En las redes sociales se ha compartido ampliamente en los últimos días una publicación con la que se señala al registrador nacional, Alexander Vega, de haber contratado “a dedo” un software de la empresa Indra para las recientes elecciones y que se trataría del mismo sistema usado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, para permanecer en el poder.

“ATENCIÓN 

Colombia está en PELIGRO con ALEX VEGA en la REGISTRADURIA y con ese SOFTWARE (INDRA) que el REGISTRADOR CONTRATÓ A DEDO, SIN LICITACIÓN. Este SOFTWARE lo contrató CHÁVEZ en Venezuela y nunca perdió las elecciones. Y el DICTADOR Maduro tampoco pierde las elecciones, es el SOFTWARE quien lo tiene en el PODER porque los Venezolanos NO votan por él, lo detestan. SAQUEMOS ese SOFTWARE de la REGISTRADURIA, DESPIERTEN” (sic), indica el post. 

El autor del texto es la página “Risaralda NO es Comunista”, una página de Facebook dedicada a hablar de “la realidad del país”, con más de 3.700 seguidores y principalmente con publicaciones antipetristas.  

El pantallazo se encuentra en Facebook (1, 2, 3, 4), Instagram y Twitter acompañado por el mismo comentario: “¿Qué tal? ¿Alex Vega por qué contrató a dedo, sin licitación. el mismo SOFTWARE que CONTRATÓ Chávez y que tiene Maduro? En las ELECCIONES PARLAMENTARIAS le aparecieron votos por doquier al tal pacto y el registrador no supo justificar semejante fraude, dicen que ese SOFTWARE TRIPLICA los votos. Para que haya SEGURIDAD, TRANQUILIDAD, GARANTÍA, el REGISTRADOR y ese SOFTWARE tienen que salir de la REGISTRADURIA” (sic).

En Colombiacheck, ante la viralidad de este contenido, lo verificamos y comprobamos que es cuestionable porque, aunque es cierto que la Registraduría contrató a Indra para el software de escrutinio en medio de un proceso de licitación muy criticado porque fue exprés y solo se presentó esa compañía, pero no hay ninguna evidencia del supuesto involucramiento en fraude que señala la cadena.

Además, se espera que el software, que es ahora propiedad del Estado colombiano, solo sea usado en los escrutinios en los votos de las elecciones de gobernadores de este año y no para las votaciones locales o municipales.

También se debe aclarar que, aunque Indra prestó apoyo durante los primeros comicios automatizados de Venezuela hasta 2003, bajo el mandato de Hugo Chávez, jamás participó en elecciones con Nicolás Maduro.

El año pasado incluso chequeamos, en nuestro artículo “No, Indra no es del PSOE ni del “gobierno socialista español”, una cadena que relacionaba a Indra con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el “gobierno socialista español”, lo cual era falso ya que la empresa no era propiedad de esa tolda política ni del gobierno de ese país.

Indra es una compañía multinacional española que ofrece servicios de tecnología y consultorio. Tal como explicamos en nuestra verificación anterior, está en manos de múltiples accionistas, la mayoría privados, y el Estado español tiene una participación accionaria del 18% mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), controlada por el Ministerio de Hacienda. 

En Colombia, para el primer proceso de contratación del software de escrutinio que abrió la Registraduría Nacional del Estado Civil en octubre de 2021, la empresa solo se limitó a dar recomendaciones al Pliego de Condiciones y no presentó ninguna oferta; de hecho, esa licitación quedó desierta porque no se recibieron propuestas de los interesados, recuerda la Misión de Observación Electoral (MOE) en su informe “Análisis de la contratación, implementación y garantías de acceso a la información en los software de escrutinios. Elecciones Congreso y Presidencia 2022 –Colombia”.

La convocatoria buscaba precisamente que el Estado colombiano dispusiera de una plataforma para el conteo oficial de los votos una vez fuesen consolidados los datos de los formularios que llenan los jurados de votación, conocidos como E14, y eliminar la dependencia de terceros para esa fase.

Aunque el registrador Vega luego aseguró que la contratación se haría a través de cooperación internacional después del fallido primer proceso de licitación, el 29 de diciembre de 2021 sorprendió con el anuncio de que la empresa Indra había sido seleccionada para desarrollar el sistema de escrutinio en medio de un segundo proceso de contratación abierto el 16 de diciembre y en el que solo esa compañía había presentado su oferta, por lo cual se le adjudicó un contrato por 27.000 millones de pesos. Aquí podrá ver el contrato firmado.

Además, la multinacional española ya había suscrito otros contratos con la Registraduría al menos desde 2011 de acuerdo con la MOE en su libro:

Fuente: Misión de Observación Electoral (MOE).

La MOE, sin embargo, presentó varias críticas al proceso porque:

1. Se realizó de “manera exprés”, en menos de un mes, lo cual significó una barrera para limitar la participación y afectar la libre concurrencia y competencia.

2. La adjudicación del contrato se realizó tardíamente, ya que solo faltaban dos meses y medio para las elecciones del Congreso de la República en 2022.

3. Hubo repentinos cambios en la forma de celebración del contrato, lo cual generó falta de comunicación oportuna con organizaciones políticas y sociedad civil, dificultó el acceso a la documentación sobre la contratación (más allá de alojarse en la página del SECOP) e impidió que se presentaran recomendaciones para que fueran tenidas en cuentas en el proceso de estructuración de los pliegos.

