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Jueves, 02 Marzo 2017

Centro Democrático se alarma por programa de escoltas para las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Hay alarma en las huestes del expresidente Álvaro Uribe, sus seguidores señalan al Gobierno de Juan Manuel Santos de estar rearmando a la guerrilla y de pagar $1.8 millones a los desmovilizados. Colombiacheck verificó y sus temores son infundados.

Uno de los primeros en revelar que el Gobierno pagaría $1.8 millones a 1.200 guerrilleros de las Farc fue Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. Así lo trinó el congresista, quien también pidió en su tuit una explicación al Gobierno sobre “por qué va a rearmar a las Farc”.

 

 

En esencia lo que el trino del representante Hoyos dice es verdad: El Gobierno contratará por $1.8 millones mensuales a un total de 1.200 desmovilizados de las Farc.

Lo que no es cierto, por eso calificamos su afirmación como engañosa, es que eso equivalga a rearmar a las Farc, ni que todos los desmovilizados de las Farc vayan a recibir ese salario cada mes.

La iniciativa estatal busca incorporar de forma gradual, 1.200 desmovilizados de las Farc, que representan el 17% del total del grupo subversivo, para que sirvan de escoltas a sus propios compañeros. Por esta labor, recibirán un pago de $1.825.843 mensuales.

 

“El cuentazo de Uribe”

Hagamos un poco de memoria: Uno de los argumentos que hizo eco en la opinión pública para la victoria del No en el plebiscito, fue el concerniente a que los guerrilleros desmovilizados iban a recibir un salario de $1.8 millones durante cinco años.

El autor de esa falacia fue nada menos que el expresidente Álvaro Uribe, como lo reveló Colombiacheck en junio del año pasado. Desde entonces el Gobierno por medio de comerciales y el mismo Humberto de la Calle se dedicaron a desmentir lo que se consideró un mito.

El Gobierno Santos negó hasta la saciedad que daría un estipendio por dicho monto, sin embargo, el decreto presidencial 302 de 2017 reglamenta que a 1.200 guerrilleros que se desmovilicen y se preparen para ser escoltas de los esquemas de seguridad de las propias Farc, se les pagarán $1.825.843 mensuales.

Lo cierto del caso es que este beneficio solo alcanzaría para máximo el 17% de los integrantes desmovilizados de las Farc, no será para todos sus integrantes.

Cuando la serie de decretos (seis en total) que reglamentan el tema de seguridad de los integrantes del grupo político de las Farc y sus escoltas, fue de público conocimiento, los uribistas no perdieron la oportunidad y retomaron sus críticas por el pago de $1.8 millones mensuales.

Recalcaron que no era cuento y que ahora se estaba comprobando que es toda una realidad. Por los menos así lo trinaron varios congresistas del Centro Democrático.

 

 

 

 

 

 

 

Sigue siendo falso

De acuerdo con información de Carolina Azevedo, vocera de la Misión de la ONU en Colombia, el estimado de hombres y mujeres que llegaron a las zonas veredales y campamentos en los que se está implementando la dejación de armas es de 6.900 personas. Es decir, este es el número de guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.

Con ese número de base y a través de una regla de tres, podemos demostrar que los 1.200 excombatientes que podrían ser escoltas y ganar el sueldo de $1.8 millones mensuales, apenas representa el 17% del total de los desmovilizados.

Respecto al tema el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Diego Mora, habló en La W Radio y explicó que no es que llegarán inmediatamente 1.200 desmovilizados a ser escoltas. Pueden ser menos de acuerdo a las necesidades de los miembros del partido de las Farc, pero esa cifra es el tope máximo de escoltas que podrán tener.

Adicional a los 1.200 escoltas de las Farc que ingresarían a la UNP, la serie de decretos presidenciales crea otros cargos y una nueva dependencia en la UNP, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección que llega con 105 cargos adicionales a los 1.200 escoltas farianos, así lo dice el decreto presidencial 301 de 2017.

¿Arma mortal?

A la inconformidad por el hecho de que se les dará armas a las Farc se sumó otro congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez.

 

 

De acuerdo con Mora, no es que se vaya a rearmar a la guerrilla de las Farc. Según el funcionario los integrantes de las Farc que lleguen a ser escoltas tendrán que cumplir una serie de requisitos y luego sí se les entregarán armas como a cualquier escolta. “Tienen que cumplir unos requisitos muy pero muy específicos. El primero de ellos es no haber estado en proceso penal o condenado por algún delito de lesa humanidad. No tener ningún proceso penal en curso o haber sido condenado. Además, entregar primero las armas y adicionalmente ser amnistiado”, explicó.

Luego de que cumplan ese proceso deberán pasar unos exámenes psicológicos, físicos, técnicos y de poligráfico para establecer su confiabilidad. A lo anterior se suma un programa de capacitación de más de dos meses, explicó el director de la UNP.

