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Viernes, 12 Octubre 2018

Clara López hace afirmación ligera sobre el presupuesto de las universidades públicas

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Es cierto que la Ley 30 de 1992 fue tramitada por Carlos Holmes Trujillo, pero no es preciso decir que por esta norma están congelados los recursos de la educación superior estatal.

El pasado 10 de octubre se realizó una marcha por la educación superior para exigirle al Gobierno Nacional mayor inversión para las universidades públicas, debido a la crisis financiera en la que se encuentran.

Clara López, que fue candidata vicepresidencial en las elecciones de 2018, se montó en la coyuntura e hizo una afirmación en su cuenta de Twitter sobre el tema. En ella sostuvo que la Ley 30 de 1992, tramitada por Carlos Holmes Trujillo, actual Ministro de Relaciones Exteriores, congeló el presupuesto de las universidades públicas.

Colombiacheck revisó toda la frase hecha por López y encontró que es Ligera, pues responsabiliza a la norma de las fallas en la financiación de las universidades públicas, cuando el quid del asunto no se encuentra realmente allí.

La Ley 30 de 1992, por la “cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, fue expedida el 28 de diciembre de ese año.

Carlos Holmes Trujillo estuvo a cargo del Ministerio de Educación entre el 5 de febrero de 1992 y el 7 de agosto de 1993. Lo que quiere decir que, efectivamente, fue el responsable de la promulgación de la ley 30 de 1992. Así se muestra al final del documento.

Ley 30 de 1993 que rige la educación superior en Colombia

En esto tiene razón Clara López. Sin embargo, al resto de la frase le falta contexto.

El artículo 86 de la Ley 30 establece que los presupuestos de las universidades públicas estarán constituidos por aportes del gobierno nacional para funcionamiento e inversión. Pero, además, establece: “Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.

Esto quiere decir, como explica la misma página del Ministerio de Educación Nacional, que los aportes de la Nación a las universidades públicas, dependerán del presupuesto asignado para estas instituciones en el año 1993 “y actualizado anualmente de acuerdo al crecimiento de la inflación”.

Es decir que, al tomar como base para el aumento exactamente el mismo porcentaje en que aumenta la inflación, no hay un verdadero aumento en el presupuesto en términos reales. Los recursos con los que cuentan las universidades, así sus cifras hayan aumentado, hoy alcanzan exactamente para lo mismo para lo que alcanzaban en 1992.

En ese sentido, sí podría pensarse que se ha generado un “congelamiento” de los recursos, como dice López, pero esto no ocurre por “limitar” el aumento anual a la inflación.

Laura Ligarreto, quien hizo parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), explica que, “cuando la ley dice que el presupuesto siempre debe significar un incremento, está poniendo el piso presupuestal”; está diciendo que el aumento no puede nunca ser inferior a la inflación. “No está diciendo que deba ser ese el techo del aumento”.

Además, la ley tampoco dice en ninguna parte que la base presupuestal para establecer el aumento deba ser siempre la de 1993; esa fue la que se tomó a finales de 1992, cuando se creó la ley.

Lo que ocurrió, de acuerdo con Álvaro Zerda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, fue que ningún gobierno posterior al de César Gaviria (1990-1994) aumentó el presupuesto para la educación pública en uno o más puntos por encima de la inflación, mientras que los gastos de funcionamiento sí han seguido creciendo por encima del ajuste.

Zerda cuenta que para la época se trató de una ley “muy progresista y beneficiosa para las universidades”, porque en el pasado no existía una norma que estableciera la regla fiscal para definir el presupuesto de las instituciones estatales de educación superior. “Con la creación de esta ley, las universidades ya no iban a quedar rezagadas a los caprichos de los gobiernos”, sostiene el profesor.

Pero lo que no previó la ley, es que con el paso del tiempo las universidades iban a crecer y, por lo tanto, a requerir de mayores inversiones. Por eso la crisis de hoy.

Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), “los estudiantes matriculados en las 32 universidades (públicas) pasaron de ser 159.218 en el año 1.993 a 611.800 en el año 2016, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de $10.825.890 a $4.785.338”. Los grupos de investigación pasaron de 1.287 en 2004 a 3.741 en 2014. Y la infraestructura física aumentó de 2’400.874 metros cuadrados a 4’402.965 construidos en 2017.

*Fuente: Comisión Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, afirmó que su institución debe conseguir 60.000 millones de pesos para recursos de funcionamiento en un plazo máximo hasta diciembre. Y ese valor no tiene en cuenta lo que siguen necesitando para no llegar a este mismo punto dentro de un año.

¿Cómo se están financiando entonces las universidades públicas? Buscando los recursos en otras fuentes, vendiendo servicios, contratos de consultoría, asesorías a entidades privadas o estatales, o subiendo los precios de las matrículas, según explica el profesor de la Nacional.

Volviendo a la frase de Clara López, en términos económicos sí están congelados los recursos de las universidades públicas, pero no exclusivamente por culpa de la ley 30, “sino porque los gobiernos no han querido aumentar los recursos por encima de la base que se estableció 26 años atrás”, dice Zerda.

