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Jueves, 07 Julio 2022

Cifras de muertos por la guerra no permiten “hablar de un genocidio en Colombia”, como tuiteó Petro

Por Óscar Felipe Agudelo

El presidente electo repitió un dato que mencionó uno de los comisionados pero que no es oficial de la Comisión de la Verdad y, además, sacó una conclusión que desconoce las diversas definiciones de ese crimen.

Un día después de la publicación del Informe final de la Comisión de la Verdad, el presidente electo Gustavo Petro, en el fragor de la entrega del documento dijo en su cuenta de Twitter que: “De los 700.000 muertos que deja el conflicto armado desde 1958, la primera fase política, la segunda narcotraficante, solo el 1,5% murió en combate. Por eso podemos hablar de un genocidio en Colombia”. 

 

La cifra de los “700.000 muertos” la citó Petro de Julián de Zubiría, columnista y experto en educación. Sin embargo, el documento de “Hallazgos y Recomendaciones” (ver página 140) de la Comisión se centró sólo en el periodo entre 1985 y 2018 en el que reveló que fueron asesinadas 450.664 personas. Esa ha sido la cifra que ha presentado la Comisión luego de la presentación del informe. El mismo documento de la entidad en la misma página mencionó en un pie de página que si se tiene en cuenta el “subregistro potencial, este número podría casi aumentar, llegando alrededor de 800.000 víctimas”.

No hay claridad sobre el número de víctimas asesinadas en todo el periodo que analizó la Comisión, de 1958 a 2016, y tampoco de dónde sacó la cifra Zubiría. Sin embargo, el comisionado Saúl Franco, en una entrevista en CM& (ver minuto 10:45), dio el estimado trinado por Zubiria y replicado por Petro sin precisar el periodo: “como mínimo en estos años de guerra hubo por lo menos 700.000 muertos”.

Lo grueso, a lo que Colombiacheck le puso el ojo en relación con el trino de Petro fue lo referente a que por el alto número de asesinatos “podemos hablar de un genocidio en Colombia”, por tal razón decidimos verificarlo.  

Encontramos que la definición de genocidio, tal y como la consignó Petro en su publicación, difiere de lo establecido en el Código Penal Colombiano, el Estatuto de Roma e incluso en la Convención sobre Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas en 1948.

También consultamos a cuatro expertos que nos dieron evidencia de que los homicidios ocurridos en el conflicto armado nacional no cumplen con las características que definen lo que es un genocidio. 

Aunque los académicos coinciden en afirmar que el conflicto colombiano tuvo algunas características genocidas y que la definición sobre qué es genocidio sigue siendo objeto de debate en el interior de la academia. Veamos.

 

Origen del término genocidio 

La palabra surge luego del Holocausto, cuando el abogado polaco Raphael Lemkin, acuñó el término luego de la Segunda Guerra Mundial. Según el artículo “Hacia una definición conceptual del genocidio”, publicado en 2002, la definición fue “para caracterizar lo que los nazis llamaban la Solución Final al Problema Judío”. 

Y agrega, “Con ello, Lemkin pretendía hacer una distinción entre masacres exterminadoras y no exterminadoras perpetradas por la Alemania hitleriana. Esto dio origen al problema de determinar cuándo y cómo una masacre deja de ser una matanza a gran escala y comienza a adquirir características genocidas”. 

Andrés Sandoval, director de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Javeriana de Cali, dijo que: “Es un concepto que une una palabra griega y una palabra latina: genos de raza y cidio de asesinato”.  

Con la puesta en escena del concepto a nivel mundial, la Convención sobre Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 definió en su artículo II que el genocidio es: “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Los actos referidos por las Naciones Unidas ese año fueron matanza, lesiones graves a la integridad física, medidas encaminadas a impedir los nacimientos, traslados a la fuerza de niños y  sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 

Luego, el Estatuto de Roma de 1998 adoptó en su artículo VI literalmente la definición. El aterrizaje criollo del concepto se materializó en el Código Penal Colombiano en el 2000 por medio del artículo que establece “El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros”. 