Es solo después de todo este proceso los excombatientes farianos recibirán las armas y conformarán esquemas de seguridad mixtos, es decir, ayudarán a custodiar la seguridad de sus protegidos en coordinación con otro tipo de escoltas.

Mora también explicó que es absolutamente normal que las Farc pida que sus escoltas sean personas de confianza, así sucedió con los esquemas de seguridad en otros procesos de desmovilización como el Quintín Lame o el M-19.

Respecto al hecho de que los escoltas de las Farc sean los mismos militantes de esa organización, el tuitero William Reyes Medina respondió que era apenas lógico porque las Farc no confía en las fuerzas del Estado.

 

 

 

Voces en contra

Por su parte John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, le explicó a Colombiacheck que la medida referente a que los mismo miembros de las Farc sean los que cuiden a los altos mandos de la organización o a los que harán política, es inadecuada porque generará un efecto intimidatorio en la población civil y además demuestra que no hay confianza en las partes.

Marulanda fue más allá y señaló que “no es adecuado darles armas del Estado y que seguramente los que conformarán los esquemas de seguridad como escoltas serán los mismos que hacían parte de los anillos de seguridad de los comandantes farianos”.

Todo el tema de los escoltas de las Farc está fundamentado en el punto tercero, Fin del Conflicto, del Acuerdo Final. En el punto 3.4.7.4.1 se pactó la creación de la “Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP” que tiene como objetivo fundamental proteger a los miembros del partido de las Farc junto con sus familias dependiendo del riesgo que exista.

De acuerdo con las estadísticas disponibles es fundamental garantizar políticas públicas y medidas contundentes para mitigar las muertes y agresiones en contra de los líderes sociales y militantes de partidos de izquierda. El fenómeno es algo que día tras día se acrecienta como lo contamos en “La matanza de líderes sociales, más allá del debate por las cifras”.

 

Actualización

El decreto presidencial que buscaba que algunos integrantes de las Farc ingresaran a la UNP como escoltas quedó sin efecto jurídico el 17 de mayo porque la Corte Constitucional estableció que la iniciativa gubernamental debía tramitarse mediante ley orgánica por cuanto se abordan temas del presupuesto nacional.

Lunes, 23 Enero 2017

Entrega de menores: ¿Un desacuerdo de fechas entre Gobierno y Farc?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Aunque toda Colombia quiere que entreguen a los niños reclutados a la fuerza, es impreciso hablar de incumplimiento porque en ninguna parte del Acuerdo Final ni de los Comunicados Conjuntos, el Gobierno exigió fechas concretas a las Farc.

El 12 de enero Sergio Jaramillo, en los micrófonos de la emisora RCN Radio, mostró su descontento por la no entrega de los menores de edad por parte de las Farc. En dicha emisión sostuvo que “lo que se acordó desde marzo del año pasado es que saldrían de las filas de las Farc los menores de 15 años; solo salieron 13. Las Farc están en deuda con el país, no se han movido con celeridad y así se lo hemos dicho”.

Es cierto, en el Comunicado Conjunto # 70 de mayo de 2016 (de mayo no de marzo) las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo para la entrega de los menores de edad conforme a la página 74 del Acuerdo Final.

El comunicado aborda la manera cómo se hará la entrega, por ejemplo, uno de los compromisos de las Farc es “proceder a la salida de los menores de 15 años de los campamentos tan pronto se acuerde el protocolo”, un protocolo que si bien es de naturaleza reservada, quedó listo desde hace hace varios meses.

El comunicado narra el cómo se hará la entrega, el tratamiento legal hacia los menores, entre otros aspectos pero no señala fechas específicas para saber con cuánta celeridad debe cumplirse el proceso de entrega que mencionó Jaramillo a los oyentes de RCN Radio.

Aunque Jaramillo tiene toda la razón en insistir a las Farc para que cumplan con las entrega de los menores en sus filas, Colombiacheck califica la afirmación como ligera pues si bien es cierto que no se han entregado todos los menores de edad en manos de las Farc, no se puede decir que se han incumplido con algo en lo que el Gobierno nunca fijó plazos específicos.

Pese a que no hay fechas pactadas, la entrega de los menores que fueron reclutados por el grupo subversivo sigue siendo un asunto vital para la confianza en la implementación del proceso de paz y una exigencia que suscita el consenso mayoritario tanto en Colombia como en la comunidad internacional.

“Todo menor de edad que esté en un grupo armado es víctima de la violación de derechos fundamentales como la libertad, crecer en un ambiente sano y estar en su medio familiar”, ha exigido Cristina Plazas, la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Icbf, en repetidas ocasiones.

¿Fallas de protocolo?

Luego del comunicado conjunto el Gobierno cumplió con su compromiso de elaborar un protocolo para la salida de los menores de edad y también con una propuesta de un programa integral para la restitución de los derechos de los menores.

Producto de estos hechos se dio la primera y única entrega en septiembre de 2016, cuando el grupo armado entregó 13 personas. Hablamos de personas y no de menores de edad porque Paula Gaviria, directora de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, los denominó como así, es decir, no todos los 13 entregados serían menores de edad.

