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Chequeo Múltiple

Miércoles, 03 Agosto 2022

Cumplida

Por Ana María Saavedra

Metas verificadas: 3




“Aumentaremos la formalidad a niveles históricos, 41,2%”

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación mide la formalidad como la proporción de personas ocupadas que están afiliadas al sistema pensional sobre el total de quienes tienen ocupación laboral. Si bien ambas cifras son publicadas mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en trimestres móviles (enero a marzo, febrero a abril y así sucesivamente), la meta se establece con base en el promedio anual.

Así, el último dato disponible de un año completo cuando Duque asumió la Presidencia era el de 2017. Al calcular la tasa de entonces con base en los registros del DANE, da 36,8%, el mismo dato que recoge Planeación y que constituye la línea de base para la evaluación.

En 2018, año compartido por Duque y su antecesor, Juan Manuel Santos,  la tasa había subido a 37%. Justo antes de que llegara el mayor impacto de las medidas para contener la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral de Colombia, salió el último trimestre móvil para sacar el promedio de 2019, que empezaba en diciembre de ese año y terminaba en marzo de 2020, con una tasa de 37,4%.

Esto quiere decir que, antes de la crisis, los resultados eran favorables.

Sin embargo, el DANE no publicó estas cifras para los trimestres móviles desde enero-marzo hasta abril-junio de 2020. Las preguntas correspondientes fueron excluidas para reducir el formulario de la Gran Encuesta Integrada de Hogares por la emergencia sanitaria, como se explica en el portal de la entidad. En consecuencia, no es posible saber cómo se impactó este indicador en ese momento ni el promedio para ese año completo.

En los datos disponibles de 2020, desde mayo-julio hasta diciembre-febrero de 2021, el promedio de formalidad laboral calculado como lo hace Sinergia fue de 37,2%. Así que de todas formas hubo un retroceso frente a los resultados prepandemia del primer año y medio de Duque en la Presidencia.

En 2021, no solo se recuperó sino que efectivamente se llegó a la meta propuesta del 41% propuesta en el Plan de Desarrollo. Por tanto, al aumentar los 4,2 puntos propuestos, el avance de cumplimiento que marca Sinergia es del 100%.

La plataforma de Planeación registró tasas de 35,8% para 2019 y 36,6% para 2020, que se quedan por debajo de los cálculos de Colombiacheck para los mismos años con datos del DANE y marcan un retroceso frente a la línea base. No obstante, las cuentas coinciden en que se cumplió la meta final.

Vale aclarar que estos datos son distintos a los de la informalidad laboral que entrega el mismo DANE, pues estos se basan en otra metodología que toma en cuenta factores adicionales, como el tamaño de la empresa, y que se obtienen solo para las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas. No obstante, el economista Carlos Sepúlveda, profesor de la Universidad del Rosario, se trata de dos mediciones válidas y complementarias.

“La informalidad es un fenómeno complejo y las dos medidas son imperfectas. [...] Tenemos que analizar el fenómeno de la informalidad monitoreando ambos indicadores”, explica el docente.

Para mayo-julio de 2018, último trimestre móvil antes de la posesión de Duque, la tasa de ocupados informales estaba en 47%. Para el mismo periodo de 2019, había bajado a 46,4% y esto se mantuvo casi igual para 2020 (46,3%), cuando esos mismos meses fueron en los que se hizo la primera medición tras el lapso más estricto de la cuarentena nacional por la pandemia de COVID-19.

Para julio de 2021, el nivel de informalidad había regresado casi al nivel de 2018, pues se ubicó en 46,9%. El dato disponible más reciente para 2022 es de marzo-mayo, así que no es del todo comparable con los anteriores, pero marca una reducción de la informalidad hasta el 43,5%, que representa 3,1 puntos menos que el mismo periodo del año anterior.

De manera que la tasa de informalidad del DANE también muestra la mejoría que se refleja en el cálculo de Planeación. Así que Colombiacheck califica esta promesa como cumplida.

 




Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de 3.680 doctores apoyadas por Colciencias y aliados

Colombiacheck califica como cumplida la meta de apoyar la formación doctoral de más de 3.600 estudiantes, pues entre 2018 y 2022 se habría entregado más de 4.000 becas y créditos beca, de acuerdo con cifras de seguimiento reportadas por el Departamento Nacional de Planeación, los informes de empalme del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se establecieron una serie de pactos transversales, que además de abordar distintos temas, son considerados como los conectores que harían posible una mayor equidad y oportunidades para los colombianos. 

