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Jueves, 02 Marzo 2017

Centro Democrático se alarma por programa de escoltas para las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Hay alarma en las huestes del expresidente Álvaro Uribe, sus seguidores señalan al Gobierno de Juan Manuel Santos de estar rearmando a la guerrilla y de pagar $1.8 millones a los desmovilizados. Colombiacheck verificó y sus temores son infundados.

Uno de los primeros en revelar que el Gobierno pagaría $1.8 millones a 1.200 guerrilleros de las Farc fue Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. Así lo trinó el congresista, quien también pidió en su tuit una explicación al Gobierno sobre “por qué va a rearmar a las Farc”.

 

 

En esencia lo que el trino del representante Hoyos dice es verdad: El Gobierno contratará por $1.8 millones mensuales a un total de 1.200 desmovilizados de las Farc.

Lo que no es cierto, por eso calificamos su afirmación como engañosa, es que eso equivalga a rearmar a las Farc, ni que todos los desmovilizados de las Farc vayan a recibir ese salario cada mes.

La iniciativa estatal busca incorporar de forma gradual, 1.200 desmovilizados de las Farc, que representan el 17% del total del grupo subversivo, para que sirvan de escoltas a sus propios compañeros. Por esta labor, recibirán un pago de $1.825.843 mensuales.

 

“El cuentazo de Uribe”

Hagamos un poco de memoria: Uno de los argumentos que hizo eco en la opinión pública para la victoria del No en el plebiscito, fue el concerniente a que los guerrilleros desmovilizados iban a recibir un salario de $1.8 millones durante cinco años.

El autor de esa falacia fue nada menos que el expresidente Álvaro Uribe, como lo reveló Colombiacheck en junio del año pasado. Desde entonces el Gobierno por medio de comerciales y el mismo Humberto de la Calle se dedicaron a desmentir lo que se consideró un mito.

El Gobierno Santos negó hasta la saciedad que daría un estipendio por dicho monto, sin embargo, el decreto presidencial 302 de 2017 reglamenta que a 1.200 guerrilleros que se desmovilicen y se preparen para ser escoltas de los esquemas de seguridad de las propias Farc, se les pagarán $1.825.843 mensuales.

Lo cierto del caso es que este beneficio solo alcanzaría para máximo el 17% de los integrantes desmovilizados de las Farc, no será para todos sus integrantes.

Cuando la serie de decretos (seis en total) que reglamentan el tema de seguridad de los integrantes del grupo político de las Farc y sus escoltas, fue de público conocimiento, los uribistas no perdieron la oportunidad y retomaron sus críticas por el pago de $1.8 millones mensuales.

Recalcaron que no era cuento y que ahora se estaba comprobando que es toda una realidad. Por los menos así lo trinaron varios congresistas del Centro Democrático.

 

 

 

 

 

 

 

Sigue siendo falso

De acuerdo con información de Carolina Azevedo, vocera de la Misión de la ONU en Colombia, el estimado de hombres y mujeres que llegaron a las zonas veredales y campamentos en los que se está implementando la dejación de armas es de 6.900 personas. Es decir, este es el número de guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.

Con ese número de base y a través de una regla de tres, podemos demostrar que los 1.200 excombatientes que podrían ser escoltas y ganar el sueldo de $1.8 millones mensuales, apenas representa el 17% del total de los desmovilizados.

Respecto al tema el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Diego Mora, habló en La W Radio y explicó que no es que llegarán inmediatamente 1.200 desmovilizados a ser escoltas. Pueden ser menos de acuerdo a las necesidades de los miembros del partido de las Farc, pero esa cifra es el tope máximo de escoltas que podrán tener.

Adicional a los 1.200 escoltas de las Farc que ingresarían a la UNP, la serie de decretos presidenciales crea otros cargos y una nueva dependencia en la UNP, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección que llega con 105 cargos adicionales a los 1.200 escoltas farianos, así lo dice el decreto presidencial 301 de 2017.

¿Arma mortal?

A la inconformidad por el hecho de que se les dará armas a las Farc se sumó otro congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez.

 

 

De acuerdo con Mora, no es que se vaya a rearmar a la guerrilla de las Farc. Según el funcionario los integrantes de las Farc que lleguen a ser escoltas tendrán que cumplir una serie de requisitos y luego sí se les entregarán armas como a cualquier escolta. “Tienen que cumplir unos requisitos muy pero muy específicos. El primero de ellos es no haber estado en proceso penal o condenado por algún delito de lesa humanidad. No tener ningún proceso penal en curso o haber sido condenado. Además, entregar primero las armas y adicionalmente ser amnistiado”, explicó.

Luego de que cumplan ese proceso deberán pasar unos exámenes psicológicos, físicos, técnicos y de poligráfico para establecer su confiabilidad. A lo anterior se suma un programa de capacitación de más de dos meses, explicó el director de la UNP.

Es solo después de todo este proceso los excombatientes farianos recibirán las armas y conformarán esquemas de seguridad mixtos, es decir, ayudarán a custodiar la seguridad de sus protegidos en coordinación con otro tipo de escoltas.

Mora también explicó que es absolutamente normal que las Farc pida que sus escoltas sean personas de confianza, así sucedió con los esquemas de seguridad en otros procesos de desmovilización como el Quintín Lame o el M-19.

Respecto al hecho de que los escoltas de las Farc sean los mismos militantes de esa organización, el tuitero William Reyes Medina respondió que era apenas lógico porque las Farc no confía en las fuerzas del Estado.

 

 

 

Voces en contra

Por su parte John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, le explicó a Colombiacheck que la medida referente a que los mismo miembros de las Farc sean los que cuiden a los altos mandos de la organización o a los que harán política, es inadecuada porque generará un efecto intimidatorio en la población civil y además demuestra que no hay confianza en las partes.

