El pasado 10 de octubre se realizó una marcha por la educación superior para exigirle al Gobierno Nacional mayor inversión para las universidades públicas, debido a la crisis financiera en la que se encuentran.

Clara López, que fue candidata vicepresidencial en las elecciones de 2018, se montó en la coyuntura e hizo una afirmación en su cuenta de Twitter sobre el tema. En ella sostuvo que la Ley 30 de 1992, tramitada por Carlos Holmes Trujillo, actual Ministro de Relaciones Exteriores, congeló el presupuesto de las universidades públicas.

La Ley 30 de 1992 que congeló el presupuesto de las universidades públicas al limitar el aumento anual al ajuste por costo de vida, fue tramitada por el entonces Ministro de Educación de César Gaviria, Carlos Holmes Trujillo.

— Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) 10 de octubre de 2018

Colombiacheck revisó toda la frase hecha por López y encontró que es Ligera, pues responsabiliza a la norma de las fallas en la financiación de las universidades públicas, cuando el quid del asunto no se encuentra realmente allí.

La Ley 30 de 1992, por la “cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, fue expedida el 28 de diciembre de ese año.

Carlos Holmes Trujillo estuvo a cargo del Ministerio de Educación entre el 5 de febrero de 1992 y el 7 de agosto de 1993. Lo que quiere decir que, efectivamente, fue el responsable de la promulgación de la ley 30 de 1992. Así se muestra al final del documento.

En esto tiene razón Clara López. Sin embargo, al resto de la frase le falta contexto.

El artículo 86 de la Ley 30 establece que los presupuestos de las universidades públicas estarán constituidos por aportes del gobierno nacional para funcionamiento e inversión. Pero, además, establece: “Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.

Esto quiere decir, como explica la misma página del Ministerio de Educación Nacional, que los aportes de la Nación a las universidades públicas, dependerán del presupuesto asignado para estas instituciones en el año 1993 “y actualizado anualmente de acuerdo al crecimiento de la inflación”.

Es decir que, al tomar como base para el aumento exactamente el mismo porcentaje en que aumenta la inflación, no hay un verdadero aumento en el presupuesto en términos reales. Los recursos con los que cuentan las universidades, así sus cifras hayan aumentado, hoy alcanzan exactamente para lo mismo para lo que alcanzaban en 1992.

En ese sentido, sí podría pensarse que se ha generado un “congelamiento” de los recursos, como dice López, pero esto no ocurre por “limitar” el aumento anual a la inflación.

Laura Ligarreto, quien hizo parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), explica que, “cuando la ley dice que el presupuesto siempre debe significar un incremento, está poniendo el piso presupuestal”; está diciendo que el aumento no puede nunca ser inferior a la inflación. “No está diciendo que deba ser ese el techo del aumento”.

Además, la ley tampoco dice en ninguna parte que la base presupuestal para establecer el aumento deba ser siempre la de 1993; esa fue la que se tomó a finales de 1992, cuando se creó la ley.

Lo que ocurrió, de acuerdo con Álvaro Zerda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, fue que ningún gobierno posterior al de César Gaviria (1990-1994) aumentó el presupuesto para la educación pública en uno o más puntos por encima de la inflación, mientras que los gastos de funcionamiento sí han seguido creciendo por encima del ajuste.

Zerda cuenta que para la época se trató de una ley “muy progresista y beneficiosa para las universidades”, porque en el pasado no existía una norma que estableciera la regla fiscal para definir el presupuesto de las instituciones estatales de educación superior. “Con la creación de esta ley, las universidades ya no iban a quedar rezagadas a los caprichos de los gobiernos”, sostiene el profesor.

Pero lo que no previó la ley, es que con el paso del tiempo las universidades iban a crecer y, por lo tanto, a requerir de mayores inversiones. Por eso la crisis de hoy.

Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), “los estudiantes matriculados en las 32 universidades (públicas) pasaron de ser 159.218 en el año 1.993 a 611.800 en el año 2016, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de $10.825.890 a $4.785.338”. Los grupos de investigación pasaron de 1.287 en 2004 a 3.741 en 2014. Y la infraestructura física aumentó de 2’400.874 metros cuadrados a 4’402.965 construidos en 2017.

*Fuente: Comisión Vicerrectores Administrativos y Financieros del SUE

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, afirmó que su institución debe conseguir 60.000 millones de pesos para recursos de funcionamiento en un plazo máximo hasta diciembre. Y ese valor no tiene en cuenta lo que siguen necesitando para no llegar a este mismo punto dentro de un año.

¿Cómo se están financiando entonces las universidades públicas? Buscando los recursos en otras fuentes, vendiendo servicios, contratos de consultoría, asesorías a entidades privadas o estatales, o subiendo los precios de las matrículas, según explica el profesor de la Nacional.

Volviendo a la frase de Clara López, en términos económicos sí están congelados los recursos de las universidades públicas, pero no exclusivamente por culpa de la ley 30, “sino porque los gobiernos no han querido aumentar los recursos por encima de la base que se estableció 26 años atrás”, dice Zerda.