Uno de ellos fue el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación dentro del cual se planteó la meta de “Lograr nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de 3.680 doctores apoyadas por Colciencias y aliados”, así que en Colombiacheck verificamos su nivel de cumplimiento o avance.

De acuerdo con el decreto 1001 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en Colombia el doctorado corresponde al programa académico de posgrado que otorga el título de más alto grado educativo, el cual acredita la formación y la competencia para el ejercicio académico e investigativo de alta calidad.

En este nivel de formación, que dura entre los 6 y 10 semestres (dependiendo del área de conocimiento) los investigadores tienen la posibilidad de realizar sus estudios dentro o fuera del país, permitiéndoles contar con mayor oferta académica, estar a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías, conocimientos y relacionarse con la comunidad científica internacional.

En Colombia, la educación superior es regulada por la ley 30 de 1992 y la ley 1188 de 2008. Sin embargo la formación doctoral es más reciente, pues se creó bajo el Programa de Estudios Científicos de la Educación, a través del decreto 585 del 26 de febrero de 1991.

Una investigación de Adrian Lasso, de la Universidad del Valle, sobre la formación posgradual a nivel de maestría y doctorado en Colombia entre los años 2010 y 2018 revela que durante estos años se graduaron 4.218 estudiantes de doctorado, de los cuales 2.539 son hombres (60%), y 1.679 son mujeres (40%).

Del total de 4.218 doctores, 149 se graduaron de programas diferentes, de los cuales 93 pertenecían a Instituciones de Educación Superior del sector oficial (62%) y 56 al sector privado (38%). 

Además, el área de conocimiento preferida por los estudiantes de doctorado para ese periodo era Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines, aportando un 24,4%, seguido de Matemáticas y Ciencias Naturales con un 23%, y Ciencias Sociales y Humanas con un 22,4%.

Por su parte, el Observatorio laboral del Ministerio de Educación Nacional (OLE), registra que desde el 2001 al 2020 se han graduado 6.961 doctores de universidades Colombianas, un número que ha venido en ascenso, sobre todo, desde el año 2017; y que desde el 2020 existen 373 programas de doctorado activos en Colombia, de los cuales 271 tienen registro calificado y 60 cuentan con acreditación en alta calidad.

 Sobre el cumplimiento de la meta propuesta, revisamos los reportes de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el indicador ‘Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de doctores apoyados por Colciencias y aliados’ se muestra un avance del 112,26% del cumplimiento de esta meta del cuatrienio.

Este indicador da cuenta de las becas (cubrimiento parcial o total de los gastos de matrículas u otros conceptos), créditos (financiación de hasta el 100% del valor del posgrado) becas-créditos (créditos con posibilidad de condonación de hasta el 100%), y apoyos otorgados para la formación de alto nivel en relación a doctorado por Colciencias (ahora Minciencias) y otras entidades aliadas a fin de fortalecer y aumentar la base de recurso humano disponible para la investigación y la innovación del país.

Para el periodo entre el 2018 y el 2022, el Gobierno estableció una meta de 920 nuevas becas y nuevos créditos beca por año para estudiantes de doctorado, y así llegar a la meta del cuatrienio de 3.680.

Según el DNP, para el año 2019 se logró un total de 953 becas de doctorado tanto en el exterior como a nivel nacional, mientras que en el 2020 hubo 870 nuevas becas y nuevos créditos beca representados en las siguientes iniciativas:

  • Programa becas de excelencia doctoral del Bicentenario - Formación y vinculación de capital humano en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI): 534 estudiantes beneficiados.
  • Convocatoria doctorados en el exterior Minciencias - Formación y vinculación de capital humano en CTeI: 139 estudiantes beneficiados.
  • Convocatoria Aliados FULBRIGHT - Formación y vinculación de capital humano en CTeI: 40 estudiantes beneficiados.
  • Programa Crédito Beca COLFUTURO Doctorado - Formación y vinculación de capital humano en CTeI : 155 estudiantes beneficiados.
  • Alianza Minciencias - Ecopetrol - Formación y vinculación de capital humano en CTeI: 2 estudiantes beneficiados.

Para el 2021, el DNP registró la entrega de 928 becas y créditos para estudiantes de doctorado. Estos resultados fueron impulsados por la convocatoria 909 de 2021 de Doctorados Nacionales para Profesores de Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas, con la cual se asignaron 236 créditos educativos para estudios en Colombia. 

La entidad también da cuenta de la Convocatoria No. 15 del FCTeI del SGR, con la que se logró un total de 203 apoyos, sumados a otros 10, producto del mapeo realizado a los doctores en formación asociados a los proyectos de investigación financiados a través del Ministerio.