Marulanda fue más allá y señaló que “no es adecuado darles armas del Estado y que seguramente los que conformarán los esquemas de seguridad como escoltas serán los mismos que hacían parte de los anillos de seguridad de los comandantes farianos”.

Todo el tema de los escoltas de las Farc está fundamentado en el punto tercero, Fin del Conflicto, del Acuerdo Final. En el punto 3.4.7.4.1 se pactó la creación de la “Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP” que tiene como objetivo fundamental proteger a los miembros del partido de las Farc junto con sus familias dependiendo del riesgo que exista.

De acuerdo con las estadísticas disponibles es fundamental garantizar políticas públicas y medidas contundentes para mitigar las muertes y agresiones en contra de los líderes sociales y militantes de partidos de izquierda. El fenómeno es algo que día tras día se acrecienta como lo contamos en “La matanza de líderes sociales, más allá del debate por las cifras”.

 

Actualización

El decreto presidencial que buscaba que algunos integrantes de las Farc ingresaran a la UNP como escoltas quedó sin efecto jurídico el 17 de mayo porque la Corte Constitucional estableció que la iniciativa gubernamental debía tramitarse mediante ley orgánica por cuanto se abordan temas del presupuesto nacional.

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Verdadero pero...

Viernes, 08 Junio 2018

La información del narcotráfico que aún no entregan las Farc

Por Laura Camila Pinilla

Aunque los desmovilizados de la exguerrilla tienen el deber de revelar todo lo que sepan sobre los eslabones del narcotráfico, aún no lo han hecho. La lentitud en la implementación del acuerdo retrasa el conocimiento de la verdad.

Aunque en esta segunda etapa de campaña el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ha moderado su lenguaje en cuanto a lo que hará con el acuerdo de paz con las Farc, en redes sociales aún circula un video en el que Duque expone su dura postura frente a la eficacia de los mecanismos de justicia transicional de ese acuerdo.

El video empezó a rodar desde que el exguerrillero Jesús Santrich fue puesto preso con fines de extradición, por la presunta participación en un envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero el candidato también ha expresado su inconformidad en otros espacios, como un foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), donde advirtió que: “ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos”.

¿Qué tan cierta es esta afirmación? Colombiacheck le puso el ojo a esta frase.

Como lo contamos en otro chequeo, en el que indagamos si los excombatientes tenían la obligación de delatar a quienes hacen parte de la cadena de narcotráfico, el cuarto punto del pacto final indica:

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades.

Lo anterior significa que los exintegrantes de las Farc que hayan estado involucrados en temas de narcotráfico tienen el compromiso de entregar todo tipo de información relacionada con esta dinámica ilícita. La Jurisdicción Especial para la Paz, institución encargada de investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto, hasta el momento no ha recibido esta información.

Según Hernando Salazar, jefe de prensa de la JEP, “los expertenecientes a las filas de las Farc que se sometieron a la JEP todavía no han venido a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de nexos y conductas. Este es un tema de tiempos. Se sometieron pero no han hecho llegar esta información en particular”, afirmó Salazar.

Aunque es cierto que luego de la firma del Acuerdo de paz los exmilitantes no han entregado los datos de su modus operandi en el narcotráfico, hay que tener en cuenta que el proceso apenas está comenzando. La JEP, junto con el Sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición no ha convocado a las personas que deben comparecer porque, por el momento, está recogiendo los informes de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones sociales sobre el conflicto y los informes que le lleguen de la Fiscalía.

Este proceso de planificación pondría a disposición de los funcionarios de la JEP toda la información de contexto y expediente criminal de cada reintegrado para hacer las convocatorias pertinentes en los próximos meses.

Además de esto, el eslabón perdido del tema del narcotráfico está en los antiguos frentes que no se acogieron al proceso de paz. Fuentes oficiales y extraoficiales afirman que las rutas quedaron a cargo de las disidencias que continuaron con el narcotráfico. Según un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en abril de este año, un argumento para explicar las disidencias de las Farc está, entre muchas razones, en la presión que ejercieron los narcotraficantes de la zona para continuar con esta dinámica.

También, InSight Crime, portal informativo dedicado al análisis e investigación del crimen organizado, señaló que el narcotráfico y la extorsión son los principales objetivos de estos grupos.

Un ejemplo de esto es el Frente 1 de las Farc, la disidencia que controla los cultivos de coca en tres municipios de Guaviare: San José́ del Guaviare, Calamar y Miraflores; además, maneja dos rutas internacionales para el envío de cocaína, según InSight Crime.

La FIP publicó también una infografía que expone la economía de guerra de los grupos disidentes. Entre las actividades ilícitas de financiamiento se destaca el procesamiento y tráfico de estupefacientes, la regulación de la compra y venta de hoja de coca y pasta de coca, producción de cocaína, microtráfico y narcotráfico.

La anterior información da cuenta de que mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está trabajando de acuerdo con las etapas establecidas, el narcotráfico está volviendo a ganar terreno en las zonas de asentamiento de los grupos disidentes. Esto, en parte, puede ser respuesta a los vacíos y demoras en la ejecución del acuerdo.

 

* Laura Camila Pinilla: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: Ha pasado un año y medio y las Farc no han entregado la información de las rutas del narcotráfico, ni de los laboratorios que empleaban, ni de los enclaves logísticos ni de los lavados de activos.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático

    Fuentes: Fundación Ideas para la Paz, InSight Crime, Jurisdicción Especial para la Paz, documento del acuerdo final entre el Gobierno colombiano y las Farc

    Contexto: foro que organizó la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

    Calificación: Aproximada