Es decir, el Código Penal mantuvo las cuatro tipos de razones que constituyen un genocidio (cuando se trata de muertes múltiples por razones de nacionalidad, étnia, raciales y religiosas) pero le agregó una quinta: lo político, razones políticas para eliminar un grupo. Por otra parte, mantuvo casi que idénticos los actos genocidas: 

“1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.

2. Embarazo forzado.

3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

La legislación penal colombiana dejó todos los actos genocidas estipulados por las Naciones Unidas y agregó de forma explícita el embarazo forzado, que no está contemplado de esa manera a nivel internacional.


¿El confllicto armado colombiano es un genocidio?

De acuerdo con Sandoval, “el genocidio no tiene que ver directamente con la cantidad de muertos, sino por las razones de que las personas son asesinadas”.  El académico agregó que “en nuestro conflicto las personas murieron por muchas razones. No es como el de Ruanda, no es como lo que vivió Guatemala en los setenta con un conflicto netamente político. Acá han muerto colombianos, por todas las bandas y por todas las razones”. 

Andrei Gómez- Suárez, profesor del Centro de Religión, Reconciliación y Paz de la Universidad de Winchester, quien ha estudiado el concepto, explicó que: “en el caso colombiano las 700 mil víctimas son de múltiples sectores (...) Lo difícil del genocidio es que implica de alguna manera una dimensión centralizada, planificada de crear unos patrones de destrucción en contra de un grupo, de un sector específico de la sociedad. Yo creo que en el caso colombiano las 700.000 víctimas son de múltiples sectores. En el caso de Colombia ha sido una guerra profundamente degradada”.

En la misma línea de los expertos se situó Angelika Rettberg, profesora y politóloga en la Universidad de Los Andes. “Genocidio es un trabajo de exterminio dirigido sistemáticamente hacia un grupo poblacional (generalmente étnico). Es lo que pasó en Armenia, o lo que pasó en Ruanda. En Colombia, la violencia fue vasta, pero oficiada por grupos distintos contra poblaciones diferentes. No califica de genocidio”. 

El disenso frente a lo qué es o no el genocidio ha sido materia de discusión, un ejemplo de esto es lo referenciado en el ya citado artículo “Hacia una definición conceptual del genocidio”, en el que se menciona que hay una descripción de la palabra pero no un concepto claro. El texto también menciona dos vertientes. Una en la que se reconoce el genocidio como un hecho único del Holocausto y otro concepto mucho más abarcativo que da por genocidio “todo atentado contra los derechos humanos colectivos”. 

Gómez-Suárez agregó que se puede hablar de una definición jurídica de genocidio y otra sociológica. “La afirmación de Petro es una afirmación complicada, pero dentro de la sociología hay un autor (Daniel Feierstein) que ha hablado del genocidio como una práctica social. Una práctica social dirigida, que puede estar en contra de grupos sociales que no tienen que estar definidos dentro de la nacionalidad, la religión o la política. Y que esa práctica social busca de alguna manera debilitar un sector de la sociedad. Que esa práctica social genocida tiene una intencionalidad y una sistematicidad”.

El académico explicó que Petro, el presidente electo, podría tener la anterior justificación al querer denominar los asesinatos del conflicto como un genocidio, sin embargo, hizo énfasis en que lo que acontenció en el conflicto armado colombiano tuvo “unas dimensiones genocidas en el sentido que se deshumanizó tanto la guerra  que se llevaron a cabo unas acciones profundamente violentas que destruían el tejido social. La guerra en Colombia tuvo una dimensión genocida, pero no se puede decir que es un genocidio”. 

De acuerdo con Gómez-Suárez, en el país en efecto podríamos hablar que hubo genocidios por razones políticas como el de la Unión Patriótica (UP) o el que sufrieron comunidades indígenas por su étnia, pero eso no quiere decir que los asesinatos que dejó el conflicto armado constituyan un genocidio de manera amplia. 

En relación al caso de la UP se ha reconocido que ha sido un genocidio político aunque el profesor Gómez-Suárez, estudioso del caso, ha preferido denominarlo como un hecho que ocurrió por una coyuntura geopolítica genocida. Sobre posibles casos de genocidio en comunidades indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha otorgado medidas cautelares a favor de las autoridades y miembros de Resguardos Indígenas Siona en Putumayo.

