El pasado 12 de febrero el candidato Luis Alejandro Guzmán Lozano dijo, durante una entrevista en la emisora digital Impacto Estéreo: “¿Cuánto creen ustedes que nos cuesta a todos los colombianos con nuestros impuestos tener una persona en la cárcel? $1'800.000, $2'000.000 cada persona”. Tras dar la cifra, el candidato explicó que, como senador, buscará sacar adelante la siguiente propuesta: “que las cárceles se vuelvan fábricas para que ellos [los internos] hagan algo. Y que con lo que produzcan, ayuden a pagar su estadía en la cárcel”.

En la entrevista, Guzmán dijo que la cifra provenía de “un estudio que se hizo; eso salió en las noticias”. Al consultarle por la fuente, nos envió el enlace de un artículo del periódico El Tiempo, publicado el 2 de septiembre de 2020. En este, se afirma que la cifra para ese momento era de $1’800.000.

El costo mensual de las personas privadas de la libertad para el Estado es un tema recurrente a nivel mediático, como se puede constatar en este artículo de El Espectador que registró en 2018 un costo anual de $11 millones por cada preso, o en este reciente artículo del portal Asuntos Legales, que ubicó la cifra en $2’590.000 para febrero de 2022.

Los datos de todos estos artículos provienen de los boletines mensuales del Instituto Penintenciario y Carcelario (Inpec), que estima el costo anual de cada preso a partir de los recursos apropiados anualmente por Inpec y Uspec del Presupuesto General de la Nación. Este monto se divide sobre la población carcelaria, arrojando un costo promedio por año, que después se divide entre 12 meses, operación de la que se obtiene el costo mensual. 

Para el momento de la entrevista, la información más reciente con la que contaba Luis Alejandro Guzmán era la relativa a diciembre de 2021, cuando el indicador en el boletín del Inpec marcó $2’591.529. De 23% a 31% más de lo afirmado por el candidato. Según la información oficial, la última vez que el costo mensual de cada preso estuvo dentro del rango suministrado por el candidato fue en diciembre de 2020, cuando la cifra se ubicó en $1’990.996.

Este costo está compuesto por seis rubros, divididos en funcionamiento e inversión. En el primero se agrupan, entre otros, los gastos asociados a alimentación, salud, transporte y vigilancia de los internos, mientras que con el segundo se financian programas y proyectos complementarios.

Como se ve en el gráfico, en contravía de la propuesta del candidato, ya existe un rubro que se sostiene con la producción de la población privada de la libertad. Se llama Gastos de Comercialización y Producción, que corresponde al 3% del costo mensual de manutención. A través de la marca Libera, registrada por el Inpec, se comercializan buena parte de los bienes que los presos fabrican y con los dividendos se aporta al financiamiento de estos programas. 

Finalmente, Juan Sebastián Hernández, investigador del sistema judicial en la organización DeJusticia y autor del libro “la paradoja penitenciaria”, nos explicó que, si bien el costo mensual de manutención de la población privada de la libertad es un tema recurrente a nivel mediático, el problema no está en cuánto se invierte sino en cómo y para qué se invierte.

“Es plata mal invertida, que no está logrando el objetivo. La Corte Constitucional ha establecido que el único fin del encarcelamiento es la resocialización de la persona. Y una cárcel que es violatoria de los derechos humanos no está enfocada en la resocialización. Tenemos un sistema penitenciario que no resuelve ese problema; que no le brinda a las personas la posibilidad, después de salir de prisión, de por ejemplo conseguir un trabajo”.

Las condiciones de hacinamiento y los episodios de violencia que soporta la población privada de la libertad en el país desde hace décadas, han provocado que ya en dos oportunidades la Corte Constitucional declare un estado de cosas inconstitucional en las cárceles de Colombia, una en 1998 y otra en 2013. Por estos motivos, Hernández cree que en materia de propuestas de campaña, aunque el costo de manutención de los internos sea mayor o menor, es un aspecto secundario comparado con la modificación que requiere la política penitenciaria.

“En Noruega gastan muchos más recursos por persona privada de la libertad, pero tienen muchas menos y, progresivamente, tienen menos reincidentes. Entonces es una política que tiene sentido, que está cumpliendo sus objetivos. La nuestra no”, concluye Hernández.

Calificamos como cuestionable la afirmación de Luis Alejandro Guzmán, pues está basada en un artículo de septiembre de 2020, fecha desde la cual el indicador ha aumentado. Además, la cifra acompañada de su propuesta da a entender que el costo es muy alto, obviando aspectos de política penitenciaria resaltados por el experto, a la vez que desconoce que los internos ya hacen aportes para el costo global de su manutención.