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Chequeo Múltiple
La escasez de tarjetones para la Gran Consulta por Colombia -de la que salió ganador el senador Iván Duque el pasado 11 de marzo- dio para todo: desde chistes de Actualidad Panamericana hasta periodistas pidiendo la renuncia del registrador Juan Carlos Galindo. Dio, a su vez, para una serie de mitos que ensombrecieron una jornada en la que, de acuerdo con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, no se presentaron incidentes violentos. Solamente la mancha de los tarjetones.
Ante falta de tarjetones de consulta de la derecha, registraduría estaría considerando pedirles a los votantes que dibujen rápidamente a su candidato en una servilleta. #EleccionesColombia pic.twitter.com/7K7yDjyGBu
— Act Panamericana (@actualidadpanam) 11 de marzo de 2018
Y es que, a primeras horas, algunas mesas, 20 según el registrador Juan Carlos Galindo, se quedaron sin tarjetas electorales para que la gente votara en la Gran Consulta por Colombia, que enfrentó al senador Iván Duque, al exprocurador Alejandro Ordóñez y a la exministra Martha Lucía Ramírez, y esto generó malestar en los votantes. Hubo videos de protestas en puestos de votación en Bogotá y Antioquia y críticas por parte de varios sectores a la gestión de la Registraduría.
Al final los resultados de las consultas -que favorecieron a Duque y al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien se enfrentó al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo- dejaron en un segundo plano lo que algunos calificaron de chambonada y que, para el Gobierno, fue un error en el que no hubo mala fe de parte de nadie, como dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Pero antes de que todo se olvide, Colombiacheck decidió chequear y aclarar algunos de los mitos que rodaron en redes sociales respecto a los tarjetones, que fueron fotocopias y ‘del mismo modo y en el sentido contrario’...
Respecto a la posibilidad de usar fotocopias en vez de tarjetas electorales, como ocurrió en las consultas interpartidistas del pasado 11 de marzo, lo que hay es, en general, un vacío jurídico. De acuerdo con el artículo 258 de la Constitución, “en las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad”.
Ahora, las consultas interpartidistas y las elecciones no son lo mismo, no se rigen por el mismo marco normativo; sin embargo, de acuerdo con el artículo 6 de la ley 1475 de 2011, que es la que reglamenta las consultas, se dice que “en las consultas populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias”.
Por lo que, en teoría, no se podría usar fotocopias como tarjetas electorales. Pero el encargado de definir esto es, en últimas, el Consejo Nacional Electoral. Y, de su parte, no hay ninguna resolución que prohíba o avale el uso de fotocopias como tarjetas electorales.
De hecho, este tema generó un cisma en el CNE, el pasado 11 de marzo. Cinco de los nueve magistrados de esta corporación suscribieron un comunicado avalando el uso de fotocopias ante la escasez de tarjetas electorales. Sin embargo, este comunicado no se discutió en Sala Plena, según los firmantes, porque fue imposible.
Otro magistrado, Armando Novoa, puso el grito en el cielo y dijo, por medio de su cuenta de Twitter, que esta decisión era inconstitucional. Sea como sea, el registrador Juan Carlos Galindo avaló el uso de fotocopias con base en una circular que la entidad bajo su cargo publicó antes de las elecciones, la 034 del 19 de febrero de 2018, lo que demuestra que la situación era de esperarse, al menos, por parte de la Registraduría. El documento estableció, incluso, cómo debía procederse a la hora de utilizar estas fotocopias.
El mismo señalaba, por ejemplo, que estas debían llevar la firma del delegado en el reverso de la misma. Esta solución fue avalada, sobre la marcha de la emergencia, por el procurador Fernando Carrillo y por el Gobierno. Y fue, finalmente, el Plan B de la Registraduría, con base en supuestas restricciones presupuestales y en acuerdos previos con los movimientos participantes. Pero no quedó claro cuán ajustada a la ley era esta solución.
Para las consultas, los movimientos que van a participar en ellas tienen que estar en contacto constante con la Registraduría para acordar, por ejemplo, cómo se va a hacer el reparto de los tarjetones. Los movimientos que participaron en estas consultas estaban advertidos de que los tarjetones podían escasear y que, eventualmente, se podría recurrir a fotocopias. Lo dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en entrevista con RCN Radio.