En 2003, la misma institución declaró medidas cautelares y, entre 2004 y 2011, la Corte Interamericana también mantuvo medidas provisionales para que el Estado colombiano protegiera “la vida e integridad personal de todos los miembros de las comunidades que integran el pueblo indígena Kankuamo”, en el departamento del Atlántico. No ha calificado el caso como genocidio, pero el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y una investigación de la Universidad Militar coinciden en que lo es.

El académico Gómez-Suárez aclaró que en determinado momento de la historia colombiana lo que hubo fue “una cultura geopolítica genocida en la cual diferentes sectores de la sociedad se alían para destruir ciertos actores que ellos consideraban ponían en riesgo las ideas que ellos tenían de la nación colombiana o de sus intereses económicos y políticos”. 

Así que en definitiva, como los muertos que dejó el conflicto armado no sólo fueron victimizados por razones de nacionalidad, etnia, religión, raizal o políticas sino por otra serie de razones como económicas, sociales, etcétera, calificamos como cuestionable la afirmación del presidente Petro, de quien no obtuvimos respuesta del por qué (a pesar de buscarlo con su equipo de comunicaciones) su concepto del genocidio en Colombia es tan abarcativo.

 

 

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Jueves, 20 Abril 2017

¿En Colombia sabemos qué es, exactamente, el paramilitarismo?

Por Sania Salazar

Colombiacheck y Rutas del Conflicto consultaron historiadores, periodistas, habitantes de Puerto Boyacá y fuentes documentales para determinar qué son los grupos paramilitares, cuándo iniciaron su accionar y si existe el peligro de que se rearmen.

En Colombia, con un conflicto armado en el que intervienen diversos actores y en el que confluyen multiplicidad de circunstancias, el lenguaje ha dado, incluso, para encontrarle diversos eufemismos a la barbarie. Tal vez el paramilitarismo ha sido la forma violenta a la que más nombres se le han puesto. ‘Masetos’, ‘Paracos’, ‘Aguilas Negras’ han sido solo algunos sinónimos que se han extendido a través de los medios de comunicación, lo que en ocasiones no ha permitido llamar a las cosas por su nombre y ha generado confusiones. ¿Sabemos en Colombia que es, exactamente, el paramilitarismo y cuándo nació? ¿Todavía hay paramilitares? Calificamos este chequeo como engañoso, por la multiplicidad de informaciones que hacen difícil distinguir la realidad.

El historiador Germán Sahid, explica que los grupos de autodefensa son aquellos a los que el Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica contrainsurgente. “Otra cosa son los grupos de justicia privada, empresarios, legales o ilegales, que crean grupos privados armados para defender su operación criminal o ilegal”, aclara.

Según Sahid, las autodefensas nacen en Colombia en 1964.

Escucha"Origen del paramilitarismo en Colombia" en Spreaker.

La idea de conformar grupos antisubversivos surgió simultáneamente en diferentes regiones del país, iniciativas que luego se juntaron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero ese objetivo no era exclusivamente contrainsurgente, tenía detrás varios intereses.

En el libro Guerras recicladas, la periodista María Teresa Ronderos cuenta la historia del paramilitarismo en Colombia. No es para nada gratuito que el primer capítulo se titule Las autodefensas de Puerto Boyacá, modelo para armar. Allí Ronderos relata que el secuestro, en 1979, de alguien muy querido en la región fue uno de los hechos que desató las acciones de “lo que iba a ser el principal grupo paramilitar del país durante casi una década” liderado principalmente por la familia Pérez. Fue precisamente Henry Pérez, quien convirtió a Puerto Boyacá en “La capital antisubversiva de Colombia”.

“Las de Henry Pérez no fueron las únicas autodefensas del Magdalena Medio que incentivó el Ejército. Desde fines de los años setenta, un finquero mediano que cultivaba la tierra de su familia y criaba cerdos y gallinas, originario de Sonsón, Antioquia, y llamado Ramón Isaza, había ya formado su propio grupo armado para defenderse de la guerrilla”. Este grupo se llamó Los Escopeteros, pero había más grupos en esa región, que a mediados de los 80 operaban bajo las órdenes de Henry Pérez en lo que se denominó Autodefensas de Puerto Boyacá.

El Informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica explica que “la explosión del fenómeno paramilitar puso en escena el entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado. Esta nueva intervención del financiamiento del narcotráfico se produjo por la confluencia de los intereses de tres sectores: los de las élites económicas, que buscaban defender su patrimonio, como sucedió con la organización que les sirvió de fachada en Puerto Boyacá, la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio − Acdegam; los de los propios narcotraficantes, que buscaban expandir sus negocios ilegales y querían protegerse de las presiones extorsivas de la guerrilla a los laboratorios y a la compra de hoja de coca; y los de los militares, que tenían como propósito atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno”.

Unión de fuerzas

El mismo informe señala que los grupos paramilitares del Magdalena medio se consolidaron y que además irrumpieron nuevos grupos en varias zonas del país: en Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta, con Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los Llanos Orientales y Putumayo, con los aparatos armados al servicio del narcotráfico.

En la unificación de estos grupos a mediados de los noventas tuvo mucho que ver la familia Castaño Gil, de Amalfi, Antioquia.

En su libro, Ronderos cuestiona el gran mito fundacional del grupo paramilitar creado por Fidel Castaño y varios de sus hermanos: el dolor del secuestro y posterior asesinato del padre. La periodista deja al descubierto que hay inconsistencias en los testimonios de la familia sobre la fecha y las circunstancias del hecho y relata ampliamente cómo Fidel, el hermano mayor, ya tenía negocios ilícitos mucho antes de crear el grupo antisubversivo, que además, le servía para cuidar de esos intereses.

En el libro En la Encrucijada, Colombia en el Siglo XXI, capítulo Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir, Mauricio Romero, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario cuenta que fueron Carlos Castaño y Ernesto Báez, entre otros, quienes iniciaron el proyecto de centralización política y militar de los grupos paramilitares. Primero crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y luego conformaron una confederación nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

“En efecto, el periodo entre 1994 y 1997 fue de un intenso trabajo organizativo interno para darle un perfil político y militar más definido a lo que hasta el momento eran diferentes grupos dispersos en distintas regiones del país, sin un distintivo claro, uniforme reconocible, estatutos, propósitos públicos y una estructura de mando identificable”, dice el texto.

Según el relato de Romero, crear una federación nacional, como se propuso Carlos Castaño, partiendo de una diversidad de intereses locales y particulares, la mayoría ligados a negocios ilegales, parecía imposible.

“Las condiciones para poder hacer parte del proyecto de federación era comprometerse a fondo con la lucha antisubversiva y adoptar los distintivos de las AUC. Cada frente era autónomo para desarrollar sus finanzas y relaciones locales, pero cualquier acuerdo con la guerrilla era considerado una traición. La ventaja para los jefes regionales de los aparatos ilegales era la participación en una organización nacional que podía negociar con mayor nivel de tolerancia para sus actividades, incluidas las ilegales. Además, la vinculación a la federación ofrecía la posibilidad de hacer parte de una negociación futura con el gobierno, y tener una puerta para un potencial regreso a la legalidad”.

El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició en 2002 una negociación con los paramilitares que terminó en una desmovilización y desarme parcial, pero que no tuvo éxito, entre otras cosas, precisamente porque no fue total, lo que derivó en que algunos integrantes de las autodefensas se rearmaran en el crimen organizado o en grupos similares o que se autodenominan paramilitares.

Finalmente Sahid explica que lo que se conoce ahora como neoparamilitares son grupos de criminales desmovilizados de todos los grupos armados, que hacen parte de las bandas criminales y que se reciclan en el negocio de la criminalidad

“Muy posiblemente en esta transición todavía no tenemos grupos completamente consolidados como autodefensa en el sentido de contrainsurgencia, pero muy posiblemente en unos cuatro o cinco años volvamos a tener insurgencias y contrainsurgencias por la incapacidad del Estado de construir instituciones después del acuerdo con las Farc o del acuerdo de Ralito”, concluye el historiador.