El 4 de febrero de 2022, Carolia McCormik, abogada especialista en Gerencia y Talento Humano y cabeza de lista al Senado de la República por el Movimiento SOS Colombia, afirmó en medio de una entrevista en Caracol Televisión que “un ejemplo de la deslaborización contractual en el sector de la salud es que cerca del 70% del personal tiene contratos de prestación de servicio”.

Sin embargo, este señalamiento es cuestionable porque, aunque este tipo de contrato representa el mayor porcentaje en los trabajadores, la cifra se basa únicamente en reportes de IPS del sector público e incluye otros tipos de contratación indirecta, como cooperativas, asociaciones, contratos sindicales, entre otros, y no solamente por órdenes de prestación de servicios (OPS).

En Colombiacheck nos pusimos en contacto con la oficina de comunicaciones del movimiento político al que está adscrita McCormick. Nos confirmaron que la candidata se basó en el documento de Política Nacional de Talento Humano en Salud emitido el 10 de julio del 2018 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

De acuerdo con el documento, de la totalidad de la composición del gasto de personal en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas del país, en promedio, solo el 37% corresponde a contratación de planta, y el 63% a servicios indirectos (entre los que incluyen vinculaciones por orden de prestación de servicios). Un análisis por niveles de atención  revela que en el nivel I esa relación es del 40% - 60%, en el nivel II del 31% - 69%, y en el nivel III del 40% - 60%.

Es decir, la cifra está 7 puntos por debajo, no tiene en cuenta al sector privado en salud y sí incluye otras modalidades de contratación indirecta como las ya mencionadas. No es solo por OPS.

En cuanto a las especialidades médicas, el informe también muestra que el mayor porcentaje de vinculación corresponde a prestación de servicios presentes en el 42% de los especialistas en servicios de alta complejidad y 47% en los de mediana, mientras que por contrato laboral solo figuran el 26 y 28% respectivamente.

Aunque realizamos una búsqueda de un informe más reciente de la Política Nacional de Talento en Salud, encontramos que el último registro data de 2018.

En diciembre del 2020 la Procuraduría General emitió una circular en la que señaló que, de 163.116 trabajadores del sector salud, solo 46.715 personas están vinculadas directamente en las plantas de personal de las entidades públicas  (cerca del 28%), mientras que los demás (116.401), que equivalen al 71,37 % trabajan con contratos tercerizados o vinculación indirecta, como contratos sindicales, cooperativas de trabajo asociado, contratos de prestación de servicios, entre otros.

El dato, que tiene como fuente un reporte pedido al Ministerio de Salud en ese momento, se ajusta más a lo dicho por la candidata pero, de nuevo, se refiere solamente al sector público y no exclusivamente a OPS. Además, a diferencia del dato de 2018, este es 7 puntos más alto pero se dio en medio de la pandemia de COVID-19 pero no está claro si la alta demanda de personal de salud en medio de la emergencia pudo influir en la cifra.

Con la circular, el ente de control instó al Gobierno, a las autoridades departamentales y municipales y a los directores de los hospitales a cumplir las normas que determinan que el trabajo del personal de salud se debe dar en condiciones dignas.

El documento también refiere que la Procuraduría y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboraron un estudio denominado “Formas de Vinculación de Personal en las Empresas Sociales del Estado”, que arrojó como resultado  que en el sector de la salud no solo se terceriza, externalizando la operación de algunas actividades misionales, sino que también se contrata por medio de outsourcing, servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y contratos sindicales.

En un boletín del 9 de enero de 2021, el entonces procurador, Fernando Carrillo Flórez, enfatizó en la prohibición legal que existe de contratar servicios tercerizados para el cumplimiento de actividades misionales y advirtió que el personal de las IPS no puede estar vinculado bajo una modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales:

“Los contratos tercerizados constituyen así el 71,37% de los puestos de trabajo en el sector público y los servidores que están vinculados a las plantas de personal de las entidades del sector de la salud pública solo constituyen el 28,63%, lo que contradice a todas luces el mandato legal que determina que la regla general de la administración pública es que todos sus trabajadores sean vinculados de manera directa y excepcionalmente, por situaciones casi fortuitas, por contratos de prestación de servicios o tercerizados”.

Encuestas con privados dan otras cifras

La Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico de Bogotá realizaron una encuesta para conocer la exposición del personal de salud del sector público y privado por la pandemia de covid-19 y para hacer seguimiento a los compromisos y anuncios del gobierno nacional para resguardar las condiciones de bioseguridad del talento humano de salud.

Esta fue aplicada a 916 trabajadores de la salud de 28 departamentos y reporta que más de la mitad de los empleados del sector salud en el país están contratados de manera irregular y sin prestaciones de ley. Mientras que uno de cada cinco trabajadores reporta demoras en sus pagos.

De acuerdo con la encuesta, “el 46% (420) de los encuestados respondieron que tenían un contrato de planta (término indefinido, término definido, carrera administrativa y planta tercerizada), mientras que el 38% (350) cuentan con un tipo de contratación por prestación de servicios, sumado a otro 16% que representa otros tipos de contratos”.

Según estos resultados, las OPS representan una porción de la contratación muy inferior a la dicha por McCormick, casi la mitad. La encuesta incluyó a personas que trabajan tanto en instituciones públicas como en privadas, que estaban excluidas en las cuentas oficiales citadas antes. Estas últimas tuvieron la mayor participación en este caso, pues representaban casi dos tercios de la muestra (64%).

Otra encuesta realizada durante la pandemia por once organizaciones no médicas del sector salud y que incluyó a 1.562 trabajadores mostró, respecto al tipo de contratación, que un poco menos de la mitad (44%) de trabajadores y trabajadoras no tienen una relación laboral directa, de nuevo un dato muy por debajo del 70% citado por la candidata.

En la encuesta, llamada “Monitoreo crítico de las condiciones de bioseguridad”, participaron profesionales de las áreas de enfermería, fisioterapia, instrumentación quirúrgica, fonoaudiología, terapia ocupacional, bacteriología, odontología, terapia respiratoria, medicina y nutrición, además de trabajadores auxiliares, técnicos y tecnólogos de labores administrativas y de apoyo en la prestación de servicios de salud. El 36% pertenecían a instituciones públicas, el 58% a privadas y el 5% a mixtas.

En Colombiacheck consultamos a Nancy Molina, presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia y participante en el estudio y nos dijo: “Esas formas contractuales se presentan por cooperativas, contratos sindicales, y contratos de prestación de servicio, siendo esta última la más común de las tres opciones”. 

Dado que estos datos sí toman en cuenta al sector privado, indican que la contratación por prestación de servicios es menor que en el público aun en pandemia, mientras que McCormick generalizó la vinculación indirecta en el sector de la salud sin tener en cuenta al sector privado o mixto y tomando a las OPS como única forma de tercerización laboral.

Por eso calificamos como cuestionable la afirmación de la cabeza de lista de SOS Colombia de que el 70% de los trabajadores del sector salud tienen contratos por prestación de servicios. Su cifra se acerca a las oficiales del sector público, pero la cifra no solamente comprende contratos por prestación de servicio sino también otras formas de tercerización laboral y no contempla la situación de las IPS privadas, donde hay datos muy inferiores.