“La solución de las fotocopias fue una solución previamente acordada con los partidos políticos. Ese fue un asunto que se ventiló al interior de la Comisión Nacional de Garantías Electorales como una solución en el caso de que llegaren a faltar tarjetas”, sostuvo Rivera, quien recordó que la preocupación por la posibilidad de que los tarjetones se acabaran surgió de la campaña del exprocurador Alejandro Ordóñez.
El mismo Rivera, en rueda de prensa, señaló que esta solución había sido planteada en una de las circulares que se expidieron, en referencia a la ya mencionada circular 034 del 19 de febrero. Lo mismo le dijo el registrador Galindo a Noticias RCN: “aplicamos un plan de contingencia que había sido previamente convenido con las consultas: acudir a las tarjetas de mesas y puestos cercanos o, si no, a las fotocopias”. Por lo que ambas consultas estaban advertidas de lo que podía ocurrir.
Debido a los problemas con los tarjetones, el ministro del Interior, con base en una solicitud del exprocurador Alejandro Ordóñez, propuso que se ampliara el horario de votaciones hasta las 6 de la tarde; lo que, finalmente, no se hizo. El registrador Juan Carlos Galindo le explicó a Caracol Radio que era imposible extender el plazo. Esto debido a que el horario ya estaba establecido por ley y no había razones de fuerza mayor que motivaran la ampliación.
Así lo explicó la Misión de Observación Electoral en uno de sus informes sobre la jornada: “Sobre la solicitud hecha por algunos partidos en el sentido de ampliar la jornada electoral la MOE recuerda que esta figura no se encuentra contemplada en el marco legal colombiano. razón por la cual no podría ser aplicada en este caso, como en anteriores eventos electorales, como el plebiscito de 2016 en el que por a causas de fuerza mayor ocasionados por el huracán Matthew, un significativo número de potenciales votantes no pudieron ejercer su derecho al voto en la costa norte”.
El exregistrador Carlos Ariel Sánchez nos dijo que no es la primera vez que se recurre a fotocopias en una consulta interpartidista. “El 25 de octubre de 2008 se hicieron dos internas: la consulta conservadora y la del Polo Democrático. En ese momento no regía la ley 1475 y las consultas eran con base en los lineamientos de los partidos. En algunos sitios de la Costa, de difícil acceso por el invierno, se agotaron las tarjetas electorales y hubo fotocopias”.
El diario El Tiempo reseñó esa jornada electoral y recogió las inconformidades del entonces presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien calificó lo ocurrido como un “desastre mayúsculo”; y del ya fallecido presidente del Polo, Carlos Gaviria, quien dijo que las irregularidades ameritaban un debate en el Congreso.
La escasez de tarjetones produjo una serie de acusaciones entre la Registraduría y el gobierno respecto al presupuesto que se aprobó para estas consultas. El registrador Galindo aseguró que hubo una restricción de presupuesto y que, pese a que se solicitaron $33 mil millones, sólo se aprobaron $26.450 millones.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le respondió que el presupuesto fue muy superior al de las consultas de hace cuatro años, “que fue inferior a $15 mil millones (...) en la solicitud de la Registraduría, en el compromiso de la Registraduría y, según entiendo, en lo que efectivamente hizo la Registraduría, se imprimieron 15 millones de tarjetones para cada consulta (...) en ningún momento la Registraduría dijo que con esos recursos no se lograba el objetivo de los 15 millones (...) de manera que no es un tema presupuestal”.
Para el ministro del Interior, Guillermo Rivera, lo que ocurrió fue “un problema de distribución en cada una de las ciudades y puestos de votación”. El mismo registrador lo reconoció en entrevista con Noticias RCN: “imprimimos 30 millones de tarjetas y sobraron 20 millones. Pero el problema es la distribución. ¿Cómo las distribuimos si, primero, no recibimos una malla de distribución de las campañas (...) y, adicionalmente, no sabíamos cómo se iban a comportar los votantes el día de las consultas?”.
No obstante, algunos no dejaron de preguntarse por el presupuesto y, por ejemplo, por qué se habían girado más fondos para la consulta del Partido Liberal -que tuvo un presupuesto de $40 mil millones- que para estas. Lo cual, valga decirlo, lo había explicado el registrador Galindo desde enero.
Puntualmente: en el caso de estas consultas los costos se redujeron por presentarse a la par con otras votaciones, lo que disminuyó, por ejemplo, los costos de transporte; aunque, finalmente, el hecho de que fueran dos consultas hizo que la diferencia entre la del Partido Liberal y las del 11 de marzo no fuera tan abultada.