Finalmente, a 30 de junio de 2022, el DNP reporta 1.380 doctores financiados por estas estrategias:

  • Icetex: 652 doctores identificados a través de una base de datos reportada.
  • Mapeo por el Equipo de Formación de Alto Nivel de Minciencias: 190 doctores identificados como ciudadanos colombianos que han recibido apoyo para su formación doctoral.
  • Programa Crédito Beca de Colfuturo: 193 doctores seleccionados.
  • Convocatoria No. 22: 64 doctores beneficiados
  • Banco adicional de financiables de la Convocatoria 909 - 2021: 281 beneficiados.

De acuerdo a estos datos, la meta de apoyar la formación de más de 3.600 estudiantes de doctorado llegó a 4.131 beneficiados, es decir, que hubo un avance del 112,26%. 

En Colombiacheck también revisamos los informes de empalme del Minciencias para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, en los que también se establecen las metas del PND analizadas en este chequeo y las metas por año en relación a cada una.

De acuerdo con el informe de 2019, que fue entregado el enero del 2020, entre finales del 2018 y todo el 2019, 953 profesionales lograron acceder a estudios de doctorado a nivel nacional e internacional, logrando un avance del 100% de la meta para ese año.

Esto se logró con la implementación de los siguientes programas y convocatorias: 

Para el año 2020, el informe, al igual que los reportes de seguimiento del DNP, muestra que se lograron entregar 870 becas y créditos beca (94%). 

 

Sin embargo, este mismo informe, que fue entregado en junio de 2021, también advirtió que la meta de 2021 se vió afectada por un faltante de 500 becas que se esperaban fueran financiadas con recursos de Regalías. Como resultado, a junio de ese año, de las 920 becas programadas solo se entregaron 179 becas para doctorado (19,4%), a través de un convenio con Colfuturo.

De hecho, en el mismo documento “se recomendó analizar resultados esperados a 2021 y 2022 para solicitar ajuste de la meta al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Presidencia”.

Sobre esto, el último informe preliminar disponible que va de junio de 2021 a marzo de 2022, muestra que en todo el año 2021 se beneficiaron 928 estudiantes, es decir que se habrían entregado 752 becas y créditos más entre julio y diciembre de ese mismo año. No obstante, el informe no especifica los programas o convocatorias responsables del  cumplimiento de más del 100% de la meta para ese año.

Este mismo documento muestra que para el primer trimestre de 2022 se beneficiaron 828 estudiantes para estudiar programas de doctorado. Esto habría sido el resultado de un ejercicio de mapeo que incluyó la revisión de proyectos de investigación, desarrollo e innovación apoyados por Minciencias (176) e Icetex (652).

Según estos informes a corte de marzo de 2022, en el país se habrían otorgado 3.579 becas y créditos beca para estudiantes de doctorado, logrando hasta esa fecha un avance del 97% de la meta del cuatrienio.

Aunque ha habido un crecimiento notable en el acceso de estudiantes a programas de doctorado, la investigación de Adrian Lasso en 2018, sobre la formación posgradual a nivel de maestría y doctorado en Colombia también advierte que deben haber mejoría en la inclusión de las ofertas de becas y créditos beca

Este estudio señala que si bien las políticas establecidas por el Estado están orientadas a mejorar las condiciones científicas y de invocación del país, son de cierta manera ‘excluyentes’, al estar enfocadas en su gran mayoría el sector educativo y a la capacitación de personal docente, dejando de lado los demás sectores de la sociedad, que ven poco factible o incluso imposible, asumir el costo monetario asociado de auto sostenimiento del estudiante, ya que este tipo de estudios implica una dedicación de tiempo completo.

Al respecto, evidenciamos que en el año 2019 sí se vió una centralización en la oferta para estudiantes de doctorado. Un ejemplo de ello fue la convocatoria becas de excelencia doctoral del Bicentenario, lanzada ese año y que fue dirigida principalmente a maestros, docentes ocasionales y de cátedra de las Instituciones de Educación Superior públicas del país. Es decir, que del total de becas entregadas en 2019 (953), el 56% (534) fueron dirigidas sólo a personal docente, tal como señala el investigador.

No obstante, en el siguiente periodo reportado de 2020 y 2021, los créditos y becas educativas dirigidas exclusivamente a personal docente sólo representó el 25,4% de las becas totales entregadas (236 de 928).

Con estos elementos, Colombiacheck califica como avanzada la meta de ‘Nuevas becas y nuevos créditos beca para la formación de 3.680 doctores apoyadas por Colciencias y aliados’ como cumplida.