“El proceso fue un proceso engorroso. Se saca la convocatoria para contratación y ninguna empresa se presenta debido a que se dio muy poco tiempo para estructurar, entre otros, cómo va a ser la propuesta. Después declararse desierta, se anuncia que con una organización internacional se hará el proceso de contratación del software y finalmente, en la última semana de diciembre, se hace la contratación directa mediante selección abreviada”, apuntó Alejandra Barrios, directora de la MOE, en entrevista con Noticias Caracol. 

Hasta aquí lo que podemos establecer es que hubo un proceso de licitación y que Indra resultó ganadora. Ahora, no podemos dar una calificación concreta sobre si fue a “dedo”, porque esto resulta una interpretación que normalmente se usa en medios para designar las contrataciones directas (ejemplos 1, 2, 3), pero podría aplicarse a este caso por lo acelerado y poco transparente del proceso.

La Registraduría aclaró, no obstante, que la compañía solo se encargaría de desarrollar la plataforma para el recuento de los votos y, una vez que culminara el proceso, la propiedad intelectual y su manejo pasaría a manos del Estado.

Indra también explicó en declaraciones a Newtral.es que su software “no contabiliza los votos”, sino los miembros de las mesas; por lo que la empresa está “absolutamente alejada del método humano”. Los miembros de cada mesa electoral son quienes abren las urnas, ordenan las papeletas, computan y reflejan en actas los resultados de cada urna. Después, la Registraduría recibe las actas, las revisa con un software de la empresa Disproel, la encargada de la mayor parte logística de las elecciones del Congreso y presidenciales, y luego pasan por el software de Indra, operado por la Registraduría, para el escrutinio definitivo.

Para la segunda vuelta presidencial del año pasado, la compañía McGregor S.A.S, firma auditora de los softwares electorales de la Registraduría Nacional, certificó la transparencia del software de Indra, a pesar de que la Procuraduría General de la República había señalado la necesidad de una auditoria “sustancialmente” diferente a esa.  

Igualmente, hasta la fecha no se ha detectado alguna manipulación de los resultados electorales a pesar de que en redes sociales han circulado varias desinformaciones hablando de fraude electoral y que recogimos para nuestro explicador “¿Fraude en las elecciones? Las claves de las narrativas de desinformación electoral”.

¿Ese software se usará en las elecciones regionales de 2023?

El subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia adscrito a la MOE, Diego Rubiano, en entrevista con Colombiacheck, aclaró que el software para el que se contrató a Indra el año pasado efectivamente es propiedad del Estado a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano y sirve solo para escrutinios generales. Por lo tanto, para las elecciones pautadas en octubre se utilizaría en los escrutinios de gobernaciones y “los demás software de escrutinios de los niveles auxiliar, zonal y municipal se deben contratar, tal cual ocurrió el año pasado”.

También al revisar el contrato suscrito con Indra se evidencia que su duración iba hasta el 30 de junio de 2022.

Rubiano agregó que para estos comicios regionales y locales se han ejecutado los primeros pasos para una contratación pequeña que cubre los softwares de inscripción de candidaturas y grupos significativos de ciudadanos por un valor de 205 mil millones de pesos. “La contratación de todo lo logístico y los softwares a utilizar el 29 de octubre hasta ahora está en pliegos u anexo (1, 2) y mañana [11 de mayo] vence el plazo para hacer comentarios a esos pliegos”, explicó. 

Indra en Venezuela

Sobre la presencia de la empresa Indra en Venezuela, en nuestra verificación anterior  aclaramos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, antes de las elecciones presidenciales en las que ganó Chávez en 1998, le había otorgado a la compañía el primer contrato para la automatización del voto. 

Desde entonces y hasta 2003, el CNE reconoce que la multinacional estuvo a cargo de los procesos electorales pero que estos fueron mixtos: “los cuadernos continuaban siendo manual y la votación era sobre un tarjetón donde se rellenaba un óvalo con un bolígrafo, pero el voto era introducido en unas máquinas con un lector óptico para hacer el conteo y la totalización de forma automatizada”.

Luego de ese año, la automatización del voto fue encargada a un consorcio integrado por las empresas Smartmatic, Bizta y CANTV (SBC). Incluso, Smartmatic, luego de haber prestado soporte en 14 comicios venezolanos, protagonizó un escándalo en 2017 cuando denunció la manipulación de la tasa de participación en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. A propósito, hemos chequeado varias publicaciones que también vinculan a esa empresa con la cédula digital colombiana impulsada por la Registraduría (1, 2, 3, 4). 

Indra, aunque siguió en Venezuela, en 2015 anunció el cese de sus operaciones por la crisis económica del país y por las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, “dadas las graves y constantes acusaciones desde Caracas contra Madrid, por financiar supuestamente agrupaciones políticas contrarias al régimen oficial”, según un artículo de El Confidencial.  

Por ello, concluimos que es cuestionable la publicación que circula ya que, si bien Indra fue la empresa contratada por la Registraduría para suministrar un software de escrutinio de votos, en medio de un proceso de licitación cuestionado en el que solo se presentó ella, no se le encargó toda la logística del proceso electoral y hasta el momento no se ha evidenciado alguna manipulación de su parte. También se debe resaltar que para este año solo se espera que el software se utilice en el escrutinio de las elecciones de gobernadores y no en las municipales o locales.

Además, Indra a pesar de que estuvo involucrada en los primeros comicios automatizadas de Venezuela, que coinciden con el ascenso al poder de Hugo Chávez, desde el 2003 no presta soporte técnico en ninguna votación del país, por lo que no pudo estar ligada con las elecciones en las que ganó Nicolás Maduro.