3 DATOS CLAVE:

1. El tercer balance de Petro ante el Congreso destacó como un logro suyo que “la mayoría del país está en paz, 662 municipios no tienen homicidios”. La senadora Paloma Valencia replicó que 740 son “dominados por los ilegales” y que allí “no hay garantías electorales”, citando a la Defensoría.
   
2. El mandatario no solo infló su cifra en un 45%, sino que la saca de contexto para presentar la ausencia de asesinatos como único indicador de paz. Por tanto, su afirmación es falsa.
   
3. La congresista y precandidata presidencial, de hecho, se quedó corta en la cantidad de municipios afectados por grupos armados ilegales, pero su frase es cuestionable porque la Defensoría no incluyó nada sobre riesgo electoral en este informe.
   

El presidente, Gustavo Petro, defendió el 20 de julio, durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, que en su mandato ha habido “más seguridad” y que los delitos han bajado, “menos el homicidio en los puertos”, según reconoció. En contraste, aseguró como un “éxito de este gobierno” que “la mayoría del país está en paz, la mayoría de los municipios no tiene homicidios, 662 municipios de Colombia no tienen homicidios” (4:10:54).

En completa oposición al argumento presidencial, para señalar el fracaso de la política de paz total de esta administración, la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial del Centro Democrático, afirmó en su réplica a ese discurso que “la Defensoría alerta 740 municipios dominados por los ilegales y dice que no hay garantías electorales” (4:49:33).

En Colombiacheck verificamos estas afirmaciones. Teniendo en cuenta nuestra metodología, les preguntamos tanto al presidente como a la senadora cuáles eran las fuentes de sus afirmaciones, pero al momento de la publicación de este chequeo no nos han respondido.

Este es el primer chequeo de una serie que publicaremos sobre las intervenciones del 20 de julio, en el tercer balance anual de Petro ante el Congreso y el inicio de la última legislatura de este periodo. La siguiente es “Crecimiento económico: Petro engaña sobre las causas y a Castillo le falta contexto”.

“La mayoría del país está en paz, 662 municipios no tienen homicidios”: Gustavo Petro

No solo la cifra real es mucho menor sino que, además, la afirmación reduce la idea de paz a la ausencia de homicidios, sacando el dato de contexto. Por tanto, es una falsedad.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa, a corte del 30 de junio de 2025, 6.642 personas han sido asesinadas en 653 de los 1.102 municipios del país. Esto significa que solo en 449 municipios no hubo homicidios, una cifra mucho menor a la mencionada por el presidente Petro en su discurso y, de hecho, menos de la mitad de los que tiene el país, contrario a lo que él dijo.

La diferencia es de 213 municipios. Es decir que el presidente infló el dato en un 45%. Además, lo presentó como si la sola ausencia de homicidios fuera equiparable a la paz en esos lugares.

Esto no necesariamente es así, pues puede haber control de grupos armados ilegales que afectan a la población de otras formas. Por ejemplo, entre los municipios que hasta ahora no registran homicidios según los datos del propio MinDefensa está Puerto Rondón, en Arauca, donde hay una disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC. En la lista también está Lejanías, en Meta, donde, según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, hay riesgo de confrontación armada entre las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’ y alias ‘Iván Mordisco’.

La politóloga experta en seguridad María Alejandra Santos, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, dijo que los datos carecen de contexto. Explicó que, los grupos armados se disputan regiones estratégicas como Cauca y el Catatumbo, mientras que en otras “sin interés” para esas organizaciones ilegales “se puede inferir que no hay amenazas que generen homicidios o hechos victimizantes”.

“Por eso, el enfoque territorial es muy importante para identificar dónde se concentran los homicidios y contrastarlo con la presencia de grupos armados y el impacto de operaciones como ‘Perseo’ en el Cauca”, explicó. Esta fue lanzada en octubre de 2024 para recuperar el control estatal del corregimiento El Plateado, bastión de la disidencia Estado Mayor Central (comandada por ‘Iván Mordisco’) en Argelia, sur de ese departamento, pero no ha cumplido su objetivo.

En conclusión, la afirmación del presidente Petro sobre los municipios sin homicidios en el país es falsa. No solo la cifra está inflada en 213 municipios, sino que además fue presentada sin el contexto necesario sobre la situación de seguridad de esos territorios, pues la ausencia de muertes por esta causa no se traduce necesariamente en “paz”.

“740 municipios dominados por ilegales y sin garantías electorales”: Paloma Valencia

La senadora, de hecho, se quedó corta en la cantidad de municipios en alerta por presencia de ilegales. Sin embargo, su frase es cuestionable porque el informe aún no menciona el riesgo electoral que esto crea y este no implica que pueda haber un aplazamiento nacional de los comicios, como ella lo dio a entender.

“No permitiremos, sin embargo, el libreto de crear el caos para luego usarlo como excusa para el autoritarismo. Colombia está alerta y defenderemos la Constitución y la fecha de elecciones que tiene previsto el calendario electoral”, advirtió la precandidata justo después de referirse a este tema.

El más reciente Diagnóstico de derechos humanos en Colombia de la Defensoría del Pueblo, presentado diciembre de 2024, señala que 790 municipios de los 32 departamentos del país están en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales, según las alertas tempranas emitidas. Esta cifra incluso supera en 50 municipios a la mencionada por la congresista, que se quedó corta por un 6%.

Según el informe, en departamentos como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo confluyen dos o más grupos armados organizados (GAO). Lo mismo pasa en subregiones como Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño.

No obstante, el documento aclara que, en donde la presencia es de uno solo, “las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y ‘cercos humanitarios’, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la Fuerza Pública”.

El informe no menciona el riesgo electoral en esos municipios. La última Alerta Temprana Electoral emitida por la Defensoría es la 030 – 2023, previa a los comicios regionales de ese año. La Misión de Observación Electoral (MOE) tampoco ha publicado mapas de riesgo para las legislativas y presidenciales de 2026. 

Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE y editor de los Mapas de Riesgos Electorales, nos explicó que, entre los factores de riesgo analizados, sí está la presencia e intensidad de acciones de grupos armados ilegales, pero su efecto no es igual en todas partes. “Tenemos que analizar el consolidado de las otras variables en el caso de violencia (desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, violencia contra liderazgos políticos y sociales y contra la libertad de prensa) y que exista también riesgo por factores indicativos de fraude para catalogar el riesgo electoral”, explicó.

El politólogo de la organización no gubernamental también indicó que las alertas tempranas de la Defensoría se emiten tres o cuatro meses antes de las elecciones, mientras que el Mapa de Riesgo de la MOE se publica un mes antes. Ambos tiene el propósito de que las autoridades refuercen las medidas de seguridad para garantizar que se realicen los comicios en los municipios con riesgo extremo, que son los que generan mayor preocupación. “En ningún sentido hablamos de una posibilidad de no realización de las elecciones en esos municipios”, afirmó. 

En conclusión, la afirmación de la senadora Paloma Valencia sobre los municipios dominados por los ilegales y sin garantías electorales es cuestionable. Aunque la cifra de  municipios en riesgo por presencia de grupos ilegales se aproxima a la que ella mencionó y de hecho es un poco mayor, el informe de la Defensoría en el que se basó no relaciona directamente este riesgo con  la falta de garantías electorales en esos territorios o a nivel nacional, como ella lo atribuyó.