Aumentar el porcentaje de sedes de prestadores públicos con servicios en telemedicina habilitados. Pasar de 6,51% a 7,34%

Al iniciar el gobierno de Iván Duque, se registró que el porcentaje de sedes de prestadores públicos con servicios de telemedicina ascendía a 6,51%, y se estableció la meta de llegar a  7,34% en 2022, así que en Colombiacheck verificamos el cumplimiento de este indicador del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con el sector salud, que durante la pandemia por COVID-19 representó uno de los retos más grandes para el gobierno saliente.

La Resolución 2003 de 2014 define a la telemedicina como “la modalidad de prestación de servicios de salud, realizados a distancia, en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación”. 

En ese sentido, en 2018, el gobierno Duque estableció como línea base 6,51% de las sedes prestadoras públicas con servicios de telemedicina y se propuso lograr un avance anual de 6,72% en 2019; 6,90% en 2020;  7,11% en 2021; y 7,34% en 2022, llegando así a la meta del cuatrienio. Sin embargo, esta cifra fue superada, llegando a 8,69% según los últimos reportes.

De acuerdo con lo reportado por el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), que es el sistema donde los prestadores de servicios de salud registran las capacidades y servicios habilitados para atender a la población en el sistema de salud colombiano, en el país hay 335 sedes de prestadores de servicios de salud públicos en 221 municipios.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, existen en el país cuatro tipos de prestadores de servicios de salud: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), profesionales independientes de salud, entidades con objeto social diferente (instituciones cuyo objeto social no es la prestación de servicios de salud pero, por requerimientos propios de la actividad que realizan, habilitan servicios de salud, prestando servicios de baja complejidad y/o consulta especializada, sin incluir servicios de hospitalización ni quirúrgicos), y servicios de transporte especial de pacientes.

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Miércoles, 03 Agosto 2022

Cuestionable

Por Ana María Saavedra

Metas verificadas: 4




“Aumentar en más del 60% los kilómetros de corredores para bicicletas. Hoy 154 KM - Meta 255 KM”

El presidente saliente prometió “aumentar en más del 60% los kilómetros de corredores para bicicletas”, y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) dejó consignado que para cumplir con ello pasaría de 154 a 255 kilómetros. De acuerdo con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), el mandatario sale del cargo sin culminar la tarea, pues de los 101 kilómetros que prometió solo logró hacer 73.

De acuerdo con el más reciente Balance de Resultados del PND que entrega el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gobierno ha avanzado el 75,50% con respecto a la meta que estableció para el cuatrienio. 

Sin embargo, el crédito de este progreso no es solo del Gobierno Nacional, pues como le informó a Colombiacheck Óscar Patiño, funcionario de la Dirección de Infraestructura del DNP, la construcción de los kilómetros de corredores para bicicleta se realizan a través de convenios de cofinanciación celebrados con las ciudades en el marco de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP).

En otras palabras, el Gobierno Nacional celebra con las administraciones municipales o distritales acuerdos en los que se compromete a financiar un proyecto u obra del municipio. Los corredores para bicicleta o los kilómetros de ciclorred son construidos como un componente del sistema de transporte público por entes territoriales con recursos propios y de la Nación.

Una vez concluyen las obras, los entes gestores y los entes territoriales reportan a la Nación la suma de los kilómetros de ciclocarriles, ciclorrutas o ciclobandas construidas. De acuerdo con Sinergia, se han ejecutado y terminado obras en 10 ciudades del país. La meta aún no se cumple porque, como se detalla en el documento de empalme entre gobiernos nacionales, se encuentran en ejecución 4 obras de sistemas de transporte público que tienen componente de ciclorred: SETP de Pasto, SITM-MIO de Cali, SETP de Santa Marta y troncales alimentadoras de la primera línea del Metro de Bogotá.

 

De acuerdo con el último informe publicado que recopila el DNP basado en las cifras de kilómetros de ciclorred construidos en el cuatrienio que entregan los entes territoriales, en Bogotá se construyeron 8,5 kilómetros de corredores para bicicletas; en Bucaramanga, 1 km; en Barranquilla, 300 metros; en Cali, donde más se hicieron, fueron 46,4 km; en Popayán, 3,3 km; en Montería, 800 metros; en Santa Marta, 1 km; en Valledupar, 7,26 km, en Pasto, 4 km y en Neiva, 800 metros.

