3 DATOS CLAVE:

1. Una imagen señala que la mujer que insultó a la vicepresidenta, Francia Márquez, en 2022 fue condenada en solo seis días, mientras que el adolescente imputado por disparar contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe recibe beneficios como la reubicación de casa y escoltas.
2. Lo cierto es que la agresora racista fue condenada a prisión luego de casi un año de los hechos. Sin embargo, en lugar de ir a la cárcel, debía presentarse periódicamente a un centro judicial.
3. En el caso del joven que le disparó al congresista, se encuentra en el búnker de la Fiscalía y esta entidad informó que le dio protección a su familia y a él para garantizar su seguridad. Expertos coinciden en que esto es una responsabilidad estatal.

A nuestro Gato Chequeabot nos llegó una imagen que compara el proceso judicial contra Luz Fabiola Rubiano, la mujer que comparó con un simio a la vicepresidenta, Francia Márquez, en 2022 con el del joven de 15 años detenido por dispararle recientemente al senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay.

La publicación señala que la agresora racista supuestamente fue identificada en tres horas, capturada en 24, judicializada en tres días y condenada a 17 meses de cárcel (algunos posts dicen 4 años) en otros seis días. En cambio, afirma que el adolescente fue beneficiado con “reubicación en otra casa, manutención, seguridad privada o escoltas, cambio de identidad, ayuda económica para toda su familia”.

Este contenido es falso. El caso de Rubiano duró casi un año hasta que fue condenada a prisión, pero en lugar de ir a la cárcel, debía presentarse periódicamente a un centro judicial. Con relación al joven, luego de haber sido imputado por tentativa de homicidio, fue recluido en el búnker de la Fiscalía, no en una casa, y tampoco se le asignó seguridad privada.

La inclusión del menor y su familia en el Programa de Protección de Testigos responde a garantizar su seguridad, según explicó el órgano acusador. Personas expertas apuntan a que esta es una responsabilidad del Estado.

La desinformación fue compartida en varias redes sociales. Incluso en Reddit, una plataforma que funciona como un gran foro (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

En Instagram, la difundió el humorista y creador de contenido Carlos ‘El Mono’ Sánchez (@elmonitosanchez), quien ya ha compartido información falsa. En X, lo divulgaron el mánager de artistas Fernán Martínez (@FernanMartinez) y Alba Marina Mesa (@albamarinamessa), a quienes hemos verificado antes (1, 2, 3); además de los usuarios Caleñita (@Geeneth31) y Gilma Sossa Isaza (@gisgil15).

Condenada luego de casi un año

Contrario a lo que afirman en redes, el proceso contra Rubiano no duró días. La mujer lanzó insultos racistas en contra de Francia Márquez y la comunidad afro durante una entrevista en un acto público efectuado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el 22 de septiembre de 2022.

En un principio, se presentó como Esperanza Castro, pero al día siguiente, la Policía Nacional publicó un cartel pidiendo mayor información sobre ella. Una vez identificada, el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que solicitaría su imputación por discriminación, y la vicepresidenta se negó a conciliar.

La Fiscalía tramitó su caso mediante el proceso abreviado, el cual no requiere de una audiencia de imputación, y acusó a Rubiano de actos de discriminación y hostigamiento agravado. La agresora aceptó los cargos el 11 de abril del año siguiente y cinco meses después fue condenada a 17 meses de prisión y a una multa de 13,33 salarios mínimos legales mensuales (15,4 millones de pesos del momento). 

Medios reportaron que la mujer no iría a prisión porque no presentaba antecedentes y su condena no superó los cuatro años. El abogado de Márquez, Carlos Hernán Escobar, confirmó a El Tiempo que la agresora debía presentarse periódicamente a un centro de servicios judiciales durante el tiempo de la pena. 

Atacante de Miguel Uribe no está en casa

Tampoco es cierto que el joven de 15 años que disparó contra el congresista opositor Miguel Uribe esté en casa gozando de una serie de beneficios, tal como dicen en redes. En un artículo anterior, en Colombiacheck contamos que un juez penal para adolescentes le impuso una medida de internamiento preventivo en un centro especializado, pero se encuentra en el búnker de la Fiscalía para garantizar su seguridad.

La decisión fue tomada el 10 de junio, en la audiencia de notificación, en la cual el órgano acusador le imputó al presunto responsable del atentado los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, los cuales no aceptó.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, había anticipado que el adolescente estaría custodiado en “un lugar que no es una celda y con la posibilidad de acceso del ICBF [Instituto Colombiano de Bienestar Familiar], que tiene que desarrollar en paralelo un programa de restauración de derechos”. Bienestar Familiar también recordó en un comunicado que el señalado era sujeto de protección especial por su edad.  

El joven y su familia, según la funcionaria, fueron incluidos en el Programa de Protección a Testigos, dirigido a brindar una serie de medidas como cambio de identidad, reubicación, protección permanente y un aporte económico para el sostenimiento de las personas cobijadas, en caso de alto riesgo de amenaza. 

Fuentes de la misma Fiscalía, no obstante, le dijeron a la W Radio que la familia no se encontraba vinculada al programa, sino que estaban bajo protección y vigilancia. 

En todo caso, la abogada penalista Sofía de Carvalho le señaló a El Espectador que este tipo de protección no representa en sí un privilegio para el menor de edad, sino una obligación que tiene el Estado para asegurar su integridad física. “Protege, además, la validez del proceso judicial, evitando obstrucciones, presiones o alteración de pruebas”, apuntó.

“Hay que recordar que los derechos del imputado, aun en casos de alta sensibilidad como este, no pueden ser suspendidos por clamor del público. Protegerlos es muestra de madurez institucional. La justicia no puede ceder a ningún tipo de venganza. Debe mantenerse firme en los principios que la sostienen, y eso no implica impunidad ni olvido de la víctima, sino un equilibrio necesario para que el proceso pueda avanzar con legitimidad, imparcialidad y garantías para todos los involucrados”, explicó. 

Por lo tanto, la desinformación en redes busca mostrar un aparente favoritismo de la justicia por el presunto responsable del delito contra un político opositor en comparación con el trato recibido por la mujer condenada por insultar a una funcionaria del Gobierno. Para ello, usa datos falsos y descontextualiza ambos casos.