Pero desde septiembre no se han realizado más entregas. ¿Qué pasó? ¿Hubo incumplimiento tal y como lo afirma Sergio Jaramillo?

En el Comunicado # 70 quedó establecido que la entrega de los menores de edad sería: “Una medida de construcción de confianza con el fin de dar unos primeros pasos que contribuyan a la salida progresiva de los menores de edad de los campamentos de las Farc y a garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales, así como sus derechos civiles y ciudadanos”.

El gran inconveniente es que no se definió lo que significa “salida progresiva”. ¿Qué es para las Farc una salida progresiva? ¿Cada seis meses, cada año, cada cuánto?

Aunque el Comunicado Conjunto # 70 fue ambiguo en cuanto a las fechas de entrega de los menores este no ha sido el argumento central de la organización armada para no entregar la totalidad de los reclutas menores.

Félix Antonio Muñoz Lascarro, conocido en la vida guerrillera como Pastor Alape, ha sido el vocero de las Farc en todos los temas relacionados con los menores de edad. Muñoz Lascarro sostuvo al noticiero Nueva Colombia, controlado por las Farc, que “el balance no es muy positivo porque este es el momento que no hemos tenido información oficial de parte del Gobierno sobre la suerte de los menores que salieron de los campamentos con base en el Comunicado # 70”.

 

 

El dirigente de las Farc agregó que “no pudieron hacer los reencuentros familiares, solo se dio un reencuentro familiar bajo unas normas casi penitenciarias con el defensor de familia al lado de su familia y solamente por 15 minutos. Esto ha generado mucho malestar al interior de la organización y sobre todo de los menores que empiezan a salir a final de este mes o primeros días del mes de febrero”.

 

 

Las palabras de Muñoz Lascarro, respaldadas por Rodrigo Londoño (cuyo nombre de guerra era Timochenko), permitieron saber el por qué no se continuó con la entrega de los menores. Si son reales estas afirmaciones el Gobierno habría incumplido uno de los compromisos pactados en el Comunicado # 70: “La priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta la opinión y el interés superior del menor de edad”.

Ante la crítica de las Farc, Paula Gaviria, vocera del Gobierno, replicó que se “está cumpliendo a los menores de edad que salieron de los campamentos” y contradijo a a las Farc cuando explicó que “nueve de estas personas han regresado con sus familias, mientras que otras cuatro permanecen bajo la protección del Icbf”.

Los números no cuadran

Más allá de quien tiene la responsabilidad, la entrega de los menores ha sido un asunto álgido en el debate nacional (esta semana hubo un plantón) y después de varias declaraciones encontradas, por fin parece que el Gobierno y las Farc encontraron el camino para reactivar el proceso de entrega.

Muñoz Lascarro se comprometió con una fecha para una próxima entrega, quedó claro que será a más tardar en los primeros días del mes de febrero. Lo que no quedó claro es cuántas entregas más harán, cada cuánto y qué número de menores entregarán. De nuevo los tiempos para la salida progresiva quedaron a voluntad de las Farc.

Otro asunto polémico y una promesa que no han cumplido las Farc, es la entrega de información sobre los menores que están en sus campamentos. Rodrigo Londoño, en diálogo con Vicky Dávila en La W Radio, sostuvo que son 23, una cifra que no guarda ninguna proporción con la que reveló en mayo de 2016 la Fiscalía General de la Nación, pues para el ente investigador, el total de menores de edad reclutados por la organización guerrillera es de 11.556, un 33% serían niñas y el restante 67% niños.

Se debe tener en cuenta que la disparidad de las cifras puede explicarse porque este informe indagó el reclutamiento ilegal de menores por las Farc durante las últimas cuatro décadas, desde 1975 hasta 2014.

 

Actualización

Luego de la publicación de este chequeo, se conoció que la entrega de los menores de edad se hará una vez los guerrilleros estén en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn. Una vez los integrantes de las Farc estén en esos sitios se activará un protocolo de salida de menores, así lo manifestó el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR.

El Gobierno ha manifestado que el plazo para que los guerrilleros estén en las Zvtn es hasta el 31 de enero, con esa contundencia lo explicó el gerente de dichas zonas Carlos Córdoba. Si el 31 de enero o antes las Farc están en los Zvtn entonces en esa misma fecha deberá iniciarse la entrega de los menores que tienen las Farc.

La polémica por el tema, si bien parece tener un norte definido, continúa como lo cuenta Alfredo Molano, a través de este artículo en El Espectador.

El 28 de abril el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Cicr, encargado de la recepción de los menores de edad por parte de la Farc anunció que habían sido entregados 76 menores. Hasta la fecha no se sabe aún cuántos faltan y cuándo los entregarán. En un comunicado de ese 28 de abril el Cicr sostuvo que "continuará facilitando estas operaciones humanitarias de conformidad con lo solicitado por el Gobierno colombiano y las FARC-EP", es decir, faltan más menores por entregar.