John Fredy Bustos, ciclista que le ha hecho veeduría a las obras de ciclorred que se realizan en Cali, en donde se han construido más de la mitad de los kilómetros del indicador, señaló que ha hecho seguimiento al proyecto de la ciclorruta que se encuentra en la Troncal Oriente del SITM-MIO: “No es nuevo (el tramo), es mantenimiento de una ciclorruta. Esa ciclorruta fue la primera de Cali de 1994-1996”. También confirmó que se desarrolla la construcción de otro tramo como un componente del Terminal Cabecera Aguablanca, como indica Sinergia.

Andrea Ordoñez, activista por la movilidad sostenible en Pasto, confirmó que el proyecto de infraestructura para bicicletas es un componente del SETP de la ciudad, “al implementar el sistema lo que se está haciendo es la renovación del espacio público, vías y se incluye en la carrera 27 un diseño de ciclorruta, pero no es más de un kilómetro”.

En suma, esta es otra de las deudas de Duque relacionadas con el transporte, pues terminado su mandato le faltó el 25% de la meta. Aún así, la Nación no entrega las obras de corredores de bicicleta sino una parte de los recursos que conviene con los entes territoriales, quienes finalmente ejecutan las obras. Por eso Colombiacheck califica esta meta como cuestionable.




Aumentar en más del doble los kilómetros de red férrea con operación comercial. Hoy 420 KM - Meta 1077 KM

En el ‘Pacto por el transporte y la logística’ Duque también contempló aumentar “en más del doble los kilómetros de red férrea con operación comercial”, es decir, pasaría de 420 a 1.077 kilómetros. De acuerdo con el sistema de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta meta se cumplió en el 2020. 

El gobierno reactivó tres corredores férreos, según una nota de prensa de la entidad, en la cual insistieron en que “la meta se cumplió a falta de menos de dos años de concluir este Gobierno”. El primero es el corredor del Atlántico, que va desde Chiriguaná hasta Santa Marta, en el cual rehabilitaron 53 kilómetros. El segundo, un tramo de 341 kilómetros del corredor que va desde La Dorada hasta Chiriguaná. Y, por último, 263 kilómetros del tramo de Bogotá hasta Belencito.

Ana María Zambrano, exgerente de proyectos férreos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le dijo a Portafolio en una nota de febrero de 2020 que avanzaban “en la reactivación del modo férreo y multimodal” y que la meta del Plan Nacional de Desarrollo estaba al 94%.

En octubre de 2020, el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Carlos García Montes, presentó un resumen de la reactivación de la red férrea en la que se ve que el gobierno ha cumplido con la meta del plan de desarrollo. El logro se repite en informes de gestión de la entidad del 2021 y 2022.

 

 

También en septiembre de 2021, en el marco de la firma de un acuerdo con el gobierno británico para la reactivación ferroviaria, la directora del DNP, Alejandra Botero, recordó la meta cumplida a dos años del término del cuatrienio.

Otra de las funcionarias que reiteró el logro fue la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez.

Sin embargo, los múltiples comunicados de los funcionarios desconocen que la reactivación de estos tramos se logró gracias a un proceso de estructuración que viene desde antes del 2018. En una nota de prensa de la ANI de abril de ese año, 4 meses antes de la posesión de Duque, se afirma que el corredor férreo central, específicamente el tramo de 522 kilómetros Chiriguaná - La Dorada, está “listo para operación de carga”:

“El corredor Chiriguaná – La Dorada ha tenido una inversión superior a los $212 mil millones, en dos contratos de obra pública, y durante los años 2013-2018, han sido atendidas más de cincuenta afectaciones. Esta línea férrea es estratégica para la movilización de carga desde el centro del país hacia los puertos del norte de Colombia”, señala la nota de la entidad sobre los trabajos que se realizaron en el corredor más largo de la red que el gobierno afirma haber reactivado.

En una presentación de la ANI en donde se muestra el avance de la estructuración del tramo es claro que el proceso de reactivación comenzó en el año 2017.

Por otro lado, el documento CONPES 3748 de junio de 2013, planteó “declarar la importancia estratégica del proyecto ‘Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a través del Sistema de Concesiones’, para la rehabilitación del sistema férreo en dos corredores: La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito”. Y así poder poner en funcionamiento los dos tramos mencionados, “los cuales han sido afectados por la Ola Invernal ocurrida en los años 2010 y 2011”, se apunta en el texto.

En 2017, la ANI presentó el pliego de condiciones de la licitación para la “reparación y atención de los puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada - Chiriguaná y Bogotá - Belencito, (...) así como su administración, mantenimiento, vigilancia, operación y control de tráfico, entre otras actividades”. Y en mayo de ese año se celebró el contrato de obra pública entre esta entidad y el Consorcio Ibines Férreo.