 

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Miércoles, 15 Febrero 2017

Denuncian ‘conejo’ a la educación vía fast track

Por Sania Salazar

Una reforma estructural a la educación se está cocinando. El Gobierno pretende que se apruebe aprovechando los instrumentos jurídicos creados para implementar el Acuerdo Final con las Farc, mecanismo que no es el natural para este tipo de modificaciones a las leyes.

Las alarmas están encendidas en Colombia desde que se conoció la intención de modificar la ley de educación superior por medio del acto legislativo 01 de 2016, más conocido como fast track.

La alerta es justificada. A raíz de un mensaje que vimos en la cuenta de Twitter de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, consultamos varias fuentes y llegamos a la conclusión de que la modificación, que en El Espectador calificaron como golazo y otros han tildado de mico, sí se podría intentar, aunque es impreciso decir que sería por el mecanismo de fast track, por lo que calificamos el trino como aproximado.

 

 

La propuesta que proviene de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet), propuesta que tal como está, modificaría la forma en la que funciona la educación superior en Colombia. Lo que a muchos no les gusta porque se equipararía la educación técnica y tecnológica con la universitaria.

Aunque parece un simple asunto de lenguaje, hay que aclarar que la iniciativa para hacer dicha reforma es un decreto ley, lo que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, deja claro en un par de trinos al respecto.

 

 

 

 

Hay que recordar que el fast track es un mecanismo que permite la reducción del número de debates requeridos en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Es decir, la reforma educativa no se podría presentar a través de este inusual y especial modalidad porque los decretos ley no se tramitan por este medio y no se discuten en el Congreso.

 

 

Pero el acto legislativo 01 de 2016, que contiene el fast track, le da además facultades extraordinarias al presidente para “expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”.

De hecho, en la primera parte del texto del decreto ley, que ya se ha socializado en varias ciudades y que está publicado en el portal de El observatorio de la universidad colombiana, se hace referencia a esas facultades extraordinarias conferidas al presidente.

Lo que se pretende entonces no es enviar la reforma al Congreso para su discusión y aprobación vía fast track, sino aprovechar las facultades extraordinarias que tiene el presidente para que apruebe la reforma sin someterla a discusión alguna. Pero en Colombia una ley solo puede modificarse con otra ley, no con un decreto ley, explicó Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

“El esquema de educación superior no se discutió en La Habana. Por fast track se tramita lo que se acordó específicamente en la mesa de negociaciones. El acuerdo habla sobre educación rural, pero pensando en los programas que deben llegar a aquellos territorios donde el Estado no ha llegado por el conflicto armado. Es muy diferente a decir que eso implica reformar toda la educación superior, lo que se debe hacer por las vías ordinarias de la democracia”, resaltó la investigadora.

“Actualmente no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet) radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”, informó en un comunicado del pasado 31 de enero el Ministerio de Educación, que además aseguró que “no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en el mismo”.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) confirmó que no hay ningún proyecto relacionado con ese tema radicado en el Congreso.

Un antiguo intento de reforma que no ha calado

Según explicó María Alejandra Rojas, Secretaria general de la FEU, quien se ha pronunciado en contra de la propuesta, el Ministerio de Educación, desde la anterior administración, de Ginna Parody, ha planteado la conformación de ese sistema de educación terciaria. “Es la posibilidad de integrar lo que implica educación para el trabajo, educación técnica y tecnológica y educación universitaria en un mismo sistema articulado”, precisó.

Rojas indicó que hace unos dos años la propuesta se puso a consideración del Congreso para tramitarla por vía ordinaria, “pero no han logrado construir las correlaciones de fuerzas ni con los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas, ni con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, y tampoco se ha conseguido la favorabilidad de este proyecto en el Congreso”, aseguró.

Por eso la secretaria de la FEU calificó al Ministerio de Educación de oportunista al tratar de que la iniciativa sea aprobada, pero esta vez por medio del acto legislativo que es para la paz, en una jugada que para algunos se trataría de un ‘conejo’ a los grupos interesados y a la opinión pública pues no tendría el suficiente debate.

Rojas aclaró que en la FEU están de acuerdo con una reforma a la educación superior, pero consideran que se debe hacer mediante un debate amplio donde pueda participar la comunidad educativa para definir los cambios.

Según la nota de El Espectador, en el Ministerio de Educación aseguraron que el fast track “sí es el mecanismo más pertinente, porque asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.

 

 

Entre quienes han rechazado esa posibilidad está el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió al Congreso en la que alerta sobre el peligro de la iniciativa, que según dice, se conoció en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, (Cesu), realizada el 26 de enero de 2017 y liderada por la ministra de Giha.

 

 

En la carta Mantilla recuerda la movilización que se produjo en 2011 “a raíz del proyecto inconsulto de reforma la ley 30 (por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior)”.

Aunque no hay información detallada sobre cómo piensan sacar adelante la reforma, los autores de la misma no niegan la existencia de la iniciativa. La pregunta entonces es: ¿quién va a rematar la jugada para meter este ‘gol’?