asegura que hay temas que los candidatos no tocan, como la discriminación. Considera que es urgente un plan de lucha que enfrente el racismo y la desigualdad. En este sentido solo los candidatos Petro y Germán Vargas Lleras hablan de forma explícita en su programa sobre el problema. El aspirante de Colombia Humana fue el único de los asistentes al debate del Pacífico que respondió cómo combatirlo. Los demás recordaron sus logros del pasado.

El contendor liberal, Humberto de la Calle, es el único con propuestas específicas para el Pacífico, donde se concentra esta población, las cuales se enfocan en acceso a la educación superior, la implementación del Acuerdo de paz y los pactos surgidos de los paros cívicos del año pasado. Mena reconoce que De la Calle es un conocedor del tema, pero advierte que a todos los candidatos “les cabe el Pacífico en la cabeza solo cuando están en campaña”.

Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, es el único que usa el término etnoeducación en sus propuestas. Mena, que es experta en estos temas, se lo reconoce. No obstante, reclama que el candidato, en lugar de referirse a un modelo educativo propio de las comunidades, “lo abre a todo el mundo y uno no sabe cuál es el norte”.

Pero quien más menciones hace a estas minorías es, de lejos, Vargas Lleras, que se lanzó por firmas y con el aval de Cambio Radical. A ellas les dedica un folleto de 32 páginas (entre casi mil que suman todos los de su campaña). Lo lanzó este jueves. En él habla de construir infraestructura cultural, estudiar disponibilidad de tierras y dar más autonomía en diferentes aspectos para ellas. Promete también un estatuto para la población raizal.

 

 

 

Rosero, fundador del Proceso de Comunidades Negras, coincide con Mena y Vallecilla a pesar de que su organización es afín a Petro. En un documento que construyó con otros líderes afro, agrega que esta minoría necesita que se reglamente la Ley Afro, que les asignen recursos específicos, que haya titulación y restitución de tierras y que se cree una entidad que coordine esos trabajos con los consejos comunitarios.

Sobre esto último, Vargas Lleras planea crear una dirección de asuntos étnicos en su nuevo Ministerio de la Familia. En su lugar Vallecilla preferiría una cartera independiente y el manifiesto menciona una agencia descentralizada.

Los afro también piden más curules en el Congreso, con reglas claras para que no se repita la historia de los últimos cuatro años, en la que personas ajenas a esta minoría se las apoderaron. Mena, por su parte, defiende que el exvicepresidente ha prometido la participación en el gobierno de personas afro. Pero casi todos los candidatos tienen esa propuesta y, para Rosero y Vallecilla, la representación en el gabinete no garantiza una agenda de fondo.

El activista afro también llama a respetar el tratamiento especial que les da la Ley de Víctimas, las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para atender el desplazamiento forzado de sus comunidades, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y lo pactado tras los paros de Buenaventura (Valle) y Chocó. Nada de esto está pormenorizo en las propuestas de los candidatos.

Iván Duque, del Centro Democrático, y Viviane Morales, del partido Somos, ni siquiera mencionan estos temas. El exsenador uribista concentra su propuesta para los grupos étnicos en la inclusión laboral por medio de beneficios a las empresas y educación digital. La exsenadora y exfiscal solo hace una alusión general a esa población en su política ambiental.

La 'papa caliente' de la consulta previa

Un tema para coger con pinzas es el derecho de la comunidades a ser consultadas sobre cualquier proyecto que las afecte, ya que es visto como un “cuello de botella” para el avance de sectores como el minero y el de infraestructura. Así lo describe Duque y promete reglamentar el trámite, como la mayoría de sus contendores.

El que más toca el tema en su programa es Vargas Lleras. Le sigue De la Calle. Todos matizan su posición declarándose defensores de las consultas; no obstante, consideran necesario establecer reglas claras para los inversionistas. Fajardo comparte esa posición pero empata con Petro en el escaso números de menciones que hacen en sus programas. La diferencia es que este último se enfoca de lleno en defender el mecanismo.

 

 

 

Este es quizás uno de los temas que más distancian a las negritudes de los candidatos presidenciales y su mayor temor. Las comunidades étnicas se han opuesto a que se reglamente porque consideran que limita sus derechos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se ha declarado en contra del proyecto de ley estatutaria que prepara el Gobierno con el propósito de agilizar esos procesos. Sin embargo, De la Calle promete respaldarlo y Vargas lo impulsó como vicepresidente.

Para Rosero, el Congreso no sirve para defender sus intereses. Con otros líderes afro propone que, en cambio, se elabore un protocolo sobre el tema en el que participen la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas.

En general, Mena es pesimista frente a lo que pueden esperar los afros y otras minorías del próximo gobierno. También concluye que la política colombiana y, por ende, la cultura institucional es “racista”, por lo que vaticina que muchas de esas comunidades terminarán votando en blanco.

Actualización

Tan pronto Colombiacheck.com tuvo acceso al programa étnico completo de Vargas Lleras, lo revisó y editó la nota para incluir sus propuestas. También modificó los gráfico para añadir la cantidad de menciones correspondientes a ese folleto.