Duque cumplió en la reactivación de los tramos de la red férrea con operación comercial pero la política pública de rehabilitación comenzó antes de su mandato, por eso lo calificamos como ‘cuestionable’.




“Reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual”

Pudimos chequear, durante este período presidencial, dos afirmaciones de Iván Duque relativas a la disminución de la deforestación en el país. Ambas datan de septiembre de 2020, cuando dijo en su mensaje a la 75 Asamblea de las Naciones Unidas que su Gobierno redujo la deforestación en un 19%, en primer lugar, y que impidió la deforestación de 23.000 hectáreas de bosques, en segundo. Las dos recibieron la calificación de cuestionables, ya que eran imprecisas en términos de tiempo o engañosas en materia de efectividad de las medidas. 

La reducción de la deforestación quedó consignada como meta de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se fijó el año 2017, pico más alto de la década en materia de deforestación, como línea base o punto de referencia respecto del cual la deforestación se reduciría en un 30% durante el cuatrienio. 

El porcentaje de disminución al que se refiere el indicador de esta meta según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no toma cifras reales ni compara hectáreas, sino que nace de una proyección realizada por el IDEAM a partir de los datos de crecimiento de la deforestación especialmente en 2016 y 2017. En ese último año se deforestó en el país la cifra récord de 219.552. Con esa línea base, la tendencia ascendente proyectaba alrededor de 232.000 hectáreas deforestadas en 2018, cerca de 244.500 en 2019 y casi 246.250 para 2020. Con esas cifras esperadas, se compararon las cifras reales para medir el avance.

Comportamiento de la deforestación vs tendencia. La línea punteada muestra el crecimiento esperado de la deforestación tras 2017. Los arcos rojos y el azul pronostican un posible aplanamiento de la curva tras la caída de 2018. Gráfico: IDEAM.

Con este sistema de medición, la disminución del fenómeno de la deforestación se ha calculado en un 15% para 2018 (apróx. 34.800 hectáreas menos de las esperadas), 35% para 2019 (apróx. 85.500 hectáreas menos de las esperadas) y 33% para 2020 (apróx. 81.260 hectáreas menos de las esperadas). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) no acumula los resultados año a año, sino que sugiere tomar en cuenta los resultados del último año para medir el progreso del indicador. Por esta razón, hasta la fecha de publicación de este artículo, el progreso de la meta figura en 33%, que corresponde a un cumplimiento de 110%.  

Aunque el Observatorio Global Forest Watch, cuyos cálculos se realizan mediante la interpretación de imágenes satelitales, había proyectado hace varios meses una deforestación de casi 260.000 hectáreas de bosque natural, la información oficial sobre este fenómeno está a cargo del IDEAM, institución que administra el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. El informe finalmente fue publicado el pasado 21 de julio y registró para 2021 una deforestación de 174.103 hectáreas.

Con ese dato, el acumulado de los cuatro años del gobierno de Iván Duque alcanza las 701.841 hectáreas deforestadas. En comparación, el acumulado de los cuatro años anteriores (2014 - 2017) es de 658.498, contando en la cifra el pico más alto de deforestación en la década. Por eso, aunque la meta del Gobierno de Iván Duque se cumplió al corregir la tendencia ascendente de la deforestación en Colombia, se deforestaron más hectáreas que en el período anterior.

Dentro de las conclusiones, el informe presenta una “reducción de 45.449 hectáreas respecto del pico histórico del año 2017, reducción del 21%”, en lugar de señalar, como indica la Doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes Sandra Vilardy que, si bien no hay una suma de grandes magnitudes de deforestación año a año, la curva de deforestación se viene estabilizando en cifras muy altas. 

“Ellos hacen un cálculo asociado a la tendencia. Ese es un dato un poco engañoso en la medida en que la realidad fáctica es que la deforestación aumentó. Y aumentó por varios motivos. No hubo un control preventivo ante la deforestación; ante un proceso que se estaba dando se prefirió actuar de manera reactiva, por ejemplo, con el plan Artemisa, pero no se llenaron los espacios de gobernabilidad en los sitios de alta deforestación, sobre todo en la zona del corredor andino-amazónico, donde se encuentran parques naturales como Picacho, Tinigua y Magdalena. Tal vez la voluntad política estuvo, pero fue superada por la comprensión de las dinámicas y la profundidad de las acciones. Faltó prevención, faltó actuar de manera mucho más amplia y se redujo al tema de Artemisa”.

El comentario de la profesora Vilardy es una de las muchas críticas que este sistema de medición ha recibido por parte de expertos del sector ambiental, en tanto no apunta a alcanzar los mínimos históricos o a la reducción completa de la deforestación, sino a compararse con el punto más crítico de la historia reciente del fenómeno. 

También han surgido cuestionamientos al sistema de medición por parte de figuras políticas. En plenaria del 26 de julio, el representante liberal a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, aseguró que el Ministerio de Ambiente considera un logro la cifra de 2021, cosa que criticó alegando que hubo crecimiento del 10% de deforestación en 2020 y del 2% en 2021, a lo que añadió: “Estamos lejísimos de la meta de 0 deforestación que ha trazado nuestro país para el año 2030”.

En efecto, previo a la publicación del informe, la web del Ministerio de Ambiente publicó un comunicado titulado “Se reduce y se contiene la deforestación en Colombia durante los últimos cuatro años”, jactándose de que estrategias como la campaña Artemisa, la Ley de Delitos Ambientales y los pagos por servicios ambientales contribuyeron a tal contención. 

Así pues, si bien el gobierno Duque controló la tendencia ascendente de la deforestación en Colombia, las hectáreas afectadas crecieron comparativamente respecto del período anterior. Los expertos en materia ambiental cuestionan por engañoso el método elegido para realizar la medición durante el cuatrienio, y criticaron las medidas que se tomaron para estabilizar las cifras en una alta deforestación año a año. Por estas razones, calificamos esta meta como Cuestionable.




Incrementar en un 67% el número de mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas. 

En el  Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, el presidente Duque prometió “incrementar en un 67% el número de mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas” y dejó consignado que, para cumplir con ese objetivo, se planteó la estrategia de  formalización de la tierra, el acceso a crédito y a los servicios de extensión agropecuaria para mujeres rurales. 

El indicador de ‘Mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas' se encuentra dentro del ‘Pacto de equidad para las mujeres’ en la línea ‘Mujeres rurales como agentes de transformación en el campo’.

De acuerdo con la Ley 731 de 2002, las mujeres rurales son aquellas “que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viven, tienen su actividad productiva relacionada directamente con lo rural”.

 

Según cifras del DANE, se estima que en Colombia el 21,3% de la población femenina vive en áreas rurales y que la población rural comprende el 23,4%, de la cual el 48,13% son mujeres. 

ONU Mujeres y el DANE expusieron en 2021 un informe detallado alrededor de la propiedad de la tierra, en el que afirman que “para el total nacional rural el 63,7% de los predios de único propietario tenía a un hombre como titular, y el restante 36,3% a una mujer como titular; con 18 de los 32 departamentos por debajo de esta media nacional”.

 

 

La Procuraduría en el Informe sobre el avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz, del 7 de enero de 2021, alertó que, en el periodo 2017-2020, el 65,2% de los beneficiados con la formalización de su posesión u ocupación fueron hombres y solamente el 31,6% fueron mujeres propietarias. Además, agregó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe comprometerse a expedir el plan de formalización masiva, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones con medidas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan las mujeres rurales para la formalización de la propiedad, pues según su seguimiento, hasta 2020 la gestión en materia de formalización le había correspondido a la atención de rezago institucional histórico.

La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz reclamó en 2019 que en la práctica persistían barreras de acceso a la propiedad rural para las mujeres. Por lo que esta meta era fundamental para corregir el rumbo en la implementación.

Sin embargo, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Myriam Martínez Cárdenas, afirmó en la rendición de cuentas 2018-2022 que en los últimos cuatro años han desarrollado una política de enfoque de género no solamente dirigida al acceso a la tierra, sino también al fortalecimiento de las capacidades de la mujer rural. Aunque según datos de la entidad han beneficiado a 70.000 familias con la expedición de 52.000 títulos de propiedad rural. De ellos, el 51% se han emitido y entregado a mujeres.

Sin embargo, en Colombiacheck hemos explicado en varias verificaciones al presidente Duque que estas cifras son cuestionables, pues, incluso, entidades como la Procuraduría o el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que hace el seguimiento oficial de la implementación, han criticado la falta de claridad en esas cifras precisamente porque el gobierno mezclaba esos dos procesos que tienen metas diferentes: la adjudicación a quienes no tienen tierras o tienen insuficientes y la formalización a quienes la tienen sin papeles. Además, sus avances se basan en procesos que venían andando desde gobiernos anteriores con poca gestión nueva.

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), mide el indicador de las mujeres rurales beneficiadas con acceso a tierras tituladas y registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a través de los programas de adjudicación de baldíos a persona natural, adjudicación de bienes del Fondo Nacional Agrario, los programas de subsidio integral de tierras, compra directa y adjudicaciones especiales y formalizaciones de predios privados de pequeña y mediana propiedad rural y títulos con sana posesión ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a través de la gestión de la ANT. Este indicador responde a lo estipulado en la Ley de Mujeres Rurales (Ley 731 de 2002).

 

 

La meta inicial planteada en el PND fue de 20.628 títulos. A corte de junio de 2022, las mujeres cuentan con 31.674. Particularmente en el mes de junio se reportan 1.003 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos, representado en el 51% sobre el total de beneficiarios. Ese cálculo se hizo bajo las siguientes modalidades: 577 entregas de baldíos mediante la adjudicación y el registro de 10.448,62 hectáreas; 413 formalizaciones de predios privados en 537,33 hectáreas y 13 adjudicaciones de bienes fiscales patrimoniales por un total de 82,29 hectáreas. 

 

 

Para Sinergia, el avance acumulado desde 2018 a la fecha es de 39.163 títulos. Se aclara igualmente que, de agosto de 2018 a la fecha, se tiene un avance de 31.674 mujeres rurales con derechos de tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas. El indicador logró el cumplimiento en un 252,65 % frente al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. 

Un dato extra por agregar es que según el informe de empalme 2018-2022 del Departamento Administrativo de la Presidencia, son 19.942 las mujeres rurales (en calidad de propietaria y no de copropietaria) que durante estos cuatro años lograron la formalización de sus tierras. Es decir, este número incluye a mujeres solas y no en conjunto con sus parejas, como sí se tiene en cuenta en los datos del DNP y de la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

 

Para la trabajadora social, magíster en Ciencia Política e investigadora en violencia política, derechos humanos y paz Johanna San Juan,  los resultados del gobierno Duque con relación al otorgamiento de titularidad de la tierra a las mujeres, más allá de las cifras oficiales, tienen una alta distancia de la realidad,  ya que, según la profesional, a pesar de que eso, aún hoy son los hombres quienes imponen y deciden cuál es el uso que se les da a esas tierras.

“Las mujeres en la ruralidad históricamente hemos estado excluidas de la propiedad de la tierra y cuando hablamos de propiedad no solamente estamos hablando de la documentación que acredita a la mujer como propietaria, sino acerca de la toma de decisiones en relación a la misma, sus destinos y propósitos. Por ejemplo, en la ruralidad se ve de una manera muchísimo más marcada que en lo urbano, que las mujeres no toman decisiones sobre la tierra, sino que son los masculinos cercanos a ellas (familiares, cónyuges) quienes eligen qué hacer con ellas y eso les resta un protagonismo en definir cuál es el uso adecuado de la tierra y cómo se toman las decisiones con esa propiedad”.

La lideresa campesina y licenciada en ciencias sociales Yubitza Rovira, quien fue amenazada y exiliada en el desarrollo de sus funciones como orientadora de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afirma que otro de los elementos que no puede dejar de lado está asociado a la dinámica del conflicto armado interno del país, que a su modo de ver también ha dificultado mucho las labores de exigencia de los derechos sobre la tierra para las mujeres, puesto que las mujeres campesinas se han visto desbordadas por las agendas de movilización por la paz antes que propiamente por las agrarias.

“En relación al Pacto por la Equidad, desde el escenario nacional se expusieron unas directrices en calidad de decretos presidenciales, pero no todas las alcaldías cumplieron, en terreno todo es muy distinto. Por ejemplo, en Ciénaga como municipio PDET, los retos fueron tales que incluso vimos cómo algunos funcionarios de las dependencias de liderazgo institucional adelantaban agendas distantes de los propósitos de la agenda de la equidad. En particular en mi municipio no se diseñó una estrategia intersectorial para empoderar y favorecer la titulación de tierras, lo que evidentemente expone unos retos inmensos en la calidad del tipo de procesos que se adelantaron en lo municipal en relación a estos propósitos, más si se tiene en cuenta que un municipio como Ciénaga es uno de los territorios priorizados para estas agendas”, dijo Rovira.

Por lo anterior, en Colombiacheck decidimos calificar esta promesa como Cuestionable porque a pesar de que se han adelantado avances alrededor de la titularidad de tierras a las mujeres rurales, las múltiples inconsistencias territoriales y los fenómenos asociados a la guerra y la violencia machista no han permitido  lograr una titularidad de tierras de manera integral.